Entre apodos, rumores y refinerías clandestinas: el México de las acusaciones sin pruebas

Resulta extraña, desafortunada y hasta contraproducente la declaración de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenara retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”, “narcogobierno” y “cártel de Morena”.

La resolución no significa que el INE haya prohibido criticar al partido gobernante ni que haya decretado que Morena está por encima del escrutinio público. Se trató de una medida cautelar relacionada con publicaciones específicas, al considerar que podían contener la imputación de hechos o delitos falsos sin un sustento fáctico suficiente. Alejandro Moreno respondió acusando al organismo electoral de censurar a la oposición.

Aquí surge una pregunta inevitable: si al PRI tuviéramos que imponerle un apodo a partir de su historia, ¿cuál sería?

La pregunta no pretende negar que de las filas del Partido Revolucionario Institucional surgieron grandes políticos, intelectuales, servidores públicos, diplomáticos, juristas y personajes que contribuyeron a construir instituciones importantes para México. Muchos de ellos se mantienen hoy alejados de los reflectores y de una dirigencia partidista que parece haber sustituido el debate de altura por el escándalo cotidiano.

El PRI no gana con esta clase de declaraciones. Por el contrario, pierde seriedad, autoridad moral y capacidad para presentarse como una oposición responsable.

Acusar no es demostrar

“Alito” acusa constantemente a funcionarios, políticos, empresarios y adversarios de tener vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción. Pero en un Estado de derecho existe una diferencia fundamental entre denunciar hechos sustentados y repetir calificativos diseñados para obtener atención en redes sociales.

La oposición tiene no solamente el derecho, sino la obligación de investigar, cuestionar y señalar al gobierno. Sin embargo, debe hacerlo mediante documentos, testimonios verificables, auditorías, expedientes y denuncias presentadas ante las autoridades competentes.

Cuando una acusación se presenta como un hecho consumado sin pruebas suficientes, puede convertirse en una irresponsabilidad política y eventualmente generar reclamaciones por afectaciones al honor, la reputación o el daño moral. Lo mismo puede aplicarse a quienes amplifican tales afirmaciones sin verificar su origen o sin distinguir entre una investigación formal, una sospecha, un testimonio y una simple versión periodística.

No toda crítica constituye daño moral, por supuesto. La libertad de expresión protege especialmente el debate sobre asuntos de interés público y permite una crítica amplia hacia los personajes políticos. Pero esa protección no debería interpretarse como autorización para presentar rumores como sentencias.

El periodismo de las “fuentes cercanas”

Alrededor del llamado huachicol fiscal hemos visto desarrollarse una trama que parece escrita para una película.

Todos dicen tener fuentes cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al secretario de Estado; al Departamento de Seguridad Nacional; al FBI; al Departamento de Justicia o a alguna agencia cuya identidad, naturalmente, nunca puede revelarse.

Algunos comunicadores anuncian detenciones que no ocurren, investigaciones que ninguna autoridad confirma, listas secretas que nunca aparecen y operativos que supuestamente comenzarán “en las próximas horas”. Otros aseguran conocer conversaciones privadas, solicitudes de extradición, cancelaciones de visas y hasta encuentros personales entre figuras políticas.

Tiran versiones al aire esperando que, entre tantas afirmaciones, alguna se parezca después a un acontecimiento real.

Eso no es investigación periodística. Es especulación disfrazada de exclusiva.

Esto no significa que el huachicol fiscal sea una invención. Por el contrario, existen investigaciones judicializadas, detenciones, órdenes de captura, testimonios, aseguramientos y expedientes abiertos. Desde septiembre de 2025 se han hecho públicas distintas investigaciones relacionadas con redes de contrabando de combustibles que habrían utilizado puertos, aduanas, ferrocarriles, buques y empresas transportistas para introducir hidrocarburos declarados falsamente como lubricantes, aditivos u otras sustancias.

Lo responsable es informar exactamente qué ha confirmado la autoridad, qué aparece en una carpeta de investigación, qué ha dicho un testigo y qué todavía no ha sido probado ante un tribunal.

Una persona mencionada en una investigación no es automáticamente culpable. Un señalamiento periodístico no equivale a una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión tampoco constituye una sentencia.

México merece periodistas que investiguen al poder, pero también periodistas que respeten los hechos.

