Categoría: Opinión

  • México se transforma: ¿Quién está contando la historia?

    México se transforma: ¿Quién está contando la historia?

    Entre detenciones, liderazgos, programas sociales y obras públicas, el verdadero debate es si estamos evaluando al país con datos o con prejuicios políticos.

    México vive una etapa de reacomodo político. Las lealtades se ponen a prueba, los liderazgos se redefinen y los acontecimientos revelan que el poder no es estático. El caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, detenido en medio de las investigaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antinarcóticos, es un ejemplo de ello.

    La gobernadora Maru Campos respaldó que se investiguen los hechos, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la legalidad y la soberanía nacional. La Fiscalía acusa al exfuncionario de presuntas irregularidades, incluida la participación no autorizada de agentes extranjeros en operaciones de seguridad. El proceso debe esclarecer responsabilidades sin confundir una acusación con una sentencia.

    Pero hay algo más que observar: la política mexicana también se define por la capacidad de los gobernantes para responder a las crisis, respetar las instituciones y asumir las consecuencias de sus decisiones.

    Los resultados más allá de los partidos

    En medio de la discusión política, escucho con frecuencia que México está retrocediendo, que no se construye nada y que los recursos públicos se desperdician en programas sociales.

    ¿Es realmente así?

    El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, presentado en septiembre de 2025, reportó avances en hospitales, educación media superior, vivienda, carreteras y proyectos ferroviarios. También informó sobre la expansión de los programas sociales. Son datos oficiales que deben contrastarse con presupuestos ejercidos, obras terminadas y resultados medibles.

    Y hay que decirlo con claridad: no todo avance en México es mérito exclusivo de la Cuarta Transformación.

    Gobernadores como Pablo Lemus, en Jalisco; Samuel García, en Nuevo León; y Maru Campos, en Chihuahua, también han impulsado proyectos de infraestructura y servicios públicos que deben evaluarse por sus propios resultados.

    Reconocer sus acciones no significa respaldar todas sus decisiones. Significa entender que México es una federación y que el desarrollo nacional depende de la participación de gobiernos federales, estatales y municipales.

    La crítica debe ser pareja. Si una administración construye carreteras, mejora el transporte o amplía los servicios públicos, corresponde examinar sus resultados. Si incumple, también debe rendir cuentas.

    No se trata de repartir flores por simpatías partidistas, sino de reconocer resultados donde los haya.

    Los programas sociales no son exclusivos de México

    Otro argumento recurrente es que apoyar económicamente a las familias de menores ingresos equivale a premiar la falta de trabajo.

    La realidad es más compleja.

    Estados Unidos mantiene programas como Medicaid, que facilita el acceso a servicios médicos, y SNAP, destinado a la asistencia alimentaria. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental estadounidense, publicado en 2026, estimó que millones de adultos beneficiarios de estos programas también trabajaron durante 2024; aproximadamente dos tercios de los adultos trabajadores analizados habían laborado a tiempo completo durante algún periodo relevante.

    Esto demuestra que recibir asistencia pública no significa necesariamente negarse a trabajar.

    Por supuesto, los programas sociales deben fiscalizarse y evaluarse. No basta con entregar dinero: hay que conocer sus efectos sobre la pobreza, la educación, la salud y las oportunidades laborales.

    La protección social puede aliviar necesidades inmediatas, pero debe acompañarse de servicios públicos eficientes y una economía que genere empleos dignos.

    El periodismo: investigar, no descalificar

    Aquí llegamos al punto central.

    Me preocupa que parte del debate público se reduzca a dos extremos: quienes consideran que todo lo que hace el gobierno está mal y quienes creen que cualquier crítica constituye un ataque político.

    El periodismo tiene la obligación de cuestionar al poder, cualquiera que sea su partido. Pero también tiene la responsabilidad de verificar sus afirmaciones, contrastar fuentes y distinguir entre una denuncia, una investigación y un hecho probado.

    La publicidad oficial merece un escrutinio especial porque puede convertirse en un instrumento de presión o de recompensa editorial. Sin embargo, recibir recursos públicos no demuestra automáticamente que un medio haya perdido su independencia, del mismo modo que criticar al gobierno no garantiza rigor periodístico.

    La credibilidad se construye con documentos, investigación, transparencia y disposición para cuestionar a todos los actores políticos.

