Con mayoría de 8 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama de aplazar la discución para invelidar la reforma judicial a través de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara.
De acuerdo con la ministra Lenia la propuesta de Alcántara aún está en trámite, por ello no se debería discutir en la inmediatez, por el contrario debe ser estudiado. Sin embargo las únicas que apoyaron la propuesta fueron las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz.
Por su parte, el ministro Juan Luis aseguró que su proyecto ya no se encontraba en trámite y que la reforma de supremacía constitucional no aplicaba con el mismo. Por ello, llegaron a la conclusión de que se debe tratar el día de hoy.
📹 #Vídeo | Con 9 votos a favor y 2 en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza aplazar la discusión del proyecto de inconstitucionalidad de la ya promulgada Reforma al Poder Judicial. pic.twitter.com/Zs0aYW14Ne
A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) la ministra Batres compartió el comunicado que le hizo llegar a la minstra presidenta Norma Piña, quien votó en contra de esta propuesta.
“Propuse, en el inicio de la sesión de hoy de la SCJN, que fuera retirado del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la supuesta inconstitucionalidad de la reforma constitucional judicial, dado que el 31 de octubre pasado fue publicada una reforma que considera improcedente este tipo de revisión“, escribió la ministra Batres.
“En relación con la reciente reforma constitucional de los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, solicito por este medio se retire el proyecto de sentencia de la acción inconstitucional 164/2024 y sus acumuladas […] a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá“, se lee en la solicitud.
Propuse, en el inicio de la sesión de hoy de la SCJN, que fuera retirado el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la supuesta inconstitucionalidad de la reforma constitucional judicial, dado que el 31 de octubre pasado fue publicada una reforma que considera… pic.twitter.com/dwr4UiaeyO
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, explicó que su periodo en la Corte termina el 30 de noviembre.
La decisión del ministro se da después de haber trabajado por 15 años en el Poder Judicial de la Federación (PJF). Asimismo en entrevista con Milenio indicó que ha trabajado por más de 50 años, por lo que es su derecho de ley retirarse “Me lo merezco”, afirmó.
“No es cosa que me vaya con mi máximo haber, me lo otorga la Ley. En lo personal creo que me lo merezco despúes de 50 años de trabajo”.
Es así como el ministro aseguró que no participará en el proceso electroral para renovar sus labores en el PJ, por otro lado se dedicará a dar clases en la máxima casa de estudios.
“En la elección de jueces y ministros, yo ya no participaré porque yo ya fui ministro y porque voy a cumplir 75 años. Ya no tengo labor constitucional”.
Asimismo, destacó que él no tiene una opinión respecto a la reforma judicial, ya que nunca se ha metido en ambiente político.
“En el panorama político yo no me meto, soy juzgador de carrera, me preocupa resolver casos. Yo siempre he estado lejos del ambiente político”.
Luis María Aguilar Morales es uno de los ocho ministros que renunciaron a la SCJN y que no participarán para renovar sus cargos a través de las elecciones de 2025.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han presentado a sus cinco integrantes de comité de evaluación del Poder Judicial.
El día de hoy se dio a concocer el acuerdo por el se crea e integra el Comité de Evaluación para la elaboración de los Listados de los candidatos y candidatas que participarán en la Elección Extraordinaria del Poder Judicial.
En primer lugar los integrantes del Comité de Evaluación del poder Ejecutivo son:
Mary Cruz Cortés Ornelas, abogada y maestra en derecho electoral, magistrada titular de la tercera ponencia y presidenta de la sala del penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, directora de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en Tlaxcala, vocera del nuevo sistema de justicia penal en el Estado, entre otros.
Javier Quijano Baz, abogado con maestría y doctorado en derecho, miembro destacado de diversas barras y asociaciones de abogados nacionales e internacionales, abogado postulante, fungió como constituyente de la Ciudad de México, premio nacional de jurisprudencia 2022.
Vanessa Romero Rocha, abogada, con dos maestrías en diferentes ramas del derecho, con experiencia en cultura de paz, inclusión, género, derechos de la niñez y protocolos facultativos, columnista y colaboradora de medios de comunicación nacionales e internacionales.
Isabel Inés Romero Cruz, licenciada en derecho, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, jueza de primera instancia en diversos juzgados del Estado de Veracruz.
Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, abogado, con maestría y doctorado en Derecho, académico y servidor público. En el año 2009, fue nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia en donde se desempeñó como presidente de enero de 2019 hasta diciembre de 2022.
