El dirigente del PRI lanzó insultos y amenazas contra el periodista Manuel Pedrero mientras intentaba defender a la diputada Tania Larios; su reacción provocó burlas en redes por el tono agresivo y descontrolado del líder priista.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, volvió a protagonizar un momento polémico al arremeter con insultos y amenazas contra el periodista Manuel Pedrero durante una transmisión del canal Atypical TV, donde perdió el control mientras hablaba de un supuesto caso de violencia política contra la diputada priista Tania Larios.
Durante la conversación, Moreno intentó posicionar a Larios como víctima, luego de un debate ocurrido en el espacio de Juan Becerra para Radio Fórmula. Sin embargo, lejos de mantener un tono institucional, el líder priista recurrió a descalificaciones y ataques personales, calificando a Pedrero como “chayotero” y lanzando expresiones ofensivas en plena transmisión.
Incluso, “Alito” Moreno insinuó que el periodista no se atrevería a confrontarlo directamente, afirmando que si lo tuviera enfrente “no diría lo mismo”. Las declaraciones fueron interpretadas por diversos usuarios en redes sociales como una amenaza directa contra el comunicador, lo que desató críticas y burlas hacia el dirigente tricolor.
Lejos de fortalecer su argumento, el episodio terminó evidenciando el estilo confrontativo y explosivo del dirigente del PRI, quien nuevamente se colocó en el centro de la polémica por su manera de responder a cuestionamientos periodísticos. Para muchos internautas, el dirigente prefirió el insulto, una escena que rápidamente se viralizó.
En redes sociales, usuarios ironizaron sobre la reacción del político campechano, recordando los múltiples escándalos que han rodeado su carrera, y cuestionaron que quien encabeza un partido histórico responda con descalificaciones en lugar de argumentos.
Las sanciones totales pasaron de más de 706 millones a 462 millones de pesos, luego de que consejeros aceptaran argumentos de los partidos y enviaran varios casos a procesos que podrían tardar años en resolverse.
El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió reducir las multas impuestas a los partidos políticos por irregularidades detectadas en sus gastos ordinarios de 2024, pese a que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) documentó diversas anomalías contables. La medida benefició a todas las fuerzas políticas, al disminuir de manera significativa el monto total de sanciones.
De acuerdo con la información revisada por el organismo electoral, las multas globales pasaron de 706.9 millones de pesos a 462.9 millones, luego de que los consejeros aceptaran diversos argumentos presentados por los partidos. Además, varios expedientes fueron enviados a “procedimientos oficiosos” o de “seguimiento”, lo que podría alargar durante años la resolución definitiva de los casos.
El partido con más irregularidades detectadas fue el Partido del Trabajo (PT), que logró la mayor reducción de sanciones, pasando de 215 millones de pesos a 93.5 millones, lo que representa un descuento cercano al 60 por ciento. En varios de los expedientes, la decisión de enviarlos a investigación adicional redujo de inmediato el monto de las sanciones.
Otros partidos también se vieron beneficiados con ajustes. El PRI pasó de 112.1 millones a 98.8 millones de pesos, mientras Morena redujo sus sanciones de 84.8 millones a 59.5 millones. En el caso del PAN, la multa bajó de 85.6 millones a 45.17 millones, mientras Movimiento Ciudadano pasó de 43 millones a 20.1 millones y el Partido Verde de 40.3 millones a 19.9 millones.
Durante la discusión, el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, advirtió que enviar los expedientes a procedimientos oficiosos traslada al propio INE la carga de la prueba, cuando en realidad los partidos tienen la obligación de comprobar sus gastos. También señaló que algunos gastos fueron acreditados únicamente con facturas genéricas sin identificar a los beneficiarios, lo que genera dudas sobre su legalidad.
La revisión realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización incluyó 553 informes anuales de ingresos y gastos presentados por siete partidos políticos. Entre las irregularidades más frecuentes se detectaron egresos no comprobados, gastos sin objeto partidista y uso indebido de recursos destinados a actividades específicas, conductas que ahora podrían tardar años en resolverse.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que recientemente alcanzó los 97 años de existencia, atraviesa el periodo más crítico de su historia.
Lo que alguna vez fue definido por Mario Vargas Llosa como “la dictadura perfecta” —un sistema de partido casi único que gobernó México por siete décadas ininterrumpidas— se ha transformado en una fuerza política que lucha por su supervivencia, asediada por escándalos de corrupción sistémica y una fuga masiva de cuadros hacia otras fuerzas políticas.
