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Hay frases que, por más que intenten maquillarlas, terminan exhibiendo una forma de entender el poder, y la panista Natalia Torres soltó una de esas perlas al plantear que para obtener la credencial para votar debería aplicarse un examen.

O sea en otras palabras, no todos deberíamos decidir el rumbo del país, y bueno, esto no es tan nuevo, durante siglos sirvió para negar derechos a quienes “no estaban preparados”, primero fueron los pobres, luego los indígenas, después las mujeres y, en general, cualquiera que no perteneciera a la élite de turno.

Curiosa manera de entender la democracia, ahora resulta que el propósito ya no sería convencer al electorado con ideas, con propuestas, sino empezar a seleccionar quién merece ser parte del electorado, háganme el bendito favor.

No puedo evitar el darle a mi pensar el toque feminista, lo que propone Natalia Torres es una enorme contradicción, una mujer proponiendo filtros para ejercer un derecho que otras mujeres tuvieron que conquistar con décadas de lucha. El voto femenino en México no cayó del cielo ni fue un regalo de los partidos conservadores, esos espacios fueron conquistados gracias a décadas de lucha del movimiento feminista por el sufragio femenino, la igualdad jurídica, las cuotas de género y la paridad, generaciones que enfrentaron burlas, discriminación y exclusión para demostrar algo que hoy parecen olvidar, la ciudadanía no se mide con un examen.

Lo preocupante no es solamente una declaración desafortunada, lo preocupante es que encaja perfectamente con una corriente política que ha ido ganando espacio en distintas partes del mundo.

Una ultraderecha que se presenta como defensora de la “libertad”, pero que con demasiada frecuencia termina decidiendo hasta qué libros se pueden leer, recuerdo el caso del panista Carlos Abascal y el famoso libro Aura, una ultraderecha que también imponen qué derechos se reconocen, quién puede amar a quién, qué pueden hacer las mujeres con su vida y, ahora, hasta quién puede votar.

En México esa narrativa por supuesto encontró eco, cada vez que el voto popular no favorece a ciertos grupos, aparece la misma cantaleta: “la gente votó mal”, “la gente fue manipulada”, “la gente no entiende”, es más fácil concluir que el pueblo está equivocado que aceptar que la ciudadanía simplemente no los respaldó. Porque cuando alguien empieza a decidir quién merece votar, la pregunta inevitable es, ¿quién aplicaría el examen? ¿Quién redactaría las preguntas? ¿Quién decidirá qué respuestas son las correctas? Y, sobre todo, ¿quién vigilaría a los que se creen con autoridad para repartir certificados de ciudadanía?

(No creo que se lo encomendarían a la UNAM, y bueno, esa es otra historia.)

No cabe duda que la “derecha” en nuestro país, sino se atora, se enreda. Imagínense, creen que elegir a nuestros gobernantes es un privilegio reservado para unos cuantos.

Tal vez por eso la propuesta causó tanto ruido, no porque fuera una ocurrencia aislada, de la profesora de teoría constitucional en la UP, sino porque dejó ver, sin demasiados rodeos, una idea que la derecha lleva tiempo pensando en voz baja, si no pueden convencer a la mayoría, quizá la solución sea reducir quiénes forman parte de esa mayoría.

En todo esto encontramos una ironía difícil de ignorar, mientras millones de mujeres siguen defendiendo derechos que costaron décadas de conquistar, hay quienes, desde la comodidad de un micrófono parecen más preocupadas por levantar nuevas barreras que por derribarlas. La historia recordará que hubo mujeres que abrieron puertas para que otras pudieran entrar y también recordará a quienes, una vez adentro, quisieron volver a cerrarlas.

Les mando un abrazo fraterno.