Mediante un operativo en el tramo carretero “Colima-Tecalitlán”, integrantes de la Guardia Nacional (GN) localizaron y aseguraron un campamento clandestino, en donde había material bélico y artefactos explosivos de fabricación artesanal, en el municipio de Zapotlán del Rey, en Jalisco.
Los elementos de seguridad visualizaron en un terreno elevado del cerro, un plástico negro acomodado en forma de vivienda improvisada, donde una persona se encontraba habitando, sin embargo, al percatarse de los uniformados, se internó en la maleza.
Se aseguraron cinco artefactos presuntamente explosivos de fabricación artesanal, 30 cartuchos útiles, así como tres cargadores para arma larga y hierba con las características propias de la marihuana.
En #Jalisco, la #GuardiaNacional localizó un campamento clandestino, en donde fue localizado material bélico y artefactos explosivos de fabricación artesanal. Los hechos se registraron en la localidad de “El Platanar”, de municipio de Zapotlán del Rey. pic.twitter.com/APhrW3h2fb
Los objetos incautados será puesto a disposición en Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.
Tras tres días de huelga, las clases en el segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos se reanudaron este viernes luego de que trabajadores se manifestaran masivamente exigiendo aumentos salariales y mejores condiciones laborales.
Este viernes, el superintendete del LAUSD, Alberto Carvalho, el director ejecutivo de la SEIU, Max Arias y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, realizaron una conferencia de prensa donde se anunció que se llegó a un acuerdo entre el LAUSD y el sindicato de trabajadores.
Mediante un comunicado, se detalla que “según los términos de los nuevos contratos que se extienden desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2024, el Distrito Unificado de Los Ángeles y SEIU acordaron”:
Aumentos salariales de:
6% de aumento salarial retroactivo al 1 de julio de 2021
7% de aumento salarial retroactivo al 1 de julio de 2022
7% de aumento salarial continuo a partir del 1 de julio de 2023
Aumento de $2 por hora para todos los empleados a partir del 1 de enero de 2024
Asimismo, se proporcionará “un bono de apreciación de $1,000 para los empleados actuales que estuvieron con el Distrito en el año escolar 2020-21 en reconocimiento al trabajo en persona durante circunstancias adversas causadas por la pandemia de COVID-19”.
Otros de los términos incluyen:
Llevar el salario mínimo del Distrito Unificado de Los Ángeles a $22.52 por hora, superando a la Ciudad de Los Ángeles y al Estado de California.
Asegurar los beneficios de salud para los empleados de medio tiempo asignados a trabajar cuatro o más horas al día, incluida la cobertura para sus dependientes calificados.
Aumentar las horas y la compensación de los paraprofesionales que atienden a estudiantes con necesidades especiales.
Invertir $3 millones en un Fondo de Educación y Desarrollo Profesional para miembros de SEIU.
Finalmente, el Distrito y SEIU llegaron a un acuerdo sobre lo siguiente:
Trato respetuoso
Proceso de licitación de autobuses
Condiciones para las horas extraordinarias obligatorias
Comité Mixto de Gestión Laboral para otros asuntos
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, logró obtener una suspensión definitiva para frenar el juicio político en su contra, el cual fue promovido por legisladores del PRI y del PAN.
El juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez, situadoe en Tamaulipas indicó que las modificaciones constitucionales planteadas por el Congreso del Estado en el Decreto 340 buscan quitar facultades al gobernador de manera retroactiva, algo que no permite la Constitución general.
De igual manera, la suspensión también frena las reformas constitucionales que le quitan atribuciones, y el poder legislativo no podrá remover de su cargo al Gobernador.
“En la suspensión de amparo 407/2023 se advierte que el cambio de reglas contenidas en el decreto 340 aludido, es probablemente contrario al Artículo 14 Constitucional, en cuanto a la prohibición de la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna”, señala el documento.
Las facultades que buscaba quitar el Congreso local se encuentran las siguientes: el derecho a vetar en el proceso de selección del Fiscal General de Justicia, la facultad de sanción, refrendo, promulgación, reglamentación y publicación de leyes.
El día de hoy fue sentenciado en Estados Unidos Osiel Cárdenas Jr, hijo del exlíder del Cártel del Golfo, luego de declararse culpable de tráfico de armas hacia México.
