En 2021 presumía en documentos oficiales 11 terrenos y dos casas; para 2026, el patrimonio declarado se redujo a una sola vivienda y ningún automóvil.
Parece que al patrimonio de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas le aplicaron la misma fórmula que a un truco de magia: ahora lo que estaba registrado simplemente ya no aparece. De acuerdo con una investigación de Arturo Daen para SinEmbargo, las declaraciones patrimoniales del dirigente nacional del PRI presentan llamativas diferencias entre 2021 y 2026.
En 2021, cuando era diputado federal, ‘Alito’ declaró 11 terrenos, todos adquiridos al contado, por un valor conjunto de 2 millones 938 mil 848 pesos. También reportó dos casas, compradas en 2014 y 2016, con un valor acumulado de 9 millones 714 mil 610 pesos.
Pero llegó 2026 y ocurrió el milagro patrimonial: los 11 terrenos y una de las casas desaparecieron del documento. Ahora, el priista asegura tener únicamente una vivienda, adquirida a crédito en 2016 por 8 millones 384 mil 620 pesos, además de declarar que no posee vehículos. Curiosamente, esa propiedad tampoco figuraba en su declaración de 2025.
La diferencia resulta difícil de ignorar: de 11 terrenos y dos casas reportados en 2021, a un solo inmueble registrado en 2026. No es que el patrimonio se haya puesto a dieta; es que los bienes que antes aparecían en los documentos oficiales ya no figuran en la declaración más reciente.
Las declaraciones patrimoniales existen precisamente para que la ciudadanía pueda conocer qué tienen, cuánto ganan y cómo cambia el patrimonio de los servidores públicos. En el caso de ‘Alito’, la comparación de sus propios documentos deja una pregunta inevitable: ¿qué pasó con los terrenos y la vivienda que antes estaban declarados?
Un expediente fechado en 1979, cuando la actual presidenta tenía 16 años, registra información sobre uno de sus viajes; otros documentos involucran a su madre y hermano.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue objeto de vigilancia por parte de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) desde que era menor de edad, de acuerdo con expedientes históricos resguardados en el Archivo General de la Nación (AGN) citados en una investigación de Nancy Flores para Contralínea. Los documentos forman parte de los archivos de la llamada “policía política” del régimen priista y muestran el seguimiento realizado a la familia de la actual mandataria.
Uno de los documentos está identificado en la caja 325, legajo 1 de las versiones públicas de la DFS y lleva por título “Claudia Sheinbaum Pardo”. El expediente consta de tres hojas y una de ellas corresponde a labores de vigilancia fechadas el 31 de enero de 1979, cuando Sheinbaum tenía apenas 16 años. El documento registra información relacionada con viajes al extranjero y señala específicamente un traslado de México a Cuba.
La propia información del expediente establece que no todos los viajes consignados corresponden a Sheinbaum. La Presidencia de la República aclaró que la mandataria no realizó los demás viajes referidos en esa hoja. Aun así, el documento evidencia que su nombre quedó incorporado a los archivos de inteligencia del Estado cuando todavía era adolescente.
Foto: Contralínea
La vigilancia también alcanzó a su familia. Otros cuatro expedientes están relacionados con su madre, la científica Annie Pardo Cemo, quien fue señalada en aquellos registros por sus actividades académicas y su participación en movimientos sociales. En algunos documentos aparecen referencias a Claudia Sheinbaum y su hermano Julio cuando ambos eran menores de edad, además de datos personales, fotografías y huellas dactilares.
Sheinbaum ya había relatado que su familia fue vigilada por el Estado debido a la participación de su madre en el movimiento estudiantil de 1968. La presidenta recordó que desde niña visitaba Lecumberri con su madre para conocer a presos políticos y que su nombre quedó registrado en los archivos de aquella época. Para Sheinbaum, este episodio representa una muestra de la represión y persecución política de los gobiernos del pasado.
Los expedientes forman parte de un acervo que documenta cómo la DFS vigiló durante décadas a opositores, estudiantes, periodistas, políticos y movimientos sociales. En el caso de Sheinbaum, los documentos permiten reconstruir cómo el aparato de inteligencia del antiguo régimen siguió los pasos de quien décadas después se convertiría en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.
El dirigente priista acudió al Departamento de Estado para denunciar a tres consejeros electorales y pedir que Washington revise un conflicto que todavía se encuentra en tribunales mexicanos.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, decidió internacionalizar su pleito con el Instituto Nacional Electoral (INE) y presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una denuncia contra los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a quienes acusa de censura y de afectar su libertad de expresión.
