Dirigentes opositores acusaron al órgano electoral de limitar la libertad de expresión y anunciaron acciones para defender al líder nacional del PRI ante la sanción impuesta.
Integrantes de la oposición política llamaron a sus simpatizantes a salir a las calles en apoyo de Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, luego de la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del dirigente partidista.
Los convocantes señalaron que la determinación del organismo electoral representa un riesgo para la libertad de expresión y advirtieron que el caso de Moreno podría sentar un precedente para otros actores políticos. “Hoy fue Alito, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”, expresaron durante el llamado a movilizaciones.
La reacción opositora ocurrió después de que el INE resolviera un procedimiento relacionado con publicaciones y declaraciones realizadas por el dirigente priista, quien anunció que recurrirá la decisión mediante los recursos legales correspondientes.
Desde la oposición, se acusó que la medida contra Alejandro Moreno busca limitar su actividad política, mientras que el dirigente del PRI sostiene que defenderá su postura ante las instancias jurídicas encargadas de revisar el caso.
El llamado a protestas generó nuevas tensiones entre partidos opositores y autoridades electorales. Mientras los primeros demandan respeto a sus derechos políticos, el INE recordó que sus resoluciones cuentan con mecanismos de impugnación establecidos en la legislación electoral.
El conflicto continuará en la vía legal, donde se definirá si la resolución emitida contra el líder priista permanece vigente o es modificada por las autoridades correspondientes.
Desde Tomás Yarrington y Mario Villanueva hasta Roberto Sandoval, Jesús Reyna y Eugenio Hernández. Diversos exgobernadores y dirigentes del PRI han sido investigados, detenidos o condenados por vínculos con el narcotráfico.
A lo largo de las últimas décadas, diversos políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido investigados, detenidos, procesados o condenados por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos abarcan desde exgobernadores y dirigentes nacionales hasta funcionarios estatales.
Uno de los antecedentes más conocidos se remonta a Sinaloa, donde el entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis fue señalado históricamente por haber brindado protección política aMiguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. A ello se suman los señalamientos contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuyo cuñado, Rubén Zuno Arce, fue condenado en Estados Unidos por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el secuestro del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
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Durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, distintas investigaciones y testimonios han señalado que el Cártel de Guadalajara operó bajo un entorno de protección institucional que permitió el crecimiento de figuras como Ernesto y Rafael Caro Quintero.
Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, también surgieron versiones sobre vínculos entre el entorno familiar presidencial y los hermanosJesús y Adán Amezcua Contreras, conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas” y líderes del Cártel de Colima, aunque nunca se acreditó responsabilidad penal contra el expresidente.
Entre los casos con consecuencias judiciales destaca el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, acusado de colaborar con el Cártel de Juárez. Fue procesado en México, extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero relacionado con recursos provenientes de esa organización criminal. Tras cumplir condenas en ambos países, obtuvo prisión domiciliaria y posteriormente fue liberado por razones de salud.
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Otro de los expedientes más emblemáticos es el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas. Autoridades estadounidenses acreditaron que recibió sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, además de utilizar recursos ilícitos para adquirir propiedades en Estados Unidos. Extraditado desde Italia y posteriormente condenado por lavado de dinero, fue deportado a México en 2025, donde enfrenta nuevas investigaciones por delitos relacionados con el narcotráfico.
También enTamaulipas,Eugenio Hernández Flores, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2010, ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales, incluidos señalamientos sobre posibles sobornos de Los Zetas. Aunque ha enfrentado procesos judiciales tanto en México como solicitudes de extradición, el caso continúa siendo uno de los más representativos del estado.
En Veracruz, el exgobernador Fidel Herrera Beltránfue señalado por un testigo identificado como contador del Cártel del Golfo de haber recibido recursos para financiar su campaña política. Aunque las acusaciones nunca derivaron en una condena judicial, su nombre permanece ligado a investigaciones.
En Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista, fue detenido en 2021 acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó al señalar que recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información privilegiada. Su administración también quedó marcada por el caso del exfiscal Édgar Veytia, condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas y por colaborar con organizaciones criminales.
En Michoacán, el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa quedó envuelto en la polémica después de que su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fuera videograbado reuniéndose con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Aunque Fausto Vallejo nunca fue procesado por narcotráfico, el caso golpeó severamente a su administración. Tras su salida del gobierno, el mandatario interino Jesús Reyna García fue detenido en 2014 acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, luego de difundirse imágenes de reuniones con integrantes del mismo grupo criminal. Permaneció más de cuatro años en prisión antes de ser liberado por falta de pruebas suficientes.
