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Cuando se habla de la Cuarta Transformación, casi siempre la conversación gira alrededor de la política, los programas sociales, las obras públicas o las elecciones. Es normal, son temas que ocupan los titulares todos los días. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a hacer una pregunta mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más importante: ¿cómo sabemos si un país realmente está cambiando?

Desde mi perspectiva, la respuesta no está solamente en los indicadores económicos ni en los discursos de quienes gobiernan. Una transformación verdadera se refleja en la vida cotidiana de las personas, especialmente de aquellas que durante muchos años permanecieron invisibles para el Estado.

Por eso, si queremos evaluar con honestidad y objetividad cualquier proyecto de nación, incluida la Cuarta Transformación, inevitablemente tenemos que hablar de las mujeres y de las niñas.

Es justo reconocer que durante los últimos años este tema adquirió una relevancia que antes no tenía. La igualdad sustantiva dejó de ser una conversación exclusiva de especialistas y comenzó a ocupar un lugar en el debate público. Hoy se habla con mayor claridad de violencia de género, de feminicidio, de violencia vicaria, de brechas salariales y de derechos reproductivos, pero solo hablarlo o estar conscientes no significa que el problema desaparezca. Por otro lado, también se fortalecieron políticas públicas dirigidas a salvaguardar a las mujeres, que históricamente habían permanecido al margen de muchas decisiones del Estado. Ese avance existe y negarlo sería injusto.

Pero reconocerlo tampoco significa cerrar los ojos frente a lo mucho que aún falta por hacer.

Porque la verdadera transformación no ocurre cuando una causa llega al discurso político. Ocurre cuando esa causa llega a las instituciones y cambia la vida de las personas. Ahí todavía existe una enorme deuda.

Como jueza en materia penal he aprendido que los expedientes nunca cuentan únicamente una historia jurídica. Detrás de cada carpeta de investigación, de cada expediente judicial, hay personas, hay niñas cuya infancia terminó demasiado pronto; mujeres que soportaron años de violencia antes de encontrar el valor para denunciar; madres que siguen buscando justicia para sus hijas y familias que depositan en las instituciones la esperanza de encontrar una respuesta, que muchas veces no llega.

Es imposible conocer esas historias y pensar que el problema ya está resuelto.

Durante décadas normalizamos conductas que jamás debieron parecer normales. Se minimizó la violencia familiar, se cuestionó la palabra de las víctimas de violencia sexual y se les exigieron explicaciones que nunca se les habrían pedido a otros. Poco a poco esa cultura ha comenzado a cambiar, pero todavía persiste en muchos espacios. Y aún más cuando vemos en nuestras instituciones que prevalece el derecho selectivo y no la real, efectiva y verdadera justicia para todas.

Precisamente por eso existe la perspectiva de género.

Lamentablemente, todavía hay quienes creen que se trata de un privilegio para las mujeres o de una herramienta para favorecerlas automáticamente en un juicio. Nada más alejado de la realidad.

La perspectiva de género no sustituye las pruebas, no elimina la presunción de inocencia, ni autoriza sentencias arbitrarias. Lo que exige es que quienes impartimos justicia seamos capaces de advertir cuándo una desigualdad histórica puede influir en la forma en que valoramos los hechos o aplicamos la ley.

No se trata de dejar de ser imparciales. Se trata, justamente, de alcanzar una imparcialidad real.

Sin embargo, también sería deshonesto afirmar que ese estándar ya se aplica de manera uniforme en todos los órganos encargados de impartir justicia. Sigue existiendo la violencia institucional hacia las mujeres, sin importar su condición o clase social.

Todavía existen resoluciones que dejan de lado los criterios desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los tratados internacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres. Todavía encontramos decisiones que reproducen estereotipos, que analizan los casos sin considerar el contexto de violencia o que imponen a las víctimas cargas que la propia jurisprudencia ha considerado inadmisibles.

Lo digo no solamente desde mi experiencia profesional.

También desde una experiencia profundamente personal.

Hace algunos años fui víctima de violencia sexual. Como cualquier otra mujer, acudí a las instituciones esperando que el Derecho me protegiera. Y aun desempeñando hoy el cargo de jueza de Distrito en materia penal, he conocido lo que significa enfrentar resoluciones que, desde mi perspectiva, no aplican plenamente los estándares de perspectiva de género construidos por nuestra Suprema Corte.

Lo menciono porque demuestra que este problema no distingue profesiones, cargos públicos ni trayectorias. Si una servidora pública puede enfrentar obstáculos para acceder a una tutela judicial con perspectiva de género, resulta inevitable preguntarnos cuántas mujeres viven la misma situación sin contar con conocimientos jurídicos, sin recursos económicos o sin una red de apoyo.

No escribo estas líneas para hablar de mi caso. Lo hago porque estoy convencida de que las experiencias personales también pueden servir para evidenciar las tareas que el Estado todavía tiene pendientes.

La justicia no puede depender de la sensibilidad individual de quien resuelve un asunto. Debe descansar en instituciones sólidas, en criterios uniformes y en una capacitación permanente que permita que los principios constitucionales se conviertan en una práctica cotidiana. Ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Las mujeres no necesitan privilegios.

Necesitan investigaciones profesionales, ministerios públicos capacitados, policías que preserven adecuadamente las pruebas, peritos suficientes, asesoría jurídica de calidad y tribunales independientes que apliquen la Constitución con absoluto rigor, sin permitir que despachos corruptos o autoridades incompetentes, logren manipular el sistema jurídico en contra de mujeres que sufren violencia.

Necesitan saber que cuando denuncien serán escuchadas, no juzgadas.

Necesitan confiar en que el acceso a la justicia no dependerá de su condición económica, de su profesión, de su apellido o de la repercusión mediática de su caso.

Por eso creo que la agenda de los derechos de las mujeres no puede pertenecer a un partido político ni agotarse en un sexenio. Debe convertirse en una política de Estado.

Reconocer los avances alcanzados durante los últimos años no significa renunciar a la crítica. Al contrario. Las instituciones democráticas se fortalecen cuando existe la capacidad de reconocer aquello que funciona y, al mismo tiempo, aceptar aquello que todavía debe corregirse.

Porque ninguna transformación está terminada mientras una niña siga teniendo miedo de regresar sola a su casa. Mientras una mujer tenga que pensar dos veces antes de denunciar. Mientras una víctima de violencia deba librar primero una batalla contra los prejuicios del sistema antes que contra su agresor.

Los derechos de las mujeres no son patrimonio de ningún gobierno, de ningún partido ni de ninguna ideología. Son una conquista constitucional que debe defenderse todos los días.

Y quizá esa sea la prueba más importante para cualquier proyecto que aspire a transformar a México: no el número de reformas aprobadas, ni el tamaño de las obras construidas, sino la capacidad de lograr que cada mujer y cada niña puedan vivir libres de violencia y con la certeza de que, cuando necesiten justicia, encontrarán instituciones que las escuchen, las protejan y resuelvan conforme a la Constitución, no conforme a prejuicios.

Solo entonces podremos decir, con toda honestidad, que la transformación dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad.