Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que la Auditoría Superior de la Federación terminó por justificar más de 2 mil 700 millones de pesos observados al gobierno de Alejandro Moreno en Campeche, pese a que durante años permanecieron como posibles desvíos.
Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad expone que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminó por dar por solventadas irregularidades millonarias detectadas durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche. En total, más de 2 mil 700 millones de pesos que habían sido observados como faltantes o posibles desvíos fueron finalmente justificados entre 2022 y 2024.
De acuerdo con la investigación, en 2018 —el año con más irregularidades— la ASF detectó posibles desvíos por más de 3 mil 400 millones de pesos en recursos federales ejercidos por la administración estatal. Para 2022, el 98% de ese monto seguía sin aclararse, lo que mantenía abiertas observaciones por más de 3 mil 300 millones de pesos.
Sin embargo, dos años después, la mayor parte de esos recursos fue “solventada”. Entre los casos más relevantes destaca una solicitud de aclaración por 2 mil 443 millones de pesos, en la que no existía documentación que respaldara contratos de obra y adquisiciones; aun así, el monto completo fue validado como justificado. También se redujo una observación por 457.9 millones de pesos a solo 130.7 millones pendientes, además de otros montos menores prácticamente cerrados.
La investigación señala que parte de estas revisiones pasó por la Dirección General de Seguimiento C de la ASF, encabezada en ese momento por un funcionario vinculado políticamente a Pablo Angulo, cercano a Moreno. Este órgano es clave, ya que determina si las observaciones por irregularidades quedan solventadas o no, lo que abre cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en el proceso.
Alito Moreno, quien gobernó Campeche de 2015 a 2019 y actualmente es dirigente nacional del PRI y senador, dejó el cargo con miles de millones de pesos bajo observación. No obstante, con el paso del tiempo, la mayoría de esos recursos terminó siendo “perdonada” o justificada, lo que ha generado críticas sobre la actuación de la ASF y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
Entre acusaciones, “videos confusos” y ataques personales, Alejandro Moreno y Jorge Álvarez Máynez convierten un suceso menor en un espectáculo que refleja la fragilidad de la oposición rumbo a 2027.
La confrontación reciente entre los dirigentes del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no solo eleva el tono, sino también lo ridículo. Lo que comenzó como un incidente menor en Chilpancingo, Guerrero, terminó convirtiéndose en una guerra de declaraciones (por redes sociales), dejando más dudas sobre su capacidad política que convicciones sobre su liderazgo.
El video de la riña callejera, difundido a través de redes sociales, mostró un incidente de bronca al fondo mientras Máynez ofrecía una entrevista; sin embargo, lo que resultó preocupante fue cómo ambos dirigentes optaron por versificar el suceso para reforzar su conflicto personal, dejando de lado la atención de los problemas reales que enfrentan los ciudadanos.
Alito Moreno, a su estilo, emitió ataques mediante redes sociales, acusando a Máynez de huir y de no tener el carácter para enfrentar situaciones reales. Su publicación, la cual es una burla total, no solo refleja una estrategia política, sino también una falta de seriedad, surgiendo de ello un cuestionamiento. ¿Ese es el nivel de “debate” que propone alguien que aspira a “reconstruir” la credibilidad de su partido (lo que queda)?
Y por supuesto, Máynez no se quedó atrás, negando las acusaciones, aseguró que fue empujado y actuó con calma, pero terminó cayendo en el juego de Moreno al calificar de “patética” la actitud de Alito. Eligió responder con el mismo tono y nivel, confirmando que la confrontación no busca una aclaración, sino ganar puntos en una pelea de egos.
El Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano insinúan una posible alianza rumbo a 2027. El hecho no solo evidencia crisis interna, sino una incapacidad para sostener acuerdos.
Lejos de pelear por quien dice la verdad sobre el suceso en Chilpancingo, lo que exhiben es una caída de discusión política. Ambos dirigentes parecen estar más interesados en protagonizar escándalos que ofrecer soluciones, por lo que convierten la política en un espectáculo, donde el alboroto parece sustituir las propuestas y la confrontación reemplazar al diálogo.
