Carlos Gutiérrez Mancilla se alteró durante una entrevista con Maca Carriedo. Le preguntaron si estaba bien la violencia contra Arturo Ávila. El diputado priista gritó y rechazó que le digan golpeador pese a la evidencia de la agresión.
El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla reaccionó con furia en una entrevista. Maca Carriedo le preguntó sobre la violencia contra Arturo Ávila. De inmediato elevó la voz y se puso a la defensiva. Exigió que no le digan golpeador. Insistió en rechazar ese adjetivo.
Existe evidencia de la agresión física que protagonizó. Videos y testimonios muestran el altercado en el Senado. El legislador del PRI no soporta que le recuerden esos hechos. La mención de la violencia lo saca de quicio.
Arturo Ávila relató que recibió empujones e insultos. El enfrentamiento ocurrió a plena luz del día frente a cámaras.
Muchos ciudadanos ven con rechazo este tipo de conductas. Esperan que los diputados dialoguen y no recurran a la fuerza. La verdad de lo ocurrido sigue generando debate. Gutiérrez Mancilla prefiere negar el apelativo que le asignan por sus actos.
Mientras el dirigente del PRI asegura que buscan censurarlo, ha encontrado micrófonos abiertos para repetir sus acusaciones contra Morena, el gobierno y las instituciones electorales.
Mientras Alejandro “Alito” Moreno acusa al gobierno y al INE de intentar silenciarlo, el dirigente nacional del PRI continúa teniendo amplio acceso a medios de comunicación para difundir sus señalamientos. Tan solo esta semana, Azucena Uresti lo ha entrevistado cuatro veces, convirtiéndose en uno de los espacios donde más presencia ha tenido el priista.
Moreno volvió a aparecer este viernes en el programa de Uresti para hablar de sus acusaciones contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, así como de las acciones que ha emprendido ante organismos nacionales e internacionales. Una exposición mediática que contrasta con su discurso de que existe una supuesta campaña para impedirle expresarse.
El dirigente priista incluso viajó recientemente a Washington para denunciar ante autoridades estadounidenses lo que considera actos de censura y persecución política en México. Sin embargo, de regreso en el terreno mediático nacional, sus declaraciones siguen encontrando espacios para ser difundidas y discutidas prácticamente sin obstáculos.
La contradicción resulta evidente: Alito asegura que quieren callarlo, pero los micrófonos no parecen faltarle. Radio Fórmula ha mantenido una cobertura constante de sus declaraciones y le ha brindado espacios para defenderse, mientras sus acusaciones contra Morena y el gobierno federal reciben amplia exposición.
Además, la atención mediática ocurre en medio de los cuestionamientos que enfrenta el propio Moreno por las investigaciones relacionadas con su etapa como gobernador de Campeche, así como por la detención de personas vinculadas con su antiguo círculo político. Pese a ello, el dirigente del PRI continúa presentándose como víctima de una persecución política.
Así, mientras Alito busca en Estados Unidos respaldo para sus acusaciones de censura, en México sigue contando con plataformas para hacerlas públicas. Cuatro entrevistas en una sola semana con Azucena Uresti dejan, cuando menos, una pregunta incómoda: ¿realmente alguien está intentando callar a Alito o simplemente disfruta de una exposición mediática que otros políticos quisieran tener?
La diputada plurinominal del PRI evitó condenar los empujones y forcejeos protagonizados por su compañero Carlos Mancilla contra Arturo Ávila y, en cambio, defendió su actuación.
La diputada Tania Larios, del PRI, quedó en el centro de las críticas luego de pronunciarse sobre el enfrentamiento entre su compañero de bancada Carlos Gutiérrez Mancilla y el morenista Arturo Ávila, ocurrido en instalaciones del Senado. Ante la violencia registrada, la priista soltó un contundente “¡sí está bien!”, declaración que fue interpretada como una justificación de la agresión.
El episodio incluyó empujones, forcejeos e insultos y, de acuerdo con reportes de La Jornada, Mancilla incluso habría intentado tomar del cuello a Ávila. Lejos de marcar distancia o condenar la conducta de su compañero, Larios optó por respaldarlo, provocando cuestionamientos por normalizar la violencia entre legisladores.
El pleito ocurrió después de que Arturo Ávila exigiera acelerar el proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI. La petición habría provocado la reacción de Mancilla, identificado como cercano al líder priista. Es decir, ante la falta de argumentos políticos, la discusión terminó trasladándose al terreno de los empujones.
