La reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo temblar los huesitos de más de uno. Y es que no está de más decirlo: se le ve muy bien, incluso, a mi parecer, mejor conservado que cuando era Presidente de México. Y no sería extraño; el estrés que implica gobernar un país termina pasando factura a cualquiera. López Obrador reapareció desde Palenque, Chiapas, para presentar su nuevo libro, Pueblo, y aprovechó para hablar nuevamente de algunos de los temas que marcaron su gobierno: la honestidad, la corrupción, la austeridad y lo que él considera las bases de la Cuarta Transformación. En su mensaje sostuvo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y reconoció también que la corrupción todavía existe porque, según explicó, se encontraba profundamente arraigada en la vida pública del país.
Más allá de estar o no de acuerdo con él, hay algo que resulta interesante: López Obrador sigue teniendo la capacidad de mover la conversación pública prácticamente con una sola aparición. Después de un periodo alejado de la exposición cotidiana que implica la Presidencia, reaparece, habla durante más de una hora y nuevamente buena parte de la conversación política gira alrededor de él. No es poca cosa.
Hay además un asunto particularmente delicado. Durante mucho tiempo se han realizado señalamientos públicos alrededor de sus hijos y, como ocurre con cualquier persona, esos señalamientos deben demostrarse con pruebas y no simplemente repetirse hasta convertirlos en una supuesta verdad. Yo tengo conocimiento directo de una declaración que considero sumamente interesante, proveniente de un personaje cuyo nombre ha aparecido recientemente relacionado públicamente con investigaciones sobre contrabando de combustibles y que hizo referencia a los hijos del expresidente. Por ahora no voy a revelar su contenido ni presentar esa versión como un hecho comprobado. Cuando exista el momento, el contexto y los elementos suficientes para documentarla responsablemente, se podrá contar la historia completa. En asuntos de esta naturaleza, una cosa es tener información y otra muy diferente poder probarla.
Pero mientras López Obrador reaparecía en Palenque, ocurrió una coincidencia política imposible de ignorar: otro expresidente mexicano que durante años ha mantenido un perfil público considerablemente bajo volvió a aparecer. Carlos Salinas de Gortari participó el 28 de septiembre en el conversatorio “Hablemos de México”, organizado por estudiantes mexicanos de Harvard, una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Las fotografías comenzaron a circular y la presencia de Salinas volvió inmediatamente a generar conversación.
¿Coincidencia? Puede ser. Afirmar algo distinto sin evidencia sería especular. Pero periodísticamente resulta inevitable observar el contraste: López Obrador reaparece desde Palenque hablando de pueblo, honestidad, corrupción y transformación, mientras Salinas reaparece desde Harvard hablando sobre México. Dos expresidentes separados por décadas, proyectos políticos y visiones radicalmente distintas del país regresando prácticamente al mismo tiempo al escenario público. Veremos qué sucede. Esto apenas comienza a ponerse interesante y no hace falta recurrir a la ciencia ficción: basta observar los movimientos y documentar los hechos.
Y precisamente uno de los asuntos sobre los que habló López Obrador merece una discusión mucho más profunda: la corrupción. Si la honestidad pretende continuar siendo uno de los pilares de la llamada Cuarta Transformación, ese principio necesariamente tiene que aplicarse a todos. No puede depender del partido político, del cargo ni de la cercanía con el poder.
Los acontecimientos recientes demuestran que el problema sigue existiendo. La denominada Operación Enjambre había dejado, hasta el 8 de septiembre de 2026, 111 personas detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado y 14 presidentes o expresidentes municipales vinculados a proceso o encarcelados. Y existe un dato que vale la pena destacar: entre ellos aparecen personajes pertenecientes tanto a partidos de la coalición gobernante como a partidos de oposición. La corrupción y la infiltración criminal no reconocen colores partidistas. En Morelos, investigaciones federales también han derivado en detenciones de servidores públicos, exservidores públicos, empresarios y particulares presuntamente relacionados con redes de protección a organizaciones criminales. La propia Presidencia informó en julio sobre investigaciones que identificaron una red integrada por actores políticos, funcionarios, particulares y empresas, además del bloqueo financiero de 22 personas físicas y 10 personas morales.
Por eso la discusión no debería consistir únicamente en repetir que somos honestos. La honestidad pública necesita instituciones capaces de investigar, demostrar responsabilidades y sancionar, respetando siempre el debido proceso. Cuando un funcionario utiliza el dinero público para enriquecerse, cuando recibe sobornos o cuando pone una institución al servicio de intereses criminales, no solamente roba dinero: destruye carreteras que pudieron construirse, hospitales que pudieron equiparse, escuelas que pudieron mejorarse y servicios que pudieron llegar a millones de ciudadanos.
