El dirigente del PRI, “Alito” Moreno, propone una megacoalición opositora para hacer frente a Morena en las elecciones de 2027, abriendo la puerta a PT y Partido Verde.
En un encuentro reciente con la prensa, el líder nacional del PRI, Alito Moreno, reiteró su llamado a crear un gran bloque opositor de cara a las elecciones de 2027. Destacó que esta unión es crucial para detener el autoritarismo desde el Congreso.
Moreno subrayó que el PRI necesita una megacoalición para enfrentar a Morena, considerando que los partidos como el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) están priorizando el fortalecimiento de sus propias estructuras. Esta situación refleja la crisis que atraviesa el PRI, que solo gobierna en Coahuila y Durango tras haber perdido mayor parte de su influencia.
El dirigente priista recordó la alianza de 2021 entre el PRI, PAN y PRD, que logró captar 20 millones de votos en las elecciones federales. Aseguró que al sumar a MC, la cifra pudo haber alcanzado los 22 millones, lo que podría haber cambiado el resultado electoral a favor de la oposición.
Moreno no solo quiere involucrar a los partidos tradicionales, sino que también extiende su oferta al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde (PVEM). Mencionó que muchos militantes de estas agrupaciones están descontentos con Morena, especialmente tras la discusión sobre la reforma electoral.
Aseguró que su propuesta busca más que salvar a los partidos políticos de perder su registro; busca defender la democracia y las libertades de los mexicanos. Moreno enfatizó que las alianzas electorales son esenciales para proteger a las familias y el futuro del país.
Con el panorama electoral en mente, Alito Moreno apela a la unidad y colaboración entre las fuerzas opositoras. La tarea no es fácil, pero considera que esta estrategia es necesaria para regresar a una ruta de democracia y respeto a las libertades. La pregunta ahora es si los otros partidos responderán a este llamado.
Reportes oficiales revelan contradicciones, salarios inflados y hasta “cargos sin sueldo” que levantan sospechas sobre la transparencia en los partidos.
Los partidos políticos en México vuelven a quedar en evidencia por la falta de claridad en los sueldos de sus dirigentes nacionales, con reportes plagados de omisiones, cifras contradictorias y datos incompletos en la Plataforma Nacional de Transparencia. En medio del debate por obligar a transparentar estos ingresos, la opacidad parece ser la constante.
En Movimiento Ciudadano, su líder Jorge Álvarez Máynez reporta distintos montos según el apartado: más de 154 mil pesos en prestaciones, 132 mil como remuneración total y menos de 95 mil sin impuestos. Un enredo de cifras que abre dudas sobre cuánto gana realmente. A esto se suma que Dante Delgado percibe ingresos similares en otro cargo, evidenciando duplicidades difíciles de justificar.
El caso del Partido Acción Nacional no se queda atrás. Su dirigente Jorge Romero reporta actualmente alrededor de 120 mil pesos, pero meses antes había declarado casi 187 mil. ¿Ajuste repentino o cifras a conveniencia? La falta de consistencia alimenta la desconfianza sobre la rendición de cuentas interna.
Más llamativo aún es lo que ocurre en el Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo, donde aseguran que sus dirigentes trabajan de forma “honorífica”, es decir, sin recibir un solo peso. Una narrativa que, lejos de generar confianza, despierta sospechas: ¿realmente no hay ingresos o simplemente no se transparentan?
Por si fuera poco, en el Partido Verde Ecologista de México ni siquiera se reporta el salario de su dirigencia nacional, mientras que otros cargos presentan cifras incongruentes, incluso con montos “sin impuestos” mayores a los totales. Un desorden que confirma que la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente.
En este escenario, la propuesta de obligar a los partidos a transparentar sueldos y prestaciones no solo resulta necesaria, sino urgente. Porque mientras los ciudadanos exigen claridad, las dirigencias partidistas parecen seguir operando con números a modo y cuentas poco claras.
Con información de Néstor Jiménez para La Jornada.
La Fiscalía General del Estado de Colima detuvo a José de Jesús “N” por un presunto fraude de 20.5 millones de pesos ligado a un proyecto inmobiliario en Manzanillo.
Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Colima lograron la detención de José de Jesús “N”, exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano durante el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, por su presunta responsabilidad en un fraude por 20.5 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando el exfuncionario, en presunta complicidad con otra persona, engañó a una víctima para invertir en un fraccionamiento ubicado en el municipio de Manzanillo. Sin embargo, el proyecto presentaba irregularidades legales que fueron ocultadas deliberadamente.
La carpeta de investigación detalla que esta operación permitió a los implicados obtener un beneficio económico indebido, provocando un severo daño patrimonial al inversionista. Tras reunir pruebas, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, que derivó en la captura del exservidor público.
El acusado fue puesto a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en los próximos días. El caso ha generado atención debido a su vínculo con la pasada administración estatal y al monto millonario del presunto desfalco.
En su posicionamiento, la Fiscalía estatal subrayó que no habrá impunidad, especialmente en casos que involucren a exfuncionarios, y reiteró su compromiso de investigar, judicializar y sancionar actos de corrupción, sin importar el nivel o periodo de gobierno al que pertenezcan los responsables.
Mientras el ciudadano promedio tiene que lidiar con la inflación y la precariedad en servicios públicos, en el Congreso de la Ciudad de México se vive una realidad paralela. El recinto ubicado en Donceles y Allende se ha impuesto como el cuarto más costoso del país, con un gasto per cápita por legislador de 28.5 millones de pesos anuales.
Lamentablemente, el 80% del presupuesto de las bancadas se evapora en sueldos, bonificaciones y legisladores que no han logrado la aprobación de una sola iniciativa. Este sistema, que opera como una suerte de “becas legislativas”, se ha blindado mediante la reelección consecutiva, permitiendo que figuras como Víctor Hugo Lobo o Tania Larios conviertan las curules en patrimonios personales de largo plazo.
Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum envía a la Cámara de Diputados el Plan B de la Reforma Electoral, el cual, adelantó, contempla la reducción del gasto de los congresos locales y municipios.
De acuerdo con el Gobierno federal, de aprobarse, el Plan B de la Reforma Electoral permitiría un ahorro de 4 mil millones de pesos que serían destinados a infraestructura y programas sociales.
Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista podrían sumarse a la propuesta por lo que el Plan B podría ser aprobado en las próximas semanas.
Se trata de un proyecto que busca eliminar los excesos y reducir los privilegios de la clase política en aras de impulsar el desarrollo social de la población. Y es que algunos Congresos, como el de la Ciudad de México, tienen gastos desmesurados.
Entre los más costosos para el país destacan:
Baja California con un costo de 34 mdp por cada legislador.
Colima con 5.1 millones de pesos por legislador.
Morelos con 31 millones de pesos por congresista.
Ciudad de México con 28.5 millones de pesos por legislador.
Jalisco con 26.73 millones.
En el caso de la capital, los 66 legisladores que componen el Congreso capitalino cuestan al erario alrededor de 300 millones de pesos anuales.
En 2025, por ejemplo, la institución tuvo un presupuesto de 291 mil 525 millones de pesos y para este 2026 se autorizó un ejercicio de 313 mil 385 millones de pesos, lo cual se traduce en un incremento de 7.5 por ciento.
Por otra parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México asignó un presupuesto de 587 millones 712 mil 191 pesos para la financiación de partidos políticos, con una asignación de 17 millones 631 mil 365 pesos con 76 centavos en actividades específicas.
Lo que más llama la atención es que tras la aprobación de la reelección consecutiva, en el Congreso capitalino existen legisladores que han perpetuado por años sus privilegios, bonificaciones y salarios, y que también han aprobado incrementos anuales a dichas remuneraciones.
Y ese es precisamente el caso del perredista Víctor Hugo Lobo Román, la panista América Rangel y la priísta Tania Larios Pérez.
La reelección de estos legisladores, desgraciadamente, fomenta una “clase política profesional” que se distancia de sus representados. Y, en esos casos, el poder no circula; se acumula. Esto genera un cierre social donde el acceso a la toma de decisiones está mediado por el costo del mantenimiento de la estructura, no por la meritocracia o la representación efectiva.
Con 24 legisladores, Morena tiene asignado un presupuesto de 143 mil 670 millones de pesos; mientras que el PAN, que ostenta 15 representantes, mantiene 132 mil 891 millones de pesos; el PVEM 76 mil 159,943.77; el PT 63 mil 530,008.76; Movimiento Ciudadano 65 mil 957,260.12 y el PRI, con solo dos representantes, gasta 64 mil 928 millones de pesos.