Y aquí aparece Tania Larios, quien aparentemente encontró una peculiar manera de defender el trabajo legislativo: justificar los golpes y el forcejeo. La diputada, que llegó al Congreso por la vía plurinominal, fue cuestionada porque, en lugar de exigir respeto y condenar cualquier agresión física, terminó validando el comportamiento de su compañero.
El incidente vuelve a exhibir el nivel de confrontación dentro del Congreso y abre otra pregunta incómoda para el PRI: ¿qué mensaje envían sus legisladores cuando una agresión física no merece una condena, sino un “sí está bien”? Mientras el discurso público exige elevar el debate político, algunos representantes parecen empeñados en convertir el Congreso en ring.
Así, Tania Larios terminó haciendo de vocera del “sí se vale”, justo cuando lo mínimo que se esperaba de una legisladora era rechazar la violencia. Una defensa que, lejos de apagar el escándalo, terminó echándole más gasolina al pleito entre priistas y morenistas.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados prevé sesionar próximamente, mientras nuevas detenciones podrían aportar elementos al expediente contra el dirigente priista.
La solicitud de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, podría avanzar en la Cámara de Diputados y quedar resuelta en septiembre, informó Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora. El procedimiento fue solicitado por la Fiscalía de Campeche desde julio de 2025 y permanece abierto.
Flores explicó que durante el último año se han realizado revisiones, observaciones y reuniones con las autoridades de Campeche, por lo que el expediente podría contar próximamente con elementos suficientes para que la Sección Instructora sesione y determine el siguiente paso del proceso contra el senador priista.
El caso cobró relevancia tras la detención de Luis Antonio “N”, señalado como supuesto contador del hermano de Alito Moreno y presuntamente relacionado con un desvío millonario. También fue detenido Carlos “N”, exdirector de Comunicación Social durante el gobierno de Moreno en Campeche, acusado de presunto peculado por una supuesta malversación de 36 millones de pesos.
Las autoridades legislativas esperan además reunirse con funcionarios de la Fiscalía General de Campeche, quienes podrían presentar nuevas pruebas relacionadas con la investigación. Ambos detenidos forman parte del entorno cercano del dirigente nacional del PRI y podrían aportar información relevante para el expediente.
La Fiscalía de Campeche acusa a Alito Moreno de presunto peculado por el probable desvío de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador. Entre los señalamientos destaca un supuesto desvío de 27 millones de pesos en la Secretaría de Seguridad Pública estatal, mediante pagos sin respaldo documental.
El dirigente priista rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política, además de afirmar que su patrimonio fue adquirido legalmente. Sin embargo, el proceso de desafuero continúa abierto y podría tener un nuevo capítulo en septiembre.
El colectivo Grupo de las 6 acusó ante el Tribunal de Disciplina Judicial a la jueza Tania Neri Borjas por frenar el proceso legislativo contra el gobernador de Nuevo León.
Integrantes del Grupo de las 6 presentaron una denuncia formal contra la jueza Tania Virginia Neri Borjas. La acusan de favorecer al gobernador Samuel García Sepúlveda con un amparo exprés.
El colectivo interpuso el recurso el pasado 7 de agosto ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Rebeca Clouthier, integrante del grupo y familiar de la aspirante morenista Tatiana Clouthier, explicó los motivos.
Clouthier difundió un video en redes sociales con los detalles del caso. Además, mostró documentos oficiales del proceso de amparo que benefició al mandatario estatal.
La activista señaló que el amparo detiene el juicio político que se tramita en el Congreso local. Esta resolución impide que los legisladores voten o resuelvan el caso contra García.
“Esta resolución judicial genera una grave preocupación sobre la imparcialidad del Poder Judicial”, expresó Clouthier en su mensaje. También cuestionó la rapidez con la que se resolvió el amparo.
El colectivo destacó un dato clave sobre el nombramiento de la jueza. Movimiento Ciudadano y el propio gobernador impulsaron su llegada al cargo durante la elección judicial pasada.
Por esta razón, las activistas hablan de un posible conflicto de interés. Consideran que la decisión judicial podría interpretarse como un pago de favores políticos.
El Grupo de las 6 pidió al Tribunal investigar los hechos con total transparencia. Además, exigió que se determinen responsabilidades para quienes resulten implicados en el caso.
El origen del conflicto se remonta al 12 de junio pasado. La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar el juicio político contra García.
