El senador Néstor Camarillo, exdirigente del PRI en Puebla, anunció su renuncia a la militancia del partido tras considerar que su ciclo al frente de la institución ha concluido.
En un mensaje publicado en sus redes, Camarillo señaló que su decisión es personal, libre y congruente: “He decidido evolucionar, seguir del lado de la gente y encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y México”. Añadió que su causa y objetivo permanecen: servir a las y los poblanos.
Durante los cinco años al frente del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla, agradeció el apoyo de militantes y ciudadanos y aseguró estar listo para continuar con fortaleza y valentía.
Con su salida, la bancada del PRI en el Senado se reduce a 13 integrantes, después de que la senadora Cynthia López se uniera a Morena tras la aprobación de la Reforma Judicial, reflejando un periodo de cambios significativos dentro del partido.
Es oficial: Ismael “El Mayo” Zambada se ha declarado culpable de 14 cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. El gobierno estadounidense quería su cabeza con la pena de muerte y, a cambio de una declaración, Zambada consiguió oxígeno para alargar su vida. Tras el juicio y sentencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, han sido 14 los narcotraficantes que decidieron pactar con el gobierno estadounidense. Sin embargo, el caso de Zambada es único, no solo por tratarse del narco que se creía intocable —que pensaba morir en libertad e impunidad—, sino por la pieza de ajedrez en la que se convirtió para los gobiernos de México y Estados Unidos.
Zambada fue secuestrado por Estados Unidos con ayuda de los hijos de Guzmán. La sustracción ilegal del narcotraficante marcó un antes y un después en la relación bilateral. Cabe resaltar que el secuestro no sucedió bajo la administración de Trump, sino en la de Biden. Da igual si la Casa Blanca está pintada de azul o de rojo: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses.
¿Por qué Estados Unidos no ofrece información a México sobre El Mayo Zambada? Porque, ante los ojos de nuestros vecinos, México cometió una ofensa imperdonable: detener y expulsar a los agentes de la DEA que se paseaban en nuestro país como “Juan por su casa”. Fue el PRI quien les abrió la puerta, y el gran problema de las potencias es que, una vez que entran, ya no quieren salir.¿Quién le apostó a la soberanía y autodeterminación para combatir el narcotráfico? Andrés Manuel López Obrador. La DEA y el gobierno estadounidense guardan un enorme recelo hacia el tabasqueño por su política antiintervencionista. De hecho, expulsar a los agentes de la DEA ni siquiera fue la mayor ofensa, sino exhibir en la mañanera el expediente contra el Gral. Salvador Cienfuegos. Washington aseguraba que contenía pruebas contundentes para encarcelarlo; al mostrarlo, López Obrador los humilló, pues no había una sola evidencia sólida. Desde entonces juraron que algún día se la cobrarían a AMLO, y ese día llegó con el secuestro de Zambada.
En su declaración de culpabilidad, Zambada afirmó que incursionó en el narcotráfico en 1969, con apenas 19 años de edad. Reconoció ser fundador del Cártel de Sinaloa y haber traficado más de un millón de kilogramos de cocaína en el mundo. Pero lo más relevante fue su confesión de haber sobornado y corrompido a policías, militares y políticos mexicanos para operar con impunidad.
Para Estados Unidos, aquello se presentó como si hubieran descubierto el “hilo negro”. Para los mexicanos, no fue más que la confirmación de lo sabido: siempre hemos estado gobernados por políticos aliados al crimen. La gran omisión fue no revelar nombres. Sin identidades, su confesión solo alimenta la narrativa estadounidense del “narco-Estado” sin señalar a los responsables.
Ahora bien, si Zambada asegura que sobornó durante 30 años a políticos y militares, y considerando que su arresto ocurrió en 2024, basta retroceder tres décadas. Aunque resulta inverosímil que sus sobornos a gran escala empezaran en 1994, supongamos que así fue:
Carlos Salinas de Gortari (1988–1994): más de un periodista y narcotraficante han evidenciado los nexos de Raúl Salinas, el “hermano incómodo”, con el crimen organizado. Bajo Salinas, el neoliberalismo se consolidó… y el narcotráfico también. ¿Se tocó al Cártel de Sinaloa? No.
Ernesto Zedillo (1994–2000): las grabaciones del Gral. Gutiérrez Rebollo exhibieron que la esposa de Zedillo, Nilda Patricia Velasco, tenía vínculos con el Cártel de Colima. Presidencia no solo colaboraba con el narco, era el narco. ¿Se tocó al Cártel de Sinaloa? No.
