Los Reporteros Mx

Etiqueta: columna

  • La soberana soberanía de subordinarse

    La soberana soberanía de subordinarse

    Con una brevedad y densidad propias de las “Cartas a un joven poeta” de Rilke y un estoicismo que nada tiene que envidiar a las “Cartas a Lucilio” de Séneca, Andrés Manuel López Beltrán nos regala una nueva carta de su puño y letra. En esta ocasión, dirigida a Trump, amo y señor de la política de ocurrencia, y las cortinas de humo para cubrir cortinas de humo, ¿La razón?, la cancelación de la visa de López Béltran para poder ingresar —de forma legal— a los Estados Unidos, “una burda y perversa canallada”.

    La carta puede leerse como un manifiesto del desprecio de ser despreciado por la política, despreciable, de un gobierno con colaboradores despreciables, de una nación que atraviesa “tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”. Una crítica politiquera y propagandista, a un acto politiquero y propagandista, que acusa, sin pruebas ni demostración alguna, de acusar sin pruebas ni demostración alguna. Concluyendo, sin demostrar nada, que se persigue a quien ni siquiera se señala.

    La carta de Andres Manuel hijo va más allá de una mera muestra de protesta oportunista en contra del oportunismo. Enarbola una bandera performativa que no arriesga. No propone una quema masiva de visas estadounidenses o una revolución anticonsular. No abraza un discurso que condene el deseo mexicano de aceptación estadounidense. Ni siquiera encumbra un “no hace falta que nos excluyan, nos excluimos porque no necesitamos cruzar la frontera”. No. Lopez Beltran es consciente del lugar que el gobierno mexicano ha adoptado frente al de los Estados Unidos y prefiere pedir la clemencia del líder, que posicionarse como un verdadero defensor de una causa.

    Entrados en gastos

    Para rematar esta protesta que no protesta, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “injerencia” el retiro de visas de Estados Unidos a políticos mexicanos. Es de suponer que por ello el gobierno Méxicano renunció a tomar decisiones soberanas que pudieran intervenir de forma indirecta en la política de otros países.

    Que por ello no rompe relaciones diplomáticas con Israel, no vaya a ser que intervenga sobre la soberanía israelí de hacer lo que le dé la gana. Que por ello permite que el acceso a la vivienda esté subordinado a la especulación, el turismo residencial y la rentabilidad inmobiliaria, no vaya a ser que regularlo afecte el modelo que hace de México una extensión de la geografía económica del Norte Global. Que por ello defienden los proyectos extractivistas como estratégicos, no vaya a ser que limitarlos merme la repatriación de utilidades al país de origen de las corporaciones extranjeras. La enseñanza de Lopez Beltran es clara, la soberanía es soberana en la medida que permita subordinarse al capital y recoger sus migajas.

    • Carlos Bortoni es escritor. Su último libro es Polvo, publicado por Casa Editorial Abismos.
  • ¿Y si la historia así fue?

    ¿Y si la historia así fue?

    En mi columna anterior escribí una historia sobre cómo pudieron haberse movido durante años aquellos cargamentos de petróleo, gasolina y diésel en la llamada época dorada del huachicol fiscal, o, para decirlo sin darle tantas vueltas, durante uno de los grandes robos a la nación. Aquel texto no pretendía acusar a nadie ni presentar como hechos cosas que yo no podía probar; era un ejercicio para tratar de entender cómo una operación de semejante tamaño podía atravesar carreteras, puertos, aduanas y retenes sin que necesariamente cada persona que encontraba en el camino conociera lo que realmente estaba ocurriendo. Ahí escribí sobre la famosa charola, esa vieja institución informal mexicana que durante décadas abrió puertas, detuvo investigaciones y provocó que más de uno prefiriera no hacer demasiadas preguntas. Pero también escribí algo que hoy me parece todavía más interesante: la charola ni siquiera tiene que existir. Puede ser invisible. A veces basta utilizar un nombre, decir que se conoce a determinada persona o pronunciar aquella frase que durante tantos años tuvo un significado muy particular en México: “traemos línea de México”.

    Y ahora, conforme uno conoce fragmentos de investigaciones, declaraciones, conversaciones y expedientes relacionados con el huachicol fiscal, aquella historia ficticia empieza por momentos a parecer menos disparatada de lo que parecía cuando la escribí. No estoy diciendo que ocurrió exactamente como lo imaginé ni que existió aquella llamada desde una carretera o que determinado operador pronunciara esas palabras. Estoy hablando del mecanismo. De la posibilidad de utilizar una cercanía real o inventada con el poder para hacer creer a quien está enfrente que detener un camión, revisar un pedimento o hacer demasiadas preguntas puede significar meterse en un problema mayor. Porque ésa es otra característica muy mexicana del poder: no solamente importa tenerlo, también puede ser suficiente convencer a los demás de que uno lo tiene. Y aquí es precisamente donde comienzan mis dudas, porque entre más leo sobre este asunto más preguntas encuentro y menos dispuesto estoy a aceptar algunas conclusiones que se presentan como si ya estuvieran demostradas.

    La primera es por qué parece existir una necesidad casi desesperada de que Andrés Manuel López Obrador o alguno de sus hijos tenga que aparecer forzosamente involucrado en la operación. Si existen pruebas, que se presenten. Si hay transferencias bancarias, instrucciones, llamadas, sociedades, cuentas, testimonios corroborados o documentos que acrediten una participación delictiva, que la Fiscalía investigue y que los responsables respondan, se llamen como se llamen. Pero existe una diferencia enorme entre que un presunto delincuente diga conocer a alguien y que efectivamente lo conozca; otra todavía mayor entre conocerlo y que esa persona participe en un delito. Cualquiera que haya vivido alrededor de la política mexicana sabe cuántas veces alguien asegura: “yo conozco al gobernador”, “yo hablo con el secretario”, “eso ya está autorizado arriba”, cuando quizá el gobernador ni sabe quién es. Precisamente ésa era la idea de la charola invisible: utilizar el poder de otro, muchas veces sin que ese otro siquiera se entere.

    La segunda pregunta es por qué se repite que una operación de semejante tamaño necesariamente tenía que ser conocida por todo el Gobierno federal. Puede haber funcionarios involucrados y precisamente eso debe investigarse, puede haber corrupción en aduanas, autoridades que voltearon hacia otro lado, empresarios que compraron voluntades, militares, agentes, intermediarios y redes completas. Pero de ahí a concluir que por existir una operación criminal grande necesariamente el presidente de la República tenía conocimiento existe una distancia considerable. Si aceptáramos ese razonamiento tendríamos que aplicarlo también a Estados Unidos: ¿cómo es posible que el país con algunas de las agencias de inteligencia y seguridad más poderosas del mundo no haya podido impedir durante años la entrada de toneladas de drogas y, particularmente, el crecimiento del fentanilo? ¿Debemos concluir entonces que el Gobierno estadounidense participa en el tráfico? Evidentemente no. Los Estados no son omniscientes. Dentro de ellos existen instituciones, burocracias, corrupción, fallas de inteligencia, información fragmentada y funcionarios que pueden actuar por su cuenta. La pregunta periodística interesante no es “¿cómo no iba a saber el Gobierno?”, sino algo mucho más concreto: ¿quién sabía?, ¿desde cuándo?, ¿qué información tenía?, ¿qué hizo con ella? y, sobre todo, ¿hasta dónde llegaron realmente las complicidades?

