Desde hace algunos años se ha vuelto recurrente escuchar en el debate público mexicano una palabra que, a fuerza de repetirse, pareciera explicar por sí misma buena parte de nuestros problemas políticos: narcogobierno. La expresión no nació con la elección presidencial de 2024, pero fue precisamente durante ese proceso cuando adquirió una dimensión distinta y comenzó a formar parte de una narrativa que primero habló de un narcopresidente, después de una narcocandidata, posteriormente de un narcopartido y, finalmente, de un narcogobierno que incluso habría terminado por convertir a México, según algunos de sus principales promotores, en un narcoEstado.
El asunto no puede despacharse simplemente diciendo que se trata de una campaña de la oposición contra Morena, porque hacerlo sería quedarse corto. En México existen relaciones entre integrantes de la clase política y organizaciones criminales, las han existido durante gobiernos de distintos partidos, y contamos con investigaciones y procesos judiciales suficientes para advertirlo. El problema no es que esas relaciones se señalen: es que quienes hoy gritan más fuerte “narcogobierno” suelen ser, precisamente, quienes menos evidencia tienen detrás y más motivos para no recordar la que existe en su propia casa.
Hace algunos meses comencé a estudiar este fenómeno con mayor detenimiento para un artículo académico y encontré algo que me parece revelador. Una cosa es afirmar que determinado funcionario mantiene o mantuvo una relación con alguna organización criminal y otra muy distinta convertir esa relación en parte de su identidad. En el primer caso estamos frente a una acusación concreta que, por grave que sea, tiene sujetos, circunstancias y hechos susceptibles de comprobarse o desmentirse; en el segundo, la relación desaparece y queda únicamente la identidad atribuida: ya no se dice que alguien presuntamente tuvo vínculos con el narcotráfico, sino que ese alguien es un narcopolítico, un narcogobernador o un narcopresidente. Lo que encontré, revisando decenas de casos, es que la inmensa mayoría de las veces en que se usa “narcogobierno” contra Morena, esa distancia entre la acusación y la prueba es enorme: se declara la identidad sin que exista, ni de lejos, el respaldo judicial que la sostenga.
Compárese eso con lo que sí tenemos comprobado sobre el sexenio panista que más se ufana de perseguir al crimen organizado. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, fue declarado culpable en 2023 por un jurado de Nueva York y sentenciado en 2024 a 38 años de prisión por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa mientras encabezaba, desde el gobierno mexicano, la supuesta guerra contra el narco. No hablamos de un señalamiento en un mitin ni de una publicación en redes sociales: hablamos de una sentencia firme, dictada por una corte federal, con testigos, documentos y un veredicto unánime. Y sin embargo, es exactamente el bando que hoy más recurre a la etiqueta narcogobierno el que menos interés muestra en que se hable de esto.
Ahí está la hipocresía que me parece necesario señalar sin medias tintas: no se trata de que todos usen la misma palabra con la misma ligereza, como si el fenómeno fuera simétrico y equivalente en ambos lados. Se trata de que quienes más presumen indignación ante un vínculo criminal apenas insinuado son quienes menos han rendido cuentas por el vínculo que sí se probó, en una corte, con nombre y sentencia. Por esa razón, la etiqueta narcogobierno funciona precisamente porque no exige ese contraste: reúne acontecimientos distintos bajo una misma explicación y evita que nadie tenga que comparar la solidez de sus propias acusaciones con la solidez de las que pesan sobre uno mismo.
En fin, no se trata de desterrar una palabra del debate público, sino de exigir que quien la use la sostenga con la misma vara con la que juzga a los demás porque las relaciones entre política y crimen organizado son demasiado graves como para reducirlas a una consigna, y demasiado serias como para permitir que quien tiene una sentencia firme en su historial reciente, como en este caso Acción Nacional, sea paradójicamente, quien más cómodo se sienta señalando con el dedo.
Luis Tovar
Secretario General de la
Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.
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