La represión de 1968 y el “Halconazo”
El momento de mayor ruptura ética entre el PRI y la sociedad civil ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, el Estado utilizó al ejército y a grupos paramilitares para masacrar a estudiantes que exigían libertades democráticas. Este evento no solo fue un crimen de lesa humanidad, sino que destruyó el mito del “gobierno de la Revolución” que trabajaba para el pueblo. La cifra oficial de muertos nunca fue clara, pero las estimaciones de testigos y organismos internacionales hablan de cientos de víctimas.
Apenas tres años después, el 10 de junio de 1971, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, ocurrió la “Matanza del Jueves de Corpus” o El Halconazo. Un grupo paramilitar entrenado por el Estado, “Los Halcones”, atacó una manifestación estudiantil con armas de fuego y varas de bambú frente a la policía que solo observaba. Estos eventos inauguraron la llamada Guerra Sucia, un periodo donde el PRI utilizó la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial para aniquilar a cualquier disidencia política de izquierda o movimientos guerrilleros.
La herencia de estos años es un estigma de autoritarismo que el partido jamás pudo sacudirse del todo. La figura de Luis Echeverría permaneció hasta su muerte como el símbolo de la represión sistémica, siendo el primer expresidente en ser procesado (aunque bajo arresto domiciliario) por genocidio.
El colapso económico: “La docena trágica” y el error de diciembre
El siglo XX priista también estuvo marcado por una gestión económica que pasó de la estabilidad del “Milagro Mexicano” al desastre absoluto por decisiones populistas y técnicas deficientes.
Los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (1970-1982) llevaron al país a una inflación descontrolada y un endeudamiento externo masivo. López Portillo es recordado por su frase “defenderé el peso como un perro”, solo para presenciar una devaluación histórica que pulverizó los ahorros de millones de mexicanos mientras él lloraba en su último informe de gobierno.
Posteriormente, en 1994, el país vivió el famoso “Error de Diciembre” al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, pero gestado en las políticas de Carlos Salinas de Gortari. La falta de reservas internacionales y el manejo político de las variables económicas provocaron una crisis financiera que se extendió por todo el mundo, conocida como el “Efecto Tequila”. Esto derivó en el rescate bancario a través del Fobaproa, una deuda privada que el PRI convirtió en deuda pública y que los mexicanos siguen pagando hasta el día de hoy, afectando el presupuesto nacional por generaciones.
El fraude del 88 y el magnicidio de 1994
El sistema político del PRI se basaba en el control absoluto de las elecciones, pero en 1988 ese control fue desafiado por la corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas. La famosa “caída del sistema”, operada por Manuel Bartlett (entonces Secretario de Gobernación), es el fraude electoral más documentado y cínico de la historia moderna de México. Cuando los resultados preliminares favorecían a la oposición, el sistema de cómputo se detuvo sospechosamente; al “reiniciarse”, Carlos Salinas de Gortari apareció como ganador, una mancha de ilegitimidad que persiguió a su gobierno desde el primer día.
El año de 1994 representó el punto de quiebre violento dentro de la propia estructura del partido. El asesinato de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, sacudió los cimientos del país. La teoría del “asesino solitario” nunca convenció a la población, que vio en el magnicidio una purga interna o una respuesta de los sectores más conservadores del PRI (los llamados “dinosaurios”) ante las promesas de reforma del candidato. Meses después, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido, confirmó que el PRI estaba en una guerra intestina sangrienta.
La quiebra ética: el sexenio de Enrique Peña Nieto
El regreso del PRI a la presidencia en 2012, tras doce años de gobiernos panistas, fue presentado como el nacimiento de un “Nuevo PRI”. Sin embargo, este periodo se convirtió rápidamente en el catálogo más extenso de corrupción en la historia moderna de México.
Casos como la Casa Blanca, una lujosa residencia propiedad de la esposa del presidente construida por un contratista favorecido por el gobierno, rompieron la confianza ciudadana de manera irreversible.
A este escándalo se sumó La Estafa Maestra, un sofisticado mecanismo de desvío de recursos públicos a través de universidades públicas y empresas fantasma que involucró a múltiples dependencias federales. La percepción de impunidad se consolidó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, un evento que no solo exhibió la ineficiencia del Estado, sino también la colusión de autoridades locales priistas con el crimen organizado, marcando el inicio del fin para la legitimidad del sexenio.
El costo político de estos eventos fue devastador. El partido no solo perdió la presidencia en 2018 con su peor votación histórica, sino que quedó marcado como una marca “tóxica” para el electorado.