    Y hay una tercera pregunta que para mí puede ser todavía más importante: ¿desde cuándo sucede todo esto? Porque pareciera que descubrimos el huachicol fiscal ayer y que necesariamente debemos colocarlo dentro de un solo sexenio, cuando existen antecedentes de contrabando, subvaluación, evasión fiscal y comercio ilegal de combustibles desde mucho antes. Si queremos entender verdaderamente el fenómeno habrá que reconstruirlo hacia atrás y revisar cuándo comenzó a crecer, qué cambios regulatorios lo facilitaron, qué empresas participaron, quién vendía el combustible en Estados Unidos, quién lo transportaba, quién hacía los pedimentos, quién lo recibía en México, quién facturaba y dónde terminaba el dinero. Porque el combustible no aparece mágicamente en la frontera. Para que exista huachicol fiscal de esta naturaleza tiene que existir una cadena completa a ambos lados. Reducir todo ese entramado a encontrar un apellido políticamente atractivo puede servir para ganar audiencia, pero difícilmente sirve para entender uno de los negocios ilícitos más grandes que ha enfrentado México.

    Y mientras tratamos de resolver ese rompecabezas, la política mexicana nos regala otro capítulo de esa relación tan peculiar entre Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña. Yo ya no sé si son adversarios o admiradores profesionales el uno del otro; quizá deberían ir un día a comer y platicar tranquilamente de sus vidas, porque no dudo que ambas sean interesantes, pero ¡híjole!, cuando se encuentran se dan con todo. Esta vez el motivo volvió a ser una visa estadounidense y, más allá del espectáculo político, hubo algo en la respuesta de Noroña que me pareció bastante lógico: no todos los mexicanos tienen visa, millones no la necesitan y muchos probablemente jamás han pensado viajar a Estados Unidos. Una visa es una autorización administrativa que otro país concede o retira conforme a sus propias reglas; no es certificado de buena conducta expedido por Dios. Sin embargo, hemos llegado al extremo de interpretar que si Estados Unidos cancela una visa entonces el afectado automáticamente debe ser delincuente. No funciona así. Una visa cancelada no es una orden de aprehensión, no es una sentencia y ni siquiera necesariamente implica la existencia de un proceso penal.

    Y ahí aparece otra de esas contradicciones maravillosas de nuestra conversación pública. Mi compañero y director de este medio, Manuel Pedrero, publicó esta semana una lista pequeña pequeñísima si uno piensa en la dimensión histórica del fenómeno de personajes relacionados con organizaciones criminales que terminaron en Estados Unidos cooperando con sus autoridades. El sistema estadounidense lleva décadas utilizando testigos colaboradores, informantes y antiguos integrantes de organizaciones criminales para construir casos contra otros delincuentes. Algunos reciben reducciones de sentencia; otros pueden entrar en esquemas de protección o reubicación. Eso no significa, como a veces se cuenta coloquialmente, que tengan permiso para violar las leyes estadounidenses o que puedan cometer cualquier infracción y solamente llamar a su agente federal. Jurídicamente no funciona así. Pero sí demuestra una realidad incómoda: una persona puede haber pertenecido realmente a una organización criminal y posteriormente recibir beneficios por cooperar con la justicia estadounidense, mientras en México somos capaces de considerar culpable a alguien simplemente porque perdió una visa. Algo no cuadra en nuestra escala de valores probatorios.

    Pensaba precisamente en todo esto mientras manejaba por una carretera de Texas y entonces se me ocurrió otra pregunta: ¿por qué buena parte de nuestros medios dedica tanto tiempo a las visas, a Alito, a la siguiente pelea de Noroña, a lo que prepara la oposición grande o pequeña para las elecciones que vienen, pero dedica mucho menos tiempo a investigar los hospitales que se están construyendo, las viviendas del Bienestar, las carreteras que se amplían, los puentes, las escuelas nuevas o las que están siendo rehabilitadas? Y quiero ser muy preciso porque reconocer una obra pública no significa convertirse en propagandista del Gobierno. Al contrario: hay que ir a verla, revisar cuánto costó, quién obtuvo el contrato, cuándo debía terminarse y si verdaderamente funciona. Eso también es periodismo. Si un hospital fue anunciado, vayamos a comprobar si tiene médicos y medicamentos; si se prometieron viviendas, contemos cuántas se construyeron y cuántas se entregaron; si se anuncia una carretera, recorrámosla. Pero ignorar deliberadamente todo aquello que funciona porque no coincide con la línea editorial de que México está permanentemente al borde del desastre tampoco es periodismo.

    Yo veo un esfuerzo importante del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en infraestructura, vivienda, salud y educación. Eso no significa que no existan errores ni que debamos dejar de investigar corrupción, inseguridad o cualquier posible irregularidad. Al contrario, precisamente porque se manejan recursos públicos hay que vigilar todavía más. Pero una cosa es fiscalizar al poder y otra muy distinta construir todos los días una narrativa donde absolutamente nada puede salir bien. Hay noticieros que uno termina de ver y siente que México dejó de existir mientras estaba uno cenando. En esos casos casi entiendo aquella recomendación de “no vean TV Azteca”, aunque yo propondría algo menos radical: si un noticiero solamente le produce coraje, cambie de canal y vea una caricatura o una película vieja. Pedro Infante, Cantinflas, Tin Tan, lo que encuentre. Seguramente terminará de mejor humor. Hay periodistas que parecen expresarse con el intestino y uno imagina que después de terminar el programa deben apagar el micrófono y tomarse un omeprazol.

    A mí me sucede cuando me dicen que vea Latinus porque “hay que escuchar todas las versiones”. Lo intento, de verdad que lo intento, pero termino afligido y convencido de que en mi México no quedó piedra sobre piedra. Después busco otros medios, comparo versiones, reviso documentos y cifras y generalmente encuentro un país bastante más complejo: México tiene problemas enormes, pero también tiene cosas funcionando; tiene corrupción que investigar y obras que reconocer; tiene delincuentes y servidores públicos honestos; tiene huachicol y tiene carreteras; tiene políticos peleándose por visas y millones de mexicanos que mañana se levantarán a trabajar sin visa, sin pensar en una visa y sin necesitar una visa estadounidense para absolutamente nada.