Ni Alito ni Jorge salen limpios, puesto que uno insiste en una narrativa agresiva y el otro responde con insultos que lo ponen en el mismo nivel. Ambos reflejan una oposición ridícula, envuelta en conflictos personales, sin capacidad para construir una propuesta con seriedad.
A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el Partido Revolucionario Institucional volvió a rendirle homenaje con discursos y actos solemnes que suenan más a simulación que a realmente una memoria. En medio de una crisis política que tiene debilitado y cuestionado, el partido intenta colgarse de su figura mientras evita hablar de lo más importante: la verdad.
El crimen ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, sigue siendo un asunto pendiente. Lo que por años se vendió como solamente un asesinato, hoy vuelve a ponerse en duda, con nuevas investigaciones que se enfocan a más personas involucradas. Lejos de aclarar el caso, conforme al paso del tiempo ha dejado más preguntas que respuestas.
Aun así, el PRI insiste en presentarse como “defensor” del legado de Colosio. Sus dirigentes hablan de “justicia”, de instituciones y sobretodo de un mejor país, pero lo hacen sin reconocer que ese mismo sistema político fue el que nunca aclaró del todo el asesinato desu propio candidato, esa contradicción es difícil dejara de lado.
Al frente de estos actos se encuentra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien presume un partido firme, pero que en los hechos enfrenta una crisis de credibilidad y de identidad para el PRI. Sus palabras chocan con la realidad de un partido desgastado que intenta recuperar la atención y terreno recurriendo a hechos del pasado pero evitando sus errores.
La imagen de Carlos Salinas de Gortari, ex presidente, sigue vinculado a la situación del asesinato, aunque no aparece en los homenajes, por lo que su ausencia dice mucho. Durante años han existido señalamientos sobre su responsabilidad y conocimiento del hecho y actualmente el tema sigue sin resolverse, puesto que ha tratado de deslindarse.
Durante su candidatura, Colosio tomó distancia del poder que en ese entonces presidia Carlos Salinas, antes de su muerte, lo que refuerza la interpretacion de que el asesinato de Colosio no fue un hecho excepcional. Esa historia y verdad ha incomodado al PRI, por lo que es un tema que prefieren no discutir o escudarse siempre de lo mismo evitando su responsabilidad, mientras sostienen un discurso repetitivo que suena cada vez más vacío y debilitado exhibiendo así la crisis interna que enfrentan.
La reanudación de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República vuelve a poner el caso en el centro de controversia pública, exhibiendo las dudas y posibles encubrimientos. Esto impacta directamente el discurso del PRI, quienes insisten en hablar de un “legado” sin poder que los respalde ante cuestionamientos.
Bajo este contexto, el “homenaje” se queda corto, puesto que más que un acto de respeto, parece un intento improvisado y desesperado por limpiar la imagen de un partido cínico en crisis. Mientras no haya verdad ni justicia, recordar a Colosio desde el PRI es más un acto de hipocresía que de memoria.
Al menos cuatro de las corcholatas que el PRI propone para contender a las candidaturas de cara a las elecciones de 2027 enfrentan señalamientos por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a través de una estrategia llamada “Defensores de México”, dio a conocer los nombres de 50 priístas, de distintos niveles, que podrían ser candidatos a gobernador en 16 de los 17 estados que se disputarán en las elecciones intermedias de 2027.
Sin embargo, la “resurrección” del PRI no promete nada nuevo, pues los nombres de las corcholatas que componen el movimiento “Defensores de México” son bien conocidos, pero no por sus méritos, sino por las múltiples acusaciones que pesan contra ellos.
Y es que, al menos cuatro de los nombres que se barajean con mayor probabilidad en Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua, arrastran un largo historial de acusaciones mediáticas que los vinculan con el desvío de recursos públicos, nexos con el crimen organizado, mala gestión y nepotismo.