Legisladores del PRI, PAN y Morena votaron a favor de la medida con seis votos. Solo Movimiento Ciudadano se opuso a abrir el proceso contra el gobernador.
El Congreso acusa al mandatario de triangular más de mil millones de pesos en recursos públicos. Los fondos habrían beneficiado a empresas ligadas al propio gobernador.
Antes de que García presentara su defensa por escrito el 23 de junio, la jueza ya había actuado. Diez días antes, Neri Borjas concedió la suspensión provisional al gobernador.
Esta medida permite que el proceso legislativo continúe en sus distintas etapas. Sin embargo, las autoridades no pueden someterlo a votación ni emitir un dictamen final.
Harman Consultores de América, S.A. de C.V., una de las empresas señaladas en las denuncias contra el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, por presunto uso indebido de recursos públicos para su promoción personal, tiene en su acta constitutiva el nombramiento de Director General a favor de Juan de Dios Gascón Rocha, un operador político con trayectoria documentada dentro del PRI.
Documentos en propiedad de Los Reporteros MX muestran, además, que la misma empresa mantiene —o mantuvo hasta mediados de 2025— un contrato de prestación de servicios publicitarios con el Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes, por el mismo tipo de actividades que factura al municipio gobernado por un alcalde de Morena.
Quién es Harman y quién la dirige
De acuerdo con el testimonio de su constitución, protocolizado el 21 de enero de 2021 ante el notario público número 46 de Aguascalientes, Ciro Silva Murguía (folio mercantil electrónico N-2021013545), Harman Consultores de América quedó con Gabriel Eduardo Esparza Llamas como Administrador Único, y con Juan de Dios Gascón Rocha como Director General, con facultades otorgadas dentro de la propia acta.
Gascón Rocha no es una figura desconocida en la política priista.
En 2018, siendo presidente de una asociación juvenil en Aguascalientes, tomó protesta como presidente del “Movimiento PRI.mx” de manos del entonces dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, junto con Janneth Moreno Argüelles como secretaria general. Su trayectoria pública en medios locales de Aguascalientes lo ubica de forma reiterada dentro de la estructura del tricolor en ese estado.
Un documento del Registro Público de Comercio de Aguascalientes, correspondiente a la constitución de otra sociedad —Blue Mountain Dream, S.A. (FME N-2021046337)— confirma además que Gascón Rocha y Lilia Estefanía Montoya Palacios son socios en esa empresa. Montoya Palacios es, a su vez, la representante legal de Harman Consultores de América: es ella quien firma en nombre de Harman el contrato con el PRI de Aguascalientes que se describe abajo, identificada con su credencial de elector del INE.
El contrato con el PRI de Aguascalientes
El 18 de noviembre de 2024, Harman Consultores de América firmó un “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Actividades para Gasto Ordinario” con el Partido Revolucionario Institucional, representado por el maestro Kendor Gregorio Macías Martínez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes. Por Harman firmó Lilia Estefanía Montoya Palacios.
El objeto del contrato: “la elaboración de material publicitario, así como diseño de imagen para la promoción de las actividades efectuadas por ‘EL PARTIDO’ a través de las distintas redes sociales”, incluyendo fotografía, video y diseño gráfico, con entregas mensuales. La contraprestación pactada fue de $50,000 mensuales más IVA ($58,000 mensuales en total), y el contrato fija su vigencia desde el 3 de julio de 2024 hasta junio de 2025, con posibilidad de prórroga.
Ese periodo —julio de 2024 a junio de 2025— coincide casi por completo con el tramo en el que, según los registros de pagos de Escobedo ya documentados en la primera parte de este reportaje, el municipio comenzó a pagar de forma regular a proveedores de publicidad y comunicación vinculados con la promoción de Mijes.
Es decir: durante buena parte de ese año, Harman Consultores facturaba de manera simultánea al Comité Estatal del PRI en Aguascalientes y —de acuerdo con las denuncias ante el INE y la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León— a un municipio gobernado por un alcalde de Morena, por el mismo tipo de servicio: producción de contenido y material para redes sociales.
Un pago documentado desde Escobedo, sin el contrato a la vista
La relación analítica de pagos de la Tesorería de Escobedo correspondiente a enero de 2026 registra, entre cientos de proveedores, un pago del 8 de enero de 2026 (cheque 23000037429) a HARMAN CONSULTORES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., por $621,760.00, bajo el concepto “SEGUIMIENTO EN VIDEO”.