La estrategia de Alito resulta llamativa: en lugar de limitarse a defender su caso ante las instituciones electorales mexicanas, el senador decidió tocar la puerta de Washington y solicitar que los consejeros sean revisados bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, una legislación que contempla sanciones en casos determinados de corrupción o graves violaciones a derechos humanos. El problema para su argumento es que su impugnación todavía está en proceso ante la Sala Superior.
Presenté, hace unos momentos, una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se revisen las actuaciones de los Consejeros del @INEMexico Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a la luz de la Global Magnitsky… pic.twitter.com/eBi6R5bFYf
Moreno también anunció que llevará el asunto ante organismos como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para reforzar su denuncia, recordó las sanciones que Estados Unidos aplicó en 2025 al juez brasileño Alexandre de Moraes. Es decir, Alito parece decidido a convertir una disputa electoral mexicana en asunto internacional, como si el Departamento de Estado fuera una ventanilla más del Tribunal Electoral.
El priista sostuvo que defenderá la libertad de expresión y aseguró que “no nos van a callar”. Además, acusó a Morena de querer construir una dictadura y lanzó señalamientos contra sus adversarios. Sin embargo, mientras el PRI enfrenta su propia crisis política y electoral, su dirigente apuesta nuevamente por los reflectores y ahora busca que Washington intervenga en un conflicto que tiene cauces legales en México.
La denuncia deja una imagen peculiar: Alito Moreno, senador mexicano y dirigente de un partido nacional, buscando auxilio político en Estados Unidos por una resolución del INE. Una estrategia que podrá generar titulares, pero que difícilmente sustituye los recursos jurídicos que él mismo reconoce que están pendientes. Porque una cosa es defender la libertad de expresión y otra muy distinta llevar cada pleito político a tocar la puerta del vecino.
Dirigentes opositores acusaron al órgano electoral de limitar la libertad de expresión y anunciaron acciones para defender al líder nacional del PRI ante la sanción impuesta.
Integrantes de la oposición política llamaron a sus simpatizantes a salir a las calles en apoyo de Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, luego de la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del dirigente partidista.
Los convocantes señalaron que la determinación del organismo electoral representa un riesgo para la libertad de expresión y advirtieron que el caso de Moreno podría sentar un precedente para otros actores políticos. “Hoy fue Alito, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”, expresaron durante el llamado a movilizaciones.
La reacción opositora ocurrió después de que el INE resolviera un procedimiento relacionado con publicaciones y declaraciones realizadas por el dirigente priista, quien anunció que recurrirá la decisión mediante los recursos legales correspondientes.
Desde la oposición, se acusó que la medida contra Alejandro Moreno busca limitar su actividad política, mientras que el dirigente del PRI sostiene que defenderá su postura ante las instancias jurídicas encargadas de revisar el caso.
El llamado a protestas generó nuevas tensiones entre partidos opositores y autoridades electorales. Mientras los primeros demandan respeto a sus derechos políticos, el INE recordó que sus resoluciones cuentan con mecanismos de impugnación establecidos en la legislación electoral.
El conflicto continuará en la vía legal, donde se definirá si la resolución emitida contra el líder priista permanece vigente o es modificada por las autoridades correspondientes.
Desde Tomás Yarrington y Mario Villanueva hasta Roberto Sandoval, Jesús Reyna y Eugenio Hernández. Diversos exgobernadores y dirigentes del PRI han sido investigados, detenidos o condenados por vínculos con el narcotráfico.
A lo largo de las últimas décadas, diversos políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido investigados, detenidos, procesados o condenados por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos abarcan desde exgobernadores y dirigentes nacionales hasta funcionarios estatales.
Uno de los antecedentes más conocidos se remonta a Sinaloa, donde el entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis fue señalado históricamente por haber brindado protección política aMiguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. A ello se suman los señalamientos contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuyo cuñado, Rubén Zuno Arce, fue condenado en Estados Unidos por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el secuestro del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
Foto: Especial
Durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, distintas investigaciones y testimonios han señalado que el Cártel de Guadalajara operó bajo un entorno de protección institucional que permitió el crecimiento de figuras como Ernesto y Rafael Caro Quintero.
Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, también surgieron versiones sobre vínculos entre el entorno familiar presidencial y los hermanosJesús y Adán Amezcua Contreras, conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas” y líderes del Cártel de Colima, aunque nunca se acreditó responsabilidad penal contra el expresidente.
