Hay algo que estamos normalizando en México y que merece una reflexión seria. Hoy basta una publicación en redes sociales, una fotografía fuera de contexto, un supuesto documento filtrado o una declaración frente a una cámara para que una persona pueda pasar, en cuestión de horas, de ciudadano a culpable ante la opinión pública. Después vienen las aclaraciones, los desmentidos y algunas veces hasta las disculpas, pero casi siempre llegan cuando el daño ya está hecho.
Vivimos posiblemente uno de los mejores momentos de la historia para ejercer la libertad de expresión. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para denunciar, investigar, cuestionar al poder y hacer pública una injusticia. Eso debemos defenderlo y conservarlo. El problema comienza cuando confundimos la libertad de expresión con una supuesta libertad para acusar sin asumir responsabilidad alguna por lo que se dice o publica.
En días recientes vimos circular información relacionada con una supuesta orden de aprehensión contra el senador Adán Augusto López Hernández. Independientemente del personaje y del partido político al que pertenece, el episodio sirve perfectamente para observar la velocidad con la que funciona actualmente nuestro ecosistema informativo. Una versión aparece en algún sitio, alguien la reproduce, otros medios o cuentas la retoman y después llegan los encabezados, comentarios y publicaciones en redes sociales. En cuestión de horas miles de personas pueden estar discutiendo la culpabilidad de alguien sobre la base de información cuyo origen probablemente ni siquiera conocen.
Y cuando finalmente aparece una aclaración, difícilmente consigue la misma difusión.
Aquí existe una diferencia elemental que estamos comenzando a olvidar. Una denuncia no es una sentencia, una investigación tampoco representa una condena y la existencia de una carpeta de investigación no convierte automáticamente a una persona en delincuente. Mucho menos lo hace una publicación en Facebook, X, TikTok o cualquier otra plataforma. Sin embargo, hemos creado una especie de tribunal digital donde muchas veces primero dictamos sentencia y después nos preocupamos por conocer los hechos.
Sería un error convertir esta discusión en otro enfrentamiento entre Morena, PAN, PRI o cualquier otro partido. Hoy puede tratarse de Adán Augusto López; mañana podría ser un senador de oposición, un gobernador, un empresario, un periodista, un médico, un maestro o cualquier ciudadano. El principio debería ser exactamente el mismo independientemente del nombre, posición económica o afiliación política de la persona involucrada.
A lo largo de nuestra historia reciente hemos visto acusaciones públicas relacionadas con corrupción, fraude, abuso sexual, violación, narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, robo y desfalco. Muchas terminaron comprobándose y quienes cometieron esos actos debieron responder ante la justicia. Otras nunca consiguieron acreditarse y algunas terminaron siendo completamente falsas. El problema es que cuando una acusación falsa consigue suficiente difusión, difícilmente la aclaración alcanza posteriormente a todas las personas que conocieron la primera versión.
Una reputación puede tardar décadas en construirse y solamente unas horas en destruirse. Una acusación falsa puede provocar pérdida de clientes, contratos, empleos, amistades y oportunidades profesionales, además de afectar directamente a una familia. Meses o años después puede demostrarse que aquella información era incorrecta, pero para entonces las consecuencias económicas, personales y psicológicas pueden resultar prácticamente imposibles de revertir. El escándalo suele ocupar la primera plana; la aclaración, cuando existe, rara vez recibe el mismo espacio.
Precisamente ahí existe una discusión jurídica y social que México debería tomarse mucho más en serio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado criterios buscando un equilibrio entre dos derechos fundamentales: por un lado la libertad de expresión y, por otro, la protección del honor y la reputación. Ese equilibrio resulta indispensable porque cualquiera de los dos extremos puede ser peligroso.
La solución definitivamente no puede consistir en que el gobierno determine qué información es verdadera y cuál es falsa. México necesita una prensa libre, incluso incómoda. Necesitamos periodistas investigando presidentes, gobernadores, senadores, alcaldes, empresarios, militares, policías, jueces y partidos políticos. Necesitamos medios capaces de publicar investigaciones aun cuando resulten incómodas para quienes tienen poder, y necesitamos instituciones capaces de proteger a quienes realizan ese trabajo.
También debemos reconocer que existe una preocupación legítima por la utilización de procedimientos judiciales para intimidar periodistas. Una legislación mal diseñada podría terminar convirtiéndose en una herramienta perfecta para que alguien con poder económico o político amenace con demandas a cualquiera que pretenda investigarlo. Sería tan grave permitir la mentira deliberada como utilizar la justicia para impedir que alguien descubra una verdad incómoda.