    Quizá ése sea finalmente el problema de fondo. Hemos confundido información con militancia, sospecha con prueba y crítica con destrucción. Si mañana aparece evidencia sólida de que Andrés Manuel López Obrador, uno de sus hijos, un secretario, un almirante, un empresario o cualquier otra persona participó en el huachicol fiscal, que se investigue y se publique. Pero exactamente el mismo estándar debe aplicarse cuando la evidencia no existe. No podemos rellenar los espacios vacíos de una investigación con aquello que políticamente nos gustaría que hubiera ocurrido.

    Y por eso regreso a aquella carretera imaginaria de mi columna anterior. Quizá aquella pipa sí pasó un retén. Quizá hubo una llamada. Quizá alguien dijo que traía línea de México. Quizá el agente creyó que la orden venía desde arriba y decidió dejarla pasar. O quizá no ocurrió absolutamente nada de eso. Eso tendrán que establecerlo las investigaciones. Lo que sí sabemos por experiencia es que en México existe el poder real y existe también algo mucho más barato y a veces igual de efectivo: hacer creer a los demás que uno tiene poder.

    La charola pudo haber existido.

    O pudo haber sido invisible.

    O quizá nunca hubo charola.

    Tal vez solamente hubo un nombre.

    Y precisamente por eso, antes de condenar a cualquiera, sigo prefiriendo una costumbre bastante antigua del periodismo: preguntar, buscar, contrastar, documentar y después publicar. Porque una visa puede desaparecer, un político puede mentir, un delincuente puede presumir relaciones que nunca tuvo, un gobierno puede equivocarse y hasta un periodista puede acertar por casualidad.

    Pero para acusar a alguien de un delito hace falta algo bastante más importante que todo eso.

    Hacen falta pruebas.

  • Carlos Gutiérrez Mancilla: Cuando la etiqueta sustituye al argumento

    Carlos Gutiérrez Mancilla: Cuando la etiqueta sustituye al argumento

    La semana pasada, los diputados Arturo Ávila (MORENA) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI), protagonizaron un nuevo episodio de confrontación que terminó entre insultos y empujones. La escena podría parecer anecdótica si no fuera porque este tipo de espectáculos cada vez son más frecuentes en nuestros espacios legislativos y porque, en el caso de algunos de sus protagonistas, la confrontación ocupa un espacio mayor frente al trabajo para el cual fueron electos.

    La Cámara de Diputados es, por definición, el lugar donde las diferencias políticas deben confrontarse mediante argumentos. Arturo Ávila debería entenderlo particularmente bien. Es diputado federal, vocero de Morena y aspira públicamente a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc. Tiene trabajo legislativo, aunque su notoriedad pública provenga mucho más de su papel como vocero y polemista que de resultados legislativos propios. Apenas en febrero de este año reconocía que su proyecto político estaba en Aguascalientes y que aspiraba a gobernar aquella entidad; pocos meses después decidió que su destino estaba en Cuauhtémoc. Tiene derecho a aspirar, lo cuestionable es pensar que la cercanía con las dirigencias o la exposición mediática constituyan por sí mismas, méritos suficientes para gobernar una de las alcaldías más importantes del país.

    El caso de Carlos Gutiérrez Mancilla es más preocupante. No por pertenecer al PRI ni por ejercer una oposición dura, sino por la dificultad de separar su actuación pública de la estridencia y la confrontación. El episodio con Ávila no es el primero en el que participa y algunas entrevistas recientes, particularmente la realizada por Maca Carriedo, permiten observar la dificultad que tiene el legislador para abandonar ese terreno incluso cuando se le pregunta directamente por su propia conducta. Pero hay otro aspecto que me parece mucho más revelador: Hace poco concluí una investigación académica sobre la construcción discursiva de la expresión narcogobierno y de la familia léxica asociada al prefijo narco-. Lo que encontré fue ese mecanismo mediante el cual una acusación originalmente referida a una persona o a un vínculo determinado puede desplazarse progresivamente hasta convertirse en una identidad atribuida a una candidatura, un partido, un gobierno o incluso al Estado. A ese proceso lo denominé encuadre de condensación identitaria y ahí Mancilla ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo. En sus intervenciones aparecen una y otra vez expresiones como narcogobierno, narcopartido, narcopolíticos, narcodiputados, narcobancada o vocero del narco, sin que esa facilidad lingüística venga necesariamente acompañada de una cadena probatoria equivalente y que, por su gravedad, debieran investigarse y acreditarse con rigor.

    Una cosa es señalar que determinada persona mantiene una relación con una organización criminal y presentar las pruebas correspondientes; otra muy distinta es convertir esa relación en una identidad extensible. Ésa es justamente la diferencia entre relación e identidad que encontré en la investigación. Carlos Gutiérrez Mancilla, además, es licenciado en Derecho, por ello resulta exigible que comprenda el peso de las imputaciones que formula pues su carácter opositor, no le significa licencia para sustituir la prueba por la etiqueta ni el argumento por el insulto, y menos convertir la confrontación como única forma de ejercer la representación popular.

    Cuando un representante popular recurre sistemáticamente al mismo conjunto de etiquetas para explicar personas, partidos, gobiernos y acontecimientos distintos, la estridencia termina por exhibir una preocupante pobreza argumentativa. Mancilla tiene no sólo el derecho, sino la obligación de investigar, denunciar y confrontar al poder cuando existan elementos para hacerlo; pero precisamente por eso sus acusaciones deben sostenerse en hechos y no únicamente en adjetivos. El legislador priísta haría bien en entenderlo, de lo contrario, llegará un momento en que agregar el prefijo narco- a cada adversario deje de ser una denuncia y termine convirtiéndose, simplemente, en la evidencia de que detrás de la etiqueta no existían argumentos.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la
    Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

  • Cuando a la “oposición” la patria les queda grande y Washington les queda cerca

    Cuando a la “oposición” la patria les queda grande y Washington les queda cerca

    Hay algo que seguramente les quita el sueño a algunos políticos priistas, panistas y demás personajes que han decidido hacer de la política un negocio y esto es su propia conciencia.

    Porque una cosa es ser oposición, criticar al gobierno, cuestionar decisiones, exigir resultados y hasta rasgarse las vestiduras, que para eso hoy por hoy existe la democracia. Pero otra muy distinta es cruzar la frontera de la dignidad nacional y comenzar a pedir, y promover la intervención de Estados Unidos en México.

    Algunos personajes del PRI y del PAN parecen haber olvidado algo elemental, México no es una empresa que se entrega al mejor postor, ni un tablero donde Washington mueve las piezas a conveniencia. México es una nación construida con el trabajo, los sueños y los sacrificios de millones de mexicanas y mexicanos.

