Etiqueta: PRI

  • El PRI se diluye en Veracruz

    El PRI se diluye en Veracruz

    El PRI muere en un estado donde consideró su bastión invencible: Veracruz. El Veracruz de los Gutiérrez Barrios, de los Velasco, de los caciques imperturbables y represivos quedó como pieza de museo en la entidad.

    La renuncia de Héctor Yunes Landa como diputado local, a ese partido, retrata la verdadera condición del tricolor.

    De un total de 50 diputados locales solo dos pertenecían al PRI. Cuando todavía eran dos insistían en llamarle bancada a dos legisladores sin más proyecto que hacerse notar a como diera lugar, cuando no hay bancada de menos de cinco legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores, pero les hacía sentir importantes nombrándole de esa manera aunque no fuera la designación correcta.

    Los priístas en Veracruz crean una serie de escándalos para que parezca que están en todas partes pero son tan pocos que no pueden ocultar sus actividades ante los demás.

    En un ataque de remembranza al pasado, los priistas llegaron a afirmar que la gobernadora les había solicitado apoyo para aprobar el presupuesto estatal 2025, lo cual no sólo rechazó Rocío Nahle sino que es una visión absurdo solicitar el apoyo de 2 diputados teniendo 30 de Morena, seis del Verde y 5 del PT.

    Los priistas terminaron por creerse sus mentiras, Morena tiene en el Congreso local mayoría absoluta con 36 diputados, cuenta con 41.

    El PRI suele reconocer sus limitantes porque no tiene otra alternativa para poder figurar en los medios, y en Puebla, por ejemplo, donde ha cerrado varias oficinas, se ha vuelto una especia de grupo de colonos, en rebeldía permanente, que lo mismo protesta ante el municipio y el gobierno del estado exigiendo que barran las calles o rechazan la colocación de parquímetros. A eso se reduce su labor como partido político muy minoritario.

    El presidente del Comité Directivo Municipal del tricolor en Puebla Jorge Amador, señaló que se han recibido diferentes quejas de ciudadanos contra el programa de estacionamiento rotativo.

    De acuerdo con cifras del Ayuntamiento de Puebla, durante el primer trimestre del año hubo ingresos por 14 millones 770 mil pesos, cantidad que también contempla el pago de sanciones. En administraciones anteriores era la cantidad que se embolsaban diariamente.

    Antes les sobraban militantes para incorporar a sus listas de candidatos en todo el país, ahora ofrecen candidaturas sin afiliarse, aparentando que el pueblo se integra a sus filas de manera independiente, el caso es que nadie quiere perder el tiempo en campañas que implican una derrota desde ahora.

    De Puebla y Veracruz han salido presidentes de la República dejando en las sociedades de esas entidades una huella importante de proselitismo. Eran considerados casi santos en esos días, ahora reciben el desprecio de la gente, una vez descubiertas todas sus rapacerías cometidas durante sus gestiones en todos los niveles de gobierno.

    La estructura priista en el país está en ruinas. Su soporte son las declaraciones de una veintena de ellos, con espacios en los medios, porque la relación con la población simplemente nunca ha existido y esta falta de comunicación con sus víctimas podrá verse reflejada en una de las votaciones más bajas de su historia dentro de un año.

  • ¿Inhabilitación de por vida? ¡El PRI tendría que empezar por sí mismo!

    ¿Inhabilitación de por vida? ¡El PRI tendría que empezar por sí mismo!

    Por Nathael Pérez

    Recientemente, en redes sociales, el PRI ha propuesto que “los funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado sean inhabilitados de por vida”, lo cual llama la atención: ¿por qué, durante tantos años de gobierno, no decidieron ponerlo en práctica?

    Es más, ¿cómo un partido con un historial vinculado al crimen organizado se atreve a proponer esto? Aquí, una lista de políticos del PRI vinculados al crimen organizado que no hubieran podido continuar ejerciendo después de haber sido señalados.