    Si un gobierno anuncia una obra, debemos preguntar cuánto costó, si terminó y a quién beneficia. Si un medio denuncia corrupción, debe presentar pruebas. Y si una administración consigue resultados positivos, esos resultados también deben informarse.

    Criticar al poder es indispensable; informar con rigor es innegociable.

    México necesita menos consignas y más resultados

    La inseguridad, los rezagos en salud, las desigualdades educativas y las dificultades para acceder a una vivienda digna siguen siendo desafíos reales. Al mismo tiempo, existen programas, inversiones y proyectos de infraestructura que merecen una evaluación seria.

    Ambas realidades pueden coexistir.

    La Cuarta Transformación debe responder por sus logros y sus pendientes. Los gobiernos estatales deben someterse al mismo escrutinio. Y los medios tienen que demostrar que su compromiso es con la información, no con una corriente política.

    México no necesita que todos aplaudan al gobierno, ni que todos lo condenen. Necesita ciudadanos capaces de distinguir entre propaganda y evidencia.

    Porque las obras no pertenecen a un partido, los recursos públicos no son propiedad de los gobernantes y la crítica no es patrimonio exclusivo de la oposición.

    Al final, la pregunta no es quién se lleva las flores.

    La verdadera pregunta es quién está dando resultados, quién está fallando y quién tiene la honestidad periodística de contarlo con pruebas.

    Esa es la discusión que México merece. Y esa es la responsabilidad que el periodismo no debe abandonar.

  • MORENA Y LA DISPUTA POR EL HUESO: ¿DÓNDE QUEDÓ EL OBRADORISMO?

    MORENA Y LA DISPUTA POR EL HUESO: ¿DÓNDE QUEDÓ EL OBRADORISMO?

    En lo que va del mes hemos sido testigos de un montón de suspirantes a las coordinaciones de los diferentes cargos que estarán en disputa en el 2027 por parte de la 4T. Algunos cuadros eran los naturales y otros pareciera que fueron impuestos o, peor aún, da la impresión de que se están dando por perdidas. Tal es el caso de Nuevo León, con una candidata manchada por escándalos relacionados con la secta NXIVM, o casos como el de Chihuahua, con Andrea Chávez, o, peor aún, el hijo del impresentable de Pedro Haces, cuyo único logro es eso… ser hijo de un político que ha traicionado los principios de la Transformación de una manera por demás indignante. Ahora, no conforme, quiere dejar una herencia… muy a la Monreal, así mero, como Saúl, ese que salió dando un discurso y entrevistas de ser el salvador de Fresnillo, Zacatecas, para recuperar ese municipio.

    Y así sigue el desfile de la vergüenza de candidatos que andan atrás del hueso, olvidándose totalmente de los principios del obradorismo, esos principios que aborrecen buscar el poder por el poder, esa ambición desmedida de seguir en el presupuesto sea como sea y que está siendo apoyada por la parte cupular del partido.

    Dicho de otro modo, el desempeño de Citlalli y Ariadna ha sido por demás mediocre en la selección de algunos candidatos y se observa nuevamente la opacidad del método de selección, en donde, si no eres del agrado de la dirigencia, simplemente te dicen que la encuesta no favoreció y sales corrido en la carrera por esas famosas coordinaciones.

    Es de risa ver caminar a la gente que suspira por el poder con el periódico del partido. Hablan de los logros del actual gobierno, hablan de programas sociales, hacen como que escuchan a la gente y, a la media hora, se olvidan de todo lo que hicieron, cegados por la ambición por el poder, pero sin tener lo principal que debe presentar una persona que aspira a gobernar o a desempeñar una función legislativa: UN PROYECTO. Así como se lee, la inmensa mayoría de los candidatos no cuentan con un proyecto, entendiéndose que no es lo mismo hacer propuestas que presentar un proyecto a la ciudadanía, ya que no tienen la menor idea de cuáles son las necesidades del lugar que van a representar o en qué van a destinar recursos. Es por eso que personalmente no estoy de acuerdo con esa idea de TERRITORIO; han choteado esa palabra como si fuera un gran logro andar entre la gente o las colonias que se tiene la intención de representar. El político sin proyecto está vacío, simplemente es inútil y tiene muchas probabilidades de fracasar.

    AMLO nos dejó la enseñanza de su PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN, ese documento que tenía la intención de atacar los grandes problemas del país, basado en todo el aprendizaje que nuestro cabecita de algodón tenía por su cercanía al pueblo. Sin embargo, en tan poco tiempo, la rienda de la transformación se ha soltado para algunos o se ha aflojado para otros, con la complacencia de la dirigencia, esa que cada día que pasa se vuelve más laxa y menos comprometida con los valores de la 4T.