Y esto es lo que ha encendido las alarmas: que partidos con mínima representación, como el PRI, que únicamente tiene dos diputados: Tania Nanette Larios Pérez (coordinadora) y Omar Alejandro García Loria (vicecoordinador), ejerzan presupuestos de 64,928 millones de pesos.
Infelizmente, observamos una burocracia colmada de lujos que ha dejado de servir al Estado para servirse a sí misma. Y es que, cuando el 80% de los recursos se destina a la manutención de la élite (sueldos y bonos) y no a la producción legislativa, la institución pierde su función social y se convierte en un mecanismo de extracción de rentas públicas.
La Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca limitar ese gasto, al tiempo que fomenta la transparencia y racionalidad del gasto público.
De aprobarse el Plan B, los gastos podrían reducirse considerablemente en las próximas elecciones intermedias. Y eso es justo lo que el pueblo demanda.
La menor de dos años contaba con Alerta Amber activa a nivel nacional; tras la detención de la exlegisladora, la niña fue localizada y quedó bajo resguardo de autoridades.
Autoridades detuvieron en Puebla a Gabriela “A.”, exdiputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer en Tuxpan, Veracruz, quien era buscada por presuntamente retener ilegalmente a su nieta de dos años, caso que derivó en la activación de una Alerta Amber de alcance nacional.
La detención se realizó tras varios meses de búsqueda, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuviera una orden de aprehensión dentro de la carpeta de investigación NUC 603/2025, por el delito de retención de menores, el cual puede ser sancionado con hasta seis años de prisión según el Código Penal estatal.
De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la menor, la niña —identificada en el expediente como “N”— fue entregada el 10 de mayo de 2025 a su abuela paterna en la Plaza Altama, para una visita familiar. Sin embargo, tras ese encuentro la menor no regresó a su hogar, lo que desató una denuncia formal y posteriormente la activación del mecanismo de búsqueda.
Las investigaciones señalan que la exlegisladora se negó a devolver a la niña y posteriormente desapareció del domicilio donde se encontraba, dejando de responder llamadas y mensajes de la madre. Además, la fiscalía sostiene que habría proporcionado información falsa sobre domicilios ante autoridades judiciales, lo que dificultó su localización durante meses.
Fuentes cercanas al caso indican que durante ese periodo la exfuncionaria promovió diversos recursos legales y juicios de amparo, presuntamente para evitar la ejecución de la orden de aprehensión mientras permanecía prófuga.
Tras su captura, la exdiputada permanece bajo custodia en los separos del C5 en Puebla, en espera de ser trasladada a Tamaulipas para enfrentar el proceso penal correspondiente. Por su parte, la menor fue localizada y quedó bajo resguardo del Sistema Nacional DIF, institución que determinará su situación legal mientras continúan las diligencias judiciales.
Con información de David Castellanos Terán para La Jornada.
Claudia Ivette Rodríguez, dirigente del PRI, fue asesinada en su tienda en Guerrero. Su muerte conmociona a la comunidad y a sus compañeros de partido.
Claudia Ivette Rodríguez, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ometepec, Guerrero, fue atacada a balazos el pasado 11 de marzo. El crimen ocurrió dentro de su tienda, situada a la orilla de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la comunidad de Milpillas. Claudia también había sido comisaria en la localidad.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, denunció este “cobarde asesinato” en sus redes sociales. Expresó su pésame a la familia y amigos de Claudia, mostrando la tristeza y solidaridad del partido en este difícil momento.
Testigos informaron que varios hombres entraron a su establecimiento y dispararon contra ella antes de escapar. Las autoridades aún no han proporcionado más detalles sobre el hecho. La Fiscalía estatal ya se encuentra en la escena del crimen para investigar lo sucedido y realizar el levantamiento del cuerpo.
La comunidad y los compañeros de partido de Claudia Ivette Rodríguez están consternados por su muerte. Este trágico evento deja una profunda herida en Ometepec, un lugar que la líder política había trabajado arduamente por mejorar.