    Mi pregunta es inevitable, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para recuperar el poder?

    Porque cuando la ambición política comienza a pesar más que la soberanía, ya no estamos hablando simplemente de oposición, estamos hablando de una profunda crisis de conciencia y de una peligrosa renuncia a la dignidad nacional.

    Y conviene poner las cosas en su lugar, una cosa es la cooperación internacional y otra muy distinta entregar la decisión sobre nuestro destino.

    ¿De verdad alguien cree que Estados Unidos intervendría en México por puro amor a los mexicanos? ¿Qué llegarían con una cobija, una taza de café, y buenas intenciones? Por favor.

    Los mexicanos sabemos que las potencias no cruzan fronteras por filantropía. Detrás de cualquier intervención existen intereses, recursos, territorio, geopolítica y poder. Y aquí es donde la conciencia debería hacer su trabajo.

    Porque un político puede perder una elección, puede perder una candidatura, puede perder una curul, una dirigencia o un cargo público. Pero no debería estar dispuesto a perder la soberanía de nuestra patria para recuperarlos.

    Y si para volver al poder necesitan que otro país venga a resolverles lo que no pudieron resolver en las urnas, quizá el problema no sea México.

    Quizá el problema sea que la patria les quedó grande y Washington les quedó demasiado cerca.

    Y que quede claro, defender la soberanía no significa cerrar los ojos ante los problemas de México, significa entender que los problemas de México los debemos resolver los mexicanos, con instituciones, democracia, diálogo, justicia y participación ciudadana.

    Porque los gobiernos pasan, los partidos cambian, los políticos se van, pero México se queda. Y no piensen que la historia no toma nota, porque los mexicanos podemos olvidar muchas cosas, una promesa de campaña, un discurso, hasta la politiquería barata, lo que difícilmente olvidamos es quién estuvo dispuesto a poner a México en manos de otros por recuperar el poder.

    Les mando un abrazo fraterno.

  • Sabotaje en el sector Salud

    Sabotaje en el sector Salud

    El sector Salud era intocable, las quejas de los pacientes ene le IMMS y el ISSSTE no pasaban de los pasillos de clínicas y hospitales. Han sido años de castigo a la salud institucional de parte de la administración pública agresiones que todavía no terminan en detrimento de la salud de los mexicanos.

    La carencia de espacios para la preparación en el sector, está siendo saboteada desde la administración pública.

    El abuso de favoritismos y corruptelas ha llegado a los extremos que se conformó un grupo de instituciones educativas para denunciar una crisis en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, dependiente del Sector Salud, que encabeza David Kershenobich Stalinikowitz.

    Las instituciones educativas que solicitan los permisos necesarios para echar a andar la instrucción a los especialistas de la salud se encuentran con serios obstáculos no sólo burocratizados sino con profundos intereses en el asunto. La alteración de los procedimientos, la imposición de criterios, la falta de información, son sólo parte de este problema que señala directamente a la Dra. Magdalena Delgado Bernal, quien encabeza Educación en Salud, y tiene en sus manos la Opinión Técnico-Académica, encargada de dar luz verde los programas de enseñanza estratégicos.

    La Dirección de Educación en Salud se encarga de autorizar las Opiniones Técnicas Académicas, las asignaciones de plazas para internado de pregrado, el servicio social y, de manera fundamental, la organización y gestión del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. Todas estas actividades han sido cuestionadas desde hace muchos años.

    De tal manera que cuando una institución de educación quiere incursionar en la enseñanza de la salud, encuentra no sólo obstáculos sino un verdadero sabotaje por parte de las “autoridades” que deben analizar y, en su caso, aprobar para que haya educación de los servicios de salud y puedan multiplicarse sus profesionales.

    Ante el azoro de los solicitantes que ven cómo cumpliendo con todos los requisitos se quedan en el camino, mientras otras escuelas, universidades e instituciones con excelentes relaciones con los funcionarios, principalmente con la Dra. Delgado Bernal superan todos los requisitos.

    No es la primera vez que se responsabiliza a la Dra. Delgado, ha sido acusada por el desorden administrativo, falta de seguimiento normativo y trato inequitativo dentro del organismo.

    Sabotear los trámites para la creación de profesionales de la salud es un crimen. Más aún en momentos en los que deben importarse médicos para que cubran las necesidades de nuestro país.

    La búsqueda de autorización para impartir enseñanza relacionada con a salud se convierte en un vía crucis para las instituciones que lo intentan, y llegan al extremo de abandonar dicho proyecto, perjudicando a todo el país.

    Los encargados de otorgar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, RVOE, trámite que debe ser aprobado primero por la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la Salud, la Dirección de Calidad y Educación en Salud, y luego por la SEP. Las dos primeras representan un gran obstáculo para que el sector de preparación de profesionales empiece a moverse.

  • De la Espriella ante la tragedia: una gestión que revela improvisación y una preocupante falta de sensibilidad

    De la Espriella ante la tragedia: una gestión que revela improvisación y una preocupante falta de sensibilidad

    La primera gran crisis del gobierno de Abelardo de la Espriella ha dejado al descubierto algo más profundo que una serie de errores administrativos: la dificultad de convertir un discurso político de autoridad y eficacia en una capacidad real de respuesta frente a una tragedia nacional. El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto, apenas tres días después de la posesión presidencial, se convirtió en la primera prueba de fuego de una administración que prometía orden, firmeza y resultados inmediatos. Sin embargo, la respuesta gubernamental ha estado acompañada de contradicciones, decisiones polémicas y, sobre todo, señales que proyectan una preocupante distancia frente al dolor de las víctimas. (AP News)

    Desde una perspectiva de gestión pública, el primer elemento que debe evaluarse en una emergencia es la capacidad del Estado para producir información confiable, coordinar instituciones y colocar las necesidades de la población por encima de cualquier consideración política. Precisamente ahí aparece uno de los mayores problemas del gobierno de De la Espriella: las diferencias entre las cifras oficiales.

    Mientras el presidente reportó 143 personas desaparecidas, Medicina Legal registraba 348 y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contabilizaba 426. También hubo discrepancias en las cifras de fallecidos y heridos. No se trata simplemente de una diferencia estadística: en una catástrofe, conocer con precisión cuántas personas están desaparecidas determina la dimensión de las labores de búsqueda, la distribución de recursos y la atención a las familias. (El País)

    Pero la mayor debilidad de la administración no está únicamente en los números. Está en el mensaje político que ha transmitido.