Por otro lado los candidatos de la SCJN son:
Mónica González Contró, investigadora especializada en derechos humanos, derecho a la no discriminación y derechos de niñas, niños y adolescentes, profesora de asignatura de la Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la no Discriminación.
Emilia Molina De la Puente, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO y Maestra en Derecho Corporativo por la UdeG; juez de Distrito adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco.
Wilfrido Castañón León, Oficial Judicial del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en 1973; Secretario de Acuerdos y Primer Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
Luis Enrique Pereda Trejo, Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; profesor de Derecho en distintas universidades; entre ellas la Universidad Panamericana y el ITAM; ha colaborado en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Finalmente entre los candidatos del Senado se encuentran:
Maday Merino Damián: abogada, académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y primera mujer en ser consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Maribel Concepción Méndez Lara: abogada por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario.
Ana Patricia Briseño Torres: abogada y psicóloga por la Universidad de Sonora; y titular del Instituto Sonorense del Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ISTAI).
Andrés Norberto García Repper Favila: abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y exrepresentante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IET).
María Gabriela Sánchez García: abogada y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
Ricardo Anaya, ex candidato presidencial y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no postergue hasta el martes la votación del proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
En entrevista, Anaya mencionó su apoyo para incluir los programas sociales en la Constitución como derechos garantizados, aunque también llamó al gobierno a asegurar los recursos necesarios para estos.
Sin embargo, criticó fuertemente la postura de Morena respecto a la renuncia de los ministros, que los legisladores morenistas han condicionado pese a lo establecido en el artículo transitorio séptimo de la reforma constitucional.
Según Anaya, la reciente reforma que prohíbe las acciones de inconstitucionalidad sobre iniciativas aprobadas por el Congreso podría llevar al país a una “crisis constitucional”.
Finalmente, solicitó a la SCJN acelerar la votación para evitar, en sus palabras, una profundización de dicha crisis.
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron que el 5 de noviembre se discutirá el poyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la cual busca invalidar parcilamente la reforma judicial.
De acuerdo con la propuesta de Juan Luis Alcántara busca anular la elección popular de jueces y magistrados, sin embargo mantener elecciones para los integrantes del pleno de la Corte, del Tribunal Electoral del Podjer Judicial y de Tribunal de Disciplina.
Se esperaba que la propuesta se discutiera en la sesión pública del jueves, sin embargo se programó la fecha de discusión hasta el próximo martes, ya que los ministros al momento siguen con la discusión del Comité de Evaluación del PJF que participará en la elección a candidatos, jueces, ministros y magistrados.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, descalificó el proyecto del ministro Juan Luis González, asegurando qu está violando la Constitución en un nuevo intento por frenar la reforma judicial, presentó un nuevo plan de acción para declarar la reforma como inconstitucional.
Esta tarde Ricardo Monreal aseguró que el Congreo de la Unión no acatará la invalidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que continuarán con la puesta en marcha de las elecciones del Poder Judicial.
El legislador descalificó el proyecto del ministro Gónzalez Alcántara que busca plantear como inconstitucional la elección de jueces y magistrados por votación.
“Nosotros no nos vamos a detener. Habrá elecciones de jueces y magistrados, porque él (el magistrado González Alcántara) no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional; viola el principio de legalidad, ciola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal“, destacó Monreal.
Asimismo, mencionó que la SCJN no puede aceptar que un ministro cancele una reforma que ya fue aproabada por el Congreso de la Unión y la mitad más una de las legislaturas locales.
“Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial de sus jueces y de sus ministros“, aseguró Monreal.
Ricardo Márquez Blas, funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y excolaborador de Genaro García Luna, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación, por abuso sexual.
El pasado 8 de octubre el coordinador de Fortalecimiento Institucional en la SCJN fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia por abuso sexual dentro de las instalaciones de la Corte.
De acuerdo con la información revelada por el periodista Carlos Jímenez, la víctima detalló el día, lugar y hora en la que ocurrieron los hechos.
“DETIENEN por ABUSO SEXUAL a FUNCIONARIO de la SCJN, EXCOLABORADOR de GARCÍA LUNA. Ricardo Márquez Blas. Coordinador de Fortalecimiento Institucional, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Una subordinada lo denunció en la Fiscalía de la CIudad de México, por abusar de ello dentro de la corte”, escribió Carlos Jímenes en sus redes sociales.
Ricardo Márquez tenía un cargo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, coolaborando con el exfuncionario Genero García Luna, quien recientemente fue sentenciado a 38 años de cárcel.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la propuesta de presupuesto para 2025 presentado por la ministra presidenta Norma Piña Hernández.
