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  • Fracking sí o fracking no

    Fracking sí o fracking no

    México importa alrededor del 75 por ciento del gas natural que consume. Buena parte llega de Estados Unidos y proviene, paradójicamente, de yacimientos explotados mediante una técnica que durante años nuestro país decidió rechazar: el fracking. Esa contradicción explica por qué el anuncio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum abre una discusión mucho más compleja que decidir simplemente entre fracking sí o fracking no. La verdadera pregunta es otra: ¿qué riesgos estamos dispuestos a asumir para reducir nuestra dependencia energética?

    El pasado 6 de agosto, el gobierno presentó las primeras conclusiones del Comité de científicos y especialistas encargado de analizar la explotación de gas natural no convencional. La presidenta aceptó sus recomendaciones y aclaró algo fundamental: México todavía no ha autorizado una explotación comercial. Lo que comienza es una evaluación condicionada por criterios científicos, ambientales y técnicos.

    El primer candado resulta revelador. Antes de pensar en extraer gas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua deberá investigar si existen depósitos profundos de agua salada suficientemente aislados de los acuíferos de agua dulce. Si esa condición no puede cumplirse, la posibilidad deberá descartarse. El agua, no el gas, podría terminar decidiendo el futuro del fracking en México.

    La discusión existe porque la vulnerabilidad energética es real. La producción nacional cubre apenas alrededor de una cuarta parte del consumo de gas natural, mientras México tendría un potencial estimado de 141.5 billones de pies cúbicos de gas no convencional. Buena parte se concentra en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, en el noreste. El potencial puede ser enorme; convertirlo en reservas comercialmente aprovechables es otra historia.

    México tampoco parte de cero en materia regulatoria. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, cuenta con disposiciones sobre seguridad industrial, operativa y protección ambiental aplicables a estas actividades. CONAGUA publicó lineamientos para proteger las aguas nacionales en la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, mientras la CNH regula los planes de exploración y desarrollo, incluidos los correspondientes a estos yacimientos. El problema es que se trata de un marco disperso que deberá complementarse si las nuevas condiciones sobre agua, reciclaje, sustancias químicas, monitoreo y sismicidad pretenden convertirse en obligaciones claras y verificables.

    Conviene recordar qué está en juego. El fracking consiste, de manera simplificada, en perforar formaciones rocosas e inyectar fluidos a presión para liberar petróleo o gas atrapado en ellas. Estados Unidos transformó su mercado energético mediante esta tecnología y Argentina convirtió a Vaca Muerta en uno de los principales desarrollos de hidrocarburos no convencionales fuera de Norteamérica. La experiencia internacional demuestra dos cosas al mismo tiempo: el fracking puede producir grandes cantidades de energía y sus impactos ambientales no desaparecen por ello.

    Ese matiz cambia la discusión. La pregunta ya no debería ser si el fracking es bueno o malo en abstracto, sino si puede reducir de manera significativa nuestra dependencia del gas estadounidense con un costo económico, ambiental y social aceptable. Para responderla no basta comprobar que existe gas bajo tierra. Hay que saber cuánto puede extraerse, cuánto costará, cuánto tiempo tomará y qué riesgos deberán asumir las regiones donde se encuentre.

    El fracking no solo pondría a prueba nuestra geología y nuestra disponibilidad de agua. Pondría a prueba nuestras instituciones.

    Ahí debería concentrarse la decisión. Si no existe agua salada suficientemente aislada, si las reservas no son comercialmente viables, si los riesgos resultan mayores que los beneficios o si las instituciones mexicanas no pueden garantizar una supervisión rigurosa, el proyecto no debería avanzar. Si esas condiciones pueden demostrarse, entonces tendría sentido evaluar proyectos piloto antes de pensar en una explotación de mayor escala.

    Durante años discutimos el fracking desde posiciones previamente definidas. México tiene ahora la oportunidad de invertir el proceso: primero establecer las condiciones y después tomar posición. Que decidan la evidencia, los límites y la capacidad de nuestras instituciones para hacerlos respetar.

    Quizá por eso la pregunta correcta ya no sea simplemente fracking sí o fracking no. La pregunta que México debe responder es mucho más exigente: ¿bajo qué condiciones estaríamos dispuestos a decir que sí y cuáles deberían obligarnos, sin excepciones, a decir que no?

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  • De Guerra Contra el Narco a la Construcción de Paz

    De Guerra Contra el Narco a la Construcción de Paz

    Parecieran lejanos aquellos tiempos en los que la situación de seguridad en México se enfrentaba desde la dicotomía de “buenos contra malos”, “héroes contra villanos”, “militares contra narcotraficantes” o “gobierno contra narcotraficantes”. Esto, desde luego, tomando únicamente como referencia la narrativa gubernamental y dejando de lado las alianzas y relaciones de complicidad que, en distintos momentos, existieron entre gobiernos anteriores y lideres del narcotráfico.

    Esos tiempos en los que se justificaban masacres, desapariciones de pueblos y el asesinato de civiles a manos del Estado bajo el eufemismo de “bajas colaterales” ya forman parte de nuestro pasado; de una historia que, por responsabilidad como pueblo, jamás debemos olvidar.

    La estrategia de seguridad y gobernabilidad ya no parte de una narrativa simplista y peligrosa, basada en una dicotomía que resulta insuficiente para comprender los complejos procesos sociales y geopolíticos que atraviesan nuestro país. El cambio en esta estrategia parte de una distinción fundamental adoptada por los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación; ya no se busca una guerra interna ni reducir la seguridad al combate contra un enemigo, sino avanzar hacia la construcción de la paz y la atención de las causas que originan la violencia.

    Desde la llegada de López Obrador, comenzó el cambio; su política de concentrarse en las causas que originan la violencia representó una transformación profunda en la forma de enfrentar el problema. El diálogo, los programas sociales, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, las becas educativas, la creación de oportunidades laborales para las y los jóvenes mediante programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la recuperación de los territorios mediante las Mesas de Construcción de Paz, formaron parte de una visión distinta de la seguridad.