Entre ellos se encuentran: Adrián de la Garza, Manuel Añorve, Enrique Galindo, Mario Zamora, Guillermo Valencia, Arturo Nahle y Alejandro Domínguez. Y, ahora, el nombre que más sobresale es de Rosario Robles, quien fuera encarcelada debido a los vínculos que tuvo con la Estafa Maestra. Lo delirante es que “Alito” la ha designado para que opere una supuesta red ciudadana cuyo objetivo será: “vigilar las urnas”. Pero ¿quienes son las corcholatas que propone el líder nacional del PRI?
En primer lugar, entre los perfiles que Alito Moreno propuso para encabeza la lista electoral, destaca Adrián de la Garza, uno competidor en el PRI por el estado de Nuevo León.
En 2020, el actual alcalde de Monterrey y exprocurador de Justicia fue acusado de desviar recursos públicos beneficiando a la empresa Next Energy. Bajo la promesa de construir una planta solar, De la Garza firmó un contrato a 30 años con el que Next Energy recibirá 7 mil millones de pesos.
A pesar de que la empresa recibió cerca de 1,603 millones de pesos en pagos por parte de la alcaldía de Monterrey, la compañía, hasta ahora, no ha brindado los servicios y tampoco ha construido el parque solar que prometió.
De hecho, Eugenio Maíz Domene, accionista de la empresa y dueño del equipo Sultanes de Monterrey, ahora mismo está detenido en Aguascalientes por incumplimiento de contratos.
Su empresa Next Energy está vinculada a 16 empresas que operarían en Nuevo León y Chihuahua vendiendo proyectos de nuevas energías que no existen.
Otro de los alfiles de Moreno Cárdenas es Guillermo Valencia Reyes, actual dirigente del PRI en Michoacán y exalcalde de Tepalcatepec, quien fue destituido como alcalde e investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por sus nexos con el cártel de los Caballeros Templarios, un grupo delincuencial con ideología pseudorreligiosa que controlaron actividades criminales como narcotráfico, extorsión y secuestro en Michoacán y otros estados vecinos.
A Valencia Reyes, además, se le acusó de vender candidaturas y recibir dinero del crimen organizado a través del movimiento que creó en 2014, llamado “Renovación Michoacán”.
Por otra parte, Arturo Nahle, exmagistrado de Zacatecas, hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha sido un crítico furibundo de la Transformación, refrendando su militancia activa en el PRI. “Que Dios lo ayude”, ha dicho su propia hermana.
Enrique Galindo Ceballos, quien se barajea como posible candidato del PRI en San Luis Potosí y alcalde del municipio con el mismo nombre, ha enfrentado distintos señalamientos relacionados con desvío de recursos.
En 2025, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)evidenció el mal manejo de 12 contratos en el municipio de San Luis Potosí que causaron un daño al erario de 370 millones de pesos.
Los documentos de la ASF de 2023 identificaron irregularidades en proyectos clave relacionados con la construcción de obras públicas como Vialidades Potosinas, un paso a desnivel en Himalayas Alpes y obras hidráulicas.
La dependencia señaló que dichos contratos fueron concedidos con la manipulación de licitaciones, sobrecostos y falsificación de documentos.
Aunque el PRI dice avanzar hacia una renovación del partido, lo cierto que en su militancia sólo hay viejos nombres, acostumbrados las prácticas del antiguo PRI, que hoy es el mismo PRI de siempre.
Alejandro Moreno debería entender que México no requiere de defensores con antecedentes penales, sino que exige una auténtica purga institucional. Y, la verdad sea dicha, la política de los supuestos “Defensores de México” solo defiende los bolsillos de quienes la integran.
Tras los resultados de 2024, el blanquiazul reconoce que aliarse con el PRI le costó caro y ahora intenta deslindarse de su propio error político.