La presidenta afirmó que la ciudadanía ya vio quién votó contra reducir privilegios en el sistema electoral y reiteró que su gobierno no negociará principios ni abandonará el proyecto de transformación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó un mensaje contundente tras el rechazo de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, al señalar que la ciudadanía ya pudo observar qué partidos y legisladores votaron en contra de reducir privilegios en el sistema político. “No hay que traicionar al pueblo”, expresó durante su conferencia desde Palacio Nacional.
La mandataria sostuvo que en la votación quedó claro que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron la iniciativa, además de algunos legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Sin embargo, destacó que el 99 por ciento de los diputados de Morena respaldaron la propuesta, lo que —dijo— demuestra que dentro del movimiento existe convicción por avanzar en la transformación del país.
Sheinbaum subrayó que la falta de aprobación de la reforma no representa una derrota, ya que el objetivo principal era cumplir con el compromiso de impulsar cambios para terminar con privilegios en el sistema electoral. “La gente sabe que no estamos dispuestos a negociar todo”, afirmó.
Al ser cuestionada sobre legisladores de Morena que votaron en contra o se abstuvieron, la presidenta sostuvo que existe libertad dentro del movimiento, pero dejó claro que la ciudadanía tomará su propia opinión sobre esas decisiones. También señaló que será el propio partido quien determine las acciones correspondientes en el futuro.
La mandataria recordó que su trayectoria política ha estado ligada a la lucha por la democracia, la justicia social y el combate al régimen de corrupción y privilegios, por lo que insistió en que su gobierno no puede apartarse de los principios del movimiento que llevó a la Cuarta Transformación al poder.
Finalmente, reiteró que el objetivo de la reforma —y de las nuevas propuestas que se presentarán— es reducir los gastos excesivos en la política y destinar los recursos públicos a necesidades sociales, como infraestructura, agua potable, salud, educación y programas de bienestar.
Un video difundido en redes muestra al diputado morenista conviviendo entre risas con la bancada priista y declarando que “sigue siendo cenecista”, en referencia directa a una histórica organización del PRI.
Tras el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quedó en el centro de la polémica luego de que se difundiera un video en el que aparece conversando y riendo con legisladores del PRI, entre ellos el coordinador priista Rubén Moreira. Durante el intercambio, el zacatecano lanzó una frase que encendió las críticas: “Sigo siendo cenecista”.
La declaración no pasó desapercibida. Ser “cenecista” significa pertenecer o identificarse con la Confederación Nacional Campesina, organización históricamente ligada al Partido Revolucionario Institucional y considerada durante décadas uno de sus principales brazos corporativos y políticos. En otras palabras, la expresión fue interpretada por muchos como una admisión simbólica de su cercanía con el priismo.
Las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, muestran a Monreal dialogando relajadamente con diputados del tricolor justo después de que la reforma electoral no lograra avanzar, un escenario que generó molestia entre simpatizantes de la Cuarta Transformación. Para varios analistas y usuarios, el momento refleja la ambigüedad política que ha marcado la trayectoria del legislador.
🗳️La #ReformaElectoral de la presidenta Claudia Sheinbaum como era de esperarse, no pasó, vean a Ricardo Monreal festejando, Olga Sánchez Cordero estuvo ausente, 3 legisladoras pluris de morena votaron en contra y el PT y el PVEM traidores. Viene el Plan Bpic.twitter.com/qxVlATE3gu
La CNC, fundada en 1938 durante el periodo de Lázaro Cárdenas, nació como una organización para representar a campesinos y ejidatarios. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un engranaje político del PRI, cuyos dirigentes han ocupado cargos partidistas y legislativos. Actualmente incluso mantiene vínculos con figuras de la oposición.
El episodio ha intensificado las críticas hacia Monreal dentro del propio movimiento de la 4T. Sus detractores sostienen que su cercanía histórica con el viejo régimen priista sigue influyendo en su actuación política, especialmente en momentos clave como la discusión de reformas estructurales.
La escena, captada en video, dejó una pregunta incómoda en el aire: si el coordinador de Morena aún presume sus raíces priistas, ¿de qué lado juega realmente cuando se discuten cambios de fondo en el país?
La eliminación de “pensiones doradas” a ex funcionarios es aprobada por unanimidad en el Senado, marcando un cambio significativo en las finanzas públicas.