    Mario Villanueva Madrid — Gobernador de Quintana Roo (1993–1999)

    Villanueva habría recibido sobornos del Cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, a cambio de brindar protección institucional y garantizar el tránsito de cargamentos. Al término de su mandato en 1999, y ante la inminencia de una orden de aprehensión, el exgobernador se dio a la fuga, convirtiéndose en uno de los primeros casos de un mandatario estatal prófugo por delitos relacionados con narcotráfico. Fue capturado en 2001, extraditado a Estados Unidos en 2010, y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico en 2012. Continuó en el cargo hasta casi el último día de su mandato, apoyado en el fuero que le otorgaba la gubernatura. 

    Tomás Yarrington Ruvalcaba — Gobernador de Tamaulipas (1999–2005)

    Tomás Yarrington fue uno de los políticos más influyentes de su generación dentro del PRI, con proyección nacional e incluso aspiraciones presidenciales. Durante su mandato, Tamaulipas se consolidó como una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Fue acusado de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas. El dinero presuntamente financió su campaña política y la adquisición de propiedades en Texas. Cuando finalizó su administración, Yarrington expresó públicamente su interés por contender por la presidencia de la República. Fue detenido en Italia en 2017. En abril de 2025 fue deportado a México y trasladado al penal del Altiplano, donde quedó a disposición de la justicia. Ejerció toda su gubernatura y buscó ascender políticamente pese a las investigaciones en su contra. 

    Eugenio Hernández Flores — Gobernador de Tamaulipas (2005–2010)

    Eugenio Hernández es buscado por la DEA en los Estados Unidos por la presunta operación de un sistema de lavado de dinero de 30 millones de dólares. La DEA informó sobre el vínculo del priista Eugenio Hernández con los Zetas y el Cártel del Golfo. Completó su mandato sin interrupciones y no fue detenido sino hasta años después, cuando el gobierno estatal emitió una orden de aprehensión por peculado y lavado de dinero. Gobernó el estado íntegramente a pesar de los vínculos documentados. 

    Humberto Moreira Valdez — Gobernador de Coahuila (2005–2011) y Presidente Nacional del PRI (2011–2012)

    Humberto Moreira es señalado directamente por testigos en juicios contra integrantes de Los Zetas de haber recibido millones de dólares para financiar sus campañas políticas, a cambio no solo de protección para el cártel, sino también de contratos de gobierno. Tras terminar la gubernatura, fue nombrado presidente nacional del PRI, el cargo más alto del partido. También se le señaló por malversación de recursos públicos, organización criminal y cohecho. En 2012, la PGR lo absolvió de los delitos de endeudamiento al no contar con pruebas. Fue detenido en España en 2016 pero finalmente liberado por falta de pruebas suficientes ante la justicia española. 

    Rubén Moreira Valdez — Gobernador de Coahuila (2011–2017) y Diputado Federal

    De acuerdo a Adolfo Tavira, identificado como exadministrador de producción de Televisa y narcotraficante, el gobernador Rubén Moreira también colaboró con Los Zetas. Los hermanos Humberto y Rubén Moreira son señalados en múltiples testimonios judiciales en Estados Unidos por presuntos vínculos con la organización criminal. A pesar de ello, Rubén Moreira concluyó su mandato como gobernador y posteriormente fue electo diputado federal, cargo que ocupó sin que prosperara ninguna causa penal en su contra en México. 

    Fidel Herrera Beltrán — Gobernador de Veracruz (2004–2010) y Cónsul en Barcelona (2015–2017)

    Fidel Herrera, exgobernador priista de Veracruz, fue señalado por José Carlos Hinojosa, contador del Cártel del Golfo, de haber recibido dinero de esa banda criminal para financiar su campaña. Lo más llamativo de su caso es que, ya bajo sospecha, fue designado cónsul de México en Barcelona. Fidel Herrera estuvo bajo la mira de la DEA y la policía catalana cuando fue cónsul en Barcelona, por su presunta conexión con el narcotráfico, combinando su misión diplomática con relaciones tóxicas. Renunció en enero de 2017 a su puesto como cónsul y nunca fue procesado formalmente en México. 

