Las barreas que obstaculizan la voluntad del pueblo son burocracias con intereses implícitos. Un ejemplo claro fue el sabotaje a la reforma electoral que fue impedida por los supuestos afectados.
Con el obstáculo de los nostálgicos se impidió culminar una de las muchas causas por las que los mexicanos votaron por Claudia Sheinbaum, haciéndole en algunos casos, el juego a la oposición desde curules otorgadas a personas del movimiento morenista.
Una reforma que para muchos era tibia, resultó ser radical para otros de piel muy sensible.
Si hubiera algún castigo para quienes, dentro fuera del movimiento, votaron en contra, ya comenzó. Porque uno de los objetivos de la reforma electoral fue la de convertir su discusión en tribunal con el pueblo como testigo y juez.
Las campañas tienen contenidos que sirven al electorado para saber por quién votar. Pero cuando los benefactores de las leyes habituales sabotean este mecanismo quedan atrapados en las redes del juicio del pueblo, al impedir que el mandato popular se concrete en acciones de gobierno, negando no sólo el proyecto social sino la democracia.
No pueden ser reprendidos pero sí exhibidos, por no cumplir con lo básico que exige su cargo, y poseen lo mínimo de lealtad que implica su conciencia, por lo que nadie debería volver a votar por ellos.
Muchas veces quienes deben impulsar la voluntad popular se convierten en saboteadores de la orden del pueblo para transformar la realidad.
Los legisladores abandonan su trabajo elemental de representar para transformar y muestran los intereses que son la causa de su traición.
La democracia tiene huecos en sus leyes, pero a ningún legislador se le puede obligar a votar contra su voluntad, esos tiempos ya pasaron.
Lo cierto es que las imperfecciones en las leyes, sin excepción, impiden en desarrollo natural de la evolución del país. Son burocracias contentas con el estancamiento, capaces de matar para evitar los cambios.
México debe poner atención en este tipo de circunstancias porque, la situación crece.
En otro ámbito del orden social, pero con las mismas características existen fenómenos dignos de llamar la atención en lo jurídico, en lo penal, en lo político, en lo electoral, etc.
El caso del gobierno de Veracruz es un ejemplo claro respecto al papel de la prensa, la cual se convirtió en trinchera de los enemigos del gobierno de la entidad. En un panorama muy amplio de información falsa, señalan que la población rechaza el gobierno de Rocío Nahle, cuando en los hechos no es así.
Los medios sacrifican su responsabilidad social por dinero, subsidio que les fue dado desde el día en que nacieron y consideran propio, gasta que les retiraron el privilegio que el pueblo fortaleciera las empresas de medios.
La causa de la desinformación premeditada y alevosa radica en que el gobierno no otorga convenios de publicidad a los medios como en sexenios anteriores. Es así como se intenta crear una falsa realidad sobre la aceptación del gobierno estatal por intereses propios y de grupo.
Es muy diferente que el puente de comunicación esté roto a pensar en que quienes quieren utilizarlos no quieran cruzarlo.
Exactamente igual que los nostálgicos plurinominales que intentan tergiversar la representación social, traicionando el mandato de quienes los colocaron en la gran responsabilidad de la representación legislativa.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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