    Ojalá no veamos más impresentables y recuerden la esencia del movimiento; de lo contrario, solo lograrán perder espacios que con tanto sacrificio fueron ganados.

    El pueblo será quien juzgue. Espero la sentencia no sea muy dura, por el bien de México.

  • Nunca Nobel a Trump

    Nunca Nobel a Trump

    El 28 de febrero de 2026 las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron la escuela primaria Shajare Tayebé situada en la ciudad de Minab, al sur de Irán, con dos misiles Tomahawk, que impactaron con unos minutos de intervalo.

    La escuela fue atacada durante en horas hábiles lo cual confirmaron los medios. En la acción premeditada por Estados Unidos 168 personas murieron en el ataque, la gran mayoría niñas de entre siete y doce años.

    Este simple antecedente es motivo suficiente para nunca otorgarle el premio nobel de la paz a Trump sino para juzgarlo en la misma Corte Internacional que él no sólo descalifica sino que intenta castigar.

    Trump ha perdido la conexión con la realidad, embriagado de poder, tanto que se convirtió en un delirio personificado. Asesino serial, pedófilo, homicida, acusado de crímenes de lesa humanidad, no puede siquiera aspirar a estar vivo; sin embargo, se molestó ante la negativa de recibir un premio internacional que no merece.

    Nadie sabe cuál es la democracia que quiere imponer Estados Unidos a otros países, porque, en términos reales, carece de estructura definida su forma de elección. Los partidos no son entes regulados por el Estado, sino asociaciones privadas, protegidas por la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de asociación, un club simplemente. No hay soberanía en sus dependencias son sucursales de un grupo de empresas que defienden sus intereses, desde hace un par de siglos.

    Un territorio que todavía no se consolida como país no puede tener sistema político ni estructura electoral.

    Todo tipo de decisión de gobierno no sólo es unilateral sino autoritaria. Esto no puede ser motivo de ningún premio sino de un castigo mundial. El régimen de Estados Unidos estorba para la paz mundial.

    Ante la negativa del premio, Washington anunció restricciones financieras y comerciales contra el tribunal internacional tras otorgarse el premio a la jurista sudafricana y exjueza Navi Pillay, de 85 años, y fuera alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y jueza de la CPI.

    Todos los jueces de la corte fueron sancionados, incluso sus cuentas congeladas por orden del bárbaro del norte que creyó merecer el premio Nobel de la paz.

    El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al tribunal de actuar contra los intereses estadounidenses. “Prohibiremos las transacciones con este tribunal”. Las medidas afectan el acceso del tribunal a servicios financieros, tecnología y operaciones en dólares.

    La administración Trump justifica la decisión por las investigaciones y órdenes de arresto emitidas por la CPI contra funcionarios israelíes, incluido el genocida Benjamin Netanyahu.

    Estados Unidos no es integrante del tribunal, creado en 2002 para investigar y juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

    La Corte Penal Internacional calificó la posición de la Casa Blanca de ataque al Estado de derecho y al orden jurídico internacional, su fiscal adjunta, Nazhat Shameem Khan, sostuvo que las medidas buscan debilitar la labor de una institución judicial independiente.

    Aseguró que las investigaciones y los procesos continuarán, la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, también pidió respaldo a los países miembros, que deben levantar la voz contra el caprichoso mandatario que pasa de lo pueril a la sicopatía.

  • MÉXICO ACELERA SU REVOLUCIÓN DIGITAL

    MÉXICO ACELERA SU REVOLUCIÓN DIGITAL

    Economía digital, inclusión financiera y nuevos desafíos regulatorios

    México se encuentra ante una transformación decisiva de su sistema económico y financiero. La aprobación de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos representa un paso relevante en la estrategia nacional para modernizar las transacciones, ampliar la inclusión financiera y reducir la dependencia del dinero en efectivo. El Senado de la República aprobó la legislación el 20 de octubre de 2026 y la remitió al Ejecutivo federal para continuar con el proceso correspondiente.

    La nueva legislación busca establecer un marco jurídico que favorezca la utilización de medios de pago digitales y electrónicos en las actividades económicas. Su propósito no se limita a incorporar tecnología en las operaciones comerciales, sino que pretende transformar la manera en que las personas, las empresas y las instituciones públicas realizan transacciones, contratan servicios financieros y participan en el mercado.

