Etiqueta: PAN

  • Tabe se echa para atrás: ahora dice que nunca pidió quitar embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua

    Tabe se echa para atrás: ahora dice que nunca pidió quitar embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua

    Después de hacer ruido con una propuesta fuera de sus facultades, el alcalde de Miguel Hidalgo admitió, en los hechos, que jamás presentó la solicitud ante la Cancillería.

    El alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pasó del discurso desafiante a la retirada silenciosa. Luego de anunciar con bombo y platillo que buscaría expulsar de la demarcación las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, la propia alcaldía terminó reconociendo que nunca presentó una solicitud formal ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Es decir, mucho video para redes… y cero acciones.

    La marcha atrás llegó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum y diputados de Morena exhibieran que las alcaldías no tienen facultades para decidir sobre política exterior, una atribución exclusiva del Gobierno de México. En respuesta a un exhorto del Congreso de la Ciudad de México, el área jurídica de la alcaldía informó que no existe ningún acto administrativo relacionado con la supuesta reubicación de las sedes diplomáticas.

    El 18 de enero, Tabe difundió un video en el que aseguró que pediría sacar de Miguel Hidalgo las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, argumentando diferencias con esos gobiernos. Sin embargo, cuando llegó el momento de demostrar que había actuado, la realidad fue otra: la petición nunca salió de las redes sociales.

    Durante una de sus conferencias matutinas, Claudia Sheinbaum descalificó el planteamiento y afirmó que el panista únicamente buscaba llamar la atención, pues sabía que no tenía atribuciones para hacer lo que anunciaba. Más tarde, la diputada de Morena Brenda Ruiz promovió un exhorto para que el alcalde respetara los límites constitucionales de su cargo e incluso sugirió que la Cancillería lo capacitara sobre la Convención de Viena y las funciones que realmente corresponden a una alcaldía.

    Al final, el episodio dejó a Mauricio Tabe atrapado entre el protagonismo y la realidad jurídica. Lo que quiso vender como una decisión “firme” terminó convertido en un anuncio sin sustento, sin facultades y sin oficio, confirmando que la supuesta expulsión de las embajadas nunca pasó de ser un intento de ganar reflectores.

  • Tabe vende percepción en Miguel Hidalgo como si fuera seguridad; cifras desmienten su discurso

    Tabe vende percepción en Miguel Hidalgo como si fuera seguridad; cifras desmienten su discurso

    Mauricio Tabe volvió a presumir la percepción de seguridad en la alcaldía Miguel Hidalgo como si fuera una prueba de reducción del delito, pero datos independientes, hechos recientes y omisiones en su discurso exhiben una narrativa que tergiversa la realidad.

    El Panista Mauricio Tabe volvió a presentar a Miguel Hidalgo como una de las alcaldías más seguras de la CDMX, aunque su principal argumento se basa en un dato de percepción ciudadana, no de incidencia delictiva. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) mide cómo se sienten los habitantes respecto a la seguridad, no cuántos delitos se cometen. 

    Sin embargo, el alcalde volvió a mezclar ambos conceptos para proyectar una imagen de éxito que no está respaldada por los indicadores de criminalidad. De hecho, el análisis independiente de El Sabueso, elaborado con datos del SESNSP y el Censo 2020, ubicó a Miguel Hidalgo con 326 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes en 2023, una tasa incluso superior a la de Iztapalapa, que registró 234.

    Otra de las afirmaciones recurrentes de Tabe también pierde fuerza cuando se revisa el contexto, ya que presume una reducción de delitos de alto impacto al comparar las cifras actuales con las de 2019, cuando aún no gobernaba la demarcación. La comparación parte de un periodo previo a su administración, encabezada entonces por Abraham Borden Camacho, y coincide con una disminución generalizada de la incidencia delictiva en toda la Ciudad de México. Presentar esa caída como un logro exclusivo de la estrategia “Blindar MH” constituye una tergiversación, pues omite que la tendencia descendente ya estaba en marcha antes de su llegada al cargo.

    Además, el discurso de una seguridad “consolidada” tampoco resiste el contraste con los hechos recientes. En septiembre de 2025, el estilista Miguel de la Mora fue asesinado dentro de su salón en Polanco, una de las zonas con mayor vigilancia de la alcaldía. Aunque el gobierno local calificó el crimen como un caso aislado, vecinos de colonias como Polanco, Anáhuac, Escandón y Tacuba organizaron protestas para denunciar la falta de patrullajes y los tiempos de respuesta de la policía. A ello se sumó, meses antes, la difusión de un nuevo modus operandi de robo en Polanco, donde delincuentes simulaban un atropellamiento con motocicleta para detener automovilistas y despojarlos de sus pertenencias a plena luz del día.

