La seguridad no se defiende con consignas; se construye mirando de frente los hechos. Hay una regla que quienes hemos pasado años frente a un expediente aprendemos casi sin darnos cuenta: los hechos no se negocian. Una resolución no puede depender de simpatías, enojos, presiones externas ni de aquello que quisiéramos encontrar en una carpeta. La prueba se mira de frente, se analiza, se contrasta y, después, con responsabilidad, se decide.
En la conversación pública deberíamos exigirnos exactamente lo mismo, porque también en política, en seguridad y en la vida cotidiana tenemos una costumbre peligrosa: aceptar con entusiasmo los datos que confirman lo que ya pensamos y desconfiar de aquellos que nos obligan a cambiar de opinión.
Una cifra no tiene partido y no debería tenerlo. Los datos no están para darnos la razón; están para decirnos dónde estamos.Por eso vale la pena detenernos ante los últimos indicadores de percepción de seguridad publicados por el INEGI. El 59.8% de la población adulta en las principales ciudades del país manifestó sentirse insegura.
La cifra sigue siendo enorme y no hay que maquillarla: significa que prácticamente seis de cada diez personas todavía viven una parte de su vida cotidiana con miedo. Eso no puede minimizarse, porque detrás de cada punto porcentual hay personas, familias que esperan un mensaje para saber que alguien llegó bien, mujeres que modifican sus rutas, comerciantes que miran dos veces hacia la calle antes de cerrar y víctimas que todavía esperan justicia. La deuda con ellas permanece, sin embargo, reconocer esa deuda tampoco nos obliga a cerrar los ojos ante lo que muestran los mismos datos.
En junio, la percepción de inseguridad fue de 59.8%, frente al 61.5% registrado en marzo y al 63.2% de junio del año anterior; en diciembre pasado había alcanzado 63.8%. Hay, entonces, una disminución. No es una opinión ni una interpretación política: es una variación estadística registrada por el instrumento que mide la percepción de seguridad urbana. Reconocerla tampoco significa declarar resuelto el problema.
En materia de seguridad no existen victorias definitivas, mucho menos cuando hablamos de un fenómeno que durante años ha lastimado comunidades enteras y que se vive de manera distinta en cada territorio, pero una cosa es exigir más y otra, muy distinta, negar aquello que los datos están mostrando simplemente porque no coincide con nuestras posiciones.
Tenemos que aprender a mirar los números sin miedo. Si un indicador mejora, decirlo no significa entregar un cheque en blanco a la autoridad; del mismo modo, si un indicador empeora, señalarlo tampoco significa negar todo lo que sí funciona. La madurez democrática comienza, en buena medida, cuando dejamos de escoger los datos que queremos escuchar.
La seguridad, además, tampoco cabe completa en una gráfica: tiene el rostro de la madre que recibe un mensaje de su hija diciendo “ya llegué”, la puerta de un negocio que puede cerrarse sin miedo, el vecino que vuelve a caminar por su parque y, también, la víctima que espera que una investigación avance y que un tribunal haga justicia.
Por eso debemos distinguir algo fundamental: la percepción de inseguridad que mide el INEGI no es lo mismo que los delitos registrados ante las fiscalías. Son fenómenos distintos y deben analizarse como tales.
También resulta relevante observar que, en los indicadores oficiales disponibles, aparecen señales de disminución en los homicidios dolosos. De acuerdo con los datos del Gabinete de Seguridad, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, con una reducción acumulada de 51% en julio. Estos números merecen ser examinados con rigor, sin propaganda, pero también sin negación y, sobre todo, sin convertirlos en una excusa para dejar de exigir.
Reconocer que una política pública muestra resultados no elimina nuestra obligación de vigilarla; al contrario, obliga a preguntar qué está funcionando, dónde está funcionando, dónde todavía no y qué debe corregirse. Eso también es defender una transformación: no consiste en aplaudir todo ni en desacreditar todo, sino en observar, comparar, preguntar y exigir.
Quien rechaza un dato solamente porque no coincide con su postura termina construyendo una realidad a la medida de sus propias certezas. Pero quien convierte una cifra favorable en motivo de celebración absoluta también se equivoca, porque todavía hay víctimas, todavía hay delitos y todavía hay familias esperando justicia.
Entre ambos extremos existe algo mucho más difícil, pero también mucho más responsable: aceptar la realidad completa. En un juzgado, las pruebas no se acomodan para que encajen en una historia; es la historia la que tiene que responder a las pruebas. Quizá la vida pública debería exigirse exactamente lo mismo.
Porque gobernar y juzgar tienen una responsabilidad que, aunque ocurre en espacios distintos, comparte una misma raíz: no cerrar los ojos frente a aquello que los hechos nos obligan a mirar.Defender una transformación no significa negar los problemas que todavía existen, pero tampoco significa negar los avances cuando aparecen. Significa tener la honestidad de reconocer ambos.
México todavía enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad y nadie debería utilizar una disminución estadística para decirle a una víctima que su dolor ya no importa. Pero tampoco deberíamos decirle a millones de personas que nada está cambiando cuando los indicadores muestran otra cosa. La democracia necesita ciudadanos capaces de exigir sin prejuicios y autoridades capaces de rendir cuentas sin miedo; necesita menos relatos construidos para ganar una discusión y más voluntad para entender una realidad compleja.
Porque cuando los datos contradicen aquello que creíamos, tenemos dos caminos: cuestionar los datos hasta que vuelvan a darnos la razón o cuestionar nuestras propias certezas. En un expediente judicial, lo segundo no es una opción: los hechos terminan imponiéndose. Tal vez en la vida pública deberíamos aprender la misma lección.
Cuando los datos rompen el relato, quizá no tengamos que romper los datos. Quizá tengamos que cambiar el relato.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.

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