El Senado de la República dio un paso histórico al aprobar por unanimidad la reforma al Artículo 127 Constitucional. Esta reforma elimina las pensiones millonarias que reciben ex funcionarios de empresas paraestatales, organismos públicos y de banca de desarrollo.
Con 116 votos de fuerzas políticas de todos los ámbitos, cualquier pensión a ex funcionarios no podrá exceder el 50 por ciento de lo que gana el presidente. Por tanto, pensiones como la del ex subdirector de Luz y Fuerza del Centro, que actualmente recibe un millón de pesos al mes, caerán a 70 mil pesos.
Varios senadores, incluidos miembros del PAN, PRI y MC, manifestaron su apoyo a la reforma. Sin embargo, expresaron preocupaciones sobre su alcance, ya que no incluye a altos mandos de las fuerzas armadas ni a ministros retirados de la Suprema Corte.
Durante el debate, la senadora Carolina Viggiano del PRI y Alejandra Barrales de MC defendieron a aquellos que perciben estas pensiones. A pesar de esto, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aclararon que la reforma no será retroactiva. Esto significa que no se requerirá la devolución de fondos a los ex funcionarios que ya han recibido sus pensiones.
La intención de este cambio es clara: organizar el sistema de pensiones y jubilaciones del sector paraestatal. Este reformado sistema busca reducir las cargas económicas que generan las altísimas pensiones de algunos ex funcionarios.
El senador Saúl Monreal por Morena, en su intervención, destacó la notable diferencia entre las pensiones de altos funcionarios y el promedio de pensiones en México, que varía entre 6,676 y 8,400 pesos mensuales. Hizo énfasis en que hay ex funcionarios que reciben hasta un millón de pesos al mes, representando una carga excesiva para el erario.
Las estadísticas también mostraron que en Luz y Fuerza del Centro, 9,457 jubilados, el 67 por ciento del total, reciben pensiones que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos al mes. Esto no solo representa un gasto inmenso, sino que también implica subsidios estatales que afectan las finanzas públicas.
Con esta reforma, el Senado busca un cambio significativo en el sistema de pensiones, buscando mayor justicia y equidad en las jubilaciones del sector público.
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue desechada por primera vez en la alianza Morena-PT-PVEM. La bancada guinda ya planea su “Plan B”.
La Cámara de Diputados vivió un momento inédito. La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada por sus aliados en el Congreso, dejando a Morena y sus socios ante un dilema inesperado. Esta negativa, catalogada como un “desacuerdo momentáneo”, marca una nueva etapa en la política mexicana.
En una sesión de apenas dos horas, el debate quedó en manos de los coordinadores de los grupos parlamentarios. La propuesta de reforma recibió 259 votos a favor, provenientes principalmente de Morena y algunos del PVEM. A pesar de este apoyo, el resultado no fue suficiente; 234 diputados votaron en contra. Fueron los representantes del PT, el resto del PVEM, PRI, PAN y MC quienes argumentaron en contra de la reforma. Solo se registró una abstención.
Tras la votación, la bancada de Morena estalló en gritos de “Plan B-Plan B” y “Es un honor estar con Claudia hoy”. Sin embargo, la reforma no alcanzó las dos terceras partes necesarias para avanzar a la discusión en lo particular, donde varios legisladores ya habían presentado reservas.
Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, dejó claro que su partido apoya la Cuarta Transformación, pero se opone a la creación de un partido único. “No creemos que esta ruta nos lleve a más democracia”, enfatizó. Este desacuerdo, según Sandoval, es un paso importante en su defensa de principios democráticos.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, defendió la reforma. Respetó la postura de sus aliados y recordó que los procesos políticos son más profundos que un desacuerdo momentáneo. “Este congreso ha tenido votaciones unánimes de gran consenso”, indicó, añadiendo que es crucial encontrar un camino conjunto hacia el futuro.
De los legisladores de Morena, tres votaron en contra, mientras que dos más estuvieron ausentes. El PVEM mostró divisiones en sus votos, con algunos representantes que antiguamente eran de Morena apoyando el dictamen.
Con la reforma desechada, Monreal anunció que comenzarán a trabajar en el llamado “Plan B”. Su mensaje fue claro: no se rendirán en su lucha por los objetivos de la transformación que prometieron al pueblo mexicano. La historia de este desacuerdo apenas comienza, y la política en México sigue su curso.
