En semanas recientes, a partir de distintos encuentros ciudadanos realizados en territorio, comenzaron a aparecer con nitidez preguntas que rara vez ocupan el centro del debate público sobre la reforma judicial. No surgieron de análisis técnicos ni de posicionamientos ideológicos, sino de conversaciones directas, marcadas por el cansancio, la confusión y, en muchos casos, el desencanto. Escucharlas obliga a detenerse. Pensarlas desde Ingeniería Política resulta inevitable porque, cuando una reforma toca el sistema de justicia, lo que se transforma no es solo una norma, sino la forma en que una sociedad se relaciona con el poder que decide sobre su libertad, su patrimonio y su posibilidad de vivir en paz.
La reforma judicial aprobada en 2024 abrió un cambio que durante años pareció inalcanzable. En 2025, por primera vez, las personas recuperaron la capacidad de elegir a quienes estarían al frente de los órganos encargados de impartir justicia. No fue un gesto simbólico ni un ajuste menor. Fue una modificación profunda en la relación entre ciudadanía e instituciones. Sin embargo, asumir que ese acto agota la transformación sería un error. Las reformas no se consolidan en el momento de su aprobación, sino en la forma en que se implementan, se explican, se evalúan y se sostienen en la vida cotidiana.
Estar en territorio permite entender por qué ese matiz es decisivo. En los encuentros del fin de semana se repitieron testimonios de injusticia que no nacen de sentencias, sino de omisiones previas. Casos donde la autoridad no actúa, donde la policía no responde, donde agentes del Ministerio Público desalientan o limitan la posibilidad misma de denunciar. Violencias que ocurren dentro de los hogares, en comunidades cerradas, en colonias donde el agresor no es un desconocido, sino alguien cercano que busca despojar, intimidar o vulnerar derechos tan elementales como la vivienda, la seguridad o una vida tranquila.
Estos relatos comparten un patrón constante, la ausencia de orientación inicial. Muchas personas no pierden su caso por falta de razón, sino por no saber a qué instancia acudir, cómo documentar un hecho, qué materia está en juego o qué procedimiento corresponde. La complejidad del sistema se convierte así en una barrera estructural. Errores cometidos en los primeros pasos, como denuncias mal integradas, pruebas inexistentes o tiempos agotados, terminan condicionando resoluciones posteriores. No por negligencia de quienes buscan justicia, sino por una distancia histórica entre las instituciones y la experiencia cotidiana de la gente.
En ese contexto surge JUSTA (justamx.com). No como un proyecto previo a la reforma, sino como una respuesta directa al proceso electoral judicial de 2025. Su origen está ligado a una necesidad concreta, informar a la ciudadanía sobre una elección inédita, explicar qué se estaba votando, quiénes eran las candidatas y los candidatos, y por qué esa decisión importaba. Para ello, JUSTA impulsó el desarrollo de una plataforma tecnológica orientada a la difusión clara y accesible de información sobre la reforma judicial y el proceso electoral, así como la creación de un decálogo dirigido a juzgadoras y juzgadores, pensado como una herramienta ciudadana para comprender los perfiles, compromisos y responsabilidades de quienes ahora ocupan un lugar central en los órganos jurisdiccionales.
Con el paso de los meses, ese esfuerzo inicial comenzó a transformarse. JUSTA dejó de ser únicamente un espacio informativo sobre la elección y evolucionó hacia un mecanismo de vínculo entre quienes hoy imparten justicia y la sociedad civil. A través de la difusión de actividades públicas de jueces y magistrados, del establecimiento de canales de diálogo y del impulso de encuentros presenciales, se fue construyendo una relación menos distante, más directa y más comprensible. El objetivo no fue exponer ni idealizar a las personas juzgadoras, sino contribuir a que permanecieran en contacto con la realidad social sobre la que toman decisiones.
De manera paralela, JUSTA incorporó servicios de orientación y asesoría en temas judiciales, no para sustituir a las instituciones ni a la defensa legal, sino para reducir la desinformación y el aislamiento que tantas veces empujan a las personas a cometer errores irreversibles. En esa lógica, el proyecto continúa evolucionando con una apuesta clara, convertirse en una plataforma ciudadana que utilice herramientas de inteligencia artificial en beneficio de las personas, conectando a la ciudadanía con instituciones, organizando información y funcionando como interlocutor para visibilizar problemáticas que suelen quedar fuera del radar institucional.
Leídos en conjunto, los encuentros ciudadanos y la experiencia acumulada alrededor de la reforma permiten extraer una conclusión incómoda pero necesaria. La transformación del sistema de justicia no termina con una elección.
Lo que sigue es más complejo, la implementación cotidiana de la reforma, la evaluación de sus efectos, la preparación de una segunda elección y los ajustes normativos inevitables. Más adelante, el desafío mayor será extender esta lógica hacia las fiscalías, donde hoy se concentra buena parte del dolor y la frustración social. Nada de eso puede construirse a distancia.
No estamos ante una justicia nueva ni ante soluciones inmediatas, sino ante el inicio de un proceso que exige presencia constante en territorio. Cuando las instituciones escuchan directamente a las personas y cuando la ciudadanía cuenta con herramientas para entender y participar, la justicia deja de ser un concepto abstracto y empieza a parecerse un poco más a la vida real. La reforma abrió la puerta. La implementación decidirá si se cruza o se vuelve a cerrar.
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