La magistrada federal del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amanda García González, quien votó a favor de descongelar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, aparece como directiva de un rancho que supuestamente ha defraudado por 70 millones de pesos a aproximadamente 11 particulares, de acuerdo a una investigación realizada por Contralínea.
Dicha información revela que Alberto Limón Lasón González, “familiar” directo de la magistrada, quien aparece dentro de la estructura del 17 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, también forma parte del rancho, pues ostenta el título de dueño del lugar, y es el encargado de buscar “inversionistas” para aparentes proyectos agropecuarios. Durante el proceso hace mención del cargo que ocupa en el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que las víctimas caen convencidas, sin embargo, jamás vuelven a saber de su dinero, y si denuncian jamás avanzan en el Poder Judicial.
Cabe destacar que la juzgadora fue una de las magistradas que el 21 de febrero pasado votó a favor, junto con sus pares del Tribunal, Rolando González Licona y Eduardo Baltazar Robles, para que las cuentas de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, fueran desbloqueadas, sin importar mucho que ese mismo día el exsecretario de seguridad fuera encontrado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
¿De qué es la empresa de la magistrada?
La Corporación Rancho San José, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de RL de CV), la cual está siendo acusada de fraudes, está ubicada en el municipio de Doctor Mora, en Guanajuato, se dedica principalmente a la cosecha de hortalizas y vegetales de exportación hacia Estados Unidos, de acuerdo a documentos del Registro Público de la Propiedad del estado.
La investigación realizada por Contralínea detalla que al menos 11 personas fueron defraudadas por alrededor de 70 millones de pesos, por lo que procedieron legalmente contra la corporación de la magistrada. Al monto se deben sumar los intereses ordinarios y moratorios que han generado los incumplimientos de pago, se advierte.
Dicha información indica que las personas defraudadas habrían entregado a Limón Lasón González cantidades que van desde los 460 mil a los 22 millones de pesos, entre los años de 2017 y 2022.
Contralínea de igual manera tuvo acceso a un documento del Registro Público de Comercio de San José Iturbide, Guanajuato, da cuenta de la estructura de la empresa utilizada en los supuestos fraude donde se detalla que forman parte del Consejo de Administración: Alberto Limón Lasón González, presidente; José Ramón Martínez Zepeda, secretario, y Julio Ricaud Garza, tesorero. Mientras, los del Consejo de Vigilancia: Alejandra González Fernández, presidenta; Roberto Limón Lasón Roldán, secretario, y Amanda Roberta García González, tesorera.
Por lo que se puede deducir que la magistrada García González es la encargada de vigilar y administrar los recursos que entran al Corporativo Rancho San José.
Todas las personas que afirman haber sido estafadas celebraron contratos para “invertir” en la empresa agropecuaria a cambio de recibir rendimientos mensuales de entre el 5 y el 9%, más tasas de hasta el 10 por ciento en caso de moratoria, relata el medio.
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