En una sesión privada la ministra presentó un proyecto que contemplaba 5 mil 922 millones de pesos, representando un incremento del 10.9% con respecto a este año, que se autorizó 5 mil 787 millones.
El proyecto estaba distribuido en temas como asignaciones adicionales al sueldo (524 millones 910 mil 531 pesos), compensación de apoyo (430 millones 701 mil 588 pesos), gratificación de fin de año (371 millones 079 mil 352 pesos), prestaciones de retiro (241 millones 191 mil 731 pesos) y cuotas de seguro separación individualizado (204 millones 988 mil 949 pesos).
Antes esto las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf cuestionaron los seguros privados para gastos mayores y la separación idividualizada, ya que estos están prohibidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Asimismo, en la propuesta no se añadió cualquier previsión respecto a la reforma judicial, que incluye medidas como supresión de fideicomisos, ajuste de sueldos de altos funcionario para que no exedan el de la presidenta de la República.
Ante estas observaciones la ministra presidenta se comprometió a reelaborar su propuesta y presentarla el martes 22 de octubre.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, participó en el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en donde inauguró el evento reafirmando su posición en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial.
La ministra presidenta aseguró que se está perdiendo el derecho a la justicia y el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.
“Nos ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional señalando que, cito Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo, la politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país; cierro cita.”, dijo.
Asimismo, señaló que las modificaciones al poder judicial están afectando los derechos humanos, ya que el poder no se ha podido “contener, frenar y controlar” y aseguró que la labor del Poder Judicial es proteger esos derechos.
“No cabe duda y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes de que los derechos humanos están en riesgo, cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente y uno de los propósitos de un poder judicial independiente y lo subrayo, independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenzar esos derechos.”
Finalmente, mencionó que las protestas generadas por los cientos de los legisladores del PJ deberían ser una señal al gobierno federal para que sus demandas sean atendidas.
“Coincido por tanto en que toda democracia el camino para fortalecer el estado de derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido y que cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias es prudente poner atención”, enfatizó Norma Piña.
El legislador Ángel Mario García denuncia al Poder Judicial de la Federación (PJF) por el intento de detener la reforma judicial.
En primer lugar el magistrado asegura que se está viviendo un caso de injusticia liderado por la ministra presidenta Norma Piña, quien ha “envendenado” a los demás trabajadores para que se lleven a cabo los actos violentos con el fin de detener la reforma judicial.
“Los titulares de los órganos jurisdiccionales empezando por la ministra presidente han envenenado y mentido a los empleados, que son a los que mandan al campo de batalla para realizar actos violentos en contra de todo aquel que piense distinto a ellos o en contra de las autoridades que tiene la facultad de reformar la constitución”, declaró el ministro.
Así mismo habló de los amparos que se han llevado a cabo por parte de jueces de distrito para que se detenga la organización de las elecciones del PJF de 2025.
“No proceden ámparos en contra de reformas constitucionales, por lo tanto si no proceden ámparos contra las reformas, tampoco pueden procede contra el proceso de reforma.”
Por otra parte habló del procedimiento de “petición de aclaración”, para saber si la reforma constitucional es inconstitucional, llevada a cabo por 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Ya de por si el solo nombre es motivo de vergüenza para aquellos que entiendan un poquito de derecho […] No tiene palabras para describir que con una legislación que tiene como finalidad organizar hacia el interior al PJF pretenda anular una reforma a la Constitución“.
Aeguró que “la reforma al día de hoy es ley vigente” y que con una ley orgánica no podrán frenar que se lleve a cabo la ley y criticó las acciones de la SCJN que se está convirtiendo en una “dictadura”.
“No es posible que a través de la ley orgánica del Poder Judicial pretendan agregarle requisitos al artículo 135 de la Constitución, de hacer esto la Suprema Corte se convertiría en el poder de poderes, ahí estaría una verdadera dictadura“, destacó García.
Así mismo criticó que una de las principales protestas del Poder Judicial es que llegué gente sin preparación, cuando los mismos legisladores no conocen las leyes.
“Una de sus principales protestas o lemas que utilizan es que no quieren que personas sin experiencia y sin conocimientos jurídicos lleguen a ser juzgadores, yo me preguntaría ¿De qué sirve que estos señores que se dicen y se creen como los únicos facultados para interpretar y aplicar las leyes en el país, algo tan sencillo como los artículos constitucionales que acabó de mencionar no los comprenden? Pues entonces no se que hacen ahí”.
