Lo ocurrido recientemente en Chihuahua ha vuelto a colocar sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria: ¿hasta dónde puede llegar la colaboración entre gobiernos locales mexicanos y agencias extranjeras sin vulnerar la soberanía nacional y el marco constitucional?
Las revelaciones sobre operaciones encubiertas vinculadas a agentes estadounidenses en territorio chihuahuense han generado preocupación legítima. Más aún cuando distintos sectores políticos y sociales denuncian que existieron mecanismos de coordinación opacos y fuera de los canales institucionales establecidos por la federación.
Porque cuando actores extranjeros realizan tareas de inteligencia, seguridad o vigilancia dentro de México, la pregunta no es solo jurídica: es profundamente política. Y en medio de esta polémica, el gobierno de María Eugenia Campos Galván aparece cada vez más cuestionado por su relación con estas dinámicas.
La gobernadora de Chihuahua ya arrastra una larga sombra de señalamientos por corrupción y vínculos con viejas estructuras de poder político en el estado. Su administración ha sido criticada por la cercanía con grupos empresariales y por una estrategia de seguridad que muchos consideran subordinada a agendas externas antes que a una política nacional soberana.
Pero hay otro elemento preocupante: el clima de hostilidad política que se ha construido frente a movilizaciones y expresiones vinculadas al Morena y sectores afines a la Cuarta Transformación.
En distintos momentos, simpatizantes y manifestantes han denunciado vigilancia excesiva, campañas de criminalización y narrativas que buscan presentar cualquier protesta social como amenaza o desestabilización. Ese lenguaje no es inocente. Históricamente, en América Latina, el discurso de “seguridad” ha sido utilizado para justificar espionaje político, represión y persecución ideológica.
México tiene una historia larga de intervención extranjera y operaciones de inteligencia ligadas a la CIA durante el siglo XX. La Guerra Fría dejó cicatrices profundas en la región: espionaje, infiltración, manipulación política y colaboración con estructuras autoritarias bajo el argumento de combatir enemigos internos.
Por eso preocupa la normalización de esquemas donde agencias extranjeras parecen operar con márgenes ambiguos dentro del país, especialmente cuando gobiernos estatales muestran disposición a construir relaciones paralelas al margen del debate público y la supervisión democrática.
El problema no es la cooperación internacional en sí misma. Ningún país puede enfrentar fenómenos complejos de manera aislada. El problema surge cuando la cooperación se convierte en subordinación, cuando la seguridad se usa para justificar opacidad y cuando la lógica de “enemigo interno” empieza a colocarse sobre actores políticos o movimientos sociales.
La soberanía no se defiende únicamente con discursos patrióticos. También se defiende garantizando que ningún poder externo actúe por encima de la Constitución y que ningún gobierno local convierta la seguridad en un espacio de acuerdos oscuros.
Chihuahua hoy representa una alerta sobre ese riesgo. Y frente a ello, la discusión no debería centrarse en proteger gobiernos o intereses partidistas, sino en algo mucho más importante: preservar la legalidad, la transparencia y el derecho del pueblo mexicano a decidir sobre su propio territorio sin tutelajes externos.
Porque la historia ya enseñó demasiado sobre lo que ocurre cuando la injerencia extranjera se normaliza en nombre del orden. Y las consecuencias nunca terminan favoreciendo a los pueblos.
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