Hoy el debate gira en torno al examen de admisión de la UNAM. Videos, denuncias y testimonios sobre el uso de inteligencia artificial para responder preguntas, dudas sobre la seguridad del sistema y críticas a la empresa contratada para diseñar y aplicar la evaluación han ocupado las redes sociales durante días. La universidad ya anunció investigaciones y revisiones del proceso.
Pero quizá estamos haciendo la pregunta equivocada. Porque el verdadero problema no es que la inteligencia artificial haya encontrado la manera de vulnerar un examen.
El verdadero problema es que seguimos creyendo que un examen de unas cuantas horas puede decidir el futuro académico de cientos de miles de jóvenes. La IA no inventó la crisis, la hizo evidente.
Durante décadas se nos ha vendido la idea de que los exámenes de admisión son instrumentos objetivos, neutrales y meritocráticos. No lo son.
Un examen estandarizado mide la capacidad para responder un cuestionario bajo determinadas condiciones. No mide creatividad. No mide pensamiento crítico. No mide vocación. No mide disciplina. No mide liderazgo. No mide compromiso social. Mucho menos determina quién será un mejor médico, ingeniera, abogada, historiador o científico.
Lo que sí hace es clasificar, ordenar, excluir. Esa ha sido siempre su función.
El argumento oficial sostiene que las universidades públicas no tienen suficientes lugares para atender toda la demanda y, por tanto, deben seleccionar.
Ese problema es real. Pero convertir una limitación presupuestal en una supuesta prueba de mérito es una decisión política.
Cuando miles de jóvenes quedan fuera cada año, el mensaje implícito no es únicamente que “no alcanzaron el puntaje”. También se normaliza la idea de que la educación superior es un privilegio escaso y no un derecho que el Estado debe garantizar progresivamente.
Ahí aparece la lógica neoliberal. No porque exista un examen en sí mismo, sino porque la escasez termina administrándose mediante mecanismos de competencia individual en lugar de resolverse con una expansión suficiente de la educación pública.
El resultado es conocido. Quien puede pagar cursos especializados, simuladores, asesorías privadas o plataformas digitales llega con ventaja. Quien estudió en escuelas con mayores recursos también parte desde una posición distinta.
Y quien no aprueba suele escuchar que “no se esforzó lo suficiente”, como si todas las personas hubieran competido desde el mismo punto de partida.
La meritocracia suele olvidar las desigualdades. Por eso tampoco sorprende que alrededor de estos exámenes haya florecido toda una industria: Cursos, guías, plataformas, aplicaciones, escuelas privadas que prometen “asegurar el ingreso” y un largo etc.
La educación pública termina alimentando un mercado privado construido alrededor de la exclusión. Paradójicamente, cuanto más difícil es entrar a una universidad pública, más rentable se vuelve preparar a quienes intentan hacerlo.
La inteligencia artificial solo agregó un nuevo ingrediente a esa ecuación. Si una herramienta tecnológica es capaz de responder un examen diseñado para medir conocimientos, quizá también está revelando que ese instrumento evalúa habilidades que hoy pueden automatizarse con relativa facilidad.
Las universidades tienen el enorme desafío de repensar sus mecanismos de ingreso en un mundo donde la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana.
Eso implica fortalecer la integridad académica, revisar los procesos tecnológicos y garantizar que cualquier empresa contratada para desarrollar estas plataformas cumpla con los más altos estándares de seguridad y transparencia.
Pero también implica algo mucho más profundo. Preguntarnos si el examen estandarizado sigue siendo el mejor camino para decidir quién merece estudiar. Porque el conocimiento ya no consiste únicamente en memorizar información.
Hoy importa comprender, argumentar, crear, investigar, resolver problemas y trabajar de manera colaborativa. Nada de eso cabe completamente en una hoja de respuestas.
La discusión no debería agotarse en descubrir quién hizo trampa. Debería llevarnos a cuestionar un modelo de selección que desde hace décadas deja fuera a cientos de miles de jóvenes, no necesariamente porque carezcan de talento, sino porque el sistema educativo no ha crecido al ritmo de las necesidades del país.
Lo verdaderamente importante será decidir si queremos seguir defendiendo un mecanismo de exclusión diseñado para administrar la escasez o construir un sistema universitario capaz de garantizar que el derecho a la educación no dependa de un examen de unas cuantas horas.
Porque cuando el principal filtro para acceder a un derecho es sobrevivir a una prueba estandarizada, quizá el problema nunca fue la inteligencia artificial. Quizá el problema siempre fue el examen.
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