    Jesús Reyna García — Gobernador Interino de Michoacán (2013–2014)

    Fue nombrado gobernador interino de Michoacán por 90 días en abril de 2013. Un año después, fue detenido por la PGR al ser acusado de proteger al Cártel de Los Caballeros Templarios. La PGR acusó al priista de tener vínculos con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, considerado el líder de dicho cártel. Un juez federal le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada. Reyna permaneció más de cuatro años en prisión; sin embargo, en 2018 fue liberado luego de que un juez determinara que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar los delitos imputados. Ejerció la gubernatura interina y fue detenido solo después de dejar el cargo. 

    Fausto Vallejo — Gobernador de Michoacán (2012–2014)

    Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán del PRI, fue evidenciado por la propia Secretaría de Seguridad de su entidad de haber recibido cientos de millones de pesos para su campaña. Fausto Vallejo se vio obligado a renunciar a la gubernatura argumentando problemas de salud; sin embargo, pese a retirarse de la vida política, su nombre siguió escuchándose debido a supuestas reuniones de su hijo Rodrigo Vallejo “El Gerber” con “La Tuta”. Gobernó casi dos años antes de dimitir. 

    Roberto Sandoval Castañeda — Gobernador de Nayarit (2011–2017)

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con organizaciones como el CJNG y el grupo de los Beltrán Leyva, señalando presuntos pagos a cambio de protección y facilidades operativas. En junio de 2021, Sandoval fue detenido en México tras varios meses fuera del radar público, en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente el exgobernador se encuentra prófugo de la justicia, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo vincularan con el narcotráfico, hecho que derivó en el bloqueo de más de 42 cuentas bancarias. Terminó su mandato completo de seis años sin ser procesado durante su gestión.

    Manlio Fabio Beltrones — Senador, diputado y dirigente nacional del PRI

    Beltrones, quien fue uno de los hombres más poderosos del PRI y presidente de la Cámara de Diputados, fue señalado reiteradamente por la DEA y medios como El Universal por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa durante su paso como gobernador de Sonora (1991–1997). Nunca fue sometido a proceso judicial y continuó una larga carrera política, llegando incluso a presidir el PRI en 2015–2016. 

  • Héctor Yunes abandona el PRI tras 45 años; exhibe el desastre de Alito Moreno

    El ahora expriista acusó que el partido quedó “secuestrado” y reducido a una fuerza sin rumbo bajo la dirigencia de Alejandro Moreno.

    Luego de más de cuatro décadas de militancia, Héctor Yunes Landa renunció al PRI y mandó una crítica directa contra su dirigente, Alejandro Moreno, a quien responsabilizó de haber fracturado y hundido al partido hasta dejarlo como una minoría sin futuro político.

    A través de un video difundido en redes sociales, el exsenador y actual diputado local aseguró que su salida fue irrevocable, al considerar que el PRI está “secuestrado” por una dirigencia que lo llevó a la irrelevancia. En otras palabras, el tricolor pasó de ser maquinaria electoral a cascarón político, cortesía de “Alito”.

    Yunes, quien aspiró a la gubernatura de Veracruz en 2016 y proyectaba competir nuevamente en 2030, explicó que decidió hacer pública su renuncia un día después de presentarla para no opacar un homenaje al exgobernador Fidel Herrera. Aun así, el mensaje fue claro: el PRI ya no es opción ni para sus propios cuadros históricos.

    El político veracruzano sostuvo que el partido que alguna vez fue “el mejor de México” hoy navega sin proyecto ni liderazgo, y advirtió que la conducción actual lo encamina a la extinción. Una afirmación que, viendo los resultados electorales recientes, no suena exagerada, sino bastante precisa.

    Durante su trayectoria, Yunes ocupó diversos cargos en la administración pública, pero su salida evidenció el desmoronamiento interno del PRI, donde las renuncias y fracturas se han vuelto rutina bajo el mando de Moreno.

