Gobernar no concluye con el conteo de los votos. El compromiso de fondo empieza cuando las decisiones públicas deben traducirse en resultados tangibles y en explicaciones claras frente a la sociedad.
A propósito de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum no limitó su encargo a la entrega formal ante el Congreso de la Unión exigida por el artículo 69 constitucional. La decisión de recorrer las 32 entidades federativas para exponer los avances de la administración pone sobre la mesa una distinción fundamental: la diferencia entre acatar un trámite republicano y asumir la rendición de cuentas de cara a la población.
Ya que una cosa es cumplir con una obligación constitucional y otra, es acercar esa información a la ciudadanía.
La gira “Honestidad y Resultados” trazó una ruta por el país que comenzó en Morelos y concluirá este 27 de septiembre en la Ciudad de México, tras recorrer 24 estados. En cada entidad, la conversación no fue general ni abstracta. Se habló de lo que a cada comunidad le preocupa de verdad: el agua que falta en la llave, los caminos y trenes para trasladarse, una vivienda propia, un hospital con medicinas o una escuela digna para las hijas y los hijos.
Y hagámonos esta sencilla pregunta: ¿por qué importa que un informe de gobierno salga de las oficinas y se presente directamente en el territorio? La respuesta es, porque los números cambian de sentido cuando tocan la vida diaria de las y los mexicanos.
Ya que hablar de millones de pesos en un documento oficial, con lenguaje técnico y presentado por escrito, suele sonar lejano e incomprensible. En cambio, cuando el presupuesto se explica en la calle y frente a la comunidad, la cifra se vuelve tangible: se traduce en una obra terminada, en un servicio que funciona o en una necesidad que aún no se resuelve.
Rendir cuentas en el territorio transforma de raíz la relación con el poder. Cuando los servidores públicos salimos del escritorio, el informe deja de ser un monólogo lejano y se convierte en un ejercicio honesto de cara a la gente: un espacio donde se explican las decisiones de frente y la ciudadanía tiene la posibilidad real de contrastar las palabras con lo que vive todos los días.
Hablar de cifras multimillonarias resulta abstracto para una familia ocupada en resolver lo urgente: cómo llegar a tiempo al trabajo, conseguir una cita médica, pagar la renta o asegurar la escuela de sus hijos. En cambio, explicar con claridad cuánto costó un camino, cuándo llegará el agua a su colonia o cuántas viviendas se van a construir, le devuelve sentido al servicio público, permitiendo que cada persona comprenda con exactitud qué significa el presupuesto en su propia vida.
Ese es, para mí, el verdadero sentido de la rendición de cuentas: que el gobierno no solamente informe, sino que explique, que busque que la mayoría de los mexicanos entienda. Que se acerque al pueblo de México, que busque generar cultura jurídica en el país, que explique aquello que es técnico en algo sencillo para que pueda ser comprendido por la mayoría de las personas.
Hay datos que permiten dimensionar el tamaño de lo que está en juego. Por ejemplo, el Gobierno Federal ha señalado que durante este año los Programas para el Bienestar alcanzan casi un billón de pesos y que su financiamiento forma parte del presupuesto público.
Una cantidad de esa magnitud no puede entenderse únicamente como una cifra presupuestal. Son recursos que pertenecen a todos los mexicanos y, por lo mismo, deben estar sujetos a reglas, controles, transparencia y evaluación.
La rendición de cuentas, entonces, no consiste en escuchar únicamente los logros de una administración. También implica preguntar cuánto costó, quién recibió el beneficio, cuándo estará terminada una obra, qué resultados produjo y qué problemas continúan pendientes.
Ahí está una de las diferencias entre informar y rendir cuentas. Informar es decir lo que se hizo. Rendir cuentas supone explicar y responder por ello. Y esto no corresponde solamente al Poder Ejecutivo.
Como jueza federal, considero que este principio también debe aplicarse a las instituciones de justicia. El Poder Judicial tiene una obligación particularmente importante: explicar a la sociedad cómo funciona la justicia, cuáles son los derechos de las personas y qué pueden hacer cuando una autoridad vulnera sus derechos. La ciudadanía no tiene por qué ser experta en derecho para exigir justicia.
Si una persona está detenida, debe saber qué derechos tiene. Si una autoridad no responde una solicitud, debe conocer qué mecanismos existen para reclamar. Si alguien necesita acudir al juicio de amparo, debe poder comprender, en términos sencillos, para qué sirve y cuáles son sus alcances.
Las instituciones no podemos exigirle a la gente que domine el lenguaje técnico con el que trabajamos; somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad ética y profesional de explicarlo con sencillez. Quienes integramos el servicio público, ya sea desde el Poder Judicial o desde cualquier otra trinchera del Estado, estamos para servir a la ciudadanía, y es nuestro primer deber hablarle con claridad, rendirle cuentas y responderle de frente a México.
Por eso hablar con la ciudadanía no debe confundirse con hacer política partidista. Una institución pública puede acercarse a la sociedad sin perder su imparcialidad. Al contrario, una institución que explica cómo funciona, transparenta sus resultados y escucha las necesidades de las personas puede generar mayor confianza.
Claro que un acto público, una plaza llena o una cifra presentada en un escenario no sustituyen los mecanismos formales de fiscalización, auditoría, transparencia ni control institucional. Tampoco sustituyen la obligación de que los datos puedan ser revisados y contrastados, ya que la rendición de cuentas necesita siempre de dos cosas: cercanía con la gente y controles institucionales.
Porque la ciudadanía tiene derecho a escuchar a sus autoridades, pero también tiene derecho a preguntar, cuestionar y verificar. Ese equilibrio es indispensable.
La gira de la Presidenta para informar sobre sus dos primeros años de mandato debe evaluarse más allá de las concentraciones masivas. Su trascendencia democrática depende de qué información llega a la gente y qué herramientas le otorga para exigir cuentas. Gobernar de frente significa no escudarse en escritorios ni en cifras incomprensibles.
Esta obligación no admite excepciones: rige para el Ejecutivo, el Legislativo y, desde luego, para el Poder Judicial. El poder público no pertenece al servidor en turno, sino a la sociedad. Por eso la rendición de cuentas debe ser un hábito diario y no un evento anual: explicar, escuchar, responder y corregir cuando haga falta. En eso consiste, lisa y llanamente, la verdadera responsabilidad republicana
Porque quien tiene el honor de servir a México también tiene la obligación de dar la cara ante México.
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