El archivo público no incluye, junto a este pago, el contrato o la orden de servicio que lo respalda —a diferencia de lo que sí ocurre en el expediente de Magenta Multimedia revisado en la primera parte—, lo que impide conocer con precisión el objeto contractual completo detrás de esa factura. Esa ausencia documental es, en sí misma, un punto que las autoridades investigadoras tendrían que requerir directamente al municipio.
Esta cifra es consistente con lo señalado en las denuncias de Ramiro Alvarado Beltrán ante el INE, que atribuyen a Harman Consultores 21 pagos del municipio de Escobedo por un total de $4,640,000 entre noviembre de 2023 y enero de 2026, así como el pago de 743 anuncios en la Biblioteca de Anuncios de Meta difundidos desde las cuentas personales de Andrés Mijes en Facebook e Instagram —346 de ellos activos durante el mismo periodo en que se registraron los pagos municipales a la empresa.
Que Harman Consultores esté dirigida estatutariamente por un operador con trayectoria dentro del PRI, y que esa misma empresa haya cobrado al gobierno de un alcalde morenista por su promoción personal, alimenta la acusación central de las denuncias presentadas ante Morena: que Andrés Mijes usó el erario de un municipio gobernado por su partido para financiar, entre otros, a estructuras y operadores de la oposición que dice combatir.
Para sus críticos dentro del propio movimiento, no se trata de un descuido administrativo, sino de una traición con recursos públicos al proyecto que Mijes dice representar.
El dirigente del PRI insiste una y otra vez en que existe una amenaza contra su vida, mientras utiliza sus entrevistas para reforzar su discurso de persecución política.
Alejandro Moreno, “Alito”, dirigente nacional del PRI, lleva tres días consecutivos de entrevistas con Azucena Uresti, espacio que ha aprovechado para repetir una de sus principales acusaciones: “lo quieren matar”.
Durante estas apariciones, el priista ha insistido en presentar su situación como una amenaza personal y política, lanzando señalamientos contra sus adversarios. Hasta ahora, estas afirmaciones corresponden a acusaciones realizadas por el propio Moreno y no implican, por sí mismas, que exista públicamente una conspiración acreditada para atentar contra su vida.
La insistencia del dirigente priista ya generó reacciones y burlas en redes sociales, donde usuarios cuestionan que Moreno recurra durante varios días al mismo argumento frente a los micrófonos. El tono de sus declaraciones también ha alimentado la percepción de que el dirigente busca mantenerse en el centro de la conversación pública mediante un discurso de persecución.
Las entrevistas ocurren además mientras “Alito” enfrenta cuestionamientos por su liderazgo al frente del PRI, partido que atraviesa una profunda crisis política y electoral. En paralelo, Moreno ha endurecido sus críticas contra el gobierno y sus adversarios, mientras defiende su actuación como dirigente nacional.
Así, por tercer día consecutivo, Moreno volvió a utilizar el espacio con Azucena Uresti para hablar de las supuestas amenazas en su contra. Una repetición que ya convirtió su frase “lo quieren matar” en uno de los principales ejes de sus recientes apariciones mediáticas.
La Presidenta cuestionó que el dirigente del PRI recurra a Estados Unidos para denunciar a funcionarios mexicanos y consideró que su estrategia refleja la poca confianza que tiene en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con ironía a la estrategia de Alejandro Moreno, ‘Alito’, quien acudió a Estados Unidos para solicitar que se retiren visas a integrantes de la Cuarta Transformación. “¿Qué mexicano como presidente de un partido va a presentar denuncias en Estados Unidos para pedir que quiten visas? Hasta da risa”, señaló durante su conferencia matutina.
Sheinbaum cuestionó que el dirigente del PRI busque respaldo fuera del país en lugar de recurrir a las instituciones mexicanas. Consideró que Moreno ha llegado a un punto en el que “no cree en México ni en los mexicanos”, al intentar involucrar a autoridades estadounidenses en una disputa política nacional.
La mandataria también puso en duda la credibilidad de las gestiones de Moreno ante Estados Unidos y señaló que, si el dirigente priista pretende impulsar un proyecto político, debería buscar respaldo “en nuestro país”. En ese sentido, sostuvo que la estabilidad de México depende de su gobierno, la democracia, las libertades y el bienestar de la población.
Sobre las recientes detenciones de personas vinculadas con el entorno de Moreno en Campeche, Sheinbaum aclaró que las investigaciones fueron impulsadas por la Fiscalía General de Justicia de Campeche, no por la Fiscalía General de la República ni por su administración. Por ello, rechazó que exista una persecución política contra el dirigente priista.
La Presidenta sostuvo que las aprehensiones corresponden a investigaciones por presuntos delitos, mientras que sobre un eventual desafuero de Alejandro Moreno señaló que será el Congreso quien deberá informar y determinar lo conducente. Mientras tanto, la estrategia internacional de ‘Alito’ volvió a colocarlo en el centro de la discusión política, ahora con una respuesta presidencial que redujo su ofensiva a una frase: “hasta da risa”.
Mientras excolaboradores y personas vinculadas al entorno de Alejandro Moreno enfrentan investigaciones y detenciones en Campeche, el porro de Mancilla vuelve a protagonizar un altercado físico contra un legislador de Morena.
La caída de personajes cercanos a Alejandro “Alito” Moreno tomó fuerza esta semana con la detención de Luis Antonio “N”, contador de Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI, y de Carlos Alberto Medina Hernández, quien fue director de Comunicación Social durante el gobierno de Moreno en Campeche.
Luis Antonio “N” fue detenido en la alcaldía Benito Juárez y trasladado a Campeche por una investigación relacionada con presuntos desvíos millonarios. De acuerdo con los señalamientos citados, habría fungido como representante legal de empresas vinculadas con Emigdio Moreno y aparece relacionado con operaciones por 36 millones de pesos, además de investigaciones sobre pagos por 97 millones de pesos a la televisora Mayavisión durante la administración de Alito.
Por su parte, Carlos Alberto Medina Hernández fue detenido por presunto peculado y es señalado como posible cómplice dentro de la investigación sobre una red que habría utilizado Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) para desviar recursos. Ambos casos colocan nuevamente bajo la lupa a personajes que estuvieron relacionados con el círculo político y empresarial del exgobernador de Campeche.
Y mientras los expedientes avanzan, los cercanos a Alito parecen sentir pasos en la azotea. Este miércoles, el diputado plurinominal del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla encaró y empujó a Arturo Ávila en el Senado. El episodio no sería aislado: Mancilla ya fue señalado por Gerardo Fernández Noroña como uno de los legisladores que lo agredieron y en mayo protagonizó otro enfrentamiento con Zenyazen Escobar.
La coincidencia resulta llamativa: mientras las investigaciones alcanzan a integrantes del entorno de Alito, uno de sus compañeros de partido responde con empujones y confrontaciones contra quienes lo cuestionan. Mancilla, lejos de ser un caso aislado, acumula episodios de agresividad en el Congreso, al grado de que Noroña lo llamó “golpeador disfrazado de legislador”.
El legislador plurinominal ha sido señalado por Gerardo Fernández Noroña entre quienes lo agredieron y este año volvió a protagonizar un enfrentamiento físico en San Lázaro.
Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado plurinominal del PRI, parece haber encontrado en los pleitos una actividad paralela a la legislativa. Este miércoles, encaró, señaló y empujó al morenista Arturo Ávila en el Senado, pese a que el legislador le advirtió: “No me toques”. El intercambio terminó a punto de convertirse en una pelea física.
El episodio no es un hecho aislado. En noviembre de 2025, Gerardo Fernández Noroña señaló a Mancilla como uno de los seis legisladores que lo agredieron cuando presidía la Mesa Directiva del Senado. El morenista incluso lo calificó como “golpeador disfrazado de legislador” y cuestionó que ocupara un escaño reservado para senadores.
Y si alguien pensaba que aquello había sido suficiente, Mancilla volvió a aparecer en mayo de 2026 en otro encontronazo, esta vez con el diputado de Morena Zenyazen Escobar. De acuerdo con videos difundidos del incidente, el priista lanzó insultos y retó al morenista a los golpes: “Párate, güey, ahorita, cabrón”. La discusión terminó con empujones y legisladores interviniendo para evitar una pelea.
En lo legislativo, Mancilla es diputado federal por representación proporcional, llegó a la Cámara de Diputados en 2024 y es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Su encargo también representa una dieta bruta de 110 mil 578 pesos mensuales, según la información citada en reportes periodísticos.
Así, mientras su currículum habla de Derecho y actividad política, su historial reciente en el Congreso parece tener otro sello: insultos, provocaciones, empujones y confrontaciones físicas. Ahora, con el altercado contra Arturo Ávila, Mancilla vuelve a demostrar que para él la tribuna legislativa puede quedar en segundo plano cuando se trata de buscar pleito.