Luego de la dura realidad que dejaron las elecciones de 2024, el PAN terminó por aceptar lo evidente: su alianza con el PRI fue un fracaso que le costó la mitad de sus votos. Así lo admitió su vocero, Jorge Triana, quien prácticamente reconoció que el partido alejó a su propia base electoral.
De acuerdo con el panista, los análisis internos arrojaron que miles de simpatizantes decidieron no votar por el PAN simplemente por ir de la mano con el PRI, un partido que históricamente ha sido su supuesto antagonista, pero que terminó siendo su lastre.
Ahora, con los resultados encima, el discurso cambió. Triana aseguró que no repetirán la alianza, apelando a que “la ciudadanía manda”, aunque el mensaje suena más a corrección forzada que a convicción, luego de ignorar ese mismo reclamo durante el proceso electoral.
En medio de este giro, el dirigente priista Alejandro Moreno insiste en mantener la coalición opositora, pero desde el PAN ya le respondieron que los reclamos y presiones no sustituyen la falta de credibilidad, evidenciando la fractura entre quienes hace poco se presentaban como bloque.
Por si fuera poco, el PAN promete ahora candidatos “limpios” y competitivos, como si ese filtro no fuera una obligación básica desde siempre, mientras también plantea abrir espacios a ciudadanos… siempre y cuando piensen exactamente como el partido.
Así, el blanquiazul intenta reinventarse tras un golpe que él mismo se propinó, confirmando que su alianza con el PRI no sólo no sumó, sino que terminó por hundirlo electoralmente.
El regreso de Rosario Robles al entorno político, impulsado por la dirigencia del PRI, reabre cuestionamientos sobre su pasado y asimismo exhibe la falta de rumbo, crisis y renovación en un partido señalado y marcado por diversas polémicas, especialmente corrupción.
El regreso de Rosario Robles a la política no pasa desapercibido, puesto que su designación como “coordinadora de la defensa ciudadana” dentro del PRI, anunciada por Alejandro “Alito” Moreno, reaviva una figura marcada por escándalos, señalamientos y un historial que sigue marcado por desconfianza.
Su reaparición se da luego de haber estado en prisión por responsabilidad en la Estafa Maestra, uno de los casos de corrupción más relevantes del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. Aunque fue absuelta penalmente, la pérdida de credibilidad permanece.
El PRI lejos de apostar por nuevos perfiles,optó por reciclar figuras que quedaron manchadas y cuestionadas. La falta de claridad sobre las funciones de Rosario Robles en su nuevo cargo, refuerza la imagen improvisada de un partido que privilegia lealtades internas sobre la credibilidad pública.
La trayectoria de Rosario se ha marcado por sucesos polémicos desde hace décadas. Uno de los más recordados ocurrió en 2004, cuando el escándalo de los videos que expusieron a René Bejarano, mientras recibía dinero de Ahumad, involucraron a Robles en la investigación sobre los recursos, colocándola en el centro de las críticas y asimismo debilitando su imagen pública.
Posteriormente, ya como titular de Sedesol y Sedatu su nombre volvió a aparecer ligado a anomalías como La Estafa Maestra, reveló un sistema de corrupción con el desvío de millones de pesos de recursos públicos mediante universidades y empresas fantasmas, dejando marcada la desconfianza en la ciudadanía.
Para muchos, su figura sigue asociada a un sistema público que permitió el uso indebido de recursos destinados a los sectores más vulnerables. La apuesta del PRI parece ignorar el reclamo ciudadano y la sombra que la acompaña.
En octubre de 2018, Rosario Robles se presentó ante la H. Cámara de Diputados para dar “explicaciones” sobre el desvío de los recursos públicos de un aproximado de 7,760 millones de pesos, o mejor dicho La Estafa Maestra, la cual fue descubierta mediante una investigación periodística en 2017, exhibiendo así al Gobierno federal de Peña Nieto.
¿Puede un partido reconstruir su credibilidad apostando por figuras del pasado? En el caso de Robles, su regreso no sólo revive su historia, sino también las dudas sobre el rumbo político que el PRI está dispuesto a tomar, o más bien a retomar, exhibiendo de esta forma su incapacidad para renovarse y reforzando su crisis interna.