    Uno de sus principales alcances consiste en impulsar mecanismos de pago electrónicos que faciliten las operaciones cotidianas y contribuyan a mejorar la trazabilidad de los recursos. Herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y Cobro Digital (CoDi) ofrecen infraestructura sobre la cual puede desarrollarse un ecosistema financiero más ágil, accesible y eficiente.

    Desde una perspectiva económica, la digitalización de los pagos puede generar beneficios importantes. La reducción de costos asociados al manejo de efectivo, la simplificación de procesos administrativos y la posibilidad de realizar operaciones de manera inmediata pueden favorecer tanto a los consumidores como a las empresas. Para los pequeños comercios, emprendedores y trabajadores independientes, estas herramientas representan oportunidades para ampliar sus mercados, mejorar sus registros financieros y facilitar su incorporación a la economía formal.

    Sin embargo, la transformación digital también plantea desafíos estructurales. México mantiene profundas desigualdades en materia de conectividad, acceso a dispositivos tecnológicos y utilización de servicios bancarios. Las comunidades rurales, las personas adultas mayores y los sectores de menores ingresos pueden enfrentar mayores dificultades para adaptarse a un sistema que privilegie las operaciones electrónicas.

    Por ello, la modernización financiera debe acompañarse de políticas públicas que garanticen el acceso universal a los servicios digitales. Una legislación de esta naturaleza no puede evaluarse únicamente por el crecimiento de las transacciones electrónicas, sino también por su capacidad para reducir las brechas económicas y territoriales. La inclusión financiera requiere infraestructura, educación digital, mecanismos de atención accesibles y alternativas para quienes todavía dependen del efectivo.

    Otro aspecto relevante es la posibilidad de establecer restricciones al uso de dinero físico en determinadas actividades económicas. Esta orientación busca fortalecer la trazabilidad de las operaciones y contribuir al combate de prácticas ilícitas. No obstante, debe distinguirse entre promover los pagos digitales y establecer prohibiciones generales al efectivo. La aplicación de nuevas reglas requiere claridad jurídica, proporcionalidad y certeza para ciudadanos y comerciantes.

    La protección de los datos personales y la seguridad informática también deben ocupar un lugar central. A medida que aumenta el volumen de operaciones electrónicas, crece la importancia de prevenir fraudes, suplantaciones de identidad, accesos no autorizados y vulneraciones de información financiera. La confianza ciudadana dependerá de que las instituciones y los proveedores de servicios implementen salvaguardas eficaces, transparentes y sujetas a supervisión.

    En este contexto, la digitalización también puede fortalecer la capacidad del Estado para diseñar políticas económicas sustentadas en información más precisa. Los registros electrónicos pueden contribuir a mejorar la fiscalización, reducir ciertas prácticas de evasión y facilitar la evaluación de programas públicos, siempre que su utilización respete los derechos fundamentales y los principios de protección de datos.

    La aprobación legislativa constituye, por tanto, un punto de partida y no el final de la transformación. Su impacto dependerá de las disposiciones de implementación, la coordinación entre autoridades, la capacidad tecnológica del país y la vigilancia sobre las condiciones de competencia en los servicios de pago.

    México tiene la oportunidad de construir una economía digital que combine innovación, productividad y justicia social. El verdadero éxito de esta legislación no consistirá en sustituir indiscriminadamente el efectivo, sino en garantizar que la tecnología amplíe las oportunidades económicas, fortalezca la confianza institucional y permita que los beneficios de la modernización lleguen a toda la población. La revolución digital solo será verdaderamente transformadora cuando nadie quede excluido de ella.

  • Carlos Gutiérrez Mancilla: el porrismo como forma de hacer política

    Carlos Gutiérrez Mancilla: el porrismo como forma de hacer política

    Hay políticos que buscan convencer con argumentos y otros que parecen creer que la mejor manera de demostrar poder es mediante los insultos, los empujones y la intimidación. Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, parece encajar en esta segunda categoría.

    Sus recientes enfrentamientos con figuras de otras fuerzas políticas, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, Arturo Ávila y Jorge Álvarez Máynez, vuelven a poner sobre la mesa una pregunta necesaria: ¿en qué momento la política dejó de ser un espacio para debatir y se convirtió en un espectáculo de confrontaciones físicas?