    Así, mientras “Alito” insiste en mantenerse al frente, las desbandadas continúan y el partido se hunde cada vez más. Porque si algo quedó claro, es que el mayor opositor del PRI terminó siendo su propio dirigente.

  • PRI designa a Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, delegada del CEN en Tlaxcala

    La hija de Rosario Robles asume como delegada del CEN en medio de críticas por el historial del tricolor y su apuesta por reposicionarse.

    El Partido Revolucionario Institucional volvió a mover sus piezas y designó a Mariana Moguel Robles como delegada del Comité Ejecutivo Nacional en Tlaxcala, con la tarea de coordinar a los llamados “Defensores de México” rumbo al proceso electoral de 2027. Un movimiento que revive nombres conocidos… y también viejas polémicas.

    Moguel, hija de Rosario Robles Berlanga —figura ligada al escándalo de la “Estafa Maestra”—, fue arropada por la dirigencia estatal encabezada por Enrique Padilla Sánchez, así como por legisladores y cuadros priistas. El mensaje interno fue claro: el PRI busca reagruparse, aunque lo haga con los mismos rostros de siempre.

    Durante su presentación, la nueva delegada lanzó críticas contra Morena, al que calificó como “narco gobierno” y acusó de improvisación. Sin embargo, el señalamiento contrasta con el historial del propio PRI, partido marcado por décadas de corrupción, escándalos y prácticas que hoy intenta dejar en el pasado… sin mucho éxito.

    Moguel aseguró que recorrerá el estado “con escucha activa” y defendió que “el que nada debe nada teme”, frase que inevitablemente recuerda los señalamientos que han rodeado a su círculo político. El intento de reposicionamiento del PRI se topa con su propio pasado, que sigue pesando en la percepción pública.

    Aunque no se detalló una estrategia clara rumbo a 2027, la priista afirmó que su partido “no está muerto” y que buscará capitalizar el descontento social. También dejó abierta la puerta a alianzas, en línea con lo planteado por Alejandro Moreno Cárdenas.

    El PRI insiste en reinventarse, pero lo hace con figuras que simbolizan justamente lo que muchos ciudadanos cuestionan. Cambian los cargos, cambian los discursos… pero el fondo parece seguir siendo el mismo.

  • “Alito” pide al INE quitarle el registro a Morena; no quiere que participen en elecciones

    El líder del PRI exige sanciones al partido guinda, pero ignora convenientemente los escándalos que arrastra su propia dirigencia.

    El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, volvió a encender los reflectores con una exigencia que raya en lo irónico: pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) retirar el registro a Morena por supuestos vínculos con el crimen organizado. Sí, el mismo PRI de siempre señalando con el dedo, como si no tuviera cola que le pisen.

    En conferencia de prensa, el priista aseguró que Morena “no merece participar en las elecciones” porque, según él, cuenta con el respaldo de la delincuencia. Sin presentar pruebas contundentes, Moreno insistió en que existe un patrón que justificaría incluso la desaparición del partido guinda del escenario político.

    El también conocido como “Alito” afirmó que su partido cuenta con los elementos legales para sustentar la denuncia, repitiendo el discurso de una supuesta intervención criminal en procesos electorales. Una narrativa reciclada que el PRI ha usado sin éxito, mientras evade explicar su propio desgaste ante la ciudadanía.

    El líder tricolor aprovechó además un proceso judicial en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros políticos para reforzar su acusación. Según dijo, esto “confirma” los señalamientos que el PRI ha hecho en los últimos años. Aunque, curiosamente, evita hablar de los múltiples señalamientos y escándalos que pesan sobre su propio partido.

    Moreno adelantó que continuará llevando estas denuncias al extranjero, en un intento por posicionar su versión fuera del país. Una estrategia que suena más a desesperación política que a búsqueda de justicia, especialmente viniendo de un dirigente cuya credibilidad ha sido ampliamente cuestionada.

    Porque sí, Alito exige limpieza democrática mientras encabeza un partido marcado por décadas de corrupción, abusos y pactos oscuros. La doble moral no solo es evidente, resulta hasta cómica. El PRI queriendo dar lecciones de ética es, simplemente, el chiste que se cuenta solo.