Alejandro Moreno sostuvo un encuentro con la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, lo que generó una ola de reacciones negativas en redes sociales por el contexto internacional y el papel del PRI.
El dirigente priista informó que sostuvo una reunión con la diplomática israelí y otros funcionarios, en la que dialogaron sobre cooperación estratégica entre ambas naciones. Incluso destacó que sembraron un olivo y un ahuehuete como símbolo de paz, en un gesto que intentó proyectar cercanía y entendimiento entre ambos países.
Sin embargo, la reunión ocurre en un contexto internacional altamente sensible, donde Israel enfrenta fuertes cuestionamientos globales por sus ataques ocntra Irak y el genocidio en Palestina. Esto provocó que usuarios en redes sociales criticaran duramente a Moreno, señalando que su acercamiento refleja una postura desconectada de la realidad.
Me reuní con la Embajadora de Israel en México, @EinatKranz, y con el Jefe de Misión Adjunto, Nadav Peldman. Conversamos sobre la relevancia de fortalecer la cooperación entre nuestras naciones en asuntos estratégicos.
Este encuentro evidenció una nueva polémica para el líder priista, ya que muchos consideran que este tipo de gestos diplomáticos carecen de sensibilidad política y podrían afectar la imagen internacional de México, además de alimentar el rechazo hacia su liderazgo dentro y fuera del país.
A esto se suma que el tema no es menor en México: previamente, un falso atentado contra la embajadora israelí encendieron tensiones internacionales, aunque fueron desmentidas. La propia representación de Irán calificó dichas acusaciones como un “invento mediático”, mientras que autoridades mexicanas aseguraron no tener registro alguno del supuesto ataque. En este contexto de información contradictoria y alta tensión geopolítica, la reunión de Moreno no solo resulta polémica, sino también cuestionable por su oportunidad y mensaje político.
Adrián de la Garza Santos, el candidato designado del PRI para la próxima gubernatura de Nuevo León, lleva décadas construyendo una imagen de hombre respetable. Sin embargo, debajo del discurso de orden y seguridad se acumula un historial de señalamientos que van desde presuntos vínculos con el crimen organizado hasta contratos millonarios con empresas que no existen.
Su nombre en narconóminas
En octubre de 2016, una investigación de la policía española contra el Cártel de Los Zetas reveló una presunta relación entre De la Garza y Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono” Muñoz, durante el período en que el político fungió como procurador de justicia estatal. Su nombre habría aparecido también en narconóminas incautadas por el Ejército, develando supuestos pagos del grupo criminal a funcionarios de seguridad. Esas mismas libretas fueron enviadas a la Procuraduría para su investigación, precisamente cuando De la Garza la encabezaba. Él lo negó todo.
Aplicaba tortura siendo procurador
Daniel Abdón Torres Muñoz, exmiembro de la Agencia Estatal de Investigaciones, narró públicamente haber sido privado de la libertad en Apodaca y sometido a golpes, quemaduras y dedos rotos para que firmara una confesión. La denuncia apuntaba directamente a la Procuraduría bajo el mando de De la Garza.
Desvío por medio de cámaras de vigilancia
Durante su segunda alcaldía, De la Garza presumió la instalación de 4,000 cámaras de videovigilancia con un costo de 647 millones de pesos. Los peritajes realizados por la revelaron que 2 mil 384 cámaras no funcionaban, no existían o estaban desconectadas, lo que significaba un desvío de 411 millones de pesos. Un sistema de seguridad que era, en su mayor parte, un fraude.
Cobraba “moches” en la Secretaría de Desarrollo urbano
Durante la gestión de De la Garza, fue presentado un video donde realiza supuestos cobros ilegales — “moches”— dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey. El entonces titular de Control Urbano, Arturo Treviño, aparecía involucrado. El alcalde guardó silencio y nadie fue detenido.