Los “gobernadores de la vergüenza” y el saqueo estatal
Uno de los puntos más bajos del PRI fue la conducta de su nueva generación de gobernadores, a quienes el propio Peña Nieto llegó a llamar el “rostro de la renovación”. Personajes como Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo) terminaron en prisión o prófugos tras dejar sus estados en la quiebra financiera y sumidos en crisis de violencia.
En Veracruz, el caso de Javier Duarte fue emblemático: se le acusó de administrar quimioterapias falsas (agua destilada) a niños con cáncer mientras desviaba miles de millones de pesos. Por su parte, César Duarte fue señalado por crear un banco propio con recursos públicos, y Roberto Borge por el remate ilegal de terrenos del patrimonio estatal a familiares y amigos. Estos nombres se volvieron sinónimos del PRI ante la opinión pública nacional.
El desmantelamiento territorial: de 32 a 2 gubernaturas
La pérdida de poder territorial es, quizás, el síntoma más claro de la agonía del PRI. Tras las elecciones de 2024, el partido quedó reducido a su mínima expresión histórica, conservando únicamente las gubernaturas de Coahuila y Durango. Este declive es asombroso si se considera que, hasta antes del año 2000, el PRI gobernaba todas las entidades federativas del país sin excepción.
La debacle se aceleró con la pérdida del Estado de México en 2023, el bastión más importante, poblado y simbólico del priismo. Perder “la joya de la corona” después de casi un siglo de dominio ininterrumpido del Grupo Atlacomulco fue el golpe de gracia. Esta derrota no solo fue electoral, sino financiera, ya que el partido perdió el acceso a la mayor estructura de recursos y burocracia que le permitía operar a nivel nacional.
Actualmente, el PRI enfrenta una crisis de relevancia en el Congreso y en los estados. Con una militancia que disminuye año tras año y la pérdida de registros locales en varias entidades, el partido ha pasado de ser el “gran elector” a un actor secundario que debe aliarse con su antiguo rival, el PAN, simplemente para no desaparecer.
Crisis de dirigencia de “Alito” Moreno
La figura de Alejandro “Alito” Moreno, actual dirigente nacional, representa para muchos críticos el último clavo en el ataúd del partido. Su gestión ha estado plagada de controversias, incluyendo la filtración de audios donde se le escucha hablar de supuestos pagos ilícitos a periodistas y maniobras financieras dudosas. Bajo su mando, el PRI ha perdido más gubernaturas que en cualquier otra dirigencia en la historia.
Además de Alito, el partido ha sido lastrado por figuras como Carlos Salinas de Gortari, quien sigue siendo el villano favorito de la narrativa política mexicana, y Emilio Lozoya, cuyo proceso judicial por el caso Odebrecht ha mantenido vivos los señalamientos de sobornos para aprobar reformas estructurales. Estas figuras impiden que el PRI pueda presentarse como una opción de “cambio” o “renovación” ante un electorado que los asocia con el pasado más oscuro.
La reciente reforma a los estatutos para permitir la reelección de la dirigencia actual provocó una fractura interna sin precedentes. Figuras históricas y exdirigentes han abandonado las filas del partido, denunciando un “secuestro” de la institución por parte de una cúpula que prioriza sus intereses personales sobre la viabilidad del proyecto político.
El Instituto Nacional Electoral detectó egresos sin comprobar, gastos no reportados y otras irregularidades en la fiscalización del financiamiento de partidos durante 2024.
El Instituto Nacional Electoral (INE) colocó al Partido del Trabajo (PT) como el partido con mayores multas por irregularidades en ingresos y gastos durante 2024, al acumular sanciones por 215 millones de pesos, de acuerdo con los proyectos que serán analizados por el Consejo General del organismo electoral.
El monto forma parte de un total de 706.9 millones de pesos en sanciones a partidos políticos, resultado de la revisión de millones de documentos y reportes financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2024, un año electoral en el que se disputaron 629 cargos federales —incluida la Presidencia de la República— y más de 20 mil puestos locales.
Según fuentes electorales, entre las irregularidades detectadas en el PT destacan cuentas por cobrar con más de un año de antigüedad y gastos que no pudieron comprobarse, como el caso de boletos de avión reportados sin evidencia de uso. Tan solo en el ámbito federal, las anomalías atribuidas a su dirigencia nacional derivaron en investigaciones que suman aproximadamente 181 millones de pesos.
En la lista de sanciones le siguen el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 112.1 millones de pesos en multas, además de 87.7 millones adicionales correspondientes a dirigencias estatales. En tercer lugar aparece el Partido Acción Nacional (PAN), con 85.6 millones de pesos, mientras que Morena podría enfrentar sanciones por 84.8 millones.