  • Enrique Galindo desea gobernar SLP bajo un expediente polémico

    Enrique Galindo desea gobernar SLP bajo un expediente polémico

    El actual alcalde de San Luis Potosí ha buscado proyectarse como opción rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí, pero su historial en seguridad pública y los señalamientos por abusos y manejo irregular lo persiguen.

    Enrique Galindo Ceballos intenta dar paso político a uno de sus grandes “deseos”: aspiración al poder en San Luis Potosí, pero su pasado no es un asunto fácil de omitir. Su nombre está vinculado a hechos que quedaron marcados por la violencia, dudas y acusaciones que nunca se disolvieron del todo.

    Durante su paso al frente de la Policía Federal, en la gestión de Enrique Peña Nieto, quedó marcada por operativos que derivaron en tragedias. El caso de Tanhuato sigue siendo uno de los más señalados, un acto que se presentó como enfrentamiento, pero que posteriormente se convirtió en un hecho con ejecuciones y manipulación de evidencia.

    A ello se suma lo ocurrido en Nochixtlán, donde un operativo realizado para desalojar una protesta terminó con víctimas mortales y decenas de heridos. Aunque las cifras oficiales intentaron disminuir la magnitud, organismos civiles señalaron que la violencia fue mayor. El entonces mando policial no pudo deslindarse del resultado.

    El mismo patrón se repitió en Apatzingán, donde la intervención de fuerzas federales fue cuestionada por el uso excesivo de la fuerza. Testimonios y reportes apuntaron a abusos que contradecían la versión oficial. Fue parte de un contexto que terminó por debilitar su permanencia en el cargo. 

    Su salida de la Policía Federal fue bajo presiones y cuestionamientos, en un intento de dar paso a investigaciones tras recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, queriendo hablar de “transparencia” cuando el daño ya estaba hecho.

    Actualmente, como alcalde, las críticas no han desaparecido. Se suman señalamientos recientes sobre el manejo de su administración municipal, como falta de agua, incumplimiento de pagos millonarios y la adjudicación de contratos cuestionables. Con ese historial, su “deseo” por gobernar San Luis Potosí parte de una serie de pendientes sin resolver.

  • Alito recurre a viejas figuras del PRI en intento por revivir al partido

    Alito recurre a viejas figuras del PRI en intento por revivir al partido

    Alejandro Moreno apuesta por viejas caras del tricolor para “construir el futuro”, en una reunión que parece más un reencuentro del pasado que una propuesta renovadora.

    El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, reunió a 15 exgobernadores priistas con la promesa de “construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo”. Sin embargo, lo que presumió como estrategia política luce más como un intento por reciclar figuras del pasado, muchas de ellas ligadas a los años más cuestionados del tricolor.

    Acompañado por Carolina Viggiano, Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno encabezó el encuentro en la sede nacional del PRI, donde se habló del “futuro de México”. Aunque el discurso apuntó a temas como seguridad, finanzas y crecimiento, la escena dejó una impresión clara: el PRI sigue mirando hacia atrás.

    Entre los asistentes destacaron nombres como Roberto Madrazo, Andrés Granier, César Camacho y Rubén Figueroa, personajes que evocan etapas polémicas del partido. Lejos de proyectar renovación, la reunión pareció una reunión de viejos cuadros, vejestorios políticos y reliquias del priismo, que hoy intentan venderse como solución.

    “Cuando ya gobernaste, entiendes que los errores se pagan caro”, dijo Moreno. Pero la frase resulta irónica cuando quienes lo rodeaban son precisamente los protagonistas de esos errores históricos que marcaron la desconfianza ciudadana hacia el PRI.

    El mensaje de “puertas abiertas” lanzado por Alito refuerza la idea de que el partido apuesta por sus viejas estructuras en lugar de nuevas generaciones, en un contexto donde su credibilidad sigue en caída. Más que reconstrucción, el encuentro evidenció la falta de autocrítica y de un proyecto verdaderamente renovador.