Extorsionaba a los más vulnerables
La Asociación Unidad y Fuerza, que representa a miles de vendedores ambulantes de la ciudad, denunció que durante la alcaldía de De la Garza operó una red de extorsión con policías e inspectores municipales. El “cobro de piso” institucionalizado oscilaba entre 300 y 1,000 pesos semanales por comerciante. Una red que abusaba de los trabajadores informales más necesitados de Monterrey.
‘Juguetes’ de cartón para desviar recursos
Durante su administración fue denunciado que el municipio otorgó contratos por 23 millones de pesos a una empresa ligada al PRI, supuestamente para adquirir “juguetes”. ¿El resultado? Tarjetas de cartón repartidas en colonias vulnerables: desvío de recursos disfrazado de acción social.
7 mil millones para una planta fantasma
Quizá el escándalo más grave: un contrato de 7 mil millones de pesos para una planta fotovoltaica que no existe, con el que De la Garza comprometió las finanzas del municipio por los próximos 20 años. La contralora municipal quedó señalada como socia del empresario detenido por fraude bajo el mismo esquema.
Las Vegas en horario laboral
En su segunda administración como alcalde, De la Garza fue sorprendido viajando a Las Vegas en jet privado durante día y horario laborales. Su reacción fue un clásico del manual priista: primero negó el viaje, luego lo aceptó, y ante la pregunta sobre el dueño del avión, ofreció versiones distintas hasta finalmente admitir que el jet era de su hermano Filiberto.
Adrián de la Garza ha sobrevivido políticamente a cada una de sus polémicas, amparado en la maquinaria del PRI, en alianzas oportunistas y en la fragmentación de la oposición. Pero gobernar Nuevo León —un estado que ha sufrido décadas de violencia, corrupción e impunidad— requiere más que sobrevivir a escándalos. Requiere no haberlos provocado.
El expediente de De la Garza es el de un funcionario que, a lo largo de veinte años, ha dejado un rastro demasiado largo, demasiado documentado y demasiado costoso para los ciudadanos como para ser ignorado.
La designación anticipada del candidato priista rumbo a 2027 evidencia la competencia por liderazgos entre ambos partidos.
Eldirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó la campaña “Somos los Defensores de México”, donde prácticamente oficializó a Adrián de la Garza Santos como su candidato rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027. La definición anticipada del candidato priista no solo cierra filas dentro del partido, sino que también complica el margen de maniobra del PAN, que había mostrado interés en el perfil del alcalde regiomontano.
Desde el ámbito local, el dirigente del PRI en la entidad, José Luis Garza Ochoa, respaldó abiertamente la decisión al destacar la trayectoria de De la Garza dentro del partido. Sin embargo, el anuncio también exhibe las tensiones implícitas entre PRI y PAN, ya que ambos partidos respaldaron su candidatura por Monterrey. Ahora, intentan marcar distancia en un escenario donde compiten por los mismos perfiles y electorado.
La postura del PAN, encabezado por Jorge Romero Herrera, refleja esa ambigüedad: aunque elogió a De la Garza como “buen alcalde”, insistió en que su partido competirá en solitario y sin alianzas. Incluso, había dejado entrever su interés porque Garza fuera su candidato.
El reconocimiento público a un perfil impulsado por el PRI deja entrever la dificultad del blanquiazul para deslindarse completamente, pues como se ha evidenciado en décadas anteriores, pese a que en un principio lo negaron, se trata de partidos con una relación política, el famoso PRIAN. Con este caso, se sigue viendo una unión pragmática más que una verdadera ruptura entre ambas fuerzas.
En paralelo, el PRI informó que su estructura territorial estará integrada por 6 mil 432 defensores para mil 802 alcaldías, mil 547 defensores para 300 distritos y 50 defensores para 17 estados, como parte de su estrategia nacional. La red será encabezada por Rosario Robles Berlanga, lo que revive cuestionamientos sobre el reciclaje de liderazgos en un contexto donde la oposición busca redefinir su credibilidad.