Vicente Fox (2000–2006): bajo su mandato se fugó El Chapo Guzmán, socio de Zambada. El Cártel de Sinaloa se fortaleció como nunca. ¿Se les combatió? No: fueron aliados.
Felipe Calderón (2006–2012): el juicio de Genaro García Luna en Nueva York dejó en claro la complicidad del gobierno federal con el Cártel de Sinaloa.
Enrique Peña Nieto (2012–2018): capturó a Guzmán solo para que se fugara de nuevo. Finalmente lo entregó a Trump como “gesto de buena voluntad”. ¿Se tocó a Sinaloa? No, siguió operando.
Andrés Manuel López Obrador (2018–2024): con él sí hubo un choque frontal. El “Culiacanazo” de 2019 fue la prueba. Después, en 2023, la captura de Ovidio Guzmán intensificó la guerra interna entre las facciones de Zambada y los Chapitos.
En resumen: de los 30 años de sobornos que reconoce Zambada, 24 corresponden a gobiernos del PRI y del PAN, y solo 6 a Morena. Pero sin nombres, todo queda en especulación. Su abogado, Frank Pérez, declaró que “la información del Mayo se queda con el Mayo”.
Posdata: Estados Unidos y Zambada pactaron un pago de 15 mil millones de dólares (unos 270 mil millones de pesos), casi todo el presupuesto anual del Estado de México. Ese dinero debería corresponderle a México, pues aquí quedaron la sangre y el dolor. Al final, es un asunto de colores: México puso el rojo y Estados Unidos se lleva el verde.
Entre el PRI y el PAN, desde hace un par de años, se están repartiendo un botín millonario por medio de una red — oculta hasta ahora — que conecta a las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Esta investigación de Los Reporteros Mx revela un presunto pacto político y un entramado de corrupción entre las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, cuyas oficinas de ambas estaban dirigidas por una misma persona. Hasta ahora, se ha encargado de tejer una red de adjudicaciones directas de contratos millonarios que beneficia a un selecto grupo de empresas.
La alianza está formada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán —quien es la directora de Obras y Desarrollo Urbano— y es la clave de este esquema.
Fuentes internas de la propia alcaldía Cuauhtémoc nos relatan que este vínculo se trata de un “pago de favores” por el apoyo recibido durante la campaña electoral.
El epicentro de este presunto desvío de recursos es la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Cuauhtémoc, una de las áreas más codiciadas y estratégicas de cualquier alcaldía. De acuerdo con las fuentes internas, este puesto habría sido entregado al PRI como parte de un acuerdo explícito entre las cúpulas de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD. Coalición, cabe recordar, por la que Alessandra Rojo de la Vega fue candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc.
Es importante señalar que Rodríguez Mier y Terán no es una figura nueva en la política de la Ciudad de México.
Cabe mencionar que el nombre de Mariana Rodríguez Mier y Terán salió a relucir por primera ocasión en un hecho terriblemente trágico ocurrido a finales de marzo de 2023. Supuestas amenazas de muerte, recibidas por parte de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y Mier y Terán, quien era directora general de Gobierno, habrían llevado a Darío Villeda, un hombre de 37 años, a quitarse la vida.
Villeda, en un video que grabó antes de morir, reveló algo sumamente perturbador: “acuso a Mariana (Rodríguez Mier y Terán) por todo lo que se vive en establecimientos mercantiles, en la vía pública y la maldita corrupción en obras, donde cobran hasta medio millón de pesos por tolerarlas”. Acto seguido, el exempleado de la alcaldía Álvaro Obregón se quitó la vida con un tiro en el pecho. Pero esos señalamientos no le importaron a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien, a pesar de ello, decidió darle un puesto clave a Mier y Terán, quien es descrita como una mujer de carácter explosivo y alguien que no se tienta el corazón para alcanzar sus objetivos.
Es ahí, en la Cuauhtémoc, donde Mariana Rodríguez Mier y Terán, nos aseguran, estaría recibiendo instrucciones directas del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Esta política de extracción priísta tiene también un amplio y polémico historial en la alcaldía Álvaro Obregón, bajo la administración de Lía Limón, donde, de hecho, fue directora general de Gobierno y alcaldesa sustituta.
Contratos por adjudicaciones directas. A su llegada a la Alcaldía Cuauhtémoc en octubre de 2024, Mariana Rodríguez Mier y Terán comenzó a repartir jugosísimos contratos por adjudicación directa. Una de las empresas beneficiadas fue Proyectos Y Construcciones GUSAM, S.A. DE C.V., que, curiosamente, fue uno de los proveedores consentidos de la administración de Lía Limón en Álvaro Obregón.
