La verdad también debe exigirse a los medios de comunicación

En una democracia, los medios de comunicación desempeñan una función indispensable. Informan, cuestionan al poder y contribuyen a la formación de la opinión pública. Precisamente por esa enorme responsabilidad, su principal obligación debería ser una sola: publicar hechos comprobados.

Lo ocurrido recientemente con El Universal demuestra por qué ese principio nunca puede relajarse. El diario publicó una supuesta entrevista de Carlos Monsiváis con expresiones atribuidas al escritor sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, tuvo que retirarla al reconocer que no podía acreditar su autenticidad.

No se trató únicamente de una rectificación editorial. Vale la pena preguntarnos cuántas personas ya habían leído, compartido y dado por cierta esa información antes de que el propio medio admitiera que no podía sostenerla. Para entonces, el daño ya estaba hecho.

Este episodio confirma que la desinformación no proviene únicamente de cuentas anónimas en redes sociales. También puede originarse en medios tradicionales de enorme alcance, cuando el afán de sostener una narrativa termina desplazando la obligación elemental de verificar los hechos antes de publicarlos.

Desde hace años, diversos medios con una línea editorial conservadora han mantenido una postura particularmente crítica frente a los gobiernos de izquierda. Esa posición es legítima y forma parte del pluralismo democrático. Lo que deja de ser aceptable es que la línea editorial prevalezca sobre el rigor periodístico. Una democracia necesita medios críticos, pero también responsables; medios que cuestionen al poder sin renunciar a la verdad.

La crítica nunca debe construirse sobre información cuya autenticidad no puede demostrarse. Cuando eso ocurre, el periodismo pierde autoridad moral y la ciudadanía pierde confianza. Las consecuencias de una publicación falsa, incompleta o insuficientemente corroborada pueden ser profundas e irreversibles.

Como jueza electa en materia penal, conozco bien el valor de la prueba. En un tribunal nadie puede ser condenado con rumores, percepciones o documentos cuya autenticidad no está acreditada. La presunción de inocencia es uno de los pilares del Estado de Derecho y constituye una garantía frente al abuso del poder. Ese mismo principio de prudencia y responsabilidad debería inspirar el ejercicio periodístico. Antes de afirmar, es indispensable corroborar.

Lo digo también desde la experiencia personal, ya que fui objeto de publicaciones en las que algunos medios afirmaron o insinuaron que había dejado en libertad a un feminicida. Esa versión se difundió ampliamente y generó una percepción equivocada sobre mi actuación como jueza electa. Sin embargo, omitía un hecho fundamental: esa persona nunca recuperó su libertad y actualmente existe una sentencia condenatoria de 45 años de prisión en su contra. Ese dato, indispensable para comprender el caso en su totalidad, prácticamente desapareció del debate público.

No se trata de una defensa personal. Se trata de evidenciar cómo la información parcial también desinforma. No siempre es necesario publicar una mentira; en ocasiones basta con omitir los hechos relevantes para conducir al lector hacia una conclusión equivocada.

Ese tipo de coberturas no sólo afecta la reputación de las personas involucradas. También deteriora la confianza ciudadana en las instituciones y en quienes las integran. Cuando se desacredita a juezas y jueces mediante información incompleta o fuera de contexto, el debate público deja de sustentarse en los hechos y comienza a construirse sobre percepciones.

El caso de El Universal debería abrir una discusión que durante mucho tiempo se ha evitado. Así como los medios exigen transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad a los poderes públicos, la sociedad también tiene derecho a exigirles el mismo estándar de rigor, ética y profesionalismo.

La libertad de expresión no está en debate. Es uno de los pilares de nuestra democracia. Lo que sí debe debatirse es la responsabilidad con la que se ejerce. Tener una línea editorial, sea de izquierda, de centro o de derecha, es completamente legítimo. Lo que nunca será legítimo es presentar como verdad aquello que no ha sido verificado o difundir sólo la parte de la historia que conviene a una determinada narrativa.

En los tribunales, una sola prueba insuficiente puede significar la absolución de un culpable o la condena de un inocente. Por eso el Derecho exige pruebas antes de emitir un juicio. Quizá ha llegado el momento de exigir el mismo estándar a quienes tienen el poder de informar. Porque en una democracia, la verdad no debe ser una opción editorial: debe ser una obligación ética.