Entre los casos con consecuencias judiciales destaca el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, acusado de colaborar con el Cártel de Juárez. Fue procesado en México, extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero relacionado con recursos provenientes de esa organización criminal. Tras cumplir condenas en ambos países, obtuvo prisión domiciliaria y posteriormente fue liberado por razones de salud.
Foto: AFP
Otro de los expedientes más emblemáticos es el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas. Autoridades estadounidenses acreditaron que recibió sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, además de utilizar recursos ilícitos para adquirir propiedades en Estados Unidos. Extraditado desde Italia y posteriormente condenado por lavado de dinero, fue deportado a México en 2025, donde enfrenta nuevas investigaciones por delitos relacionados con el narcotráfico.
También enTamaulipas,Eugenio Hernández Flores, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2010, ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales, incluidos señalamientos sobre posibles sobornos de Los Zetas. Aunque ha enfrentado procesos judiciales tanto en México como solicitudes de extradición, el caso continúa siendo uno de los más representativos del estado.
En Veracruz, el exgobernador Fidel Herrera Beltránfue señalado por un testigo identificado como contador del Cártel del Golfo de haber recibido recursos para financiar su campaña política. Aunque las acusaciones nunca derivaron en una condena judicial, su nombre permanece ligado a investigaciones.
En Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista, fue detenido en 2021 acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó al señalar que recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información privilegiada. Su administración también quedó marcada por el caso del exfiscal Édgar Veytia, condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas y por colaborar con organizaciones criminales.
En Michoacán, el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa quedó envuelto en la polémica después de que su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fuera videograbado reuniéndose con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Aunque Fausto Vallejo nunca fue procesado por narcotráfico, el caso golpeó severamente a su administración. Tras su salida del gobierno, el mandatario interino Jesús Reyna García fue detenido en 2014 acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, luego de difundirse imágenes de reuniones con integrantes del mismo grupo criminal. Permaneció más de cuatro años en prisión antes de ser liberado por falta de pruebas suficientes.
Otro caso que generó repercusión internacional fue el de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. En 2016 fue detenido en España por presunto lavado de dinero, organización criminal, cohecho y malversación de recursos. Aunque posteriormente recuperó su libertad por falta de pruebas para mantener el proceso en ese país, el caso deterioró aún más la imagen del partido.
A esta lista se suman otros exgobernadores priistas involucrados en procesos penales por distintos delitos de corrupción, entre ellos Mario Marín Torres, acusado por tortura; César Duarte Jáquez, procesado por corrupción y desvío de recursos; y Javier Duarte de Ochoa, sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Asimismo, el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrentó una investigación de la Fiscalía de Campeche por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
Foto: Cuartoscuro
Al menos una docena de exgobernadores priistas han enfrentado investigaciones por corrupción o vínculos con organizaciones criminales. Aunque no todos los expedientes concluyeron en sentencias condenatorias, varios de sus integrantes fueron detenidos, encarcelados, extraditados o condenados tanto en México como en Estados Unidos, dejando una de las listas de casos judiciales más amplias registradas para un partido político en el país.
La cercanía entre la jerarquía católica, expresidentes y empresarios volvió a generar críticas por la relación entre figuras de poder alejadas de los sectores más vulnerables del país.
Una imagen que resume una época: el cardenal Norberto Rivera Carrera, entonces una de las figuras más influyentes de la Iglesia católica mexicana, compartiendo espacios con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, empresarios y personajes cercanos al poder político. El encuentro reavivó cuestionamientos sobre la relación entre las élites religiosas, económicas y gubernamentales.
Durante el sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994), Rivera mantuvo una relación cercana con sectores políticos y empresariales, en un periodo marcado por la apertura económica, la privatización de empresas públicas y profundas críticas por el aumento de la desigualdad social.
La escena fue recordada años después por una reunión organizada por Diego Fernández de Cevallos, donde coincidieron figuras como Carlos Salinas, Felipe Calderón, el empresario Carlos Slim, el cardenal Norberto Rivera, además de políticos, empresarios y comunicadores.
La fotografía de este tipo de encuentros generó críticas entre quienes cuestionaron la cercanía de líderes religiosos con personajes del poder económico y político, mientras millones de mexicanos enfrentaban problemas de pobreza y falta de oportunidades.