  • No tienen lugar panistas en protesta contra despojos, son el Cártel Inmobiliario: Morena

    No tienen lugar panistas en protesta contra despojos, son el Cártel Inmobiliario: Morena

    Legisladores morenistas recordaron los escándalos de corrupción inmobiliaria ligados al PAN y cuestionaron que ahora intenten encabezar manifestaciones por la defensa del patrimonio ciudadano.

    La protesta de vecinos de la colonia Del Valle contra el delito de despojo de inmuebles terminó envuelta en la confrontación política luego de que dirigentes y legisladores del PAN se sumaran a la movilización. Desde Morena, la respuesta fue contundente: acusaron a los panistas de carecer de autoridad moral para hablar del tema y los señalaron como responsables del llamado “cártel inmobiliario”.

    Durante la manifestación participaron la dirigente del PAN Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, así como los diputados Federico Döring y Federico Chávez Semerena, quienes responsabilizaron a Morena de permitir una presunta “industria del despojo”. Sin embargo, legisladores morenistas calificaron su postura de “desfachatez” y recordaron que Chávez Semerena fue suplente del exdiputado Christian von Roehrich, actualmente procesado por presuntos actos de corrupción inmobiliaria.

    En un posicionamiento, Morena sostuvo que resulta incongruente que el PAN pretenda encabezar la defensa del patrimonio de las familias cuando, afirmaron, varios de sus exfuncionarios y exlegisladores han sido vinculados a investigaciones por el llamado cártel inmobiliario en la capital del país. “Ellos son el cártel inmobiliario”, sentenciaron.

    Por su parte, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, pidió a los panistas revisar lo que ocurre en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, gobernadas por ese partido, donde —aseguró— se concentra un alto número de denuncias por despojo. Además, llamó a evitar especulaciones sobre la participación de policías, jueces o notarios mientras continúan las investigaciones.

    En la misma protesta, Daneira Oviedo, una de las víctimas, denunció que Virginia “N”, señalada por invadir ilegalmente su vivienda, podría estar relacionada con al menos seis casos más de despojo en la colonia Del Valle y otras zonas como Xochimilco y Cuauhtémoc. La afectada pidió a otras posibles víctimas presentar denuncias y confió en que la acusada sea vinculada a proceso durante la audiencia correspondiente.

  • Gobierno panista de Aguascalientes busca mantener bachilleratos militarizados

    Gobierno panista de Aguascalientes busca mantener bachilleratos militarizados

    Pese a la polémica nacional por casos de abusos en modelos militarizados, la administración de Teresa Jiménez busca mantener estos planteles bajo el argumento de que forman jóvenes con disciplina y futuros elementos de seguridad.

    El Gobierno de Aguascalientes, encabezado por la panista Teresa Jiménez, confirmó que buscará mantener activos los bachilleratos militarizados de la entidad, pese a la revisión nacional sobre este modelo educativo tras la muerte de Dafne Zapata durante un campamento militarizado en Tamaulipas.

    El secretario de Gobierno estatal, José Antonio Arámbula López, informó que la administración local dialogará con la Secretaría de Gobernación y el Ejército mexicano para obtener respaldo federal y permitir que estos planteles continúen operando. Según el funcionario, se buscará demostrar que las escuelas cumplen con la normatividad y han generado resultados positivos.

    La postura del gobierno estatal contrasta con la determinación de autoridades educativas federales de revisar este tipo de esquemas. Aun así, la administración de Jiménez insiste en que los bachilleratos militarizados representan una alternativa de formación académica y disciplina para los jóvenes.

    Arámbula López señaló que estos planteles han funcionado como semillero para agentes de seguridad, por lo que solicitarán que autoridades federales conozcan directamente su operación, instalaciones y modelo educativo antes de tomar una decisión definitiva.

    Mientras tanto, padres de familia han expresado respaldo a la continuidad de las escuelas, al señalar que los estudiantes mantienen jornadas extendidas con actividades académicas, físicas y formativas. Sin embargo, organizaciones y sectores críticos han advertido que la disciplina militar dentro de espacios educativos requiere mayores controles y supervisión para evitar abusos.

