Primero dijo que no sabía nada, después habló de coordinación con autoridades federales y ahora intenta deslindarse por completo del caso, atribuyendo toda la responsabilidad a la Federación.
La polémica por la presencia y muerte de presuntos agentes de la CIA en Chihuahua sigue exhibiendo las contradicciones de la gobernadora Maru Campos, quien ha modificado en varias ocasiones su versión de los hechos desde que estalló el escándalo ocurrido en abril pasado. Lo que comenzó como una declaración de desconocimiento terminó convirtiéndose en una cadena de explicaciones cambiantes que han alimentado las dudas sobre el manejo del caso por parte del gobierno estatal.
Tras el accidente carretero en el municipio de Morelos, donde fallecieron dos ciudadanos estadounidenses que participaban en labores relacionadas con el desmantelamiento de un narcolaboratorio, Campos aseguró que desconocía la presencia de esos elementos en territorio chihuahuense. Aquella postura generó fuertes cuestionamientos, pues implicaba que una operación de esa magnitud se habría desarrollado sin conocimiento de la titular del Ejecutivo estatal ni de las autoridades bajo su mando.
Semanas después, ante el creciente escrutinio público y político, la mandataria modificó su narrativa. Entonces sostuvo que no existía una operación de la CIA en Chihuahua, pero reconoció que sí había mecanismos de intercambio de información y cooperación en materia de seguridad entre autoridades mexicanas y estadounidenses, presuntamente coordinados y autorizados por instancias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ahora, en una nueva declaración que representa otro giro en su discurso, Maru Campos optó por desentenderse completamente del tema. Cuestionada por medios de comunicación, afirmó que corresponde exclusivamente a la Cancillería y al Instituto Nacional de Migración responder sobre el ingreso, estancia y actividades de ciudadanos extranjeros en México, trasladando así toda la responsabilidad política y jurídica al gobierno federal.
Las contradicciones de la gobernadora llegan en un momento en que legisladores y dirigentes de Morena mantienen la exigencia de esclarecer lo ocurrido y continúan impulsando acciones políticas por la falta de claridad en torno al caso. Para sus críticos, las constantes modificaciones en el relato oficial reflejan una estrategia para evadir responsabilidades ante un asunto que involucra seguridad, soberanía y posible participación de agentes extranjeros en territorio nacional.
Mientras las preguntas sobre quién autorizó la presencia de los estadounidenses siguen sin respuesta definitiva, una cosa parece clara: cada vez que el tema vuelve a la conversación pública, Maru Campos presenta una nueva versión de los hechos, alimentando aún más la controversia que rodea uno de los episodios más delicados de su administración.
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