Por eso existe una distinción fundamental: equivocarse investigando no es lo mismo que mentir deliberadamente.
Un periodista puede recibir información de una fuente que considera confiable, investigarla, contrastarla y publicar elementos que posteriormente resulten incorrectos. El periodismo no es una ciencia exacta y exigir infalibilidad sería prácticamente exigir silencio. Otra situación completamente distinta sería fabricar documentos, alterar información, inventar deliberadamente una acusación o presentar conscientemente como verdadero algo que se sabe falso con la finalidad de perjudicar a otra persona.
Y esta responsabilidad no debería limitarse a los periodistas. Los políticos tendrían que someterse exactamente al mismo principio. Durante campañas electorales y enfrentamientos políticos escuchamos con enorme facilidad palabras como delincuente, corrupto, narcotraficante, criminal o ladrón. Algunas acusaciones pueden estar sustentadas y merecen investigarse; otras simplemente forman parte de una estrategia para destruir políticamente al adversario.
La competencia electoral tampoco debería convertirse en una licencia para destruir reputaciones. Quien tenga conocimiento de un delito debe denunciarlo, quien posea documentos debe presentarlos y quien tenga elementos periodísticos debe investigarlos. Pero todos deberíamos recuperar la diferencia entre señalar una posible irregularidad, investigar los hechos, formular una acusación y declarar culpable a una persona. Son situaciones completamente distintas.
Las redes sociales complicaron todavía más este fenómeno. Hace veinte años, para conseguir que una acusación alcanzara difusión nacional era necesario tener acceso a una televisora, una estación de radio o un periódico. Hoy cualquier persona con un teléfono puede publicar información que potencialmente alcance a millones de usuarios. Eso democratizó extraordinariamente la comunicación y constituye uno de los grandes avances de nuestra época, pero también democratizó la capacidad de destruir una reputación.
Un ciudadano puede difundir un rumor desde su casa, un influencer convertirlo en tendencia y una cuenta anónima publicar un supuesto documento que miles de personas terminarán compartiendo sin preguntarse de dónde provino. La responsabilidad, por lo tanto, ya no puede considerarse exclusivamente un problema de los medios tradicionales. Es un asunto que involucra periodistas, políticos, funcionarios, empresarios, creadores de contenido y ciudadanos.
Quizá por eso deberíamos hablar menos de censura y mucho más de responsabilidad.
No necesitamos un ministerio de la verdad ni funcionarios revisando encabezados antes de que sean publicados. Mucho menos necesitamos periodistas solicitando permiso al gobierno para investigar. Lo que sí necesitamos es una cultura jurídica, política y periodística en la que la libertad tenga como compañera inseparable a la responsabilidad.
México podría fortalecer los mecanismos de derecho de réplica y procurar que las aclaraciones tengan una relevancia razonablemente proporcional a la publicación que originó el daño. También resulta necesario que los mecanismos civiles relacionados con el daño moral funcionen correctamente cuando realmente pueda demostrarse una afectación, y que fabricar documentos o pruebas con la intención de incriminar públicamente a alguien tenga consecuencias conforme a derecho. Al mismo tiempo, las protecciones para periodistas deben ser suficientemente fuertes para impedir que políticos, empresarios o funcionarios conviertan una demanda en un instrumento de intimidación.
Encontrar ese equilibrio no será sencillo, pero resulta indispensable.
El periodismo no nació para ser cómodo. Un buen periodista debe preguntar, desconfiar, investigar, confrontar versiones y, cuando tenga elementos suficientes, publicar aunque al Presidente, al gobernador, al empresario o al partido político en turno no le guste. Eso forma parte esencial de una democracia.
Pero investigar no es inventar, cuestionar no significa condenar y libertad de expresión tampoco debería significar inmunidad absoluta frente a una mentira deliberadamente fabricada para destruir a otra persona.
Tenemos que proteger incluso las expresiones que nos incomodan y permitir que el periodismo llegue hasta donde tenga que llegar. El poder público debe permanecer permanentemente bajo escrutinio y ninguna legislación debería convertirse en un escudo para evitarlo. Pero una democracia tampoco debería aceptar que una mentira deliberada tenga licencia para destruir una reputación, un patrimonio, una familia o una vida.
Ni censura ni persecución a periodistas, pero tampoco impunidad para quien deliberadamente fabrica una mentira y provoca con ella un daño.
La libertad de expresión es demasiado importante para limitarla, pero también demasiado importante para utilizarla irresponsablemente.
Tal vez por ahí deberíamos comenzar.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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