Criticar al gobierno no significa inventar historias

El gobierno de Claudia Sheinbaum debe ser criticado cuando cometa errores, cuando una política pública no funcione, cuando una investigación no avance o cuando algún servidor público incurra en actos indebidos. Ningún gobierno puede estar exento del escrutinio.

Pero existe una diferencia entre fiscalizar al gobierno y tratar de apagar cualquier resultado positivo mediante rumores, exageraciones o relatos construidos de antemano.

Nuestro país enfrenta demasiados problemas reales como para fabricar problemas imaginarios. Los mexicanos necesitan información que les permita evaluar si están mejorando la seguridad, la salud, la educación, los salarios, la vivienda y las oportunidades de desarrollo.

La prensa no debe convertirse en una oficina de propaganda gubernamental, pero tampoco en una maquinaria de desgaste permanente en la que todo avance se niega y toda versión negativa se publica sin comprobarse.

Defender un proyecto de gobierno no debe significar cerrar los ojos ante la corrupción. Criticarlo tampoco debe significar desear que México fracase.

Las viviendas mexicanas frente al calor extremo

Existe otro asunto que necesita atención urgente: la forma en que estamos construyendo viviendas en las regiones de altas temperaturas.

Los periodos de calor son cada vez más prolongados e intensos. Sin embargo, una parte importante de la vivienda nueva continúa edificándose con muros, losas, ventanas y materiales que permiten una enorme transferencia de calor hacia el interior.

México ya cuenta con disposiciones técnicas. La NOM-020-ENER-2011 tiene como objetivo limitar la ganancia de calor a través de la envolvente de los edificios habitacionales, mientras que la NOM-018-ENER-2011 establece características y métodos de prueba para los aislantes térmicos empleados en edificaciones.

El problema, por tanto, no consiste solamente en crear nuevas normas. También es necesario revisar su aplicación, actualización, vigilancia y coordinación con los reglamentos estatales y municipales de construcción.

Se deberían exigir, según la región climática:

• Valores mínimos de resistencia térmica en muros y techos.
• Aislamiento continuo en azoteas y fachadas expuestas.
• Ventanas con propiedades adecuadas para disminuir la ganancia solar.
• Sombreamiento exterior, aleros y orientación bioclimática.
• Techos reflectivos o sistemas de cubierta ventilada.
• Pruebas de hermeticidad y eficiencia antes de entregar las viviendas.
• Preparación eléctrica y estructural para equipos eficientes y sistemas solares.
• Certificación del cumplimiento térmico como requisito para obtener la autorización de ocupación.

Actualmente, demasiadas familias terminan resolviendo con aire acondicionado lo que debió resolverse desde el diseño arquitectónico y el sistema constructivo.

El resultado es un círculo absurdo: se construye una vivienda barata pero térmicamente deficiente; la familia instala uno o varios equipos de aire acondicionado; aumenta el consumo eléctrico; la red de distribución se satura, y la Comisión Federal de Electricidad debe invertir en transformadores, subestaciones y capacidad adicional.

No puede afirmarse, sin una comparación homogénea, que una vivienda promedio en México consume más electricidad que una vivienda promedio en Estados Unidos. Los tamaños, climas, tarifas, aparatos y hábitos de consumo son diferentes. Lo que sí puede sostenerse es que una vivienda mal aislada requiere más energía de la necesaria para conservar condiciones aceptables de temperatura.

La eficiencia energética más económica es la energía que nunca fue necesario consumir.

Por ello, más que una reforma aislada a la Ley de Obras Públicas, se necesita una revisión integral de las normas de eficiencia energética, los reglamentos de construcción, los programas estatales de desarrollo urbano y los criterios utilizados para autorizar nuevos fraccionamientos.

¿Cómo se construye una refinería clandestina sin que nadie la vea?

El reciente aseguramiento de instalaciones clandestinas para almacenar, mezclar o procesar hidrocarburos abre preguntas mucho más profundas.

En Reynosa, Tamaulipas, las autoridades federales aseguraron dos instalaciones, entre ellas una refinería y una minirrefinería, junto con aproximadamente 3.7 millones de litros de hidrocarburos, tanques, tractocamiones, motobombas, generadores, tuberías y sistemas de videovigilancia.

Reportes posteriores señalaron que una de estas instalaciones habría operado durante varios años y contaba con una infraestructura de escala industrial. Hasta el momento de esos reportes no se habían informado detenciones directamente vinculadas con el aseguramiento, y continuaban las investigaciones sobre el origen del crudo, la propiedad de los predios y las redes que abastecían la operación.