La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, con la aprobación de Alessandra Rojo de la Vega y la priísta Mariana Rodríguez Mier y Terán, dio aGUSAM un contrato de 2.4 millones de pesos por un supuesto “mantenimiento” en el Mercado San Juan Curiosidades… trabajo que, de acuerdo con los propios empleados de la alcaldía, ¡nunca se realizó!
En septiembre de 2023, por mencionar otro ejemplo, durante la gestión de Lía Limón y teniendo como directora general de Gobierno a Mariana Rodríguez Mier y Terán, la Alcaldía Álvaro Obregón destinó 1 millón 243 mil 157 pesos para labores de rehabilitación de muros y taludes en las colonias Unidad Popular Emiliano Zapata y Lomas de Plateros. Trabajos que, de acuerdo con los propios vecinos, nunca se realizaron.
Esta no ha sido la única empresa que han forrado de dinero en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Otro caso similar es el de Desarrollo Urbano Y Suministros TECNOVA, S.A., que también ha sido una de las compañías más beneficiadas en Álvaro Obregón. En enero de este año, dicha compañía recibió un contrato por 20 millones de pesos en la alcaldía Cuauhtémoc para realizar rehabilitaciones en el alumbrado público.
El contrato, como suele ocurrir en la administración de Alessandra Rojo de la Vega, no especifica en qué colonias se llevaría a cabo la supuesta rehabilitación. Lo que solo muestra que a fecha de hoy la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, por alguna razón, siguen forrando de dinero a TECNOVA.
El 28 de octubre de 2024, por mencionar también, la administración de Javier López Casarín dio a esa empresa 24 millones de pesos para la supuesta reconstrucción del mercado público número 353, “Marcelo Fernández Bonilla”.
La falta de transparencia y el uso recurrente de la adjudicación directa como método de contratación revelan que, ahora mismo, un Cártel de Obras fantasma podría estar ocultándose en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
La Cámara de Diputados iniciará el nuevo periodo ordinario de sesiones en septiembre con la aprobación de la reforma constitucional en materia de extorsión, una de las prioridades de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Junto con el Senado, el Congreso deberá desahogar una abultada agenda legislativa, que incluye otras iniciativas presidenciales y cerca de 98 leyes secundarias enviadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con información recopilada por La Jornada.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que un día después de abrirse el periodo comenzará la discusión de la Ley General contra la Extorsión, cuyo dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. “Esperamos avanzar rápido en esta reforma al artículo 73 constitucional”, señaló.
Según un informe de la Secretaría de Gobernación, entre las leyes secundarias destacan 18 iniciativas sobre igualdad sustantiva y otras 18 relacionadas con protección a menores, incluyendo reformas sobre matrimonio infantil y adopciones. También se presentarán la Ley Orgánica de la Armada, la de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y reformas a la Ley Federal del Trabajo, enfocadas en la reducción de la jornada laboral.
El paquete legislativo incluye 39 iniciativas para armonizar leyes por la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, además de cuatro iniciativas ambientales, entre otras reformas.
El informe final detalla que quedan 18 minutas pendientes, 12 en el Senado y el resto en San Lázaro, consolidando un inicio de periodo legislativo intenso y determinante para el gobierno federal.
El PRI, liderado por Alejandro “Alito” Moreno, se niega a participar en la discusión de la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Moreno la califica como “una gran farsa” y asegura que su partido no ha recibido invitaciones para dialogar.
Esta negativa refleja una falta de compromiso hacia la democracia. La reforma busca fortalecer la transparencia y la equidad en el proceso electoral, aspectos esenciales para un sistema democrático saludable. Al rechazar el diálogo, el PRI muestra su desprecio por la participación ciudadana y el debate constructivo.
Moreno argumenta que la reforma busca consolidar un régimen autoritario. Sin embargo, es evidente que su verdadera preocupación radica en la pérdida de privilegios que su partido ha disfrutado durante años. La reforma propone cambios necesarios para evitar fraudes electorales y mejorar la representación del pueblo.
Cabe destacar que la reforma se enriquece con la participación de diversos sectores de la sociedad. Desde octubre, se llevarán a cabo consultas, foros y mesas de discusión para escuchar las opiniones de todos los mexicanos. Esto asegura que la propuesta no solo provenga del gobierno, sino que incluya a ciudadanos, organizaciones y expertos.