    El caso ocurre en medio del debate nacional sobre los límites de la militarización en la formación de menores y jóvenes. Aunque Aguascalientes defiende su modelo, la controversia permanece abierta sobre si estos esquemas deben mantenerse o replantearse bajo nuevos criterios de seguridad y derechos educativos.

  • Morena carga contra el PAN por el despojo

    Morena carga contra el PAN por el despojo

    El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México rechaza que el PAN se presente como defensor de las víctimas de despojo. Señala vínculos con el Cártel Inmobiliario y cuestiona la autoridad moral del partido.

    El diputado Paulo García habló con claridad. Dijo que resulta ofensivo ver al PAN intentar encabezar la defensa de quienes sufren despojo. “Ridículo que el partido del Cártel Inmobiliario diga que va a defender el patrimonio de la gente”, afirmó.

    Morena recuerda que ya pidió investigar posibles lazos entre las redes del Cártel Inmobiliario y la mafia del despojo que golpea a la ciudad. García advirtió: “Vemos con desconfianza que el PAN busque identificar y señalar predios vulnerables. No vaya a ser que estén planeando más desarrollos”.

    Las alcaldías que gobierna el PAN concentran el mayor número de carpetas de investigación por despojo. Aun así, el partido presentó como su representante en el tema a Federico Chávez Semerena. Él llegó a la diputación como suplente de Christian Von Roehrich, señalado como líder del Cártel Inmobiliario de Benito Juárez.

    Chávez Semerena ocupó el cargo solo después de que Von Roehrich dejó de asistir a las sesiones. En ese momento la Fiscalía General de Justicia lo buscaba por su presunta vinculación con la red de corrupción inmobiliaria. Más tarde lo detuvieron y procesaron.

    El caso no es el único. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también enfrenta señalamientos. La presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena lo han señalado como uno de los principales impulsores del Cártel Inmobiliario desde su paso por la alcaldía Benito Juárez.

    García subrayó un contraste claro. Mientras las alcaldías de oposición registran las tasas más altas de despojo por cada 100 mil habitantes, el PAN capitalino intenta limpiar su imagen con un vocero que surgió de la fuga de uno de los señalados. Al mismo tiempo, su dirigente nacional enfrenta acusaciones por el mismo esquema de corrupción.

  • Maru destina más de 3 mil 342 millones para censurar medios y controlar la narrativa mediática

    Maru destina más de 3 mil 342 millones para censurar medios y controlar la narrativa mediática

    Mientras acusa recortes presupuestales, la gobernadora de Chihuahua multiplicó el gasto en Comunicación Social. Diversos señalamientos apuntan a que los recursos públicos se utilizan para premiar medios afines y castigar las voces críticas.

    La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta nuevas críticas luego de que se revelara que su administración habrá destinado más de 3 mil 342 millones de pesos a Comunicación Social entre septiembre de 2021 y diciembre de 2026. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda estatal, el presupuesto para este rubro pasó de 185.2 millones de pesos, aprobados originalmente por el Congreso para 2026, a 838.2 millones, un incremento de 352.6%, pese al discurso de austeridad y a las constantes quejas por supuestos recortes federales.

    El crecimiento del gasto ha despertado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para influir en la cobertura mediática. Según la información difundida, el dinero se destina a convenios publicitarios con televisoras, estaciones de radio, medios impresos, portales digitales, agencias de marketing, empresas de relaciones públicas, productoras audiovisuales e incluso operadores de redes sociales, mediante adjudicaciones directas y sin mecanismos públicos de verificación sobre el alcance real de las audiencias.

    Los señalamientos apuntan a que esta estrategia habría servido para favorecer a medios y comunicadores afines, mientras se limita el espacio para las voces críticas. Diversos analistas advierten que este modelo de asignación de publicidad oficial puede convertirse en un mecanismo de censura indirecta, al condicionar la independencia editorial mediante recursos públicos y afectar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.

    Las críticas también contrastan con el desempeño de la administración estatal en otros rubros. Mientras el presupuesto destinado a comunicación crece año con año, opositores y organizaciones civiles sostienen que persisten rezagos en salud, educación, infraestructura y atención a la Sierra Tarahumara, además de cuestionar la falta de nuevas obras hospitalarias y educativas durante el actual sexenio.

    El caso reabre el debate sobre el uso de la publicidad oficial como herramienta de presión política. Especialistas han insistido en que la asignación de estos recursos debe regirse por criterios transparentes, objetivos y verificables para evitar que el dinero público se convierta en un instrumento para premiar la cobertura favorable, castigar el periodismo crítico y limitar la libertad de expresión.