    Una tragedia de esta magnitud exige sensibilidad institucional. El Gobierno puede y debe comunicar esperanza, pero también debe mostrar empatía, prudencia y respeto absoluto por quienes perdieron familiares, viviendas, empleos y comunidades enteras. En cambio, la utilización de balones con elementos asociados al movimiento político del presidente durante una visita a zonas afectadas provocó críticas precisamente porque introdujo un componente partidista en un momento que debería estar reservado para la atención humanitaria. (El País)

    La polémica alrededor del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, agravó todavía más esa percepción. Mientras miles de damnificados necesitaban vivienda y las autoridades enfrentaban la reconstrucción de miles de inmuebles, el ministro fue cuestionado por haber viajado a Santa Marta. Beltrán sostuvo que se trató de un encuentro familiar y que continuó atendiendo sus responsabilidades; sin embargo, desde el punto de vista político y simbólico, la decisión resultó particularmente desafortunada. Más aún cuando De la Espriella decidió mantenerlo en el cargo y asignarle responsabilidades centrales en la reconstrucción. (La Jornada)

    Un gobierno no se evalúa únicamente por las medidas que anuncia, sino por la confianza que consigue generar en los momentos más difíciles. Y esa confianza se construye con coherencia. No resulta suficiente visitar las zonas afectadas, anunciar miles de millones de pesos o declarar emergencias si, al mismo tiempo, existen contradicciones en la información oficial y conductas de funcionarios que parecen desconectadas de la magnitud del desastre.

    De la Espriella ha mostrado capacidad para ocupar el centro de la escena y controlar personalmente la comunicación de la crisis. Incluso ha desplegado a su gabinete y visitado las regiones golpeadas. Pero la gestión de emergencias requiere mucho más que presencia mediática: exige coordinación técnica, transparencia, capacidad logística y sensibilidad humana. (El País)

    El caso del Chocó resulta especialmente delicado. La región ya enfrentaba pobreza, infraestructura deficiente, aislamiento y problemas de seguridad antes del terremoto. El desastre agravó una situación humanitaria preexistente, afectando a decenas de miles de personas y dejando escuelas, viviendas y hospitales severamente dañados. Para estas comunidades, las promesas de reconstrucción deben convertirse rápidamente en resultados verificables. (AP News)

    Por eso, el problema de De la Espriella no puede reducirse a un error aislado. Lo que está en juego es su capacidad para demostrar que el estilo confrontativo y personalista que funcionó en campaña puede transformarse en una administración responsable cuando la realidad exige serenidad.

    Colombia no necesita un presidente que solamente parezca fuerte frente a las cámaras. Necesita un Estado fuerte frente al sufrimiento de su gente. Y hasta ahora, la gestión de De la Espriella frente al terremoto deja demasiadas preguntas abiertas: cifras que no coinciden, decisiones políticamente desafortunadas, funcionarios cuestionados y una comunicación que, en ocasiones, parece más preocupada por controlar el relato que por escuchar el dolor de las víctimas.

    La verdadera prueba de este gobierno apenas comienza. La reconstrucción será el momento definitivo para determinar si las promesas de eficiencia eran una realidad o simplemente un discurso. Por ahora, la tragedia ha exhibido un gobierno que, lejos de transmitir plena confianza, comienza a proyectar improvisación y una preocupante falta de sensibilidad ante una de las mayores emergencias de la historia reciente de Colombia.

  • 2027: 17 gubernaturas, la mayoría calificada y el 2030

    2027: 17 gubernaturas, la mayoría calificada y el 2030

    En 2027 México no elegirá la Presidencia de la República, pero comenzará a decidir quién llegará con ventaja a 2030. El 6 de junio estarán en juego más de 20 mil cargos de elección popular: las 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos locales, entre ellos 17 gubernaturas, 31 congresos estatales, miles de ayuntamientos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La dimensión importa porque ese día no solamente se repartirán gobiernos y curules. Se pondrá a prueba si Morena puede conservar simultáneamente territorio, capacidad legislativa y el respaldo político necesario para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación más allá del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

    La elección comenzará mucho antes. El Proceso Electoral Federal arrancará formalmente el 10 de septiembre de 2026; los 32 consejos locales del INE se instalarán el 30 de septiembre y los 300 consejos distritales, el 30 de noviembre. Las precampañas están previstas entre enero y febrero; el registro de candidaturas, entre el 22 de marzo y el 3 de abril; las campañas, del 4 de abril al 2 de junio. Después vendrán tres días de veda y, finalmente, la jornada electoral. Solo para la elección federal, el Instituto deberá ejecutar 505 actividades, 153 procedimientos y 44 procesos. El tamaño de la maquinaria permite entender por qué cualquier error operativo terminará convertido también en un problema político.

    Hay, además, un antecedente que debería moderar cualquier pronóstico. Las elecciones intermedias suelen representar una prueba difícil para el partido gobernante. En 2021 Morena perdió posiciones respecto de 2018, aunque junto con sus aliados conservó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Por eso 2027 será especialmente interesante: permitirá saber si la presidenta Claudia Sheinbaum logra contener ese desgaste habitual y mantener una mayoría suficientemente amplia en la elección federal intermedia de su gobierno.

    El primer resultado visible será el mapa territorial. Morena y sus aliados defenderán buena parte de las entidades que renovarán gubernatura, mientras PAN y Movimiento Ciudadano intentarán preservar posiciones estratégicas como Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León. Cada elección tendrá causas locales, pero juntas permitirán medir hasta dónde puede consolidarse territorialmente la Cuarta Transformación después de casi una década como la principal fuerza política nacional.

    Sin embargo, el resultado más importante podría estar escondido entre esos cientos de elecciones locales. Mientras las cámaras de televisión sigan las gubernaturas, la verdadera capacidad política del gobierno federal se definirá distrito por distrito en la Cámara de Diputados.

    Las 500 curules federales se dividen en 300 diputaciones de mayoría relativa, obtenidas directamente en los distritos, y 200 de representación proporcional. Si Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo conservan la mayoría absoluta, podrán mantener el control sobre leyes ordinarias y el Presupuesto de Egresos. Si alcanzan nuevamente las dos terceras partes de las personas legisladoras presentes, podrán aprobar reformas constitucionales en la Cámara sin votos opositores, aunque para concretarlas necesitarán también la mayoría calificada del Senado y el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales. Con las 500 diputaciones presentes, esa frontera es de 334 votos.

    Esa cifra podría ser políticamente más importante que el número de gubernaturas. Morena puede ceder algunos estados y conservar un amplio margen legislativo en la Cámara de Diputados. También puede mantener buena parte de su presencia territorial y perder el margen constitucional que ha caracterizado esta etapa del sexenio. El verdadero balance de 2027 surgirá de cruzar ambas variables, no de observarlas por separado.

    La competencia también tendrá nuevos actores. Somos México y PAZ debutarán como partidos políticos nacionales y estarán obligados a construir por sí mismos el apoyo necesario para conservar su registro. Su importancia quizá no radique inicialmente en ganar numerosos distritos, sino en cómo redistribuyan el voto en contiendas cerradas.