    Porque una cosa es defender una postura con firmeza y otra muy distinta es recurrir a la agresión para intentar imponerse. El porrismo no es valentía, ni los golpes son argumentos.

    También debemos hablar de la cultura machista que atraviesa estas conductas. Durante décadas se ha asociado la masculinidad con imponerse por la fuerza, intimidar al adversario y demostrar que nadie puede cuestionar al hombre que ocupa una posición de poder. Esa lógica también se reproduce en la política y debe ser cuestionada, sin importar quién la ejerza o contra quién se dirija.

    Un representante popular no debería necesitar recurrir a la violencia para demostrar autoridad. Su responsabilidad es legislar, proponer soluciones y representar a la ciudadanía, no convertir las diferencias políticas en riñas.

    Y que Mancilla pertenezca al PRI tampoco es un detalle menor en términos simbólicos. El partido que gobernó México durante décadas carga con una historia de autoritarismo, corporativismo y prácticas de control político. Sería injusto afirmar que todos sus militantes actúan de la misma manera, pero sí es legítimo cuestionar cuando sus representantes reproducen comportamientos que recuerdan aquellas “viejas” formas de ejercer el poder.

    La democracia mexicana ha costado décadas de luchas sociales y políticas. No podemos normalizar que quienes ocupan cargos públicos regresen a la lógica de la intimidación y la fuerza.

    Además, cuando las dirigencias toleran estas conductas o evitan establecer límites claros, también deben responder por la cultura política que permiten dentro de sus organizaciones.

    México necesita legisladores que discutan los problemas del país, no políticos que conviertan cada desacuerdo en un ring. La ciudadanía merece propuestas sobre seguridad, empleo, salud y servicios públicos, no espectáculos de agresividad partidista.

    Y esto debe exigirse por igual a todas las fuerzas políticas: ningún partido tiene derecho a justificar la violencia cuando la ejerce uno de los suyos. La tribuna es para las ideas, no para los golpes.

    Carlos Gutiérrez Mancilla puede defender al PRI y confrontar a sus adversarios todo lo que quiera. Lo que no debería hacer es confundir la representación popular con el porrismo.

    Porque la política democrática consiste en convencer, no intimidar; en debatir, no agredir; en transformar la realidad, no reproducir las prácticas autoritarias del pasado.

    México necesita representantes del pueblo, no porros con fuero.

  • Ley Catastral y Programa Metropolitano: texto vs rumor

    Ley Catastral y Programa Metropolitano: texto vs rumor

    ¿Van a subir el predial o a quitarle a alguien su casa por tener un terreno baldío? La pregunta recorre conversaciones familiares y redes sociales. Este 18 de octubre, las autoridades anunciaron que revisarán las propuestas más cuestionadas del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Lo hicieron mientras su consulta pública sigue abierta y después de que el Congreso aprobó una nueva ley catastral. En medio del temor y las respuestas oficiales, conviene separar los textos: ¿qué propone cada uno y qué podemos hacer todavía?

    La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral busca que los catastros y los registros de la propiedad de todo el país compartan información y operen con herramientas compatibles. Prevé una Clave Única para identificar cada inmueble y una cédula que vincule esa clave con su registro. Si los datos coinciden y pueden consultarse mejor, será más fácil detectar errores. Pero una clave no es una escritura ni demuestra por sí sola quién es dueño de una casa.

    La ley no crea un impuesto federal, no fija una nueva tasa de predial y no entrega a la Federación su cobro. El temor, sin embargo, tiene una raíz comprensible: un padrón más completo puede facilitar que las autoridades locales revisen valores catastrales, utilizados para calcular ese impuesto. Modernizar la información no equivale automáticamente a aumentar el recibo, pero tampoco garantiza que todos los recibos permanezcan iguales. Habrá que vigilar las decisiones de cada municipio y entidad.

    El Programa de Ordenación trata de otro asunto: cómo coordinar la planeación de una metrópoli que abarca la Ciudad de México y municipios del Estado de México, Hidalgo y Morelos. Su proyecto, organizado en nueve apartados, propone rutas para atender problemas compartidos como vivienda, movilidad y uso del suelo. Según su propia introducción, orienta a las autoridades: no sustituye los planes locales, no cambia directamente los usos del suelo ni impone por sí solo obligaciones a los propietarios.

