La influencer acusó al Gobierno de orquestar una campaña en su contra y advirtió posibles acciones legales, luego de que la presidenta criticara su planteamiento de condicionar el sufragio mediante un examen cívico.
La polémica por las propuestas para limitar el derecho al voto escaló un nuevo nivel. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum calificara como “antidemocráticas” las ideas promovidas por la influencer y académica Natalia Torres, ésta respondió con un video de más de cinco minutos en el que amenazó con demandar a la mandataria, al asegurar que fue víctima de una campaña de desprestigio impulsada desde el Gobierno federal.
Torres sostuvo que todas sus opiniones corresponden únicamente a su persona y negó representar al PAN, al PRI, a la Universidad Panamericana o a cualquier organización política. Sin embargo, afirmó que tras sus declaraciones sobre la posibilidad de aplicar un examen de conocimientos cívicos para votar, recibió ataques coordinados en redes sociales y posteriormente fue exhibida durante la Mañanera del Pueblo, lo que, según dijo, podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales por el presunto uso de recursos públicos para desacreditarla.
En su mensaje, la creadora de contenido también desafió a Claudia Sheinbaum a abrirle un espacio en la conferencia matutina para debatir sobre democracia y libertad de expresión. Además, rechazó haber propuesto restringir el voto de las mujeres o impulsar un supuesto “voto por familia”, al asegurar que esas ideas nunca formaron parte de sus declaraciones y que fueron utilizadas para desacreditar su postura.
No obstante, la controversia surgió precisamente después de que la presidenta cuestionara las propuestas impulsadas por sectores conservadores para condicionar el sufragio, recordando que el voto universal es una conquista histórica del pueblo mexicano y de las mujeres. Sheinbaum señaló que limitar este derecho por nivel educativo o cualquier otra condición representa una visión excluyente y contraria a los principios democráticos establecidos en la Constitución.
El caso reavivó el debate sobre el papel de los opinadores digitales en la discusión pública y los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad de quienes cuentan con miles de seguidores en redes sociales. Mientras Torres insiste en que fue víctima de un “linchamiento” coordinado, desde el Gobierno federal se sostiene que exhibir posturas que buscan restringir derechos políticos forma parte del ejercicio de transparencia y del debate democrático.
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