  • Esteban Villegas y su gobierno rebasado

    Esteban Villegas y su gobierno rebasado

    Por Nathael Pérez

    Operativos sin notificación, una visa congelada y acusaciones criminales evidencian la desconfianza hacia Esteban Villegas desde el gobierno federal, EUA y el propio entorno de seguridad en Durango, por lo que queda puesta en duda su capacidad de mando.

    En las últimas semanas, tres hechos describen a Esteban Villegas mejor que cualquier logro de su gobierno: el ejército federal operó en su territorio sin avisarle, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo bloqueó para que no pudiera abordar un avión hacia ese país, y los propios cárteles lo señalaron por su nombre en una narcomanta, acusándolo de proteger criminales. El gobierno del priista Esteban Villegas está rebasado.

    El operativo que hicieron sin él

    El 22 de abril, helicópteros Black Hawk del Ejército mexicano despegaron desde Culiacán rumbo a la sierra de Durango. El objetivo: Aureliano “El Guano” Guzmán Loera, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con recompensa de cinco millones de dólares de la DEA.

    El operativo, en el que participaron la Guardia Nacional, Ejército, Marina y FGR, se desplegó en Tamazula, detuvo a 10 personas y aseguró armas, explosivos y drones. Fue uno de los despliegues más importantes del año en la región.

    Esteban Villegas no estaba enterado, no participó y no fue mencionado. Se enteró por medios, pues el gobierno federal decidió excluirlo. El gabinete de seguridad no confía en él, ni en su fiscal ni en su secretario de Seguridad.

    La visa que Estados Unidos le congeló

    En noviembre de 2025, Villegas anunció una gira en Estados Unidos con empresas tecnológicas. Minutos antes de abordar, recibió la notificación: estaba marcado como“Do Not Board”, por lo que no viajó.

    Una fuente del DHS confirmó que hay una investigación por presuntos vínculos con los hermanos Cabrera Sarabia, ligados al Cártel de Sinaloa. Su visa no fue cancelada, pero está en “revisión administrativa”. El gobernador excusó que se quedó por un problema de seguridad en la Comarca Lagunera, sin embargo, no explicó por qué no reprogramó el viaje.

    Narcomanta con su nombre

    En enero de 2025,Los Chapitos arrojaron volantes en Durango en los que señalaban a Villegas, su fiscal, su secretario de Seguridad y miembros de su entorno. Semanas después ofrecieron 10 millones de pesos por él, acusándolo de proteger a Los Cabrera. Villegas no respondió y no hubo postura oficial.

    Las narcomantas coinciden con investigaciones en EUA, por lo que el señalamiento toma otro peso.

    Los empresarios ya no le creen

    Villegas prometió atender extorsiones personalmente, sin embargo 13 organismos empresariales denunciaron que siguen siendo víctimas, sin resultados por parte del gobierno.

    Datos del INEGI indican que la percepción de inseguridad subió del 33% al 49% en la capital y casi la mitad de la población se siente insegura. Los empresarios también acusaron que las extorsiones operan con contubernio de autoridades.

    Cuando un gobernador es excluido de operativos en su propio estado, enfrenta investigaciones en Estados Unidos y es señalado por el crimen organizado, es claro que no ejerce poder, solo lo aparenta.

  • Cártel inmobiliario de Coahuila: cómo operó y su relación con el gobernador Manolo Jiménez

    Cártel inmobiliario de Coahuila: cómo operó y su relación con el gobernador Manolo Jiménez

    Por Nathael Pérez

    El Fraude: Robo de casa con todo y notario

    El modus operandi comienza con una oferta en Facebook, la cual te permite contactar a un asesor, quien te cita en una notaría para firmar los documentos. Todo parece legal: hay escrituras, sellos del Registro Público de la Propiedad, papeles de Catastro. Pero después de pagar no se recibe nada.