    Entonces, ¿por qué causó inquietud? Porque en sus capítulos 7 y 8 aparecen propuestas para acercar los valores catastrales a los de mercado y aprovechar predios baldíos o subutilizados. Aunque no se aplican automáticamente, podrían influir en decisiones locales posteriores. Una frase del programa no basta para quitarle a alguien su propiedad; tampoco sería responsable ignorar cómo esa propuesta pudiera traducirse después en una regla o un acto de autoridad. Esa es la diferencia entre descartar un rumor y examinar un riesgo.

    Ambos instrumentos se tocan en un punto: la ley puede mejorar los datos de los inmuebles y el programa puede aprovechar esa información para orientar la planeación. Pero tienen distinto alcance y están en momentos distintos. La ley ya fue aprobada por Diputados y Senado y espera su publicación; el programa todavía puede cambiar. El anuncio de revisión sobre valor catastral y predios baldíos reconoce las preocupaciones recibidas. Aún no sabemos qué se eliminará o modificará en la versión final.

    También hay fechas que seguir. Una vez que entre en vigor la ley, deberán emitirse lineamientos técnicos en treinta días hábiles; las plataformas y modelos deberán estar listos para operar el 1 de enero de 2027, y los congresos locales tendrán 180 días para adecuar sus normas. Ahí importa saber cómo se corregirán datos equivocados y qué podrá hacer una persona si una decisión afecta su patrimonio. Si alguna autoridad actualiza valores, deberá explicar sus criterios y respetar los medios de defensa aplicables.

    La participación inmediata está en el programa. Hasta el 22 de noviembre puede consultarse el proyecto en pozmvm.sedatu.gob.mx y enviar observaciones mediante su formulario o al correo [email protected]. Señalar el apartado preocupante, explicar su posible efecto y proponer una corrección es más útil que repetir que habrá un «predialazo» o aceptar sin más que nada puede pasar. Después habrá que comparar las observaciones con el texto definitivo y seguir las decisiones locales.

    La discusión ya produjo una promesa de revisión. Ahora toca convertirla en cambios verificables. Una casa no se defiende con un rumor, pero tampoco con un comunicado tranquilizador: se defiende leyendo lo que se propone, participando a tiempo y exigiendo que cada decisión sobre el patrimonio tenga razones y responsables.

  • Irán asegura tener como botín la mayor bomba antibúnker de EUA

    Irán asegura tener como botín la mayor bomba antibúnker de EUA

    El arma pesa unas 13 toneladas y solo la lanza el bombardero B-2. Washington intenta verificar la versión iraní, según reportes.

    Irán afirma que tiene en su poder una bomba antibúnker estadounidense. Se trata de la GBU-57 MOP, la mayor bomba aérea convencional del mundo. Según la versión iraní, el país la obtuvo como botín de guerra.

    La GBU-57 pesa 30.000 libras, unas 13 toneladas. Ningún otro avión la lleva, solo el bombardero B-2. Además, fue diseñada para destruir objetivos enterrados a gran profundidad, como búnkeres y túneles. Washington la usó en junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes, en la operación Midnight Hammer.

    Según los reportes, la Guardia Revolucionaria sostiene que recuperó una de esas bombas intactas. Washington intenta comprobar la afirmación. Por su parte, expertos israelíes dudan de que Irán pueda copiar un arma tan compleja.

    Si la versión fuera cierta, los ingenieros iraníes podrían estudiar la bomba pieza por pieza. Por ahora, la información proviene solo del lado iraní.

  • De buscadora a diputada

    De buscadora a diputada

    Es urgente localizar a por lo menos uno de los hijos de Cecy Flores con vida para que informe, santo y seña, dónde están otros que ellos mismos enterraron a lo largo y ancho del territorio nacional.

    Cecy Flores quien quiere aparecer ante la prensa como “símbolo de resistencia y dolor”, incluso algunos partidos pagan a los medios para que el den espacios destacados en sus páginas, es la líder de Madres Buscadoras de Sonora, del que han salido varias madres al ver los intereses personales dentro de la asociación, dejando en segundo término el objetivo original.

    La historia mediática, histriónica y política de Cecy Flores, la llevaron a ser considerada por la BBC, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, en 2021, lo cual atrajo la atención de la oposición de México que, carente de líderes, la adoptó y la impulsó para tener presencia en los medios, le consiguió no sólo entrevistas semanales sino una camioneta blindada y dinero para su causa.