    Con la llegada de nuestra actual presidenta y con los ajustes propios de un gobierno entrante, la estrategia continuó, manteniendo como eje la atención de las causas que originan la violencia y la construcción de la paz, en conjunto con una estrategia de inteligencia y coordinación policial.

    Hoy, el Ejecutivo Federal lleva a cabo en todo el país una serie de programas y acciones cuyo objetivo es avanzar en la construcción de la paz. Entre ellos encontramos las Ferias de Paz, los Tianguis del Bienestar, las jornadas de prevención de adicciones, la recuperación de espacios públicos y las estrategias de desarme como ““Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

    Hoy, las cifras “hablan por si solas”, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 51% entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 42.5 víctimas diarias. Julio de 2026 registró, además, el nivel más bajo de homicidios dolosos.

    Esto demuestra que una visión humanista, centrada en la atención de las causas y acompañada de inteligencia y coordinación institucional, no solo es compatible con una política efectiva de seguridad, sino que puede traducirse en resultados concretos.

  • ENTRE REFLECTORES, DENUNCIAS Y VERDADES A MEDIAS

    ENTRE REFLECTORES, DENUNCIAS Y VERDADES A MEDIAS

    El senador Alejandro “Alito” Moreno parece haber entendido perfectamente cómo funciona la política en estos tiempos: cuando siente que su nombre comienza a apagarse un poco, encuentra rápidamente la manera de volver a encenderlo. Una denuncia, un pleito, una declaración explosiva o cualquier asunto suficientemente llamativo sirve para regresar a los titulares. Hace apenas unos días lo vimos nuevamente visitando Estados Unidos, viaje que me imagino también aprovechará para comprarse algunos pares de esos zapatos que tanto le gusta usar, algunos trajes, corbatas y camisas. Y ya que Nueva York le queda relativamente de paso, seguramente debe tener por allá algún sastre que conoce perfectamente sus medidas, porque hay que reconocer que la ropa que utiliza se ve fina y el senador cuida bastante bien esos detalles.

    Pero dejando a un lado la ironía, resulta particularmente interesante la denuncia que Moreno decidió llevar al país vecino contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral: Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga. El senador solicitó que sus actuaciones sean examinadas en Estados Unidos bajo el marco de la Global Magnitsky Act, a raíz de la controversia generada por las medidas cautelares relacionadas con publicaciones suyas en las que calificaba a Morena como “narcopartido”.

    Aquí comienza lo verdaderamente curioso del asunto. El INE es un organismo constitucional autónomo mexicano y para revisar sus determinaciones México cuenta con instituciones y mecanismos jurisdiccionales propios, entre ellos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces resulta por lo menos extraño que una diferencia surgida dentro del sistema político y electoral mexicano termine trasladándose al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Presentar una denuncia allá no significa automáticamente que exista una injerencia extranjera, por supuesto, pero sería interesante observar qué ocurriría si alguna autoridad estadounidense decidiera efectivamente intervenir o sancionar a funcionarios mexicanos por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus atribuciones. Ahí sí comenzaríamos a entrar en una conversación bastante más delicada sobre soberanía e intervención extranjera.

    Para eso tenemos autoridades judiciales en México, para eso existe el Tribunal Electoral y para eso existe todo un sistema constitucional diseñado precisamente para resolver diferencias entre partidos, candidatos, ciudadanos y autoridades electorales. Si cada vez que una resolución no nos gusta buscamos que otro país intervenga, entonces algo estamos entendiendo mal sobre la autonomía de nuestras propias instituciones.

    Pero bueno, quizá Alejandro Moreno también ha comprendido algo que los influencers descubrieron hace bastante tiempo: hasta las malas noticias generan seguidores. Hoy una denuncia produce titulares, un enfrentamiento genera reproducciones y una frase escandalosa garantiza entrevistas. En la política moderna muchas veces importa tanto permanecer dentro de la conversación como el contenido mismo de esa conversación.

    Y hablando precisamente de noticias, acusaciones y verdades que todavía necesitan demostrarse, me llamó la atención una publicación de Azucena Uresti relacionada con Andrés Manuel López Beltrán y el enorme asunto del llamado huachicol fiscal. Durante los últimos meses han circulado testimonios, investigaciones periodísticas y señalamientos en los que aparece mencionado el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí debemos hacer una distinción fundamental: que una persona aparezca mencionada dentro de un testimonio, una declaración o una publicación periodística no significa que su responsabilidad penal haya quedado demostrada.

    Andrés López Beltrán ha rechazado públicamente acusaciones que pretenden relacionarlo con actividades criminales y ha pedido que quienes realizan esos señalamientos presenten pruebas. Y sinceramente, mientras no aparezcan esas pruebas, yo personalmente encuentro difícil imaginar que un político o el hijo de un expresidente decida involucrarse directamente en la operación de negocios ilícitos. Tendría que existir prácticamente una necesidad extraordinaria de adrenalina, porque alrededor del poder existen millones de oportunidades para hacer negocios completamente lícitos sin necesidad de convertirse en colaborador de una organización criminal.

    Ahora bien, que yo lo considere improbable tampoco demuestra que sea inocente. Esa es precisamente la diferencia que muchas veces estamos perdiendo. Mi opinión no es una sentencia absolutoria, de la misma manera que la acusación de un periodista, un testigo o un adversario político tampoco constituye una sentencia condenatoria. Para eso existen investigaciones, fiscalías, expedientes, pruebas, jueces y tribunales. Más adelante veremos qué resulta de todas estas investigaciones sobre el huachicol fiscal y hasta dónde llegan realmente las responsabilidades. Si existen pruebas contra quien sea, que se presenten; si existen delitos, que se persigan, sin importar apellido, partido político o posición dentro del gobierno.

    Y regresamos inevitablemente a Alejandro Moreno, quien nuevamente ha utilizado una expresión bastante dramática al señalar que nadie lo va a callar y que, si fuera necesario, está dispuesto incluso a pagar con su vida. Francamente, ya chole con ese tema. Aquí nadie debería querer callar a Alejandro Moreno ni a ningún otro político. Tampoco se trata de censurar periodistas, medios de comunicación, ciudadanos o adversarios del gobierno. Se trata de algo muchísimo más sencillo: no decir mentiras y, cuando se realizan acusaciones graves, poder demostrarlas.