Otro caso que generó repercusión internacional fue el de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. En 2016 fue detenido en España por presunto lavado de dinero, organización criminal, cohecho y malversación de recursos. Aunque posteriormente recuperó su libertad por falta de pruebas para mantener el proceso en ese país, el caso deterioró aún más la imagen del partido.
A esta lista se suman otros exgobernadores priistas involucrados en procesos penales por distintos delitos de corrupción, entre ellos Mario Marín Torres, acusado por tortura; César Duarte Jáquez, procesado por corrupción y desvío de recursos; y Javier Duarte de Ochoa, sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Asimismo, el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrentó una investigación de la Fiscalía de Campeche por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
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Al menos una docena de exgobernadores priistas han enfrentado investigaciones por corrupción o vínculos con organizaciones criminales. Aunque no todos los expedientes concluyeron en sentencias condenatorias, varios de sus integrantes fueron detenidos, encarcelados, extraditados o condenados tanto en México como en Estados Unidos, dejando una de las listas de casos judiciales más amplias registradas para un partido político en el país.
La cercanía entre la jerarquía católica, expresidentes y empresarios volvió a generar críticas por la relación entre figuras de poder alejadas de los sectores más vulnerables del país.
Una imagen que resume una época: el cardenal Norberto Rivera Carrera, entonces una de las figuras más influyentes de la Iglesia católica mexicana, compartiendo espacios con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, empresarios y personajes cercanos al poder político. El encuentro reavivó cuestionamientos sobre la relación entre las élites religiosas, económicas y gubernamentales.
Durante el sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994), Rivera mantuvo una relación cercana con sectores políticos y empresariales, en un periodo marcado por la apertura económica, la privatización de empresas públicas y profundas críticas por el aumento de la desigualdad social.
La escena fue recordada años después por una reunión organizada por Diego Fernández de Cevallos, donde coincidieron figuras como Carlos Salinas, Felipe Calderón, el empresario Carlos Slim, el cardenal Norberto Rivera, además de políticos, empresarios y comunicadores.
La fotografía de este tipo de encuentros generó críticas entre quienes cuestionaron la cercanía de líderes religiosos con personajes del poder económico y político, mientras millones de mexicanos enfrentaban problemas de pobreza y falta de oportunidades.
El nombre de Norberto Rivera ha estado presente en distintos momentos de la vida pública del país, no solo por su papel dentro de la Iglesia, sino también por sus vínculos con personajes influyentes y por las polémicas que han acompañado su trayectoria.
Para sus críticos, estas reuniones muestran cómo durante años existió una estrecha conexión entre las cúpulas políticas, empresariales y religiosas, mientras los discursos públicos hablaban de representar a la población más vulnerable.
El publicista estalló contra el Instituto Nacional Electoral luego de que el organismo ordenara retirar publicaciones de dirigentes del PRI; en redes le recordaron que antes defendía al árbitro electoral cuando favorecía la narrativa opositora.
El publicista Carlos Alazraki volvió a protagonizar una polémica en redes sociales al lanzar una serie de insultos contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al que ahora calificó como “Narco INE”, luego de que el organismo ordenara retirar publicaciones de dirigentes del PRI por considerar que contenían expresiones calumniosas. El cambio de postura desató burlas, pues durante años fue uno de los principales promotores del lema “El INE no se toca”.
Durante una transmisión en vivo, Alazraki arremetió contra el instituto tras la resolución relacionada con publicaciones de Alejandro “Alito” Moreno y Rubén Moreira, quienes fueron requeridos para eliminar contenido difundido en redes sociales. Molesto por la decisión, el publicista acusó al organismo de proteger a presuntos delincuentes y lanzó descalificaciones contra sus integrantes.
Las declaraciones rápidamente provocaron reacciones en plataformas digitales, donde cientos de usuarios señalaron la contradicción del comunicador. “Cuando el INE coincidía con su narrativa era un organismo ejemplar; ahora que toma decisiones que no le gustan, lo llama ‘Narco INE’”, fue una de las críticas más repetidas.
No es la primera vez que Carlos Alazraki queda en el centro de la conversación por sus cambios de discurso. Sus posicionamientos suelen generar controversia por el tono confrontativo con el que se refiere a instituciones y actores políticos. En esta ocasión, las críticas se centraron en la aparente inconsistencia entre su histórica defensa del INE y los ataques que ahora dirige contra el mismo organismo.
