Las disposiciones de la gobernadora de Veracruz explican la resistencia de las fuerzas vivas de la entidad desde que apareció como candidata al cargo que ahora ocupa.
Veracruz se convierte en vanguardia de transformación en cuanto a poner orden en casa, luego de los excesos de los corruptos.
La entidad fue por mucho tiempo tierra de cacicazgos, regularmente protegidos y protagonizados por priistas. Verdaderos feudos en el campo veracruzano sobrevivieron a la Revolución y a una modernidad impuesta desde el poder. Su longeva impunidad prometía inmoralidad; sin embargo, no hay mal que dure cien años.
El transporte de pasajeros escribió su propia historia con sangre y muerte de usuarios. La mala calidad del transporte en Veracruz ha ocasionado no solo descontento entre usuarios, sino también revueltas sociales que afectan la tranquilidad en diferentes regiones. La causa es la voracidad de empresarios que comúnmente se arreglaban con el municipio y el gobierno del estado para seguir poniendo en peligro a la ciudadanía con operadores irresponsables y unidades que no servían, violentando las reglas de la concesión y aliviando su responsabilidad con moches.
La estatización de una ruta en el puerto de Veracruz, ordenada por la gobernadora, es solo el principio de una revisión en todo el estado de unidades con serios problemas en su estructura, que ponen en peligro la vida de los usuarios.
La gobernadora anunció la llegada de 350 camiones híbridos, “Camiones Ulúa”. La medida responde precisamente al historial de accidentes, quejas por unidades viejas y la permanente presión para aumentar las tarifas.
En enero de 2026, los medios reportaron que “concesionarios de diversas rutas” paralizaron el servicio en la zona conurbada como medida de presión para aumentar el precio del pasaje, conducta habitual de extorsión a las autoridades, que son las verdaderas propietarias de las concesiones, y que ahora las suspenden hasta que haya un compromiso real con la ciudadanía.
Por otro lado, hay un caso similar con el cártel inmobiliario de Veracruz, que surge en Xalapa y se extiende a las principales ciudades de la entidad.
La decisión de la gobernadora de poner un alto a las corruptelas institucionales del pasado, como es el caso del cártel inmobiliario en el estado, tiene como objetivos realizar auditorías en las notarías, epicentro de este gran fraude, así como revisar sus tentáculos en juzgados y entre servidores públicos.
Los notarios son nombrados por los gobernadores, quienes tienen en estos nombramientos tentáculos de complicidad y parcelas de poder, y acumulan antecedentes de complicidades con delitos de despojo y adjudicaciones ilícitas en Veracruz y en el resto del país.
El Gobierno de Veracruz inició una revisión exhaustiva, una por una, de todas las notarías del estado para detectar irregularidades en protocolos, libros, registros, impuestos y actos notariales.
Esta investigación debería hacerse en todo el país y terminar con la mafia de los notarios, un gremio privilegiado que crea sus propias tarifas, tasa su trabajo de manera arbitraria y regula sus propias reglas.
Su reestructuración significaría darle congruencia y continuidad a la Reforma al Poder Judicial, que, acompañada de la reestructuración de la Fiscalía General de la República, lograría que haya, por fin, justicia en México, donde existen rezagos sustanciales.
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