    En esta estafa cayeron decenas de familias en Torreón, Coahuila. De acuerdo con víctimas organizadas y reportes de El Coahuilense, el esquema operaba principalmente a través de publicaciones en Marketplace de Facebook, donde se ofrecían terrenos y viviendas a precios atractivos. Una vez que los compradores interesados hacían contacto, eran llevados a la Notaría Pública Número 45 de Torreón, donde firmaban contratos y entregaban su dinero creyendo que el proceso era completamente legal.

    En realidad, los terrenos no eran del vendedor, ya tenían dueño o incluso eran propiedad del municipio, por lo que las víctimas nunca recibieron sus escrituras ni sus nuevos hogares.

    Los acusados

    El principal señalado es Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, titular de la Notaría 45, ubicada en la colonia Villa California de Torreón. De acuerdo a información de Proceso, el notario huyó a España —acompañado por la exregidora del municipio Xochilt Cepeda, hija de un operador político del PRI— y actualmente ya cuenta con ficha roja de la Interpol, tramitada a solicitud de la Fiscalía del Estado.

    El segundo acusado identificado es Víctor N, quien aparecía como propietario de la mayoría de los terrenos que se ofrecían a las víctimas y era quien proporcionaba la documentación falsa para validar las transacciones, de acuerdo con el medio Vanguardia.

    La magnitud del daño

    De acuerdo con el medio Más Información y reportes de la Fiscalía de Coahuila, a la fecha existen más de 80 denuncias formales, 11 órdenes de aprehensión activas, y solo dos mujeres han sido detenidas. El caso más antiguo data de 2021, y la persona más afectada perdió 1 millón 800 mil pesos. Las víctimas calculan que el monto total del fraude supera los 40 millones de pesos.

    También están involucradas la Notaría 65 y la Notaría 20, y existen señalamientos, con órdenes de aprehensión, contra funcionarios de Catastro, Urbanismo y la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de acuerdo a declaraciones del representante de las víctimas citadas en El Coahuilense.

    Todo indica que el fraude no era posible sin complicidades dentro del propio aparato del gobierno.

    Manolo Jiménez Salinas, ¿parte del fraude?

    Manolo Jiménez Salinas es gobernador de Coahuila desde el 1 de diciembre de 2023. Su relación con el caso del cártel inmobiliario de Torreón tiene tres capas distintas, y es importante no mezclarlas.

    El gobernador controla a los notarios

    Es pertinente aclarar que en México los notarios públicos no son ni funcionarios de gobierno ni profesionistas totalmente independientes, son designados por el Ejecutivo estatal. De acuerdo con el Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila, la ley establece que el notariado es “una función de orden público” que “está a cargo del Ejecutivo del Estado”. Esto significa que el fraude ocurrió bajo una institución que el gobierno estatal tiene la obligación de supervisar. La Notaría 45 operó durante años, incluyendo los primeros meses del gobierno de Jiménez, sin que nadie la detuviera. Solo cuando las denuncias se hicieron públicas y masivas llegó la cancelación.

    Los notarios como moneda política del PRI

    Este caso no es aislado. De acuerdo con una investigación de la revista Emeequis publicada en 2024, el cuerpo notarial de Coahuila está permeado de personajes con afinidad al PRI, quienes obtuvieron sus cargos como favores de gobernadores priistas anteriores, y esa cercanía llega hasta la presidencia del Colegio de Notarios.

    En enero de 2024, se revelaron documentos que detallan un acuerdo firmado entre el PRI y el PAN para la repartición de cargos en Coahuila, incluyendo nombramientos en el Poder Judicial y en notarías. Éstas últimas, en otras palabras, eran fichas de negociación política.

    El conflicto de interés del propio gobernador

    Aquí entra la polémica que antecede al fraude de la Notaría 45. El gobernador Manolo Jiménez no llega al cargo como alguien ajeno al mundo inmobiliario: es empresario del sector.