El episodio volvió a colocar a Alazraki entre las principales tendencias, aunque no precisamente por la solidez de sus argumentos. En redes sociales, los usuarios ironizaron con que el publicista pasó del #INENoSeToca al #NarcoINE en tiempo récord, alimentando una nueva ola de memes y cuestionamientos sobre la congruencia de sus posturas políticas.
La defensa del llamado “Rey de la Basura” insiste en obtener prisión domiciliaria, mientras el exdirigente priista continúa preso por un proceso relacionado con presunta trata de personas con fines de explotación sexual.
El exdirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, volvió a ser tema de conversación, aunque esta vez no por los escándalos que marcaron su carrera política. Su abogado, Erick Alan Hernández, aseguró que el priista “se está muriendo” debido a un cáncer de riñón avanzado, enfermedad que, según la defensa, se agravó mientras permanece recluido en el Reclusorio Oriente.
Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el litigante afirmó que el estado de salud de Gutiérrez de la Torre es “deplorable” y adelantó que la familia dará una conferencia para difundir una carta escrita por el exlíder priista desde prisión. De acuerdo con la defensa, el exfuncionario ya fue sometido a una nefrectomía, en la que perdió el riñón derecho, y actualmente enfrenta además diabetes e hipertensión, por lo que insiste en solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sin embargo, los jueces han rechazado en repetidas ocasiones esa petición, al considerar que persisten riesgos de fuga y posibles afectaciones para las víctimas. Gutiérrez de la Torre permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2021, cuando fue detenido tras permanecer varios meses prófugo de la justicia.
El caso del también conocido como “Rey de la Basura” se convirtió en uno de los mayores escándalos del PRI, luego de que fuera acusado de encabezar una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual que habría operado desde las oficinas del partido en la capital del país. Las investigaciones derivaron en su captura y en un proceso penal que continúa sin sentencia definitiva.
Mientras su defensa busca presentar el deterioro de su salud como argumento para modificar la medida cautelar, las acusaciones que enfrenta siguen vigentes. El caso recuerda uno de los episodios más vergonzosos del viejo priismo, donde el poder político fue señalado por presuntamente servir como plataforma para delitos graves. Hoy, lejos de los reflectores y de la estructura que alguna vez controló, el exdirigente enfrenta una batalla médica mientras la justicia mantiene su curso.
Luego de que el INE ordenó retirar publicaciones del PRI por acusaciones sin sustento contra Morena, el dirigente priista respondió con una nueva cadena de descalificaciones y aseguró, sin pruebas, que intentan censurarlo.
Lejos de asumir el revés que recibió por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), Alejandro “Alito” Moreno volvió a protagonizar un nuevo episodio de confrontación en redes sociales. El dirigente nacional del PRI arremetió nuevamente contra Morena, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el productor Epigmenio Ibarra, luego de que la autoridad electoral ordenara retirar publicaciones del partido tricolor que vinculaban, sin sustento acreditado, al oficialismo con el crimen organizado.
Desde que el INE resolvió que el PRI debía eliminar esos mensajes, Alito Moreno ha insistido en presentarse como víctima de una supuesta censura. Sin embargo, la resolución del organismo electoral no le prohibió expresar opiniones, sino que ordenó retirar contenido que incumplía con la normativa electoral. Aun así, el campechano convirtió el fallo en un nuevo espectáculo político y continuó difundiendo mensajes con ataques indirectos contra Morena.
En su más reciente publicación, Alito calificó al gobierno federal como una administración de “ineptos y criminales“, llamó “cínico” a AMLO y lanzó insultos contra Epigmenio Ibarra, a quien acusó de ser propagandista del movimiento obradorista. También reiteró, sin aportar pruebas, que Morena llegó al poder mediante presuntos acuerdos con grupos del crimen organizado y aseguró que existe un intento por silenciar a la oposición.
El senador priista incluso afirmó que los intentos por limitar sus publicaciones solo han amplificado su discurso. No obstante, sus declaraciones contrastan con el historial reciente del PRI, partido que gobernó México durante décadas y cuyos sexenios estuvieron marcados por múltiples escándalos de corrupción, desvío de recursos y vínculos de exfuncionarios con el crimen organizado, una herencia que hoy parece olvidar mientras reparte descalificaciones desde sus redes sociales.