    No confundamos censura con responsabilidad.

    La libertad de expresión es indispensable en una democracia y México necesita protegerla particularmente porque nuestro país sigue siendo peligroso para muchos periodistas. Necesitamos periodistas incómodos, investigadores, reporteros que cuestionen al gobierno y medios capaces de exhibir aquello que el poder preferiría mantener escondido. Pero precisamente por eso el periodismo serio debe diferenciar una investigación de un rumor, un testimonio de una prueba y una acusación de una sentencia.

    Porque hoy pareciera que basta colocar una fotografía, un encabezado espectacular y algunos signos de interrogación para convertir cualquier versión en noticia. Después vienen miles de reproducciones, comentarios, programas de televisión, mesas de análisis y publicaciones en redes sociales. Para cuando aparece una aclaración, la acusación original ya recorrió todo México.

    Y ahí es donde creo que también debemos defender a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Defenderla no significa impedir que la critiquen ni convertir cualquier cuestionamiento al gobierno en un ataque contra México. Al contrario: la presidenta debe ser cuestionada, observada y sometida permanentemente al escrutinio público. Para eso existe una prensa libre. Pero una cosa es cuestionar sus decisiones y otra muy diferente inventarle hechos, atribuirle responsabilidades sin pruebas o convertir especulaciones en verdades simplemente porque generan audiencia.

    Demasiadas mentiras circulan diariamente como para continuar aceptando que la reputación de cualquier persona pueda destruirse mediante una acusación que después nadie tiene obligación de demostrar. Y digo cualquier persona porque esta regla no puede depender del partido político. Debe aplicarse exactamente igual para Claudia Sheinbaum, para Alejandro Moreno, para Andrés Manuel López Beltrán, para Morena, para el PRI, para el PAN y para cualquier ciudadano.

    Si existen documentos, que se publiquen. Si existen pruebas, que se presenten. Si existe corrupción, que se investigue. Si existen delitos, que los responsables enfrenten a la justicia. Y si únicamente existe una acusación, entonces llamémosla exactamente por lo que es: una acusación.

    Lo que no podemos hacer es convertir la mentira en modelo de negocio y después llamar censura a cualquier intento por exigir responsabilidad. Si el negocio de algunos medios, políticos o personajes públicos consiste en decir mentiras para obtener audiencia, votos, seguidores o relevancia, entonces sí, se les acabó el negocio y punto. Pero si lo que existe es una investigación periodística seria, documentada y sustentada con evidencia, entonces nadie debería intentar callarla, mucho menos desde el poder.

    La libertad de expresión no necesita mentiras para sobrevivir y la verdad tampoco necesita censura para defenderse. Lo que ambas necesitan es algo que últimamente parece escasear demasiado en la conversación pública mexicana: pruebas.

  • Grecia vinculada a la sospecha

    Grecia vinculada a la sospecha

    Mientras Grecia Quiroz no entregue el celular de Carlos Manzo es una sospechosa y debe ser detenida bajo interrogatorios de acuerdo con su calidad penal. No puede ser laxa la ley por estas evidencias y todavía darle la oportunidad de escuchar las declaraciones del R1, Ramón Ángel N Gracia tiene promesas claras de la derecha nacional y del vecino del norte, aquella petición de ayuda a Estados Unidos que hiciera su íntimo amigo Carlos Alejandro Bautista Tafolla para investigar el asesinato de Carlos Manzo, fue registrada y atendida, aunque no ejecutada por el gobierno de Estados Unidos.

    Sería una torpeza no hacer caso de un llamado de auxilio proveniente del país que quiere invadir y cuyo gobierno quiere colocar en la derecha.

    Trump sabe que perderá Chihuahua y necesita una entidad con estabilidad política para sus fines, pero el PAN le sirve como puente para financiar el “Movimiento del sombrero” para tratar de arrebatar Michoacán a Morena.

    Grecia Quiroz prefirió politizar el caso, es decir, colocar todo en el ámbito político y descuidar hasta la obviedad la situación legal. Prefirió la declaración política y en ella se cobijó como coartada para dejar de ser sospechosa. El dolor de la muerte de su ex pareja, pareciera incluso pasar a un tercer término, frente a la detención del R1, porque la visión de su futuro estaba sobre la pena de la usencia de quien dice será en todo momento el faro que conduzca su política.

    Ante esta fragilidad, añadió algo que para el caso considera distractor y para ella coartada. Necesita tiempo para las elecciones se acerque en el calendario pueda actuar de manera más definida no sólo respecto a su filiación sino a su financiamiento, en este contexto insiste en responsabilizar del homicidio al culpar al exgobernador Leonel Godoy, y al excandidato a la gubernatura Raúl Morón, ambos de Morena.

    El dinero que el PAN inyecta a la promoción mediática de Grecia Quiroz, viene del norte. A Estados Unidos le interesa Michoacán, el sueño de Trump sería un gobernador propio, los tres estados en posesión del PAN que competirán por renovar gubernatura, pueden perderse en las próximas elecciones. Aun si mantiene en su poder Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro. el PAN quedará débil en esos tres lugares. Incluso con el Congreso en minoría.

    La mudanza de la ultraderecha sería hacia Michoacán, donde tratarían de recuperar fuerzas. Estados Unidos tendría en el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puntos de huachicol, una puerta abierta para su invasión y todo lo que pudiera favorecer las intenciones del vecino.

    Lázaro Cárdenas se ubica de manera directa con San Diego, California, donde se concentra la mayor parte de la flota militar de Estados Unidos, son 2,785 kilómetros de distancia. Las invasiones por Veracruz son más tardadas, costosas y evidentes.

    Grecia Quiroz, espera una orden del exterior a través de su correo panista para definirse y saber en qué momento debe entregar el celular. Lo que no sabe es que sin el aparato en mano pueden conocerse los detalles de su contenido, basta la orden de un juez.

