Durante décadas, América Latina fue el laboratorio de experimentos económicos diseñados en Washington y ejecutados por tecnócratas locales que confundieron la modernidad con la obediencia. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y una constelación de think tanks financiados por el capital transnacional impusieron una receta única: privatizar lo público, desregular los mercados, abrir las fronteras al capital extranjero y reducir al Estado a su mínima expresión. El resultado no fue el desarrollo prometido. Fue el empobrecimiento sistemático de mayorías enteras, la destrucción de capacidades industriales nacionales y la consolidación de oligarquías que acumularon riqueza mientras sus países se hundían en la precariedad.
El argumento de que el neoliberalismo fue simplemente una política “equivocada” es, en el mejor de los casos, ingenuo. En el peor, es cómplice. Las políticas de libre mercado, desregulación y privatización no fallaron: cumplieron exactamente su función.
Transfirieron riqueza desde las clases trabajadoras y los Estados nacionales hacia corporaciones transnacionales y élites financieras. La desigualdad no fue un efecto colateral del modelo; fue su producto más consistente. Argentina es hoy el ejemplo más doloroso y visible de este ciclo perverso: un país que vuelve una y otra vez a los brazos del FMI como quien regresa al mismo abuso, convencido de que esta vez será diferente.
México vivió durante casi cuatro décadas su propia versión de este infierno administrado. Desde la crisis de 1982 y los primeros acuerdos con el FMI hasta la firma del TLCAN en 1994, el país desmanteló su aparato productivo nacional, vendió empresas estratégicas a precios de remate, precarizó el empleo y subordinó su política económica a los dictados de organismos que respondían a intereses ajenos al bienestar del pueblo mexicano. Las consecuencias fueron devastadoras: migración masiva, salarios congelados por generaciones, dependencia alimentaria y tecnológica, y una economía incapaz de generar prosperidad para la mayoría.
Lo que la Cuarta Transformación representó, más allá de sus contradicciones y límites, fue una ruptura simbólica y material con esa lógica. La recuperación de PEMEX como eje de soberanía energética, la política de austeridad republicana que priorizó el gasto social sobre el pago a consultores y burócratas del sector privado, el aumento sostenido del salario mínimo y los programas de transferencia directa a los sectores históricamente excluidos, fueron señales de que otro modelo era posible. No se trató de magia ni de ideología abstracta: se trató de decisiones políticas concretas que pusieron al Estado nuevamente en el centro del desarrollo nacional.
La soberanía energética no es un capricho ideológico; es una condición estructural del desarrollo. Un país que no controla sus recursos naturales estratégicos es un país que no controla su destino. La sustitución de importaciones, muchas veces caricaturizada por los economistas del establishment como un anacronismo del siglo XX, es en realidad una estrategia de construcción de capacidades productivas nacionales que ningún país desarrollado abandonó verdaderamente. Estados Unidos protege su agricultura, su industria tecnológica y su sector financiero con una ferocidad que ningún país latinoamericano se permitiría sin ser acusado de populismo.
La inversión pública estratégica, la banca de desarrollo al servicio del aparato productivo nacional, la salud y la educación como derechos universales y no como mercancías, y la vivienda digna como política de Estado: estas no son demandas radicales. Son las condiciones mínimas de una sociedad que aspira a la justicia. Son, también, las condiciones que el capital internacional ha resistido sistemáticamente en América Latina porque implican redistribuir el poder económico.
México, con una presidenta que llegó al poder respaldada por una mayoría histórica, tiene ante sí la oportunidad y la responsabilidad de profundizar esa ruptura. No porque el camino sea fácil, sino porque la alternativa, volver a entregar las llaves de la economía a quienes ya demostraron para quién trabajan, es inaceptable. La región latinoamericana no es pobre por fatalidad geográfica ni por alguna deficiencia cultural. Es pobre porque durante décadas sus recursos, su trabajo y su futuro fueron transferidos hacia el norte global bajo el eufemismo de la “integración económica”. Nombrar ese proceso con precisión no es demagogia. Es el primer paso para revertirlo.
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