    De acuerdo con una investigación publicada por SinEmbargo y la revista Emeequis en 2023, cuando Jiménez era alcalde de Saltillo (2018-2021), su administración otorgó 18 permisos de construcción a tres empresas inmobiliarias vinculadas a su familia: Jisa Bienes Raíces (empresa de la que él mismo es socio junto con su padre), Verjip Constructores Inmobiliarios (de su padre y tío) y Jiménez Bienes Raíces (de su tío). En su declaración patrimonial, Jiménez reconoce su participación en Jisa Bienes Raíces.

    El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el portal Sociedad Noticias, señaló que este negocio familiar “no es nuevo” y viene desde el abuelo del gobernador, quien fue delegado agrario y alcalde de Saltillo. Además, acusó la existencia de propiedades en Estados Unidos ligadas al gobernador, incluyendo un complejo turístico en Isla del Padre, Texas, valuado en más de 450 millones de pesos.

    El diputado de Morena en el Congreso de Coahuila, Antonio Castro, vinculó esto con las megaobras públicas actuales del estado. De acuerdo con TV Azteca Noticias, Castro señaló que el Bulevar Los Pastores —obra de 120 millones de pesos— se construye precisamente en zonas donde la familia del gobernador tiene intereses inmobiliarios.

    Lo que resulta curioso

    Nadie ha acusado formalmente a Manolo Jiménez de haber ordenado o conocido el fraude de la Notaría 45, pero algo resulta curioso: el gobernador encabeza el sistema que nombraba al notario, que nombra a los funcionarios de Catastro y Urbanismo presuntamente implicados, y tiene intereses personales directos en el sector inmobiliario que en teoría debería regular.

    ¿Puede  el gobernador investigar con credibilidad a sus propias dependencias cuando él mismo tiene negocios en el sector que esas dependencias regulan?

  • Eruviel Ávila: siete puntos que marcaron su sexenio en el EdoMex

    Eruviel Ávila: siete puntos que marcaron su sexenio en el EdoMex

    Por Nathael Pérez

    El gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México estuvo marcado por crisis de seguridad, feminicidios, corrupción, opacidad y desigualdad, dejando una entidad con más deficiencias que soluciones.

    Inseguridad

    Durante el sexenio de Eruviel Ávila Villegas, el Estado de México enfrentó una grave crisis de inseguridad, con cifras elevadas de robos, violencia y percepción ciudadana negativa. A pesar de “inversiones importantes”, los resultados no lograron contener el avance del crimen, mientras crecían denuncias sobre presunta colusión de autoridades con grupos delictivos.

    Feminicidios a la alza

    El tema de los feminicidios se convirtió en uno de los más delicados de su administración. La entidad fue señalada por ocupar los primeros lugares a nivel nacional, con cifras alarmantes que, en algunos periodos, apuntaban a hasta dos asesinatos de mujeres al día.

    Corrupción

    Su gobierno acumuló múltiples señalamientos por presuntos desvíos de recursos y uso indebido del poder. Aunque no todos los casos derivaron en sanciones judiciales, la percepción de irregularidades y redes de intereses fue una constante a lo largo de su sexenio.

    Derroche de recursos

    El gasto público y la opacidad también fueron foco de críticas. Se cuestionaron millonarias inversiones en imagen gubernamental y contratos con poca transparencia, mientras persistían problemas estructurales en la entidad, dejando dudas sobre la eficiencia y el destino del dinero público.

    Pobreza y desigualdad

    A pesar de ser una de las economías más importantes del país, casi la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza, evidenciando una brecha profunda entre crecimiento económico y bienestar social acrecentada durante su mandato.

    La Ley Atenco

    Otro episodio polémico fue la llamada “Ley Atenco”, impulsada durante su gobierno para regular el uso de la fuerza pública. La iniciativa fue criticada por organizaciones civiles, al considerar que abría la puerta al uso excesivo de la fuerza y represión.

    Contratos cuestionables

    En el rubro de seguridad, destacó el caso de los mega contratos para sistemas de videovigilancia, donde se destinaron miles de millones de pesos. Sin embargo, la falta de resultados tangibles en la reducción del delito dejó dudas sobre su eficacia y evidenció su sobrecosto.