En una investigación que involucra a miembros de la política queretana, el periodista Agustín Escobar Ledesma, para el medio Julio Astillero, revelado que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, se apropió de 18 parcelas ejidales del Ejido Bolaños, sumando una superficie total de 187 hectáreas. Este presunto despojo ocurrió a inicios del siglo XXI, aprovechando el analfabetismo de los campesinos locales y utilizando sus conexiones familiares con figuras políticas y notarios públicos.
El cuñado de Kuri, Humberto Palacios Alcocer, fue señalado como el principal operador de esta operación, utilizando su posición en la Notaría 27 para adjudicarse las parcelas. Palacios Alcocer, junto con su esposa Martha Beatriz Kuri González y sus hijos, Humberto, Martha Beatriz y Tania, además de Iván Lomelí Avendaño, cercano a la familia, figuran como propietarios de estas tierras. Los terrenos, ubicados al oriente de la ciudad de Querétaro y cerca del exclusivo fraccionamiento El Campanario, están separados por una barranca que divide social y geográficamente la zona.
Entre 2000 y 2003, Mauricio Kuri obtuvo los títulos de propiedad de las parcelas a través de la Notaría 27, dirigida entonces por Samuel Palacios Alcocer, quien fue nombrado notario por su hermano Mariano, gobernador priista de Querétaro. La operación se facilitó gracias a la reforma al artículo 27 Constitucional en 1992, promovida por Carlos Salinas de Gortari, que permitió la privatización de tierras ejidales.
Documentos oficiales como “La Sombra de Arteaga” del 17 de agosto de 2007, demuestran que Kuri y su familia se convirtieron en los principales propietarios de estas tierras. Además, revelan que solicitaron al Ayuntamiento de Querétaro un cambio de uso de suelo para urbanizar las parcelas, solicitud que fue aprobada rápidamente en septiembre de 2006.
El modus operandi incluyó la compra de la parcela número 5 del Ejido Bolaños a un precio muy bajo, para luego venderla a un precio mucho mayor a una desarrolladora inmobiliaria. Este patrón se repitió con varias parcelas, involucrando a familiares y conocidos en la transacción de tierras.
A pesar de la documentación que acredita la propiedad de los ejidatarios originales, como es el caso de Martín y Abel Campos Herrera, estos enfrentan amenazas y dificultades legales para acceder a sus tierras. Martín Campos Herrera, testigo directo de los hechos, señala que ni él ni su hermano pudieron obtener justicia debido al poder e influencia de la familia Kuri Palacios. Además, se destaca que muchas de las parcelas, incluyendo áreas de uso común, fueron apropiadas ilegalmente.
En respuesta a estas acciones, los ejidatarios afectados han presentado demandas por despojo contra Mauricio Kuri y sus allegados. Sin embargo, la respuesta judicial ha sido limitada, y el poder de los involucrados ha dificultado la recuperación de las tierras.
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