Como colofón, Alito Moreno aseguró que “cuando el PRI gobierna las cosas sí funcionan“, una frase que en redes sociales generó burlas y críticas, donde usuarios recordaron casos como Odebrecht, La Estafa Maestra, Ayotzinapa y los múltiples exgobernadores priistas procesados por corrupción. Una vez más, el dirigente tricolor optó por el discurso estridente antes que por responder al fondo de la resolución emitida por el árbitro electoral.
El partido guinda defendió la resolución que frenó publicaciones de Alejandro Moreno contra el movimiento y cuestionó la autoridad moral del PRI para acusar sin pruebas.
La dirigencia nacional de Morena celebró la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibió al líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamar “narcopartido” al movimiento guinda. Además, cuestionó la autoridad moral de los priístas para lanzar ese tipo de acusaciones.
En un comunicado, Morena acusó al PRI de insistir en la mentira. El partido aseguró que los tricolores repiten un insulto que la autoridad electoral ya calificó como falso y sin sustento alguno.
El pasado 29 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE frenó nueve publicaciones. Cinco pertenecían a Alejandro Moreno y cuatro a las cuentas oficiales del PRI. La comisión determinó que esas publicaciones imputaban delitos sin aportar pruebas.
Morena defendió que la libertad de expresión representa el corazón de la democracia. Por otro lado, advirtió que la calumnia financiada con recursos públicos no tiene ese mismo respaldo. El partido guinda calificó esa confusión como una estrategia deliberada del PRI.
La dirigencia también señaló una contradicción en el discurso priísta. Durante años, los tricolores marcharon bajo la consigna “el INE no se toca” y se presentaron como defensores de las instituciones. Ahora que el árbitro electoral falló en su contra, su líder habla de censura y amenaza con acudir a instancias internacionales.
Morena fue más allá y recordó el historial del PRI en el poder. El partido mencionó una lista de exgobernadores procesados, sentenciados o prófugos por corrupción en estados como Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo. Por esa razón, consideró que el PRI carece de autoridad moral para señalar sin pruebas.
Finalmente, Morena criticó que Alejandro Moreno haya anunciado que continuará con sus señalamientos pese a la resolución del INE. El partido guinda interpretó esa postura como una costumbre priísta de colocarse por encima de las instituciones. Antes lo hacían desde el poder; ahora lo intentan desde las redes sociales.
El comunicado cerró con un respaldo total a la resolución del INE. Morena insistió en que la libertad de expresión exige responsabilidad y sustento. El movimiento afirmó que sus resultados, y no el silencio de sus opositores, son la base de su proyecto político.
Mientras crece el rechazo mundial a Gianni Infantino, Mikel Arriola mantiene su respaldo al presidente de la FIFA, desde homenajes hasta apoyo a sus proyectos más polémicos.
Mientras buena parte del fútbol mundial cuestiona las decisiones de Gianni Infantino, el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, ha optado por mantener una postura de respaldo y apertura hacia el dirigente suizo, incluso cuando sus propuestas enfrentan una creciente oposición internacional.
La muestra más simbólica ocurrió en marzo de este año. Durante la reinauguración del Centro de Alto Rendimiento (CAR), Arriola encabezó la develación del “Edificio Gianni Infantino”, nombrando el inmueble principal del complejo en honor al presidente de la FIFA, un reconocimiento poco común para un dirigente extranjero que continúa en funciones. En aquella ceremonia, el propio Arriola destacó que los recursos de la FIFA estaban siendo utilizados “para beneficio de los futbolistas” antes de descubrir la placa con el nombre de Infantino.
Meses después, esa cercanía volvió a quedar en evidencia.
En medio de la polémica por el plan de Infantino para crear FIFA Forward Enterprise, una filial comercial que podría abrir hasta 20% de su capital a inversionistas privados, Arriola evitó sumarse al rechazo expresado por varias confederaciones y aseguró que la Federación Mexicana está “abierta a analizar todo”.
Su declaración contrasta con la postura adoptada por la Concacaf, organismo al que pertenece México, cuyos integrantes expresaron preocupación por la falta de información, los tiempos del proceso y la necesidad misma de recurrir a capital privado después del Mundial más rentable en la historia de la FIFA.
La iniciativa de Infantino enfrenta uno de sus momentos más delicados. El asesor presidencial Carlos Cordeiro presentó su renuncia calificando el proyecto como “un mal negocio para el futbol”, mientras UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática han cuestionado el modelo por considerar que compromete el futuro del principal activo de la FIFA.