    Las gubernaturas definirán quién gobernará territorios estratégicos, administrará recursos públicos y proyectará liderazgos regionales. La Cámara de Diputados influirá decisivamente en las reformas y el gasto federal durante los últimos tres años del sexenio. Las candidaturas que triunfen producirán nuevos liderazgos; las que fracasen alterarán equilibrios internos. Y detrás de todos esos movimientos empezará, aunque nadie quiera admitirlo todavía, la sucesión presidencial.

    En 2030 veremos los nombres de quienes disputen la Presidencia. Pero para entonces una parte importante de la respuesta a la pregunta verdaderamente relevante, si Morena consiguió convertir la Cuarta Transformación de una mayoría electoral en un proyecto político capaz de conservar el respaldo ciudadano durante una tercera elección presidencial consecutiva, probablemente ya se habrá escrito en las urnas del 6 de junio de 2027.

    [email protected]
    X: @a_snpedro
    Instagram: aldospm
    Facebook: Aldo San Pedro

  • La visa gringa no es una medalla

    La visa gringa no es una medalla

    Hay algo profundamente colonial en la manera en que en México seguimos hablando de una visa estadounidense. Como si fuera un diploma. Como si fuera un certificado de buena conducta. Como si tenerla significara que Washington te considera una persona honorable, confiable, decente y políticamente respetable. Y si te la quitan, entonces, de pronto, aparece la sospecha: algo habrás hecho. Ese es precisamente el juego político que Estados Unidos ha aprendido a explotar.

    La reciente revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, volvió a ponerlo de manifiesto. El hijo del expresidente AMLO informó que Estados Unidos canceló su visa y acusó que la decisión tenía un carácter político. Washington, por su parte, defendió su facultad para cancelar visas, pero no hizo pública una explicación específica sobre el caso.

    Y ahí está el asunto. Una visa no es una sentencia judicial. No es una investigación. No es una orden de aprehensión. No es una declaración de culpabilidad. Y, sobre todo, no es una medalla de honor que Estados Unidos pueda entregar o retirar para decirle al mundo quién es bueno y quién es malo.

    Pero en México hemos permitido que se construya esa percepción. Cuando un político obtiene la visa estadounidense, algunos medios lo presentan casi como si hubiera recibido la bendición de Washington. “Ya tiene visa.” “Estados Unidos no le ha retirado la visa.”

    Y entonces comienza el juego de las interpretaciones. Porque en el imaginario político mexicano una visa estadounidense se convirtió en una especie de certificado de legitimidad. Qué absurdo. Estados Unidos no es el Ministerio de la Verdad. Y Marco Rubio no es el sacerdote encargado de repartir indulgencias diplomáticas.

    El problema no es que Estados Unidos tenga derecho, conforme a sus leyes, a decidir quién entra a su territorio. Por supuesto que lo tiene. Todos los Estados tienen políticas migratorias y mecanismos para negar o cancelar permisos de entrada.

    El problema aparece cuando ese instrumento administrativo comienza a utilizarse como mensaje político. Porque entonces la visa deja de ser solamente un documento migratorio. Se convierte en un garrote. Una señal. Un “te estamos observando”. Un “podemos afectarte”.  Un “podemos hacer que esto tenga un costo político”.

    Y ahí cambia completamente la discusión. Porque Washington sabe perfectamente cómo funciona la política mexicana. Sabe que una cancelación de visa puede convertirse en noticia nacional. Sabe que determinados sectores políticos van a celebrarlo. Sabe que algunos medios lo presentarán como una especie de prueba de culpabilidad. Y sabe que habrá quienes conviertan un trámite migratorio en un juicio moral.

    Eso es lo verdaderamente poderoso. No la visa.  El significado político que nosotros mismos le hemos otorgado. La curiosa soberanía que termina en la garita.

    Hay otra contradicción todavía más interesante. Hay mexicanos que pasan años denunciando cualquier supuesto abuso del Estado mexicano contra sus adversarios políticos, pero cuando Estados Unidos utiliza sus instrumentos migratorios contra alguien que no les gusta, celebran. De pronto, la soberanía desaparece. La independencia nacional se convierte en un detalle. Y Washington adquiere una autoridad moral que nadie le otorgó. “Estados Unidos le quitó la visa.” Entonces algunos celebran.

    Como si Estados Unidos hubiera dictado sentencia. Como si hubiera descubierto la verdad absoluta. Como si la política exterior estadounidense estuviera guiada exclusivamente por la justicia universal. Vamos a calmarnos tantito.

    Estamos hablando del mismo país que durante décadas utilizó su política exterior para intervenir en América Latina, respaldar gobiernos autoritarios cuando le resultaba conveniente y utilizar sanciones, bloqueos, restricciones migratorias y mecanismos financieros como instrumentos de presión.

    ¿De verdad vamos a fingir que sus decisiones siempre están desprovistas de intereses políticos? No.

    Una potencia también hace política. Y las visas pueden formar parte de esa política. De una política imperialista hay que decirlo y verlo con esos ojos.

    Por lo que debemos concluir que una visa estadounidense no debe ser un símbolo de dignidad para nadie. Ni para Andy. Ni para una gobernadora. Ni para un empresario. Ni para una periodista. Ni para un expresidente. Ni para un ciudadano común.

    Y tampoco debería ser motivo de vergüenza perderla. Si alguien comete un delito, que responda ante la justicia. Si alguien tiene vínculos con organizaciones criminales, que se investigue y se pruebe. Si alguien incurre en corrupción, que se documente. Pero si el único argumento es “Estados Unidos le quitó la visa”, entonces no tenemos una acusación. Tenemos un permiso migratorio cancelado. Y nada más.

    Redes sociales

  • Cuando la medicina no llega, el amparo no puede esperar

    Cuando la medicina no llega, el amparo no puede esperar

    Hay interrogantes que la dogmática jurídica suele abordar con tratados y jurisprudencia, pero que en la realidad social se formulan desde la angustia más elemental: ¿qué camino le queda a una persona cuando su salud depende de un medicamento y las instituciones simplemente no se lo proporcionan?

    Mi trayectoria previa como abogada litigante en materia penal me permitió conocer de primera mano las dinámicas cotidianas que rodean al proceso penal. Ese contacto directo con la realidad social y procesal me dio una perspectiva práctica sobre el impacto de las decisiones judiciales en la libertad y la dignidad de las personas.

    A partir de esa experiencia, entiendo la función jurisdiccional como un equilibrio necesario: la solidez del análisis jurídico debe dialogar permanentemente con la sensibilidad práctica, reconociendo que cada expediente representa circunstancias humanas concretas.