  • IPN – UNAM – UPN

    IPN – UNAM – UPN

    Existe un número importante de instituciones de educación superior en México, las más buscadas son aquellas que reciben fondos del Presupuesto Federal y/o del Presupuesto Estatal de cada estado de la República.

    Las tres escuelas cuyo presupuesto está siendo, ya sea dilapidado por sus corruptas cúpulas administrativas neoliberales, proclives a la trampa y a la transa o insuficientes para el desempeño adecuado de su misión social y política para el desarrollo del país.

    La cúpula UNAM solía ser ejemplo de confiabilidad, capacidad científica y un esbozo de neutralidad ideológica, era tan confiable que, en desastres nacionales de cualquier tipo, era preferible hacer las donaciones a través de la universidad. En la actualidad está más que claro que la ineptitud de la Junta de Gobierno ha provocado un problema mayúsculo con todo lo que rodea al proceso de admisión.

    La aplicación de un examen de admisión, en cualquier caso y en cada escuela pública, acaba por producir una selección que está filtrada por gran cantidad de factores socioeconómicos y culturales que la convierten en una selección injusta y dispareja. ¿Cómo se puede justificar como justo y honrado calificar igual a un estudiante que ha tenido que trabajar los 3 años de su bachillerato, que a otro que a tenido todo el tiempo para estudiar cada día? ¿Por qué soslayar el desempeño de cada persona que quiere acceder a la educación superior en una institución pública?

    Las “calificaciones” en todos los niveles académicos soslayan el desempeño y el esfuerzo, en mi etapa de educación media superior, tuve compañeros y compañeras para quienes trabajar era indispensable o no resolverían sus necesidades más básicas y acceder a la educación superior era casi imposible. La inmensa mayoría de mis compañeros de aula en la universidad, eran miembros de clase media ilustrada, cuyos padres eran asalariados y eso nos daba una posibilidad de entender claramente nuestra posición de clase.

    Siempre estaré en contra de los exámenes de admisión, porque implican dividir a los jóvenes de acuerdo con sus posibilidades, casi siempre económicas para tener el tiempo y los recursos académicos para acceder al conocimiento. Hoy, con la llamada inteligencia artificial, las cosas se presentan como más fáciles. Preocupa mucho el avance de la IA y el retroceso de la inteligencia humana, como dijo Quino a través de Mafalda, o alguien que lo refriteó.

    La UNAM se atrevió, seguramente por negocio de algunos, a contratar a una empresa para que el examen se hiciera a distancia, cuánto ahorraron o qué negocios turbios hay detrás nunca se sabrá, pero es fácil entender que la tentación de hacer trampa estaba puesta y que las personas proclives a la corrupción la hicieron, así que repetir el examen solamente a los que pasaron es, por decir lo menos, muy poco inteligente y demasiado injusto. Realizar un examen nuevo, escrito y presencial parece la única solución aceptable y justa.

    En el caso del IPN, la situación es grave porque hay una cerrazón de la SEP para asumir que el presupuesto, o se usa muy mal, o es tremendamente insuficiente, tanto, que hasta los equipos de futbol americano están protestando por la situación.

    La toma de Canal 11, en el Carrillón del Casco de Santo Tomás es signo claro de que la administración del Poli está mal y es muy significativo que haya sido el Once dónde ocurren las cosas, con el error coyuntural de movilizarse en vacaciones o durante el periodo de exámenes cercanos al fin de curso. Finalmente, después de verse reprimidos y obligados a entregar las instalaciones sin acceso a la inspección durante la entrega, se habla de daños a la filmoteca, lo que claramente presenta la intención de la autoridad educativa federal de criminalizar la protesta.

    En la UPN, hasta el día de hoy, ninguno de los compromisos que hizo el Gobierno Federal a través de Mario Delgado, se ha cumplido. Abollado como está el poco prestigio del citado Secretario de Educación Pública, después de quitar el respaldo al dignísimo Maestro Marx Arriaga Navarro y echarlo, poniéndole enfrente el soborno a través de ofrecerle una embajada (Qué mal Claudia), pero además sin la liquidación que le correspondía y manteniéndolo constantemente aislado, marginado y probablemente amenazado, Delgado sigue sin resolver nada en la UPN y la camarilla inepta y corrupta de la Rectora Dra. Rosa María Torres Hernández continua frente a esta institución.

    Vale la pena decir que la UPN tiene 70 unidades en todo el país, además de 200 subsedes y tres universidades pedagógicas estatales o descentralizadas, las cuales siempre sufren para pagar a los docentes contratados por hora, porque Ajusco no envía documentos y recursos en tiempo y forma.

    Sería fantástico saber hasta cuándo la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo mostrará las características de “más radical” con que la calificó Andrés Manuel López Obrador siendo Presidente de la República Mexicana. Los trabajadores mexicanos, los jubilados y pensionados de todas las instituciones hemos sido olvidados por ella, somos nosotros quienes hemos movido a México y la llevamos a la presidencia. Incrementar el salario mínimo no es suficiente, controlar la inflación tomando en cuenta solamente algunas mercancías es una acción insuficiente. ¿Quieres saber dónde vive un pensionado?  Mira su casa, siempre estará deteriorada porque todo lo necesario para el mantenimiento de una vivienda, ha incrementado su precio muy por encima de la inflación.

  • ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A NO SER CONDENADO POR UNA MENTIRA

    ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A NO SER CONDENADO POR UNA MENTIRA

    Hay algo que estamos normalizando en México y que merece una reflexión seria. Hoy basta una publicación en redes sociales, una fotografía fuera de contexto, un supuesto documento filtrado o una declaración frente a una cámara para que una persona pueda pasar, en cuestión de horas, de ciudadano a culpable ante la opinión pública. Después vienen las aclaraciones, los desmentidos y algunas veces hasta las disculpas, pero casi siempre llegan cuando el daño ya está hecho.

    Vivimos posiblemente uno de los mejores momentos de la historia para ejercer la libertad de expresión. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para denunciar, investigar, cuestionar al poder y hacer pública una injusticia. Eso debemos defenderlo y conservarlo. El problema comienza cuando confundimos la libertad de expresión con una supuesta libertad para acusar sin asumir responsabilidad alguna por lo que se dice o publica.