En ese contexto, la actitud de Arriola resulta llamativa. Primero decidió inmortalizar el nombre de Infantino en el principal edificio del futbol mexicano; ahora evita tomar distancia de la propuesta más polémica del dirigente suizo.
Respaldar a la FIFA es parte de las funciones de cualquier federación afiliada. Sin embargo, rendir homenajes institucionales a un presidente en funciones y mantener una posición de apertura cuando su liderazgo enfrenta críticas inéditas alimenta la percepción de una cercanía política que va más allá de una relación protocolaria.
La discusión ya no es únicamente sobre el futuro comercial del Mundial. También es sobre el papel que jugarán dirigentes nacionales como Mikel Arriola: si actuarán como representantes de los intereses del futbol mexicano o como aliados de uno de los presidentes más controvertidos que ha tenido la FIFA.
El dirigente tricolor aseguró que llevará su denuncia a foros internacionales tras la sanción del INE por llamar “narcopartido” a Morena, aunque no explicó quién pagará la travesía ni qué organismos lo esperan.
Después de ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por llamar “narcopartido” a Morena, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, anunció que emprenderá una supuesta gira internacional para “advertir al mundo” sobre los riesgos que, según él, enfrenta la democracia mexicana.
Con un discurso cargado de dramatismo, el líder priista aseguró que acudirá a foros internacionales para denunciar al gobierno de la Cuarta Transformación, al que acusó de atentar contra las libertades del país. Sin embargo, su anuncio generó cuestionamientos, principalmente por la falta de detalles sobre qué organismos internacionales recibirán sus denuncias y quién cubrirá los gastos del recorrido.
Alito Moreno también arremetió contra el INE por prohibir al PRI utilizar el término “narcopartido” contra Morena y afirmó que llevará el caso a instancias nacionales e internacionales. Para el dirigente tricolor, la resolución representa censura; para sus críticos, se trata de un intento por convertir una sanción electoral en una campaña política personal.
Durante su mensaje, el senador lanzó acusaciones contra Morena y sostuvo que existe una supuesta relación entre integrantes del partido oficialista y grupos criminales. Además, afirmó que la oposición debe unirse para “defender a México” y recuperar espacios políticos, aunque el PRI atraviesa una de sus peores crisis electorales de su historia.
El priista incluso aseguró que no será silenciado y que está dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia por su lucha política. Sus declaraciones provocaron críticas y burlas en redes sociales, donde usuarios compararon su anuncio con una especie de “gira mundial de despedida” y cuestionaron que quien alguna vez dirigió uno de los partidos más poderosos del país ahora busque respaldo internacional para una batalla partidista.
Mientras Moreno Cárdenas promete recorrer el mundo para denunciar a Morena, el PRI enfrenta el reto de recuperar la confianza ciudadana después de años de derrotas electorales. Por ahora, Alito prepara las maletas para una cruzada internacional que parece más una estrategia mediática que una misión diplomática.
La exdiputada del PRI continuará enfrentando la orden de aprehensión por tentativa de trata de personas con fines de explotación sexual agravada, luego de que un juez federal rechazó protegerla.
Un juez federal negó el amparo solicitado por Sandra Esther Vaca Cortés, exdiputada local del PRI y excolaboradora de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por lo que permanece vigente la orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual agravada.
La resolución fue emitida por Érik Zabalgoitia Novales, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, quien rechazó conceder la protección de la justicia federal contra la orden de captura librada el 24 de abril de 2025 por el Juzgado Interino Décimo Séptimo Penal. Con ello, la exlegisladora deberá continuar enfrentando el proceso penal correspondiente.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Sandra Vaca habría participado en la red de reclutamiento de edecanes que presuntamente operaba para Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI en la Ciudad de México, quien actualmente cumple una condena por trata de personas.
La orden de captura deriva de la causa penal 35/2022, iniciada a partir de una investigación que vincula a la exdiputada con dos delitos de tentativa de trata de personas con fines de explotación sexual agravada. Aunque la versión pública de la sentencia aún no ha sido difundida, el fallo mantiene intactas las acciones legales en su contra.
No es la primera vez que Sandra Vaca recurre al juicio de amparo. En 2022, el mismo juez federal dejó sin efectos una orden de aprehensión previa y ordenó emitir una nueva resolución debidamente fundamentada. Sin embargo, la nueva orden dictada en 2025 superó esa revisión judicial, por lo que ahora la excolaboradora de Cuauhtémoc Gutiérrez quedó sin protección legal y con la orden de captura plenamente vigente.