La pregunta es elemental: ¿cómo se construye una instalación de esa magnitud sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal detecte movimientos de tierra, estructuras, tanques, tuberías, transporte pesado, consumo eléctrico, emisiones, residuos y circulación constante de pipas?

Una operación de refinación o procesamiento de hidrocarburos requiere conocimientos técnicos, controles de temperatura, sistemas de bombeo, almacenamiento, separación, mezclado y manejo de sustancias altamente inflamables. También necesita operadores, mecánicos, soldadores, transportistas, proveedores y compradores.

No estamos hablando de una toma clandestina escondida entre la maleza. Estamos hablando de infraestructura industrial.

También debe aclararse qué productos generaban realmente estas instalaciones. Refinar petróleo crudo hasta obtener gasolina, diésel o turbosina que cumplan especificaciones comerciales es un proceso distinto y mucho más complejo que mezclar combustibles, alterar componentes, recuperar hidrocarburos o acondicionar producto robado.

Por eso es indispensable que las autoridades expliquen:

• ¿Quién diseñó y construyó las plantas?
• ¿De dónde salió el equipo?
• ¿Quién suministró el crudo?
• ¿A quién se vendía el producto?
• ¿Contaban con energía eléctrica contratada?
• ¿Utilizaban pozos o descargas clandestinas?
• ¿Existieron inspecciones ambientales, municipales o de protección civil?
• ¿Quiénes eran los propietarios reales de los predios y las empresas relacionadas?
• ¿Participaron técnicos o antiguos trabajadores de compañías petroleras?
• ¿Hubo omisiones, corrupción o protección institucional?

Si una planta operó durante años, no basta con decomisar el combustible y publicar fotografías del operativo. Se debe reconstruir toda la cadena: financiamiento, ingeniería, construcción, abastecimiento, transformación, transporte, facturación, distribución y lavado de ganancias.

¿Plan con maña?

La sofisticación y duración de algunas de estas operaciones permite considerar varias hipótesis, pero no autoriza a presentar ninguna como verdad sin pruebas.

Pudo existir corrupción de autoridades locales. Pudo haber complicidad dentro de dependencias federales. Pudo tratarse de empresas aparentemente legales que ocultaban actividades ilícitas. También es posible que investigaciones de inteligencia se hayan mantenido abiertas durante meses o años para identificar a toda la red antes de intervenir.

Lo que todavía no puede afirmarse es que todo haya sido deliberadamente permitido como una trampa política para hacer caer a determinados personajes.

Esa interpretación un “plan con maña”, preparado desde hace tiempo para que alguien mordiera el anzuelo y el caso estallara en el momento políticamente conveniente— es atractiva como hipótesis narrativa, pero requiere evidencias: documentos, órdenes, comunicaciones, seguimientos financieros o testimonios corroborados.

Precisamente esa es la diferencia entre una columna de opinión responsable y las historias que aquí estamos cuestionando.

Podemos preguntar. Podemos sospechar. Podemos señalar contradicciones. Pero no debemos condenar sin pruebas.

El país necesita respuestas, no sobrenombres

México no se va a arreglar llamando “narcopartido” al adversario, ni calificando de traidor a todo crítico, ni inventando fuentes en Washington, ni anunciando detenciones imaginarias.

Se arreglará con expedientes bien integrados, investigaciones financieras, auditorías aduanales, controles en puertos, vigilancia sobre el transporte de combustibles, normas de construcción modernas, mejores viviendas y autoridades que rindan cuentas.

Alejandro Moreno tiene derecho a criticar al gobierno y a impugnar la decisión del INE. Morena también debe aceptar el escrutinio y responder con transparencia ante cualquier señalamiento sustentado. Pero ninguno de los dos lados debería sustituir los argumentos por apodos.

Porque cuando la política se convierte en una guerra de sobrenombres, el debate público se empobrece.

Y mientras los partidos discuten cómo llamarse unos a otros, quedan sin respuesta las preguntas verdaderamente importantes:

• ¿Quién protegió el contrabando de combustibles?
• ¿Cómo operaron instalaciones industriales clandestinas durante años?
• ¿Dónde están los responsables?
• ¿Por qué seguimos construyendo viviendas inadecuadas para el clima?
• ¿Y cuándo recuperará el periodismo el compromiso de informar antes de sentenciar?

Eso es lo que el pueblo de México merece conocer.