Personalmente considero que México debería endurecer sustancialmente el combate institucional contra la corrupción grave, particularmente cuando exista asociación con organizaciones criminales, siempre dentro del marco constitucional y con debido proceso. Incluso debería discutirse si determinados delitos graves de corrupción requieren mecanismos penitenciarios especializados. No como instrumento de persecución política, sino como parte de una política integral que haga extraordinariamente costoso utilizar un cargo público para delinquir.
Y aquí aparece otra discusión que pocas veces se aborda con suficiente profundidad: la relación entre la justicia estadounidense y los integrantes del crimen organizado que deciden convertirse en colaboradores. Estados Unidos utiliza desde hace décadas acuerdos de cooperación mediante los cuales personas involucradas en delitos extremadamente graves proporcionan información o testifican contra otros acusados a cambio de que esa colaboración pueda ser considerada al momento de dictar sentencia. Esto no significa automáticamente impunidad, pero sí puede producir reducciones importantes de las penas.
El caso de Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, está perfectamente documentado por el Departamento de Justicia estadounidense. Integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable y aceptó colaborar con las autoridades. El propio gobierno estadounidense informó que su acuerdo contemplaba solicitar una pena inferior a la prevista si su cooperación era completa y verdadera. Finalmente fue condenado a 15 años de prisión y las autoridades reconocieron públicamente su cooperación. El juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán constituye otro ejemplo de la importancia de estos colaboradores: el Departamento de Justicia informó que la evidencia presentada incluyó el testimonio de 14 testigos cooperantes, entre ellos Rey y Vicente Zambada, Dámaso López y otros antiguos integrantes del narcotráfico.
Ese mecanismo puede resultar eficaz para desmantelar organizaciones criminales, descubrir estructuras financieras y llegar a personajes que de otra manera serían prácticamente intocables. Pero también abre una discusión ética perfectamente válida: ¿hasta dónde debe llegar el beneficio otorgado a alguien que participó durante años en organizaciones responsables de enormes cantidades de droga, corrupción y violencia a cambio de entregar información sobre otros?
No es una pregunta sencilla. La justicia estadounidense sostiene ese sistema porque la cooperación puede permitir perseguir estructuras superiores. Pero para las sociedades que padecieron directamente las consecuencias de esas organizaciones resulta comprensible preguntarse cómo personas que participaron en delitos gravísimos pueden eventualmente recuperar su libertad después de colaborar con las autoridades.
México también debería observar con atención lo que esos procesos judiciales han revelado sobre algo todavía más preocupante: la profundidad con la que el narcotráfico puede penetrar las instituciones. El caso de Genaro García Luna terminó en Estados Unidos con una condena superior a 38 años de prisión. El Departamento de Justicia sostuvo, después del juicio, que utilizó sus cargos públicos para beneficiar al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos. Independientemente de partidos o administraciones, ese antecedente debería ser suficiente para entender la dimensión del problema.
Por eso coincido con una parte fundamental del mensaje que López Obrador volvió a poner sobre la mesa: la corrupción debe combatirse. Pero ese principio tiene que trascender nombres, sexenios y partidos. Si la Cuarta Transformación construyó buena parte de su legitimidad alrededor de la honestidad, quienes hoy representan ese movimiento tienen una responsabilidad todavía mayor de demostrarla. Cuando existan elementos contra un alcalde, gobernador, funcionario o empresario, que se investigue. Si existen pruebas suficientes, que un juez determine responsabilidades. Y si no existen, que tampoco se utilice la sospecha como instrumento para destruir reputaciones.
México necesita instituciones que no pregunten primero de qué partido es el acusado antes de decidir si investigan.
La reaparición de Andrés Manuel López Obrador vuelve a recordarnos algo: el expresidente podrá haberse retirado de Palacio Nacional, pero evidentemente no ha desaparecido de la conversación política mexicana. Y mientras él habla desde Palenque de honestidad, corrupción y transformación, Carlos Salinas reaparece en Harvard. Al mismo tiempo avanzan investigaciones contra funcionarios y alcaldes y continúan conociéndose en Estados Unidos expedientes que muestran hasta dónde pueden llegar las redes del narcotráfico, la corrupción y los acuerdos con quienes deciden colaborar con la justicia.
Hay demasiadas piezas moviéndose sobre el tablero como para no observarlas.
Por ahora, la hace de emoción.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