    En días recientes vimos circular información relacionada con una supuesta orden de aprehensión contra el senador Adán Augusto López Hernández. Independientemente del personaje y del partido político al que pertenece, el episodio sirve perfectamente para observar la velocidad con la que funciona actualmente nuestro ecosistema informativo. Una versión aparece en algún sitio, alguien la reproduce, otros medios o cuentas la retoman y después llegan los encabezados, comentarios y publicaciones en redes sociales. En cuestión de horas miles de personas pueden estar discutiendo la culpabilidad de alguien sobre la base de información cuyo origen probablemente ni siquiera conocen.

    Y cuando finalmente aparece una aclaración, difícilmente consigue la misma difusión.

    Aquí existe una diferencia elemental que estamos comenzando a olvidar. Una denuncia no es una sentencia, una investigación tampoco representa una condena y la existencia de una carpeta de investigación no convierte automáticamente a una persona en delincuente. Mucho menos lo hace una publicación en Facebook, X, TikTok o cualquier otra plataforma. Sin embargo, hemos creado una especie de tribunal digital donde muchas veces primero dictamos sentencia y después nos preocupamos por conocer los hechos.

    Sería un error convertir esta discusión en otro enfrentamiento entre Morena, PAN, PRI o cualquier otro partido. Hoy puede tratarse de Adán Augusto López; mañana podría ser un senador de oposición, un gobernador, un empresario, un periodista, un médico, un maestro o cualquier ciudadano. El principio debería ser exactamente el mismo independientemente del nombre, posición económica o afiliación política de la persona involucrada.

    A lo largo de nuestra historia reciente hemos visto acusaciones públicas relacionadas con corrupción, fraude, abuso sexual, violación, narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, robo y desfalco. Muchas terminaron comprobándose y quienes cometieron esos actos debieron responder ante la justicia. Otras nunca consiguieron acreditarse y algunas terminaron siendo completamente falsas. El problema es que cuando una acusación falsa consigue suficiente difusión, difícilmente la aclaración alcanza posteriormente a todas las personas que conocieron la primera versión.

    Una reputación puede tardar décadas en construirse y solamente unas horas en destruirse. Una acusación falsa puede provocar pérdida de clientes, contratos, empleos, amistades y oportunidades profesionales, además de afectar directamente a una familia. Meses o años después puede demostrarse que aquella información era incorrecta, pero para entonces las consecuencias económicas, personales y psicológicas pueden resultar prácticamente imposibles de revertir. El escándalo suele ocupar la primera plana; la aclaración, cuando existe, rara vez recibe el mismo espacio.

    Precisamente ahí existe una discusión jurídica y social que México debería tomarse mucho más en serio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado criterios buscando un equilibrio entre dos derechos fundamentales: por un lado la libertad de expresión y, por otro, la protección del honor y la reputación. Ese equilibrio resulta indispensable porque cualquiera de los dos extremos puede ser peligroso.

    La solución definitivamente no puede consistir en que el gobierno determine qué información es verdadera y cuál es falsa. México necesita una prensa libre, incluso incómoda. Necesitamos periodistas investigando presidentes, gobernadores, senadores, alcaldes, empresarios, militares, policías, jueces y partidos políticos. Necesitamos medios capaces de publicar investigaciones aun cuando resulten incómodas para quienes tienen poder, y necesitamos instituciones capaces de proteger a quienes realizan ese trabajo.

    También debemos reconocer que existe una preocupación legítima por la utilización de procedimientos judiciales para intimidar periodistas. Una legislación mal diseñada podría terminar convirtiéndose en una herramienta perfecta para que alguien con poder económico o político amenace con demandas a cualquiera que pretenda investigarlo. Sería tan grave permitir la mentira deliberada como utilizar la justicia para impedir que alguien descubra una verdad incómoda.

    Por eso existe una distinción fundamental: equivocarse investigando no es lo mismo que mentir deliberadamente.

    Un periodista puede recibir información de una fuente que considera confiable, investigarla, contrastarla y publicar elementos que posteriormente resulten incorrectos. El periodismo no es una ciencia exacta y exigir infalibilidad sería prácticamente exigir silencio. Otra situación completamente distinta sería fabricar documentos, alterar información, inventar deliberadamente una acusación o presentar conscientemente como verdadero algo que se sabe falso con la finalidad de perjudicar a otra persona.

    Y esta responsabilidad no debería limitarse a los periodistas. Los políticos tendrían que someterse exactamente al mismo principio. Durante campañas electorales y enfrentamientos políticos escuchamos con enorme facilidad palabras como delincuente, corrupto, narcotraficante, criminal o ladrón. Algunas acusaciones pueden estar sustentadas y merecen investigarse; otras simplemente forman parte de una estrategia para destruir políticamente al adversario.

    La competencia electoral tampoco debería convertirse en una licencia para destruir reputaciones. Quien tenga conocimiento de un delito debe denunciarlo, quien posea documentos debe presentarlos y quien tenga elementos periodísticos debe investigarlos. Pero todos deberíamos recuperar la diferencia entre señalar una posible irregularidad, investigar los hechos, formular una acusación y declarar culpable a una persona. Son situaciones completamente distintas.

    Las redes sociales complicaron todavía más este fenómeno. Hace veinte años, para conseguir que una acusación alcanzara difusión nacional era necesario tener acceso a una televisora, una estación de radio o un periódico. Hoy cualquier persona con un teléfono puede publicar información que potencialmente alcance a millones de usuarios. Eso democratizó extraordinariamente la comunicación y constituye uno de los grandes avances de nuestra época, pero también democratizó la capacidad de destruir una reputación.

    Un ciudadano puede difundir un rumor desde su casa, un influencer convertirlo en tendencia y una cuenta anónima publicar un supuesto documento que miles de personas terminarán compartiendo sin preguntarse de dónde provino. La responsabilidad, por lo tanto, ya no puede considerarse exclusivamente un problema de los medios tradicionales. Es un asunto que involucra periodistas, políticos, funcionarios, empresarios, creadores de contenido y ciudadanos.