Más atrás se encuentran Movimiento Ciudadano (MC) con 43 millones de pesos, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 40.3 millones, la mayoría de estas últimas relacionadas con irregularidades en el ámbito local.
El análisis del INE también revela que las faltas más comunes entre los partidos políticos son los egresos no comprobados y los gastos no reportados, que en conjunto representan 45.44% de las sanciones aplicadas.
Durante 2024, los partidos políticos recibieron más de 9 mil 900 millones de pesos de financiamiento público, de los cuales 6 mil 609 millones fueron para gasto ordinario y 3 mil 304 millones para campañas electorales.
El propio INE advirtió que las multas aplicadas en procesos electorales anteriores no han sido suficientes para frenar estas prácticas, por lo que insistió en fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos por parte de los partidos políticos.
El dirigente priista Alejandro Moreno pidió mantener una coalición opositora rumbo a 2027, mientras el partido celebra su aniversario con un auditorio a medio llenar y viejos cuadros del priismo.
En medio de un ambiente marcado por nostalgia política y llamados desesperados a la unidad opositora, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebró su 97 aniversario en su sede nacional, donde su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió al Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Ciudadano (MC) mantener una alianza para enfrentar a Morena en las elecciones de 2027.
Durante el acto, conocido por muchos como otro capítulo del PRI intentando recordar sus años de gloria, “Alito” Moreno lanzó un exhorto para que la oposición se mantenga unida. Incluso incluyó a MC —partido al que ha criticado repetidamente— dentro de la posible coalición, aunque dejó entrever que probablemente no aceptarán acompañar al tricolor.
“Si no hay coalición será porque el PAN y MC no quisieron”, afirmó el dirigente priista, intentando deslindar al PRI de un posible fracaso opositor y advirtiendo que quien no se sume estaría “al servicio de Morena”.
El evento también sirvió para anunciar que los legisladores priistas votarán en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciativa que busca reducir costos del sistema electoral y modificar la representación política.
La ceremonia evidenció los tiempos difíciles que atraviesa el viejo partido del régimen. A diferencia de otros aniversarios donde el auditorio Plutarco Elías Calles lucía repleto de gobernadores, secretarios y figuras del poder, esta vez gran parte de los asistentes llegaron en camiones desde municipios cercanos del Estado de México, mientras varias butacas permanecían vacías.
De hecho, solo uno de los dos gobernadores priistas asistió al evento: Esteban Villegas Villarreal, mandatario de Durango. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se ausentó argumentando una gira de trabajo.
En el acto también se otorgaron reconocimientos a perfiles históricos del partido, entre ellos a José Ángel Gurría, ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
César Castillejos Rangel asume la dirección de ADN40 en TV Azteca, pero su pasado genera dudas. Críticas por su vínculo con el PRI y la Suprema Corte resuenan con fuerza.
César Castillejos Rangel llega como nuevo líder de ADN40 en TV Azteca. Aunque tiene experiencia en medios, su historial despierta incertidumbre entre los espectadores. La audiencia busca noticias honestas y confiables.
En 2017, Castillejos coordinó la prensa de Alfredo del Mazo, quien se postuló al gobierno del Estado de México por el PRI. Este vínculo político ha llevado a muchos a cuestionar su imparcialidad. Para muchos, esto representa un conflicto de interés.
Más tarde, Castillejos asumió el cargo de director de comunicación social en la Suprema Corte. Reportes internos indican que obstruyó los avances del gobierno actual. Este papel ha causado malestar en la opinión pública y ha afectado su imagen.
Durante su tiempo en la Corte, Castillejos firmó contratos con medios Anti4T. También se le acusa de usar fondos públicos para financiar ataques contra figuras políticas importantes. Estas acciones han puesto en jaque la neutralidad de la institución.
Además, investigaciones recientes lo vinculan a conductas poco éticas dentro de la Corte. Trabajando bajo Arturo Zaldívar, su participación en decisiones controvertidas ha sido ampliamente documentada, lo que ha deteriorado aún más su reputación.
La confianza en las noticias justas y objetivas es esencial para tomar decisiones informadas. Sin embargo, el pasado de Castillejos como miembro del PRI alarma a muchos.
La ética debe guiar a alguien en su posición. Los lazos con partidos políticos pueden perjudicar la confianza del público. Por esta razón, la gente pide mayor transparencia en su gestión.
La líder de Morena, Luisa Alcalde responde a críticas sobre la reforma electoral y propone cambios radicales en las listas plurinominales.