    En 2024, su expresión histriónica la llevó a disfrazarse de beisbolista para tratar de ser recibida en Palacio Nacional por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, Xóchitl Gálvez, la aceptó entonces como compañera de giras y espectáculos.

    El 17 de junio de 2024, anunció una desaparición forzada en el trayecto de CDMX a Querétaro, lo cual se mostró que era otro de sus montajes. Apareció con mascarilla de oxígeno y con un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum reclamando la aparición de sus hijos, dice no saber nada de ellos desde hace 11 años.

    Xóchitl y Cecy se hicieron mucho daño involuntariamente, la ingenuidad y torpeza de la candidata se combinaba con la usurpación de funciones y delitos de la otra, porque a meses de que empezara el gobierno actual, confesó que sus tres hijos, Alejandro, Jesús Adrián y Marco Antonio formaban parte del crimen organizado.

    A partir de su llegada a la fama, Cecy Flores muestra una tendencia a fusionarse con grupos y personajes de ultraderecha. Tanto que contribuyó de manera importante en la producción de uno de los montajes de Alessandra Rojo de la Vega, al llamarle por teléfono a la alcaldesa de Cuauhtémoc denunciando el hallazgo de una fosa común con restos humanos en la colonia Guerrero, muy cerca de las oficinas de la funcionaria.
    El hallazgo resultó un antiguo panteón localizado en Reforma No. 159, llamado Santa Paula, desaparecido en 1964.

    La especie informativa intentó recorrer el mundo pero incompleta la noticia que se difundió, gracias a los oficios de los medios convencionales mexicanos fue la una fosa clandestina donde se habían ocultado cadáveres.

    Con esos antecedentes reunió los requisitos mínimos para ser parte del proyecto encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo llamado Somos México, y fue considerada parte del Consejo Ciudadano de la asociación Frente Cívico Nacional, que intenta convertirse en partido político reciclando derrotados electorales.

    Ahora el partido con registro condicionado la coloca en su lista de candidatos a una diputación federal para llegar a analizar leyes y rechazarlas o aprobarlas, desde su curul rebosante de ignorancia y desvergüenza.

  • La democracia y el Minotauro: el laberinto latinoamericano

    La democracia y el Minotauro: el laberinto latinoamericano

    La democracia, al igual que los héroes griegos, parece condenada a librar una y otra vez batallas contra monstruos que creíamos extinguidos. La única diferencia es que, en nuestro tiempo, los monstruos suelen presentarse a elecciones.

    Si Zeus gobernara en América Latina, habría arrasado en las urnas prometiendo bajar el precio del néctar, barrer con la corrupción del Olimpo y devolverles la gloria a los dioses. Pero ya con la banda presidencial en el pecho, descubriría pronto la realidad: que la ley es un estorbo imperdonable, que el Congreso está repleto de traidores y que cualquier sentencia judicial que le ponga un alto no es justicia, sino un complot orquestado por Poseidón.

    Por fortuna, en la antigua Atenas comprendieron a tiempo una verdad demoledora: poner el destino de un pueblo en manos de seres caprichosos y soberbios, por más divinos que se proclamen, siempre termina en desastre. De ese recelo visceral hacia el poder absoluto nació la democracia: el mandato innegociable de que nadie está por encima de las leyes y de que la voluntad de un solo hombre jamás puede dictar el destino de todos.

    Veinticinco siglos después, seguimos atrapados en la misma trampa. La única diferencia es que hoy no consultamos al oráculo de Delfos, sino al algoritmo de las redes sociales; y los rayos fulminantes de Zeus fueron reemplazados por decretos a la medida, juicios sumarios en ruedas de prensa y amenazas escritas enteramente con mayúsculas.

    El asalto a los tres poderes en Brasil, ocurrido el 8 de enero de 2023 tras una elección auditada y legítima, retrató con nitidez este drama continental. Reveló una confusión peligrosa: creer que la democracia solo es válida cuando gana nuestro candidato. Cuando se asume esa lógica, el voto deja de ser un pacto pacífico para procesar las diferencias y se convierte en una liturgia cuyo resultado debe coincidir, por mandato forzoso, con nuestras simpatías personales.

    Aquí es donde aparece el Minotauro.

    En el mito clásico, la bestia devoraba a sus víctimas dentro de un laberinto diseñado para que nadie encontrara la salida. Nuestro laberinto contemporáneo está construido con desinformación, polarización artificial y miles de ciudadanos convencidos de poseer la verdad absoluta tras consumir un video de treinta segundos.