    Quizá por eso deberíamos hablar menos de censura y mucho más de responsabilidad.

    No necesitamos un ministerio de la verdad ni funcionarios revisando encabezados antes de que sean publicados. Mucho menos necesitamos periodistas solicitando permiso al gobierno para investigar. Lo que sí necesitamos es una cultura jurídica, política y periodística en la que la libertad tenga como compañera inseparable a la responsabilidad.

    México podría fortalecer los mecanismos de derecho de réplica y procurar que las aclaraciones tengan una relevancia razonablemente proporcional a la publicación que originó el daño. También resulta necesario que los mecanismos civiles relacionados con el daño moral funcionen correctamente cuando realmente pueda demostrarse una afectación, y que fabricar documentos o pruebas con la intención de incriminar públicamente a alguien tenga consecuencias conforme a derecho. Al mismo tiempo, las protecciones para periodistas deben ser suficientemente fuertes para impedir que políticos, empresarios o funcionarios conviertan una demanda en un instrumento de intimidación.

    Encontrar ese equilibrio no será sencillo, pero resulta indispensable.

    El periodismo no nació para ser cómodo. Un buen periodista debe preguntar, desconfiar, investigar, confrontar versiones y, cuando tenga elementos suficientes, publicar aunque al Presidente, al gobernador, al empresario o al partido político en turno no le guste. Eso forma parte esencial de una democracia.

    Pero investigar no es inventar, cuestionar no significa condenar y libertad de expresión tampoco debería significar inmunidad absoluta frente a una mentira deliberadamente fabricada para destruir a otra persona.

    Tenemos que proteger incluso las expresiones que nos incomodan y permitir que el periodismo llegue hasta donde tenga que llegar. El poder público debe permanecer permanentemente bajo escrutinio y ninguna legislación debería convertirse en un escudo para evitarlo. Pero una democracia tampoco debería aceptar que una mentira deliberada tenga licencia para destruir una reputación, un patrimonio, una familia o una vida.

    Ni censura ni persecución a periodistas, pero tampoco impunidad para quien deliberadamente fabrica una mentira y provoca con ella un daño.

    La libertad de expresión es demasiado importante para limitarla, pero también demasiado importante para utilizarla irresponsablemente.

    Tal vez por ahí deberíamos comenzar.

  • Mientras China programa el futuro, Washington programa el miedo

    Mientras China programa el futuro, Washington programa el miedo

    La misma semana de julio de 2026 en la que Pekín presentó al mundo Kimi K3, un modelo de inteligencia artificial capaz de rivalizar con los sistemas más avanzados de Silicon Valley a una fracción de su costo, el gobierno de Estados Unidos convocaba a representantes de 66 países para hablar no de tecnología, ni de comercio, ni de cooperación, sino de un enemigo interno definido en términos casi religiosos: el “resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda”. El contraste no podría ser más elocuente sobre hacia dónde mira cada potencia.

    En Shanghái, Xi Jinping subió al escenario de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial para insistir en que esta tecnología no debe quedar en manos de un solo país, y ofreció capacitación y modelos de bajo costo a naciones del sur global bajo la premisa de que la IA debe servir para cooperar, no para competir.

    Es un discurso que, viniendo de un régimen con su propio historial de censura y control, invita al escepticismo. Pero el hecho concreto detrás del discurso es innegable: empresas chinas como Moonshot AI están ofreciendo modelos de código abierto con pesos públicos, a precios hasta cuarenta veces menores que sus competidores estadounidenses, y ya están siendo adoptados por compañías en Silicon Valley, la meca que se suponía imbatible. Ese mismo día en Washington, Marco Rubio no hablaba de innovación ni de infraestructura digital. Hablaba de anarquistas, comunistas y “antiimperialistas” como si fueran una red terrorista transnacional con capacidad operativa comparable a Al Qaeda, sin ofrecer una sola prueba pública que sostenga semejante caracterización. Horas después, Donald Trump acusaba a China de interferir en las elecciones estadounidenses, también sin mostrar evidencia, mientras su propia administración ha intervenido abiertamente, sin disimulo alguno, en procesos electorales latinoamericanos para favorecer a candidatos de extrema derecha que después le devuelven lealtad política.

    No hace falta compartir la visión del Partido Comunista Chino sobre la sociedad, la disidencia o los derechos humanos para notar la asimetría. Un país invierte su capital político en construir infraestructura tecnológica y ofrecerla al mundo en desarrollo; el otro invierte su capital político en fabricar enemigos internos difusos, sin nombre ni estructura verificable, y en señalar interferencias externas que no puede o no quiere probar. Uno mira hacia adelante, hacia la próxima década de cómputo, energía y algoritmos; el otro mira hacia atrás, hacia un imaginario de guerra cultural que necesita mantener viva la sensación de amenaza permanente para justificar su propia existencia política.

    Vale la pena señalar, además, un dato que rara vez aparece en la cobertura occidental de este tema: el mismo régimen chino que impulsa esta ofensiva diplomática de la inteligencia artificial mantiene restricciones internas contra el uso de esa misma tecnología para sustituir trabajadores. Es una contradicción interesante para un sistema que compite globalmente bajo una lógica de mercado, pero que en su territorio decide proteger el empleo por decreto. Mientras tanto, en el otro extremo del tablero, la retórica de Rubio sobre el “terrorismo de izquierda” llega apenas meses después de que la propia administración estadounidense indultara a quienes asaltaron el Capitolio en enero de 2021, y en el contexto de una ola de designaciones antiterroristas que, según especialistas en seguridad citados por medios como el Washington Post, carecen de sustento legal y buscan más bien habilitar herramientas de vigilancia contra ciudadanos estadounidenses.

    Ninguna de las dos potencias es inocente. China no es un modelo de transparencia ni de libertades civiles, y su generosidad tecnológica hacia el sur global no es filantropía: es estrategia geopolítica, tan calculada como cualquier otra. Pero la comparación entre lo que cada gobierno decidió hacer público esa misma semana de julio resulta reveladora.