El PRI, al negarse a participar, se aleja de la realidad de un país que demanda cambios. La historia demuestra que el autoritarismo solo conduce a la opresión y la desigualdad. Es el momento de que todos los partidos, incluido el PRI, se sumen a este esfuerzo por un México más democrático.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche ha encontrado “elementos” para solicitar el desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder del PRI. Hugo Éric Flores Cervantes, presidente de la sección instructora, confirmó que hay indicios de delitos como peculado y ejercicio indebido del servicio público.
El análisis del expediente está avanzado y podría emitirse un dictamen pronto. Flores Cervantes indicó que no puede revelar detalles para no interferir en el proceso.
Moreno ha alegado que enfrenta una persecución política y ha decidido llevar su caso a instancias internacionales. Flores Cervantes criticó esta decisión, afirmando que el proceso será jurídico y no político.
La notificación del proceso se entregará a Moreno cuando el expediente sea admitido, lo cual ocurrirá en septiembre. El legislador enfatizó que no habrá acciones legales hasta revisar a fondo los requisitos de procedencia.
El proceso contra Moreno sigue en marcha y podría definirse en las próximas semanas. La sección instructora se apegará a la ley y la Constitución en este caso.
Morena se consolida como el partido con mayor respaldo ciudadano en el país, con 64% de opinión favorable, según una encuesta nacional de El Financiero. Muy por encima de sus aliados PT (47%) y PVEM (40%), y con amplia ventaja frente a la oposición, donde Movimiento Ciudadano alcanza 30%, mientras PAN y PRI se quedan con 12% y 11%, respectivamente.
Este nivel de respaldo se mantiene a casi siete años de haber llegado al gobierno federal, y en un contexto en el que Morena ya trabaja en el fortalecimiento de su identidad política rumbo a los comicios de 2027. El objetivo es consolidar su perfil ideológico y avanzar en la agenda que ha impulsado desde la Cuarta Transformación.
Según la encuesta, 45% de la ciudadanía identifica a Morena como un partido de izquierda, mientras que el resto lo ubica en otras posiciones del espectro político. También hay diversidad de opiniones sobre si es un partido autoritario o democrático, progresista o conservador, lo cual refleja la amplitud de posturas dentro de su base social.
En cuanto a sus prioridades como fuerza gobernante, las personas señalaron el desarrollo económico (27%), la seguridad (24%) y la igualdad (23%) como los ejes principales, mientras que, en términos de percepción, el reto principal se ubica en la necesidad de fortalecer el combate a la corrupción, mencionada por 44% de los encuestados.
Con estos resultados, Morena inicia una etapa de revisión interna para reforzar su identidad, mantener el respaldo ciudadano y responder a los desafíos actuales, reafirmando su papel como la fuerza política más influyente del país.
El líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, denuncia una persecución política brutal tras la nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Campeche, que lo acusa de un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador (2015-2019).
De acuerdo con El País, este viernes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados analizará dos solicitudes de desafuero contra Moreno, incluida una antigua de 2022 por enriquecimiento ilícito. Aunque fuentes cercanas no prevén avances significativos, el dirigente asegura que cuenta con amparos definitivos para frenar cualquier acción penal.
Moreno sostiene que las fiscalías se usan para intimidar a quienes se oponen al gobierno, y afirma con firmeza: “¡No me van a quebrar, valor es lo que me sobra!”. La Sección Instructora, dominada por Morena y sus aliados, podría impulsar un dictamen favorable al desafuero, dada la mayoría oficialista en el Congreso.
A pesar de procesos legales y controversias internas en el PRI, Moreno logró su reelección en 2024 con miras a mantenerse en el cargo hasta 2032. Sin embargo, el oficialismo intensifica su presión política y legal contra el dirigente tricolor.
Alito reafirma su compromiso: “Mi voz no se va a apagar, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo”, en un contexto donde Morena tiene mayoría para aprobar leyes sin depender de la oposición. La disputa política se agudiza en el Senado y la Cámara baja.
Si la historia del PRI fuera una película, no habría buenos, los malos se pelean con los peores. Esto pareciera ser una norma que rige la vida política de la oposición.
Cómo estará la conducta delictiva en el tricolor que una vez que le regresaron los derechos partidistas al ex líder nacional de ese partido Enrique Ochoa Reza, surge como el salvador del partido expulsando del partido a Alito y encerrándolo en la cárcel.
La mala fama bien ganada de Alito, coloca a cualquier delincuente como héroe, cualquiera es mejor que él y su camarilla de parásitos.