    En este laberinto, caemos en una trampa peligrosa que envenena la justicia: si una institución frena un capricho popular, la tachamos de corrupta; si un periodista saca a la luz verdades incómodas, lo linchamos como enemigo público; y a los jueces no se les evalúa por apegarse a la Constitución con pruebas y rigor, sino que se les aplaude como héroes o se les condena como villanos dependiendo únicamente de si su sentencia favoreció a nuestro bando o perjudicó a nuestro adversario. En esa lógica ciega, la ley deja de importar: lo único que cuenta es la revancha.

    Para entender la salida, hay que recordar el mito: el joven príncipe Teseo entró a la guarida del Minotauro a matar a la bestia, pero sabía que la fuerza bruta no bastaba; sin una guía, moriría atrapado para siempre en la oscuridad. Fue la princesa Ariadna quien le entregó un hilo dorado para ir desenrollándolo en el camino y encontrar el regreso a la luz. En la vida diaria de cualquier ciudadano, ese hilo protector no es magia: son las leyes claras, los juicios limpios y los jueces que resuelven sin miedo al poder ni al clamor de las redes. No basta con proclamar que nuestra causa es justa si para defenderla pisoteamos el proceso legal. Porque el día en que aceptemos saltarnos las reglas para castigar al enemigo, le habremos dado permiso al poder para aplastarnos a nosotros mañana sin darnos oportunidad de defensa.

    Aquí radica el papel central de la judicatura frente a las y los ciudadanos. Los jueces no estamos para complacer a mayorías momentáneas, buscar aplausos fáciles, ni someternos a la voluntad de los gobiernos. La función judicial consiste en ser el contrapeso que garantiza que la Constitución y los derechos humanos se apliquen por igual, sobre todo cuando hacerlo resulta impopular y muchas veces el justiciable no logre comprender el alcance de la determinación, porque no conoce las circunstancias del caso en concreto, ni las constancias, ni nada realmente sobre él. Solo repiten y creen aquello que dicen los medios controlando la narrativa.

    El debido proceso no es un capricho técnico: es la única garantía de que el día de mañana el poder público no atropelle a cualquiera de nosotros, sin derecho a defensa. Par que las autoridades o cualquiera abuse y vulnere nuestros derechos.

    Cuando la democracia se torna lenta y no resuelve con prontitud la deuda histórica de desigualdad, seguridad y justicia, comienzan a escucharse los cantos de las sirenas. En la Odisea, Ulises se ató al mástil para no arrojarse al mar ante promesas seductoras que conducían al naufragio. En América Latina, esas sirenas prometen atajos: orden inmediato, mano dura y prosperidad instantánea, siempre y cuando aceptemos dejar de incomodar con leyes, derechos y tribunales independientes.

    El autoritarismo siempre seduce porque ofrece la ilusión de un líder providencial que sabe exactamente qué hacer. Lo que nunca explica es qué herramientas nos quedarán para ponerle un límite cuando descubramos su error o su abuso.

    Defender la democracia en nuestra región no significa defender ideologías de turno ni a gobernantes transitorios. Significa cuidar un sistema donde las libertades no sean limosnas que nos regala el poder, sino frenos infranqueables que la ciudadanía impone al poder. Una Constitución no es adorno retórico para ceremonias cívicas; es el pacto vinculante que nos protege a todos.

    Nuestra historia se parece al castigo de Sísifo: subir una piedra pesada hasta la cima, solo para verla caer al barranco una y otra vez. En América Latina llevamos generaciones empujando esa roca frente a crisis, fraudes y políticos que se creen salvadores. Pero nosotros no estamos condenados a perder: la gente sí puede frenar la caída. Cada derecho que se defiende, cada juicio limpio y cada sentencia valiente que le pone un alto al abuso del gobierno es una traba firme para no regresar al hoyo.

    La democracia nunca será perfecta porque la hacemos personas de carne y hueso, no dioses. La libertad de verdad no es esperar a un iluminado que prometa arreglar la vida a cambio de que nos callemos y obedezcamos; la libertad es tener leyes tan fuertes que nadie pueda pasar por encima de ti. Si el precio de no agachar la cabeza es seguir empujando esa piedra todos los días, la vamos a empujar; pero que le quede muy claro al poder: los ciudadanos no somos sirvientes, la justicia no se vende, y esta montaña no tiene dueño.