La polémica en torno a la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum se intensifica. Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, lanzó un desafío directo a los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, instándolos a dejar de controlar las listas de candidatos plurinominales.
En un contexto donde las acusaciones son frecuentes, Alcalde afirmó que estas listas han sido históricamente utilizadas para premiar a aliados y castigar a opositores dentro de los partidos. “¿Por qué no permitir que sean los votantes quienes decidan quién entra?”, preguntó la morenista, subrayando la necesidad de que los espacios se asignen a los “mejores perdedores”. Esta medida, según ella, obligaría a los candidatos a hacer campaña y a conectarse con la ciudadanía.
La reforma también propone eliminar las 32 senadurías plurinominales, reduciendo así la Cámara Alta de 128 a 96 integrantes. Con esta medida, se busca fortalecer la representación popular y acabar con las prácticas del “dedazo”.
Alcalde continúa argumentando que la propuesta responde a un clamor social. “La gente quiere que se terminen los privilegios de los partidos y que el poder vuelva al pueblo”, aseguró. A medida que la discusión avanza, parece que la líder de Morena está lista para afrontar cualquier resistencia de los partidos opositores y buscar una transformación profunda en el sistema electoral nacional.
“Somos México” realizó su asamblea constitutiva rumbo a su registro ante el INE, eligieron a Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Soto como dirigentes y sumó a exministros, exfuncionarios y figuras opositoras del viejo régimen.
La organización política de derecha “Somos México” celebró su asamblea constitutiva con miras a obtener el registro como partido nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en un acto donde fueron electos Guadalupe Acosta Naranjo como presidente y Cecilia Soto como secretaria general.
Durante su toma de protesta, Acosta Naranjo, exintegrante del grupo conocido como Los Chuchos, en el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó de supuesto “autoritarismo” al actual gobierno y arremetió contra la reforma electoral, a la que calificó de regresiva, pese a que esta apenas se dará a conocer hasta el próximo martes.
En el acto también se presentaron nuevos integrantes, entre ellos los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y José Ramón Cossío; siendo que los dos primeros dejaron el cargo en agosto del año pasado al no aceptar participar en la primera elección judicial. Mientras que la secretaria general, Cecilia Soto, después de ser candidata a la presidencia en 1994 por el Partido del Trabajo (PT), últimamente fue diputada federal plurinominal por el PRD de 2015 a 2018.
Durante el evento también se autorizó el nombramiento del abogado Juan Francisco Torres Landa como presidente de la Comisión Interna de Justicia. Además, se dejaron ver los nombres de personajes de la oposición, tal es el caso de Leonardo Valdés Zurita, último consejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE); el panista José Luis Luege Tamargo; el exsenador Emilio Álvarez Icaza; el hijo del expresidente del PRI, Enrique de la Madrid; y el expresidente del INE, Lorenzo Córdova.
La organización tiene hasta finales de mes para formalizar su solicitud de registro ante el INE, requisito indispensable para participar en elecciones futuras. Mientras tanto, sus dirigentes ya proyectan competir en 2027 y 2030, cuando se trata de una agrupación conformada por figuras de sectores del antiguo régimen judicial y político que perdieron privilegios con la reconfiguración del poder.
La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó sanciones por un total de 28.1 millones de pesos para los principales partidos políticos en México.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomó decisiones controvertidas este miércoles. Por un lado, revocó una multa de 20 millones de pesos impuesta al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esta multa se había aplicado debido a un estudio que se consideró como plagiado.
Los magistrados votaron de manera dividida con tres a favor y dos en contra. Los que apoyaron la revocación argumentaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) no demostró adecuadamente que el PRI incurriera en una infracción por el gasto del estudio. El magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien presentó el proyecto, destacó que el INE falló en analizar la originalidad del texto. Además, no se probaron las afirmaciones sobre el plagio.
En su resolución, el INE había acusado al PRI de cometer infracciones relacionadas con el financiamiento y uso de recursos durante el año 2019. No obstante, la Sala Superior consideró que no hubo un análisis suficiente del destino de los fondos.
Por otro lado, la Sala también anuló una multa de 8.1 millones de pesos aplicada al Partido Acción Nacional (PAN). El INE había argumentado que el partido había simulado servicios contratados. No obstante, los magistrados concluyeron que no había pruebas suficientes para demostrar la conducta irregular del PAN.
Las decisiones de la Sala Superior generan un debate sobre las sanciones financieras impuestas a los partidos políticos y su compromiso con la transparencia. La revocación de estas multas deja abierta la discusión sobre la supervisión electoral y la rendición de cuentas en el sistema político mexicano.