En 2023, fue expulsado del PRI por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, acusado de “desobediencia, insubordinación y oposición a la normativa interna”, todo por criticar la reelección de Alito.
Cuando Ochoa Reza fue dirigente nacional ocupaba las oficinas de Insurgentes Norte, en Ciudad de México, agentes de tránsito cerraran la calle, venía del norte debía dar vuelta en U prohibida pero para eso estaban los uniformados a su servicio. No importaba el tiempo que durara el cierre de esa importante avenida, donde los automovilistas debían esperar hasta 40 minutos mientras llegaba su majestad a su estacionamiento.
En 2025, el TEPJF revocó la expulsión de Ochoa Reza, señalando que sus declaraciones estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión y que el PRI violó su derecho de defensa al no garantizarle un debido proceso, pero de nada sirvió. En realidad, Alito utilizó violencia excesiva e inexplicable.
Durante su opaca gestión como director de la CFE (2014–2016) y presidente del PRI (2016–2018), fue señalado por otros priistas como parte del grupo que facilitó contratos cuestionables, especialmente en el contexto de los casos Odebrecht y Agronitrogenados, sospechas que nunca se investigaron y que debe haber expedientes abiertos.
De tal manera que nadie podría argumentar persecución política ante denuncias de los propios priistas ante la llegada del paladín de la resurrección priísta.
La Auditoría Superior de la Federación, todavía contaminada con aviadores y plazas vendidas, detectó en la gestión de Ochoa, que 17 contratos fueron adjudicados a empresas extranjeras para operar gasoductos que no estaban en funcionamiento, con un costo proyectado de 846 mil millones de pesos. Contratos que incluyeron cláusulas de “fuerza mayor”, que obligaban a la CFE a pagar a las empresas aunque los ductos no operaran, por causas como oposición comunitaria o conflictos sociales. Las empresas beneficiadas fueron Carso, Fermaca, IEnova, TransCanada, entre otras.
En ese tiempo, la CFE firmó un convenio con la Secretaría de la Función Pública que le permitió adjudicar directamente contratos, evadiendo la Ley de Adquisiciones. Se reinterpreta la Reforma Energética para que la CFE mantuviera el control de los contratos, en lugar del Cenagas, como lo establecía la Ley de Hidrocarburos.
La ASF concluyó que varios contratos no generaban valor económico ni rentabilidad para la CFE. Ochoa Reza otorgó dos contratos por casi 500 millones de pesos a la consultora Bain & Company sin licitación pública. Uno para elaborar el plan de negocios de la CFE, otro para implementar el programa de transformación tras la Reforma Energética. Es decir, allanó el camino para el remedo de reforma eléctrica que desmanteló la industria en favor de empresas extranjeras.
La Unidad de Inteligencia Financiera investigó a Guillermo Turrent Schnaas, director de CFE Energía, en ese entonces, por propiedades en Estados Unidos, vinculadas a estos contratos. Podría suceder que una vez que Reza Ochoa emprenda la batalla por la apropiación del PRI tenga que ser detenido también.
El PRI y el PAN comparten un grave problema, la deshonestidad de sus cuadros más activos y de mayor nivel. Su cúpula tiene señalamientos graves, que no pueden siquiera mantener al partido en buenas condiciones, menos aún ganar elecciones y lo que es peor, ni siquiera hacen el esfuerzo por competir, sólo mantienen vivos sus partidos con respiración artificial, como si se tratara de una empresa que ya no arroja triunfos pero garantiza impunidad.
Los 677 legisladores plurinominales en el país cuestan más de 943 millones de pesos anuales, según datos oficiales. De ese total, Morena concentra un tercio, con 216 congresistas de representación proporcional entre federales y locales, que implican un gasto de 313 millones de pesos al año.
Una investigación de Milenio reveló que las compensaciones adicionales al salario base —como viáticos, bonos, gasolina y pagos a asesores— disparan los ingresos de los ‘pluris’. Solo en el Congreso de Aguascalientes, cada diputado recibe más de 180 mil pesos mensuales. En el Estado de México, los 30 legisladores ‘pluris’ suman un gasto total de 53.8 millones de pesos anuales.
Con el posible envío de una reforma electoral por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la eliminación de los plurinominales, Morena sería el partido más golpeado en términos presupuestales. Le siguen PAN, PRI y MC.
El modelo de representación proporcional, vigente desde 1977, nació para dar voz a minorías y equilibrar la sobrerrepresentación. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en una carga millonaria para el erario público, mientras los partidos políticos siguen beneficiándose del esquema.