    Un país mostró un producto, una hoja de ruta y una oferta de cooperación técnica verificable. El otro mostró un discurso sobre fantasmas ideológicos y una acusación sin pruebas lanzada en horario estelar. Quienes defienden la hegemonía estadounidense insistirán en que la apertura de los modelos chinos oculta riesgos de seguridad y opacidad en el entrenamiento, y no les falta razón en advertir sobre ello. Pero ese argumento no explica por qué la respuesta de Washington a la competencia tecnológica china fue, esa semana, hablar de todo menos de tecnología. Y en un mundo donde el liderazgo se mide cada vez más en cómputo, algoritmos y capacidad de exportar infraestructura digital, elegir hablar de enemigos imaginarios en lugar de innovación real dice, por sí solo, hacia dónde se inclina la balanza.

  • Derecho a una vida libre de violencias

    Derecho a una vida libre de violencias

    Con este artículo número quince en la Cartilla de Derechos de la Mujer, terminamos esta revisión de dicho documento. Este punto dice textualmente: “El derecho a vivir en paz y libres de violencias en todos los espacios que habitamos ¿Sabías que las mujeres tenemos derecho a que nadie nos cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte en ninguno de los espacios que habitamos (nuestras familias, la comunidad, las escuelas, las instituciones, el espacio digital o en la política)?

    Las mujeres tenemos derecho a que cualquier integrante de nuestras familias, la sociedad, nuestros empleadores, las empresas, los medios de comunicación o de difusión y, por supuesto, las autoridades, respeten y reconozcan nuestros derechos. El Estado mexicano en su conjunto tiene la obligación de garantizarlos.

    El derecho a vivir sin violencias significa que, además de disfrutar y ejercer nuestros derechos humanos, debemos recibir un trato y educación libres de costumbres, creencias o prácticas que nos discriminen, limiten nuestros derechos, nos humillen o nos hagan sentir inferiores.

    Por ello, se deben respetar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra salud física y emocional, y recibir tratos siempre como iguales y con respeto en cualquier lugar. Desde que tenemos Presidenta en México, el derecho a una vida libre de violencias y a la igualdad sustantiva están garantizados nada más y nada menos que en la Constitución, en específico en el artículo 4to que dice lo siguiente:

    “Todas las autoridades deben condenar las violencias contra las mujeres y aplicar todas las medidas apropiadas para erradicarla. Las autoridades tienen la obligación de realizar acciones para: Prevenir la violencia; contar con mecanismos para atender las denuncias de violencia; contar con capacitación permanente y evaluación de las autoridades encargadas de atender y determinar si somos víctimas de violencia; eliminar cualquier norma o instrumento legal que atente contra nuestros derechos y libertades”.

    Todas las instituciones del Estado mexicano tienen la obligación de garantizar nuestros derechos y, de manera especial, la Secretaría e Institutos de las Mujeres, deben vigilar a las entidades del gobierno mexicano.

    La protección no sólo nos incluye a nosotras, sino también a nuestras familias y a nuestras hijas e hijos. ¡No estás sola! Es tiempo de que las mujeres sepamos que no estamos solas.

    Cuando vivimos algún tipo de violencia y queremos denunciar, las autoridades deben brindarnos atención integral, lo que implica contar con asesoría legal de forma gratuita que represente nuestros intereses para acceder a la justicia y a una reparación integral del daño; que nos expliquen de forma clara y sencilla nuestros derechos, las etapas del proceso, los recursos para inconformarnos ante las decisiones de las autoridades; a recibir apoyo psicológico y, en caso de ser necesario, apoyo económico para continuar en nuestra búsqueda de justicia.

    En México las mujeres seguimos siendo víctimas de múltiples violencias, discriminación y estigmas sociales, para hacer frente a esto, necesitamos que más mujeres abracemos y defendamos nuestros derechos; también es necesario que hombres y mujeres ubiquemos ese tipo de conductas que parecen normales pero que abonan a no tratarnos como iguales.

    A través de ello lograremos un cambio cultural que permita que todas y todos tengamos una vida libre de violencias”.

  • De balazos y guamazos

    De balazos y guamazos

    Hace un par de días, el INEGI dio a conocer las cifras preliminares de las estadísticas de defunciones registradas por presunto homicidio, a nivel nacional y en cada entidad federativa, durante 2025. A nivel nacional, el fenómeno ha tenido variaciones significativas, pasando de 25,967 casos en 2012 a 27,989 en 2025 (cifra preliminar), con un pico máximo que superó los 36,000 registros entre 2018 y 2020. Tras un periodo de relativa estabilidad a principios de los años 90, la incidencia de homicidios registró un incremento drástico en México a partir de 2008, alcanzando niveles muy altos en la década de 2010, para llegar a su punto más crítico alrededor de 2018-2020. Afortunadamente, se observa una tendencia sostenida a la baja en la tasa nacional desde 2021 hasta 2025.

    Entidades con mayores cambios (2012-2025)

    Al comparar las cifras absolutas de 2012 contra los datos preliminares de 2025, se identifican las entidades donde el fenómeno ha experimentado las transformaciones más marcadas:

    Entidades con mayor incremento

    • Guanajuato es la entidad con el aumento absoluto más drástico, pasando de 684 homicidios en 2012 a 3,249 en 2025.
    • Baja California presenta una tendencia fuertemente alcista en el periodo, incrementando de 581 a 2,095 casos.

    Entidades con mayor disminución

    • Tamaulipas logró una reducción muy importante, bajando de 1,561 casos en 2012 a 300 en 2025.
    • Guerrero experimentó una disminución destacable en números absolutos, pasando de 2,646 a 1,410.

    Por otro lado, algunos estados de la República han mantenido un nivel de defunciones por presunto homicidio relativamente constante a lo largo de estos años: Yucatán se mantiene como la entidad con menor variación absoluta (pasó de 41 a 42 casos en el periodo), mientras que Campeche, Chiapas, Tlaxcala y Querétaro muestran los cambios absolutos más moderados en comparación con el resto del país.

