Por Ricardo Sevilla
Mientras el ciudadano promedio tiene que lidiar con la inflación y la precariedad en servicios públicos, en el Congreso de la Ciudad de México se vive una realidad paralela. El recinto ubicado en Donceles y Allende se ha impuesto como el cuarto más costoso del país, con un gasto per cápita por legislador de 28.5 millones de pesos anuales.
Lamentablemente, el 80% del presupuesto de las bancadas se evapora en sueldos, bonificaciones y legisladores que no han logrado la aprobación de una sola iniciativa. Este sistema, que opera como una suerte de “becas legislativas”, se ha blindado mediante la reelección consecutiva, permitiendo que figuras como Víctor Hugo Lobo o Tania Larios conviertan las curules en patrimonios personales de largo plazo.
Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum envía a la Cámara de Diputados el Plan B de la Reforma Electoral, el cual, adelantó, contempla la reducción del gasto de los congresos locales y municipios.
De acuerdo con el Gobierno federal, de aprobarse, el Plan B de la Reforma Electoral permitiría un ahorro de 4 mil millones de pesos que serían destinados a infraestructura y programas sociales.
Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista podrían sumarse a la propuesta por lo que el Plan B podría ser aprobado en las próximas semanas.
Se trata de un proyecto que busca eliminar los excesos y reducir los privilegios de la clase política en aras de impulsar el desarrollo social de la población. Y es que algunos Congresos, como el de la Ciudad de México, tienen gastos desmesurados.
Entre los más costosos para el país destacan:
- Baja California con un costo de 34 mdp por cada legislador.
- Colima con 5.1 millones de pesos por legislador.
- Morelos con 31 millones de pesos por congresista.
- Ciudad de México con 28.5 millones de pesos por legislador.
- Jalisco con 26.73 millones.
En el caso de la capital, los 66 legisladores que componen el Congreso capitalino cuestan al erario alrededor de 300 millones de pesos anuales.
En 2025, por ejemplo, la institución tuvo un presupuesto de 291 mil 525 millones de pesos y para este 2026 se autorizó un ejercicio de 313 mil 385 millones de pesos, lo cual se traduce en un incremento de 7.5 por ciento.
Por otra parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México asignó un presupuesto de 587 millones 712 mil 191 pesos para la financiación de partidos políticos, con una asignación de 17 millones 631 mil 365 pesos con 76 centavos en actividades específicas.
Lo que más llama la atención es que tras la aprobación de la reelección consecutiva, en el Congreso capitalino existen legisladores que han perpetuado por años sus privilegios, bonificaciones y salarios, y que también han aprobado incrementos anuales a dichas remuneraciones.
Y ese es precisamente el caso del perredista Víctor Hugo Lobo Román, la panista América Rangel y la priísta Tania Larios Pérez.
La reelección de estos legisladores, desgraciadamente, fomenta una “clase política profesional” que se distancia de sus representados. Y, en esos casos, el poder no circula; se acumula. Esto genera un cierre social donde el acceso a la toma de decisiones está mediado por el costo del mantenimiento de la estructura, no por la meritocracia o la representación efectiva.
Con 24 legisladores, Morena tiene asignado un presupuesto de 143 mil 670 millones de pesos; mientras que el PAN, que ostenta 15 representantes, mantiene 132 mil 891 millones de pesos; el PVEM 76 mil 159,943.77; el PT 63 mil 530,008.76; Movimiento Ciudadano 65 mil 957,260.12 y el PRI, con solo dos representantes, gasta 64 mil 928 millones de pesos.
Y esto es lo que ha encendido las alarmas: que partidos con mínima representación, como el PRI, que únicamente tiene dos diputados: Tania Nanette Larios Pérez (coordinadora) y Omar Alejandro García Loria (vicecoordinador), ejerzan presupuestos de 64,928 millones de pesos.
Infelizmente, observamos una burocracia colmada de lujos que ha dejado de servir al Estado para servirse a sí misma. Y es que, cuando el 80% de los recursos se destina a la manutención de la élite (sueldos y bonos) y no a la producción legislativa, la institución pierde su función social y se convierte en un mecanismo de extracción de rentas públicas.
La Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca limitar ese gasto, al tiempo que fomenta la transparencia y racionalidad del gasto público.
De aprobarse el Plan B, los gastos podrían reducirse considerablemente en las próximas elecciones intermedias. Y eso es justo lo que el pueblo demanda.
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