  • Decía que nadie veía la Mañanera, pero ahora Jorge Romero exige derecho de réplica en ella

    Decía que nadie veía la Mañanera, pero ahora Jorge Romero exige derecho de réplica en ella

    El dirigente panista amenaza con impugnar reformas y acusa falta de garantías para las audiencias, aunque su reclamo ocurre en medio de cuestionamientos al papel histórico del PAN frente a los medios.

    El líder del Cártel Inmobiliario, Jorge Romero, anunció en una entrevista con Azucena Uresti que su partido buscará que la presidenta Claudia Sheinbaum garantice el derecho de réplica en las conferencias mañaneras, al argumentar que el gobierno no puede defender los derechos de las audiencias mientras no permita responder a quienes son señalados públicamente.

    Romero aseguró que el partido impugnará por la vía legal la reforma relacionada con medios y comunicación, al considerar que representa una amenaza contra la libertad de expresión. Sin embargo, sus declaraciones han generado críticas, al acusar censura desde el poder mientras el propio PAN arrastra cuestionamientos sobre su relación con medios y voces críticas durante sus gobiernos.

    El dirigente panista sostuvo que cualquier persona o institución mencionada en una conferencia presidencial debe contar con mecanismos para aclarar información. No obstante, sus detractores señalan que el reclamo parece más una estrategia política que una defensa genuina del derecho ciudadano, al surgir en medio de la disputa partidista contra el gobierno federal.

    Además, es importante recordar que Romero fue de los primeros en señalar que la Mañanera nadie la veía, sin embargo, la audiencia de esta varía de forma masiva según la plataforma, registrando picos de hasta 2.74 millones de espectadores en tiempo real en YouTube, un promedio de más de 400 mil vistas por transmisión digital, y una audiencia adicional considerable a través de la televisión abierta y la radio nacional, de acuerdo con una investigación de Pop Lab.

    El líder blanquiazul insistió en que su partido acudirá a todas las instancias legales para frenar lo que considera una afectación a las libertades, aunque sus críticas contrastan con el historial de gobiernos panistas que también fueron señalados por limitar la crítica pública y mantener una relación privilegiada con ciertos medios de comunicación.

    La polémica vuelve a colocar al derecho de réplica como una herramienta dentro de la disputa política, donde partidos opositores buscan convertir el debate sobre medios y audiencias en un nuevo frente de confrontación contra la administración de Claudia Sheinbaum.

  • Asesinan a cuatro integrantes de una familia mientras dormían en Valle de Santiago, Guanajuato

    Asesinan a cuatro integrantes de una familia mientras dormían en Valle de Santiago, Guanajuato

    Entre las víctimas se encuentran dos trabajadores de la Secretaría del Bienestar.

    Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados por un comando armado dentro de su vivienda en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Entre las víctimas se encontraban Julio Raúl y su hijo Yael, ambos trabajadores de la Secretaría del Bienestar. Una adolescente de 17 años sobrevivió al ataque y fue quien pidió auxilio a las autoridades.

    De acuerdo con los reportes, hombres armados irrumpieron en la casa durante la madrugada y dispararon contra la familia mientras dormía. En el lugar murieron tres hombres, entre ellos un menor de 15 años, mientras que una mujer falleció horas después en el hospital a causa de las heridas. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

    La masacre ocurre en una ola violencia constante en Valle de Santiago, donde grupos del crimen organizado mantienen una disputa por el control del territorio. Apenas una semana antes, dos personas fueron secuestradas y posteriormente encontradas desmembradas en el mismo municipio, reflejando el deterioro de la seguridad en la región.

    El nuevo ataque vuelve a exhibir la crisis de inseguridad que enfrenta Guanajuato, entidad gobernada por el PAN desde hace más de tres décadas y actualmente encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Los homicidios, las masacres y la impunidad continúan afectando a la población, mientras las autoridades estatales siguen sin mostrar resultados.

  • Ariadna Montiel pone en su lugar a Maru Campos: “Los chihuahuenses exigen resultados, no pretextos”

    Ariadna Montiel pone en su lugar a Maru Campos: “Los chihuahuenses exigen resultados, no pretextos”

    La dirigente nacional de Morena aseguró que el problema de Chihuahua no es la falta de una reunión con Claudia Sheinbaum, sino la ausencia de resultados del gobierno estatal en temas como seguridad.