El nombre de Norberto Rivera ha estado presente en distintos momentos de la vida pública del país, no solo por su papel dentro de la Iglesia, sino también por sus vínculos con personajes influyentes y por las polémicas que han acompañado su trayectoria.
Para sus críticos, estas reuniones muestran cómo durante años existió una estrecha conexión entre las cúpulas políticas, empresariales y religiosas, mientras los discursos públicos hablaban de representar a la población más vulnerable.
El publicista estalló contra el Instituto Nacional Electoral luego de que el organismo ordenara retirar publicaciones de dirigentes del PRI; en redes le recordaron que antes defendía al árbitro electoral cuando favorecía la narrativa opositora.
El publicista Carlos Alazraki volvió a protagonizar una polémica en redes sociales al lanzar una serie de insultos contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al que ahora calificó como “Narco INE”, luego de que el organismo ordenara retirar publicaciones de dirigentes del PRI por considerar que contenían expresiones calumniosas. El cambio de postura desató burlas, pues durante años fue uno de los principales promotores del lema “El INE no se toca”.
Durante una transmisión en vivo, Alazraki arremetió contra el instituto tras la resolución relacionada con publicaciones de Alejandro “Alito” Moreno y Rubén Moreira, quienes fueron requeridos para eliminar contenido difundido en redes sociales. Molesto por la decisión, el publicista acusó al organismo de proteger a presuntos delincuentes y lanzó descalificaciones contra sus integrantes.
Las declaraciones rápidamente provocaron reacciones en plataformas digitales, donde cientos de usuarios señalaron la contradicción del comunicador. “Cuando el INE coincidía con su narrativa era un organismo ejemplar; ahora que toma decisiones que no le gustan, lo llama ‘Narco INE’”, fue una de las críticas más repetidas.
No es la primera vez que Carlos Alazraki queda en el centro de la conversación por sus cambios de discurso. Sus posicionamientos suelen generar controversia por el tono confrontativo con el que se refiere a instituciones y actores políticos. En esta ocasión, las críticas se centraron en la aparente inconsistencia entre su histórica defensa del INE y los ataques que ahora dirige contra el mismo organismo.
El episodio volvió a colocar a Alazraki entre las principales tendencias, aunque no precisamente por la solidez de sus argumentos. En redes sociales, los usuarios ironizaron con que el publicista pasó del #INENoSeToca al #NarcoINE en tiempo récord, alimentando una nueva ola de memes y cuestionamientos sobre la congruencia de sus posturas políticas.
La defensa del llamado “Rey de la Basura” insiste en obtener prisión domiciliaria, mientras el exdirigente priista continúa preso por un proceso relacionado con presunta trata de personas con fines de explotación sexual.
El exdirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, volvió a ser tema de conversación, aunque esta vez no por los escándalos que marcaron su carrera política. Su abogado, Erick Alan Hernández, aseguró que el priista “se está muriendo” debido a un cáncer de riñón avanzado, enfermedad que, según la defensa, se agravó mientras permanece recluido en el Reclusorio Oriente.
Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el litigante afirmó que el estado de salud de Gutiérrez de la Torre es “deplorable” y adelantó que la familia dará una conferencia para difundir una carta escrita por el exlíder priista desde prisión. De acuerdo con la defensa, el exfuncionario ya fue sometido a una nefrectomía, en la que perdió el riñón derecho, y actualmente enfrenta además diabetes e hipertensión, por lo que insiste en solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sin embargo, los jueces han rechazado en repetidas ocasiones esa petición, al considerar que persisten riesgos de fuga y posibles afectaciones para las víctimas. Gutiérrez de la Torre permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2021, cuando fue detenido tras permanecer varios meses prófugo de la justicia.
El caso del también conocido como “Rey de la Basura” se convirtió en uno de los mayores escándalos del PRI, luego de que fuera acusado de encabezar una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual que habría operado desde las oficinas del partido en la capital del país. Las investigaciones derivaron en su captura y en un proceso penal que continúa sin sentencia definitiva.
Mientras su defensa busca presentar el deterioro de su salud como argumento para modificar la medida cautelar, las acusaciones que enfrenta siguen vigentes. El caso recuerda uno de los episodios más vergonzosos del viejo priismo, donde el poder político fue señalado por presuntamente servir como plataforma para delitos graves. Hoy, lejos de los reflectores y de la estructura que alguna vez controló, el exdirigente enfrenta una batalla médica mientras la justicia mantiene su curso.