El hijo del capo mexicano fue enviado a prisión tras ser sentenciado a pasar 100 meses recluido, además de pasar tres años de libertad supervisada y pagar una multa de 20 mil dólares.
Cárdenas Jr, de 31 años, se declaró culpable el pasado 2 de agosto del 2022 de intentar comprar al menos 10 rifles de asalto con la intención de exportarlos a México.
Al dictaminar su sentencia, el Tribunal señaló que Osiel Cárdenas tenía dos casos relacionados con armas de fuego en su historial criminal y continuó participando en actividades delictivas adicionales.
De acuerdo a la investigación, el 22 de abril de 2021, el hijo del capo de la droga buscó comprar cinco rifles tipo AK-47 y cinco rifles tipo AR-15.
En el momento de su declaración de culpabilidad, Osiel Cárdenas admitió que cometió el delito mientras estaba en libertad supervisada por un delito grave anterior.
El día de hoy el Gobierno de México expuso en comunicado que los documentos presentados como evidencias por organizaciones como Artículo 19 y algunos medios de comunicación de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sigue espiando a particulares por medio del malware Pegasus son apócrifos, además de “carecer de validez legal”.
Esta respuesta se da luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometiera a que este 23 de marzo se respondería sobre esos señalamientos.
“No se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, señaló la Presidencia en un comunicado.
Asimismo, se agregó que es “evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.
De igual manera, el Gobierno rechazó nuevamente que se realice espionaje, al advertir que las “instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y de inteligencia sólo pueden intervenir comunicaciones privadas con la orden de un juez”.
Además, se reiteró que las actividades de inteligencia “de ninguna manera están dirigidas a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos; únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.
AMLO desmiente dichos de medios de comunicación
Andrés Manuel López Obrador respondió sobre el supuesto espionaje de la Sedena con el software Pegasus.
El periódico Proceso a primeros días del mes de marzo público una nota en la que afirmaba que el Centro Militar de Inteligencia utilizó el spyware Pegasus en la administración de López Obrador, por lo menos una ocasión para obstaculizar una investigación.
Tras darse a conocer la supuesta noticia, el presidente contesto en la conferencia matutina a esas afirmaciones.
“Hoy vamos a informar sobre esto, no hay nada ilegal, se hace trabajo de inteligencia porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza”, aseguró en la mañanera.
La inflación en general en México poco a poco va cediendo. En la primera quincena de marzo se ubicó en 7.12 por ciento a tasa anual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Este dato se encuentra ligeramente por debajo de las proyecciones del mercado, debido a que los analistas anticipaban una tasa de 7.26 por ciento para el índice general de precios al consumidor, de acuerdo con un sondeo de Reuters.
También está lejos del 7.48 por ciento de la segunda mitad de febrero, con lo que la inflación ya hiló cuatro quincenas seguidas en disminución.
“En la primera quincena de marzo de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) incrementó 0.15 por ciento respecto a la quincena anterior”, reportó el Inegi este jueves.
“El índice de precios subyacente registró un aumento de 0.30 por ciento a tasa quincenal y anual, de 8.15 por ciento. En el mismo periodo, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.31 por ciento quincenal y creció 4.15 por ciento a tasa anual”, agregó el Instituto en un comunicado.
Hace unos instantes el Gobierno de Guerrero dio a conocer la detención de nueve servidores públicos como presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los detenidos serían siete policías estatales y dos policías municipales de Iguala.
Mediante un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) se logró la detención de los nueve elementos.
La dependencia indicó que elementos seguridad pública del estado coadyuvaron con miembros de la FGR y de la Semar para efectuar las órdenes de aprehensión contra los nueve presuntos responsables en la desaparición de los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Asimismo, el comunicado indicaba que será la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la FGR quienes proporcionen más información al respecto.
¿Cuántas personas hay detenidas?
El arresto de los elementos policías se da a siete meses de las últimas ordenes de aprehensión efectuadas en septiembre, las cuales fueron para un general del Ejército, además de dos militares, por su presunto vínculo con la desaparición de 43 estudiantes, logrando así, la detención de 63 personas implicadas en los delitos de vinculados a este caso.
