La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier democracia. Gracias a ella podemos cuestionar a quienes gobiernan, denunciar abusos, expresar desacuerdos, defender una causa o sostener una opinión que incomode a la mayoría. Es justo por eso que debemos ser cuidadosos cuando alguien pretende utilizar ese derecho como protección para conductas que van mucho más allá de expresar una simple opinión.
El caso de Fernando Cerimedo en Brasil permite entender esta diferencia y revela un problema que ya no pertenece únicamente a los tribunales o a los grandes juristas: la manera en que la desinformación puede utilizarse para alterar la percepción de millones de personas y con ello provocar desconfianza en las instituciones, llevar la disputa política de las pantallas a las calles, e inclusive arruinar la vida de alguna persona.
Cerimedo es un consultor y estratega político argentino relacionado con campañas de la derecha latinoamericana, entre ellas las de Javier Milei y Jair Bolsonaro. Después de las elecciones presidenciales brasileñas de 2022, difundió contenidos en los que cuestionaba el correcto funcionamiento de las urnas electrónicas y sostenía que determinados resultados habían sido manipulados. El problema no fue simplemente que expresara una posición política contraria al resultado electoral; la importancia radicaba en la difusión de afirmaciones presentadas como información técnica, aun cuando no existían elementos suficientes que demostraran el fraude que se estaba denunciando.
Y eso no fue lo único que importó, sino también la forma. Los mensajes se presentaban acompañados de gráficos, datos, supuestos análisis técnicos y transmisiones diseñadas para generar la impresión de que se estaba revelando una verdad oculta. En las redes, esa apariencia puede ser muy poderosa, ya que cuando una afirmación se presenta con lenguaje técnico, imágenes, cifras y una gran cantidad de reproducciones, muchas personas pueden asumir que es cierta antes de detenerse a comprobarla, puesto que la gran mayoría de la población no tiene por qué ser experta para discernir si los datos informáticos son o no verdaderos.
Las consecuencias fueron sumamente graves. Después de la derrota electoral de Jair Bolsonaro, en enero de 2023, miles de personas que rechazaban el resultado de las elecciones participaron en actos de protesta que terminaron con la invasión y destrucción de edificios de las principales instituciones brasileñas: el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto. No fue simplemente una discusión acalorada en redes sociales. La desconfianza alimentada durante meses terminó trasladándose al espacio público y puso en riesgo real la estabilidad institucional de una democracia.
Para entender quién es realmente Fernando Cerimedo, hay que quitarle la máscara. Este tipo arrastra un historial turbio y peligroso; fue detenido en Bolivia, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su propia pareja, que además estaba embarazada. Y fue justo ella quien, con su testimonio, lo dejó al descubierto al confesar a qué se dedica en verdad: no hace periodismo ni defiende ideas, tiene montada una red para desestabilizar países y polarizar a la gente en redes sociales, usando las mismas trampas, montajes y golpeteo mercenario que tipos como Javier Negre. Así que no nos equivoquemos: esto no es libertad de expresión, es un negocio sucio diseñado para fabricar caos.
Aquí hay que distinguir, ya que como ciudadanos debemos tener muy claro que una cosa es expresar una opinión, incluso una opinión equivocada, y otra muy distinta es construir deliberadamente una operación de desinformación destinada a presentar como hechos afirmaciones que no lo son, especialmente cuando existe una intención de manipular a la población o provocar acciones contra las instituciones democráticas.
La libertad de expresión protege el desacuerdo, protege la crítica al gobierno, la oposición política, el debate público y hasta las ideas que pueden resultar incómodas, ofensivas o profundamente equivocadas. Una democracia no puede existir si el Estado pretende decidir qué opiniones son correctas y cuáles deben desaparecer.
Pero la existencia de ese derecho tampoco significa que todo lo que se publica en internet quede automáticamente protegido por la palabra “libertad”. Los derechos fundamentales conviven con responsabilidades. El análisis jurídico debe atender al contenido del mensaje, a la manera en que fue difundido, al contexto, a sus consecuencias y, cuando corresponda, a la existencia de una conducta deliberada detrás de esa difusión.
Esta diferencia es sumamente importante en una época en la que cualquier persona puede recibir en segundos un video, una grabación, una fotografía o una supuesta investigación que parece revelar algo que “nadie quiere que sepamos”. La velocidad de las redes sociales muchas veces permite que una mentira llegue a millones de personas antes de que una institución, un periodista o un ciudadano pueda demostrar que es falsa.
Por eso, el caso Cerimedo también nos deja una enseñanza indispensable para México. La desinformación no siempre llega con apariencia de mentira. A veces llega cuidadosamente producida, con música, imágenes, cifras, lenguaje técnico y una narrativa diseñada para despertar miedo, indignación o enojo. Y cuando una persona comparte ese contenido convencida de que está difundiendo una verdad, puede convertirse, sin saberlo, en parte de una cadena de desinformación y mentiras enormes.
No se trata de desconfiar de todo ni de pedirle al gobierno que vigile lo que pensamos. La clave es pausar y comprobar antes de compartir. Vale la pena hacerse preguntas básicas: ¿quién lo firma?, ¿cuál es el origen del dato?, ¿hay pruebas o fuentes confiables que lo respalden?, ¿nos están informando o solo buscan indignarnos?
Desde mi labor como jueza lo digo claro: la ley tiene que cuidar la crítica y el desacuerdo, jamás amordazarlos. Pero la libertad de expresión no es un cheque en blanco para el fraude. No podemos permitir que la mentira organizada se disfrace de derecho, porque cuando se destruye la verdad, se manipula al pueblo.
La democracia la sostienen las personas, no los papeles. El caso Cerimedo nos avisa a tiempo: la estabilidad del país se disputa hoy en las redes sociales. No se trata de censurar a nadie, sino de abrir los ojos y marcar un límite tajante: se vale cuestionar al poder, pero manipular con mentiras no es libertad, es una trampa.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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