Luego de que el INE ordenó retirar publicaciones del PRI por acusaciones sin sustento contra Morena, el dirigente priista respondió con una nueva cadena de descalificaciones y aseguró, sin pruebas, que intentan censurarlo.
Lejos de asumir el revés que recibió por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), Alejandro “Alito” Moreno volvió a protagonizar un nuevo episodio de confrontación en redes sociales. El dirigente nacional del PRI arremetió nuevamente contra Morena, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el productor Epigmenio Ibarra, luego de que la autoridad electoral ordenara retirar publicaciones del partido tricolor que vinculaban, sin sustento acreditado, al oficialismo con el crimen organizado.
Desde que el INE resolvió que el PRI debía eliminar esos mensajes, Alito Moreno ha insistido en presentarse como víctima de una supuesta censura. Sin embargo, la resolución del organismo electoral no le prohibió expresar opiniones, sino que ordenó retirar contenido que incumplía con la normativa electoral. Aun así, el campechano convirtió el fallo en un nuevo espectáculo político y continuó difundiendo mensajes con ataques indirectos contra Morena.
En su más reciente publicación, Alito calificó al gobierno federal como una administración de “ineptos y criminales“, llamó “cínico” a AMLO y lanzó insultos contra Epigmenio Ibarra, a quien acusó de ser propagandista del movimiento obradorista. También reiteró, sin aportar pruebas, que Morena llegó al poder mediante presuntos acuerdos con grupos del crimen organizado y aseguró que existe un intento por silenciar a la oposición.
El senador priista incluso afirmó que los intentos por limitar sus publicaciones solo han amplificado su discurso. No obstante, sus declaraciones contrastan con el historial reciente del PRI, partido que gobernó México durante décadas y cuyos sexenios estuvieron marcados por múltiples escándalos de corrupción, desvío de recursos y vínculos de exfuncionarios con el crimen organizado, una herencia que hoy parece olvidar mientras reparte descalificaciones desde sus redes sociales.
Como colofón, Alito Moreno aseguró que “cuando el PRI gobierna las cosas sí funcionan“, una frase que en redes sociales generó burlas y críticas, donde usuarios recordaron casos como Odebrecht, La Estafa Maestra, Ayotzinapa y los múltiples exgobernadores priistas procesados por corrupción. Una vez más, el dirigente tricolor optó por el discurso estridente antes que por responder al fondo de la resolución emitida por el árbitro electoral.
El partido guinda defendió la resolución que frenó publicaciones de Alejandro Moreno contra el movimiento y cuestionó la autoridad moral del PRI para acusar sin pruebas.
La dirigencia nacional de Morena celebró la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibió al líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamar “narcopartido” al movimiento guinda. Además, cuestionó la autoridad moral de los priístas para lanzar ese tipo de acusaciones.
En un comunicado, Morena acusó al PRI de insistir en la mentira. El partido aseguró que los tricolores repiten un insulto que la autoridad electoral ya calificó como falso y sin sustento alguno.
El pasado 29 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE frenó nueve publicaciones. Cinco pertenecían a Alejandro Moreno y cuatro a las cuentas oficiales del PRI. La comisión determinó que esas publicaciones imputaban delitos sin aportar pruebas.
Morena defendió que la libertad de expresión representa el corazón de la democracia. Por otro lado, advirtió que la calumnia financiada con recursos públicos no tiene ese mismo respaldo. El partido guinda calificó esa confusión como una estrategia deliberada del PRI.
La dirigencia también señaló una contradicción en el discurso priísta. Durante años, los tricolores marcharon bajo la consigna “el INE no se toca” y se presentaron como defensores de las instituciones. Ahora que el árbitro electoral falló en su contra, su líder habla de censura y amenaza con acudir a instancias internacionales.
Morena fue más allá y recordó el historial del PRI en el poder. El partido mencionó una lista de exgobernadores procesados, sentenciados o prófugos por corrupción en estados como Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo. Por esa razón, consideró que el PRI carece de autoridad moral para señalar sin pruebas.
Finalmente, Morena criticó que Alejandro Moreno haya anunciado que continuará con sus señalamientos pese a la resolución del INE. El partido guinda interpretó esa postura como una costumbre priísta de colocarse por encima de las instituciones. Antes lo hacían desde el poder; ahora lo intentan desde las redes sociales.
El comunicado cerró con un respaldo total a la resolución del INE. Morena insistió en que la libertad de expresión exige responsabilidad y sustento. El movimiento afirmó que sus resultados, y no el silencio de sus opositores, son la base de su proyecto político.