    En la Constitución el artículo 4º consagra el derecho humano a la protección de la salud como una obligación directa para el Estado. Sin embargo, para miles de familias, el juicio de amparo se ha transformado en el último recurso disponible frente a tratamientos suspendidos, cirugías postergadas o recetas no surtidas.

    Esta realidad nos obliga a plantear una profunda reflexión: ¿por qué un ciudadano tiene que acudir a la vía judicial federal para acceder a aquello que la Constitución ya le garantiza?

    El amparo es un mecanismo de tutela extraordinaria frente a las omisiones de la autoridad. De ninguna manera debería normalizarse como el conducto ordinario para ingresar al sistema de salud pública.

    En el ámbito médico, el factor tiempo resulta determinante y no admite demoras burocráticas. Un fármaco suministrado oportunamente salvaguarda la vida; el mismo tratamiento recibido semanas después puede resultar inútil.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente al determinar que, en observancia al principio de progresividad, la atención médica debe brindarse de forma continua, oportuna y sin retrocesos arbitrarios. Esto cobra especial relevancia en padecimientos crónicos o degenerativos, donde cualquier interrupción genera secuelas irreparables.

    En el ejercicio de la judicatura, resulta indispensable recordar que una resolución cautelar o una sentencia pueden contar con una técnica impecable, no obstante, si se dictan o se cumplen de manera tardía, el sentido verdadero de la protección constitucional se habrá desvanecido, será inútil.

    Superar esta problemática exige una visión que trascienda las sedes judiciales y alcance la esfera de la planeación y la administración pública. El artículo 134 constitucional exige que el ejercicio del gasto se conduzca bajo directrices de eficiencia, eficacia, economía y absoluta transparencia.

    El desabasto y la falta de distribución oportuna no son únicamente deficiencias operativas; constituyen vulneraciones directas a los derechos humanos.

    Urge consolidar mecanismos modernos de trazabilidad que permitan transparentar cada eslabón de la cadena de suministro: saber con precisión qué insumos se adquieren, en qué almacenes se resguardan, cuáles son sus vigencias y los motivos específicos por los cuales no se encuentran disponibles para el paciente en el momento en que se requieren.

    Las y los juzgadores asumimos con estricta responsabilidad la tutela de estos derechos cuando los asuntos llegan a nuestra potestad. Sin embargo, la respuesta integral compete a la totalidad de las dependencias encargadas de la gestión de la salud en el país.

    El juicio de amparo es un salvavidas cuando el sistema falla, pero nadie debería tener que recurrir a un juez para recibir la atención médica que por derecho le corresponde. La justicia no se queda en un papel firmado; la verdadera justicia ocurre cuando la medicina llega a las manos del paciente. Y cuando se trata de la salud, llegar tarde es simplemente no llegar.

  • Traemos línea de México

    Traemos línea de México

    Hace algunos años, cuando todavía existían la Procuraduría General de la República y aquella famosa y también temida Policía Judicial Federal, había dos palabras que podían cambiar inmediatamente el ambiente de cualquier lugar: “somos federales”. Quienes vivimos aquellos años seguramente recordamos la imagen. Las credenciales, las placas las famosas charolas, los radios, las armas y aquellos vehículos grandes que uno aprendía a relacionar con agentes federales: Grand Marquis, Suburban y otros automóviles que, al aparecer acompañados de determinados personajes, provocaban pocas preguntas y muchas puertas abiertas.

    Yo particularmente recuerdo aquellos años en Veracruz, cuando llegaron personajes procedentes del norte del país que durante mucho tiempo se movieron por la zona presentándose como agentes o personas relacionadas con autoridades federales. Enseñaban credenciales, charolas, portaban radios, armas y utilizaban vehículos similares a los que todos asociábamos con las corporaciones federales. Ése es mi recuerdo personal y no pretendo afirmar hoy quiénes eran realmente aquellas personas. Lo importante es recordar el efecto que producía la sola apariencia de autoridad. Cuando alguien decía que era de la Judicial Federal, pocos tenían interés en averiguar demasiado.

    Y precisamente ahí está el origen de esta reflexión. Porque han cambiado las instituciones, desaparecieron corporaciones, aparecieron otras y México es un país muy diferente al de aquellos años, pero hay algo que probablemente no ha desaparecido: el poder de un nombre, de una recomendación o de una supuesta autorización superior.

    La famosa “charola” no siempre necesita ser física.

    A veces puede ser invisible.

    Pensemos en una historia completamente ficticia. No estoy afirmando que sucedió de esta manera ni atribuyendo esta conversación a funcionario, político, empresario, militar o institución alguna. Es solamente un ejercicio para entender cómo funciona la percepción del poder dentro de una estructura jerárquica.

    Imaginemos una carretera mexicana. Un tractocamión con una pipa cargada de combustible avanza desde el sureste hacia otra parte del país. Una patrulla federal le marca el alto. El oficial solicita la documentación y comienza a hacer preguntas. El conductor responde: “Jefe, yo solamente manejo. Hable con mi patrón”. Marca un número y entrega el teléfono.

    Del otro lado alguien responde tranquilamente:

    “Comandante, estamos trabajando con autorización. Traemos línea de México. Vienen más unidades detrás. Cualquier problema me habla directamente”.

    PUM.

    ¿Qué hace el oficial?

    En el México institucional que debería existir, la respuesta es sencilla: verifica documentos, consulta bases de datos, confirma permisos, determina la procedencia del combustible y, si encuentra alguna irregularidad, actúa conforme a la ley.

    Pero también existe el factor humano.

    El oficial puede preguntarse: ¿y si realmente viene autorizado desde arriba? ¿A quién tengo que llamar para verificarlo? ¿Qué sucede si termino metiéndome en un asunto que está por encima de mi nivel? ¿Voy a arriesgar mi puesto por detener un cargamento cuya apariencia es legal y cuyo responsable asegura contar con autorización superior?

    Y entonces puede ocurrir algo extraordinariamente sencillo:

    “Pásele. Buen viaje”.

    La charola nunca apareció.

    Por eso resulta interesante observar lo que las propias autoridades mexicanas han descubierto alrededor del llamado huachicol fiscal. Aquí dejamos la ficción y entramos en hechos públicamente documentados.

    El 31 de marzo de 2025, autoridades federales informaron del aseguramiento de aproximadamente 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas. En aquel operativo también fueron asegurados 192 contenedores y 23 tractocamiones con remolque. Posteriormente, en Coahuila, las autoridades aseguraron 129 carrotanques ferroviarios con aproximadamente 15 millones 480 mil litros de hidrocarburo cuya legal procedencia y traslado, de acuerdo con la información oficial, no pudieron acreditarse. Para julio de ese mismo año, el Gobierno federal informaba que desde octubre de 2024 se habían asegurado casi 70 millones de litros de combustible en diferentes acciones contra este mercado ilícito.