    Tasa de defunciones

    La tasa de defunciones por presunto homicidio por cada 100 mil habitantes es un indicador para comprender la violencia, ya que contextualiza la cantidad de homicidios en relación con el tamaño de la población de cada entidad federativa. Al calcular cuántas muertes ocurren por cada 100,000 habitantes, este indicador elimina el sesgo que genera comparar estados con poblaciones muy distintas, y permite determinar dónde es, proporcionalmente, más peligroso vivir.

    • Guanajuato destaca por un incremento sostenido en su tasa a partir de 2017, manteniéndose por encima de los 60 puntos durante varios años consecutivos. Ahora, el decremento de 2024 a 2025 es notorio: de 64 a 51.
    • Colima es una de las entidades que ha registrado tasas sumamente alarmantes, alcanzando cifras superiores a los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes en años recientes. También en este estado el cambio en el último año es drástico: de 124 a 89.

    Entre 2024 y 2025, la tasa de defunciones por presunto homicidio por cada 100 mil habitantes no disminuyó en todas las entidades federativas de nuestro país. Aunque la gran mayoría de los estados registraron reducciones o se mantuvieron sin cambios —Aguascalientes, Durango, Nayarit y Veracruz, que conservaron exactamente la misma tasa—, hubo cuatro entidades donde la tasa de presuntos homicidios aumentó:

    • Sinaloa: de 33 a 57
    • Baja California Sur: de 10 a 23
    • Tabasco: de 33 a 36
    • Sonora de 52 a 54

    Decrementos más significativos

    Si analizamos la reducción absoluta en los puntos de la tasa por cada 100 mil habitantes entre 2024 y 2025, las entidades que experimentaron las bajas más importantes fueron:

    1. Colima: de 124 a 89 (una reducción de 35 puntos)
    2. Morelos: de 77 a 58 (una reducción de 19 puntos)
    3. Zacatecas: de 34 a 16 (una reducción de 18 puntos)
    4. Nuevo León: de 27 a 12 (una reducción de 15 puntos)
    5. Guanajuato: de 64 a 51 (una reducción de 13 puntos)

    El comportamiento de la tasa de defunciones por presunto homicidio en la Ciudad de México entre 2012 y 2025 se puede describir en tres etapas claras. Durante los primeros años del periodo (2012-2015), la entidad mantuvo una estabilidad relativa con una tasa constante de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes. A partir de 2016, se observó un ligero ascenso que llevó la tasa a su punto más alto del periodo en 2018, cuando alcanzó los 16 homicidios por cada 100 mil habitantes, manteniéndose en niveles ligeramente elevados (entre 14 y 15) hasta 2020. Finalmente, a partir de 2021, la capital mostró una tendencia descendente significativa. Esta reducción permitió alcanzar sus mínimos históricos dentro de este registro (8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2022 y 2023), concluyendo el periodo en 2025 con una tasa de 9 homicidios por cada 100 mil habitantes.

    Balazo mata otras causas

    En México, el medio más empleado para provocar la muerte durante 2025 fue el disparo con arma de fuego (70.8%), seguido por el uso de objetos punzocortantes (9.4%). Otras causas recurrentes incluyen la agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación (1,825 casos) y los ataques con objeto romo o sin filo (292 casos). Balazos, acuchillamientos, ahorcamientos y guamazos…

    @gcastroibarra

  • Genocidio es lo que el genocida decida que es genocidio

    Genocidio es lo que el genocida decida que es genocidio

    a Erza Shabot y la insoportable valentía del cinismo vulgar.

    Resulta falso que exista un genocidio palestino en Gaza. Tan falso como que el primer Premio de la Paz de la FIFA, otorgado a Donald Trump, sea una ridiculez chabacana y estúpida. Y resulta falso porque el uso del término genocidio es potestad exclusiva de la parte genocida. Si el estado genocida de Israel —y sus voceros— dicen que la narrativa sobre el supuesto genocidio palestino en Gaza no se sostiene, pues no se sostiene y punto. Incluso si ni la Comisión Internacional de la ONU —pieza central de legitimación internacional para la creación del Estadod e Israel— o Amnistía Internacional, consiguen ocultarlo.

    Ezra Shabot, dando cátedra de propaganda panfletaria, documenta que la potestad de bautizar un acto como genocida pertenece al genocida mismo, siempre y cuando el genocida resulte triunfante en el genocidio.

    No importa que existan patrones de ataques, destrucción de infraestructura civil, bloqueo de ayuda humanitaria y hambruna sistemática, por parte del estado sionista de Israel, en Gaza. No hay, dice, “aniquilamiento sistemático” para desaparecer a los gazatíes. Sin cámaras de gas, ni campos de concentración, no hay genocidio. Aunque el estado de Israel haya convertido Gaza en un enorme campo de concentración, en una cámara de gas masiva, y en un experimento de hambruna, bloqueo, desplazamiento y destrucción de las condiciones de vida.

    Los ataques de Hamás sí son genocidas, porque la escala de los mismos nunca ha inclinado la balanza en favor de Hamás. Los “actos defensivos” de Israel no lo son, porque no buscan “exterminar civiles, sino derrotar militarmente al enemigo.” ¿Cómo? Causando la muerte de un número sin precedentes de civiles palestinos mediante ataques militares extensivos, lesionando gravemente la integridad física y mental de los gazatíes, imponiendo condiciones incompatibles con la supervivencia de la población, e impidiendo la natalidad. En pocas palabras, ejecutando cuatro de los cinco actos que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, adoptada por la Asamblea General de la ONU, define como genocidio.

    Entrados en gastos

    Lo que pasa en Gaza no es genocidio porque Israel decide que no es genocidio. El sionismo no es nazifascismo porque el sionismo —que es capitalismo voraz y salvaje— instrumentaliza el antisemitismo y el Holocausto para legitimar al Estado de Israel y desactivar a sus críticos. Lo que sucede en Gaza no es lo que sucedió en los campos de exterminio nazis, porque los campos de exterminio nazis eran centros cerrados de asesinato industrializado, mientras que Gaza es un territorio habitado de deshumnanización, destrucción, hambre, enfermedad, desplazamiento forzado y asesinato indiscriminado.

    Carlos Bortoni es escritor.
    Su último libro es Polvo, publicado por
    Casa Editorial Abismos.