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Hay algo más profundo que un fallo técnico en lo que acaba de ocurrir con el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una forma de ser que nos atraviesa como sociedad y que, una vez más, se ha impuesto: la cultura del atajo. Esa lógica que busca el resultado sin recorrer el camino, la ventaja sin el mérito y el lugar sin el esfuerzo. Cuando esa cultura se cuela en el proceso de admisión de la máxima casa de estudios del país, no solo se vulnera un concurso. Se pone a prueba una institución que durante más de un siglo ha representado la idea de que el conocimiento y el esfuerzo son el camino legítimo para transformar la vida de las personas.

En 2026 la Universidad dio un paso ambicioso. Por primera vez aplicó el examen de admisión a licenciatura de forma completamente en línea. Más de 191 mil personas aspirantes se registraron y alrededor de 158 mil 700 presentaron la prueba desde casa, con supervisión apoyada en inteligencia artificial. Era una apuesta por la modernización y por demostrar que una institución centenaria también podía adaptarse a las tecnologías contemporáneas.

Los resultados, sin embargo, revelaron una anomalía difícil de explicar únicamente por una mejor preparación. El porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos pasó del 3.5% histórico al 16.3%. La propia UNAM canceló alrededor de tres mil exámenes por irregularidades, presentó una denuncia penal y convocó a un examen presencial de control para cerca de 58 mil personas aspirantes. En redes sociales circularon tutoriales para burlar la supervisión mediante cámaras, dispositivos ocultos, ayuda externa e inteligencia artificial. Como consecuencia de esta crisis, la secretaria general, Patricia Dávila Aranda, dejó el cargo el 31 de julio y fue sustituida por Javier de la Fuente Hernández.

Estos hechos no son un simple problema administrativo. Son la evidencia de que la tecnología, por sofisticada que sea, no puede sustituir a la ética. La plataforma contratada, el monitoreo humano y los algoritmos detectaron irregularidades, pero no pudieron impedir que miles de personas decidieran aprovechar la oportunidad para hacer trampa. El problema no estuvo únicamente en el diseño del proceso. Estuvo en la cultura del atajo. Porque la verdadera infraestructura de una institución no está en sus edificios, sus plataformas digitales o sus reglamentos. Está en la confianza. Y la confianza solo existe cuando la mayoría decide respetar las reglas, incluso cuando podría obtener una ventaja al incumplirlas.

Ahí está el verdadero corazón del asunto. Exigimos profesionalismo, honestidad y transparencia a las instituciones públicas. Reclamamos meritocracia y sanciones para quien incumple las reglas. Pero cuando una de las universidades más importantes del mundo intenta innovar, una parte de la sociedad responde con la misma lógica que dice condenar. Preferimos el beneficio inmediato a la construcción de confianza. Preferimos la ventaja individual a la legitimidad colectiva.

El verdadero riesgo no es que se haya descubierto la trampa. El verdadero riesgo es acostumbrarnos a ella. Si aceptamos que el atajo es una alternativa legítima cuando la tecnología lo permite, no solo ponemos en entredicho un examen de admisión. Debilitamos la idea misma de que el mérito debe seguir siendo el criterio para acceder a las oportunidades. Ninguna innovación, por avanzada que sea, puede sustituir una cultura de integridad.

Como egresado de esta casa de estudios, estoy convencido de que su legitimidad es un patrimonio nacional. Defenderla implica exigir honestidad a las autoridades, pero también asumir nuestra propia responsabilidad. Porque la confianza es la infraestructura invisible que sostiene a las universidades, a los tribunales, a las elecciones y a todas las instituciones que hacen posible la vida en sociedad. Construirla toma décadas. Perderla puede comenzar el día en que el atajo deja de avergonzarnos.

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