    Pero quizá el dato que mejor demuestra la complejidad del fenómeno apareció cuando las investigaciones comenzaron a alcanzar estructuras que iban mucho más allá de los conductores de las unidades. En septiembre de 2025, el Gabinete de Seguridad informó sobre 14 detenciones relacionadas con el mercado ilícito de combustibles: tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas. La información oficial señaló la utilización de documentación apócrifa y la participación dentro de la logística investigada de empresas transportistas, agencias aduanales y servidores públicos.

    Eso es lo que verdaderamente debería hacernos pensar.

    Ya no estamos hablando solamente de la imagen tradicional del huachicolero perforando clandestinamente un ducto durante la madrugada. Estamos hablando de barcos, puertos, aduanas, trenes, carrotanques, pipas, empresas, documentos, patios de almacenamiento y millones de litros desplazándose físicamente de un lugar a otro.

    Una operación de semejante magnitud necesita logística.

    Necesita conductores, rutas, documentos, almacenamiento, compradores, vendedores y una enorme cadena de personas que, directa o indirectamente, hacen posible que el producto llegue desde su punto de origen hasta su destino.

    Entonces aparece inevitablemente una pregunta:

    ¿Cómo puede moverse algo tan grande sin que alguien lo detenga?

    Y aquí regreso a aquella llamada telefónica ficticia.

    Tendemos a imaginar que para que una operación ilegal de enormes dimensiones funcione es necesario comprar a cada policía, cada funcionario, cada inspector y cada persona que aparece en el camino.

    Tal vez no.

    Quizá ésa sea precisamente una de las claves para comprender determinados fenómenos de corrupción: no todos necesitan estar involucrados.

    Algunos pueden recibir dinero. Otros pueden recibir instrucciones. Algunos pueden tener miedo. Otros pueden cometer errores. Otros simplemente pueden creer que alguien con mayor autoridad ya revisó aquello y lo autorizó.

    Incluso podría ocurrir algo todavía más sencillo: que la famosa “línea” ni siquiera exista.

    Ésa es quizá la parte más fascinante del fenómeno.

    Una vez que una persona descubre que mencionar una supuesta autorización superior funciona, otros pueden comenzar a utilizar exactamente la misma historia. Pasó una pipa. Después cinco. Luego veinte. Después cien. Los primeros descubrieron que nadie preguntaba demasiado y los siguientes simplemente repitieron la fórmula.

    Con el tiempo podría llegar un momento en el que nadie sepa dónde comenzó realmente aquella supuesta autorización.

    Unos pagan.

    Otros cobran.

    Otros protegen.

    Otros simplemente voltean hacia otro lado.

    Y eventualmente aparece otro actor inevitable cuando un negocio ilegal comienza a mover cantidades extraordinarias de dinero en determinados territorios: el crimen organizado.

    No necesariamente porque haya creado originalmente el negocio, sino porque descubre algo demasiado grande y demasiado rentable moviéndose dentro de una zona donde ejerce influencia. Entonces también puede reclamar una cuota, una participación o simplemente imponer sus propias condiciones.

    Y ahí la situación se vuelve todavía más complicada.

    Porque el funcionario que encuentra una operación semejante podría enfrentarse a dos percepciones simultáneas: por un lado, alguien asegurándole que existe autorización superior; por el otro, el conocimiento de que detrás de determinados movimientos económicos puede existir también una organización criminal.

    ¿Quién quiere hacer esa llamada?

    Siempre he pensado que algunos grandes negocios ilegales se parecen a dejar un billete de 500 pesos tirado en medio de una banqueta transitada.

    Podemos discutir durante horas quién debería recogerlo.

    Pero sabemos que alguien terminará haciéndolo.

    Ahora imaginemos que en lugar de 500 pesos hablamos de millones o incluso miles de millones.

    Entonces ya no habrá solamente una persona intentando levantar el billete.

    Aparecerán empresarios, intermediarios, funcionarios corruptos, prestanombres, transportistas, organizaciones criminales y cualquiera que descubra una manera de obtener una parte.

    Mientras el dinero continúe apareciendo, la estructura seguirá creciendo.

    Y quizá eso explique por qué determinadas redes criminales o de corrupción terminan adquiriendo dimensiones que años después parecen imposibles de comprender.

    No necesariamente nacieron gigantes.

    Se volvieron gigantes porque durante demasiado tiempo funcionaron.

    Por eso, cuando finalmente aparecen millones de litros de combustible, decenas de vehículos, barcos, trenes, empresas y servidores públicos investigados, solemos formular una pregunta aparentemente lógica:

    ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta?

    Tal vez ésa no sea la pregunta correcta.

    Quizá deberíamos preguntar cuántos sí se dieron cuenta pero pensaron que alguien más ya había autorizado aquello. Cuántos escucharon una supuesta recomendación y decidieron no preguntar. Cuántos recibieron una llamada. Cuántos pensaron que verificar podía meterlos en problemas. Cuántos asumieron que, si una operación podía moverse con semejante tranquilidad, necesariamente alguien había revisado antes los documentos.

    Y también, por supuesto, cuántos simplemente cobraron para dejarla pasar.

    No conocemos todas esas respuestas y sería irresponsable inventarlas. Las investigaciones deberán establecer responsabilidades individuales y cualquier persona acusada tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario.

    Pero los hechos oficialmente reconocidos sí permiten una conclusión mucho más sencilla: el mercado ilícito de combustibles alcanzó una escala logística suficientemente grande para involucrar transporte terrestre, ferroviario y marítimo, instalaciones, documentación, empresas y servidores públicos investigados.

    Y eso debería interesarnos mucho más que cualquier nombre.

    Porque los gobiernos cambian.

    Los presidentes cambian.

    Los partidos cambian.

    Los funcionarios cambian.

    Pero si una estructura institucional permite que la sola percepción de una orden superior sustituya a la obligación de verificar, el problema puede sobrevivir a todos ellos.

    Por eso regresé mentalmente a Veracruz y a aquellos años de los judiciales federales.

    No porque ambas historias sean iguales.

    Sino porque entendí que existe algo que puede atravesar distintas épocas de México: el poder que nosotros mismos otorgamos a la apariencia de tener poder.

    Antes había que enseñar la charola.

    Después quizá bastaba con traer el radio, el arma, el vehículo correcto y conocer a la persona indicada.

    Hoy quizá ni siquiera haga falta eso.

    Puede bastar un teléfono.

    Un nombre que nadie conoce.

    Una llamada.

    Y cinco palabras:

    “Traemos línea de México, comandante”.

    El verdadero problema comienza cuando nadie se atreve a hacer la pregunta más sencilla de todas:

    ¿Quién lo autorizó?