    La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, respondió a las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien afirmó que no ha logrado obtener una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum. La morenista sostuvo que el verdadero problema del estado no radica en la falta de un encuentro con la mandataria, sino en la falta de resultados de la administración panista.

    La polémica comenzó luego de que Maru Campos asegurara que buscaba reunirse con la Presidenta para abordar temas prioritarios como seguridad, infraestructura y presupuesto, además de señalar que el Gobierno Federal no ha atendido sus solicitudes. La gobernadora afirmó que anteriormente evitó hacer públicas estas diferencias con la intención de mantener una relación institucional, pero dijo que esa estrategia no dio resultados.

    En respuesta, Ariadna Montiel pidió a la mandataria estatal “dar la cara a las y los chihuahuenses” y atender los problemas que enfrenta la entidad. También le reprochó no haber aclarado la actuación de agentes extranjeros en territorio estatal y recordó sus recientes viajes personales, al tiempo que cuestionó los niveles de violencia registrados en Chihuahua.

    La dirigente morenista señaló que mientras la gobernadora se concentra en confrontaciones políticas, el Gobierno de México mantiene presencia y acciones en beneficio de la población. Además, sostuvo que la administración federal ha reforzado la atención en materia de seguridad y programas sociales, por lo que llamó a la gobernadora a asumir plenamente sus responsabilidades.

    Montiel también recordó que la administración de Maru Campos ha sido objeto de críticas por el manejo de recursos públicos, entre ellas la asignación de más de 41 millones de pesos para la presentación del cantante Ricky Martin durante el Festival Internacional Chihuahua 2024, gasto que generó cuestionamientos mientras la entidad enfrenta problemas de violencia e inseguridad.

    Finalmente, la dirigente de Morena afirmó que el tiempo de la actual administración estatal “se está agotando” y exhortó a la gobernadora a dejar de lado las controversias mediáticas para concentrarse en ofrecer resultados concretos a la ciudadanía. “Nadie te pide silencio; los chihuahuenses exigen trabajo, verdad y resultados”, sentenció.

  • Frente a manifestantes, Tere Jiménez le marca a Harfuch para resolver lo que ella no puede

    Frente a manifestantes, Tere Jiménez le marca a Harfuch para resolver lo que ella no puede

    La gobernadora panista llamó en público al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, para pedir que revisara la detención de un vendedor ambulante, exhibiendo la dependencia de su administración frente a un conflicto local.

    La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que, en plena manifestación ciudadana, decidiera llamar por teléfono al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para pedirle que revisara el caso de Felipe Lomelí, un vendedor ambulante detenido por fuerzas federales y señalado como presunto narcotraficante. La escena, captada en video, dejó una imagen que generó críticas: ni para atender un conflicto en su propio estado parece bastarle el cargo.

    Los hechos ocurrieron en el municipio de Jesús María, donde familiares, amigos y vecinos de Lomelí interrumpieron un evento oficial para exigir su liberación. Los manifestantes sostienen que el detenido es inocente, que se dedica a la venta de frutas y trabaja en labores de mantenimiento en un club deportivo. Ante la presión, la mandataria panista pidió un teléfono celular y marcó directamente a García Harfuch, a quien le aseguró que el hombre no cuenta con antecedentes penales en la Fiscalía estatal y solicitó una revisión del expediente.

    Durante la llamada, la propia gobernadora acercó el teléfono a los familiares del detenido, quienes insistieron en que “se equivocaron de persona” y pidieron justicia. Tras escuchar las peticiones, Teresa Jiménez concluyó la conversación con un breve “muchas gracias”, mientras los asistentes continuaban respaldando públicamente a Lomelí.

    Más allá del caso, el episodio desató cuestionamientos sobre la capacidad de la administración estatal para enfrentar situaciones de crisis. Resulta llamativo que una gobernadora tenga que recurrir en público al Gobierno federal para atender un problema ocurrido en su propia entidad, proyectando la imagen de que, cuando las cosas se complican, la solución es marcarle a la Federación. La escena no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios ironizaron con que si Harfuch no contesta, ¿quién gobierna Aguascalientes?

    Aunque la coordinación entre los gobiernos estatales y federal forma parte de la estrategia nacional de seguridad, el caso dejó abierta la discusión sobre el papel que deben asumir los mandatarios locales. En esta ocasión, Teresa Jiménez terminó exhibiendo que, frente a la presión ciudadana, prefirió pedir auxilio antes que demostrar capacidad para conducir y resolver un conflicto dentro de su propio estado.