Los jueces también debemos tocar puertas

Durante décadas, el pueblo tocó las puertas de los juzgados para buscar justicia. Hoy las cosas han cambiado, hoy nos corresponde a los y las juzgadoras tocar las puertas del pueblo para explicar nuestra función como jueces y nuestra vocación por el servicio y justicia, así como rendir cuentas sobre nuestro labor.

A lo largo del tiempo, se construyó la idea de que el Poder Judicial debía hablar únicamente a través de sus sentencias. Y es cierto que una resolución judicial, es la expresión más importante de la función jurisdiccional y que ningún discurso puede sustituir la fuerza de una decisión fundada en la Constitución y los Derechos Humanos.

Pero también es cierto que, si la justicia nunca se explica, termina siendo una justicia distante, y una justicia distante difícilmente puede generar la confianza, el respeto y la autoridad, que legitima y necesita cualquier servidor público, para el correcto desempeño de su labor.

La independencia judicial no significa vivir aislados de la sociedad. Significa resolver sin presiones, sin intereses ajenos al derecho y sin deberle favores a nadie. Esa independencia no se debilita cuando un juzgador escucha a la ciudadanía, explica el alcance de sus funciones o informa sobre los resultados de su trabajo. Al contrario, se fortalece, porque la legitimidad de las instituciones también se construye con transparencia, con empatía y generando una confianza directa con las personas.

Sin embargo, durante muchos años se alimentó una percepción equivocada y que no tiene futuro en lo que hoy exige y necesita México: que los jueces sólo aparecíamos cuando dictábamos una sentencia o cuando alguna resolución ocupaba los titulares de los medios de comunicación. Ya que entre un expediente y otro parecía existir un muro infranqueable entre la sociedad y quienes impartían justicia. Ese muro no siempre fue producto de la desconfianza; muchas veces también fue consecuencia de la falta de comunicación. Esa realidad debe cambiar.

No para convertir a los juzgadores en actores políticos, ni para buscar popularidad, ni mucho menos para someter nuestras decisiones ante la presión mediática. Una autoridad judicial, jamás puede decidir por aplausos o por encuestas. Pero sí puede  y debe, explicar cuál es su función jurisdiccional, cómo desempeña su engargo, que criterios jurídicos tiene, cuales son los resultados que ha tenido es su trabajo y por qué el respeto a la Constitución y a los Derechos Humanos protege a todas las personas, incluso cuando una resolución resulte incómoda o impopular a simple vista.

Como jueza de Distrito en materia penal he asumido esa responsabilidad con absoluta convicción. He participado en diversos foros ciudadanos, universidades, he salido a las calles y he regresado a Azcapotzalco, una de las alcaldías que me otorgó su confianza mediante el voto para desempeñar esta enorme responsabilidad constitucional. Y No regresé para hacer campaña, tampoco para buscar reconocimiento personal. Regresé para rendir cuentas y cumplir con un compromiso que adquirí en mi campaña, el estar cerca de la gente, el generar en la medida de mis posibilidades y sin afectar mis funciones jurisdiccionales cultura jurídica en las y los mexicanos.

Les expliqué a las y los ciudadanos cuál es la función de un juzgado de distrito en materia penal; cómo se protege el debido proceso; por qué un juez está obligado a respetar los derechos tanto de las víctimas como de las personas imputadas; cuál es significado real del juicio de amparo indirecto, cuáles han sido los avances del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal, etc. La ciudadanía tiene derecho a conocer esos resultados, a saber, quienes somos, a conocer nuestra vocación de servicio, a que les expliquemos porque los juzgadores tienen una función trascendental en sus vidas.

Durante el mes de marzo, el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal registró 194 egresos, colocándose entre los órganos jurisdiccionales con mejores resultados en productividad. Pero detrás de ese dato que puede parecer sin importancia, frívolo, o que son simples estadísticas administrativas. Se traduce en un esfuerzo enorme y muchos retos que enfrentaron los titulares para obtener buenos resultados; pero aún más importante, hay justiciables que dejaron de esperar una resolución, familias que obtuvieron una respuesta del Estado, víctimas que recibieron una decisión y personas sujetas a proceso que pudieron conocer oportunamente el sentido de una resolución judicial y llevar un adecuado proceso.

La productividad no consiste únicamente en resolver más asuntos. Consiste en comprender que detrás de cada expediente hay una historia humana que no puede permanecer indefinidamente en espera de justicia.

Sin embargo, esos resultados, por importantes que sean, no bastan por sí solos para fortalecer la confianza ciudadana. Las personas tienen derecho a saber cómo trabaja el Poder Judicial, cuáles son sus límites, qué puede resolver un juez y qué corresponde a otras autoridades. Una sociedad informada es mucho menos vulnerable a la desinformación y mucho más capaz de defender el Estado de derecho y sobre poder proteger sus derechos.

Por ello celebro que cada vez más juezas, jueces, magistradas y magistrados estemos convencidos de que la impartición de justicia también requiere presencia en el territorio. No para sustituir el trabajo jurisdiccional, sino para acercar el conocimiento jurídico a quienes durante muchos años vieron al Poder Judicial como una institución lejana e inaccesible.

La justicia de territorio no significa resolver fuera de los tribunales. Significa llevar cultura jurídica a las personas, donde antes sólo llegaban rumores, prejuicios o información incompleta. El generar cultura jurídica puede comenzar con visitar universidades, colonias, espacios comunitarios y foros ciudadanos para explicar qué hacemos y por qué lo hacemos.

México necesita una ciudadanía que conozca sus derechos antes de que le sean vulnerados; que entienda qué hace un juez federal antes de emitir un juicio sobre su trabajo; que sepa distinguir entre una resolución que puede ser impopular y una resolución que es ilegal. Esas distinciones no son menores, ya que la confianza, el respeto y la confianza de las personas es indispensable para que exista, la fortaleza que necesitan nuestras instituciones.

Muchos jueces y magistrados seguiremos recorriendo las calles, asistiendo a foros y estando en contacto con los justiciables, para dialogar con la ciudadanía y construir una auténtica cultura jurídica. Será un esfuerzo permanente, compatible con nuestra independencia y con el deber de imparcialidad que impone la Constitución. Ya que escuchar a la sociedad no significa decidir conforme a la opinión pública; significa entender mejor la realidad sobre la que el derecho despliega sus efectos. El derecho siempre va un paso atrás de la realidad.

México atraviesa una etapa inédita para el Poder Judicial, por ello, la cercanía con la ciudadanía debe convertirse en una práctica institucional. La confianza pública no puede exigirse; debe ganarse todos los días con trabajo, transparencia y resultados.

Como jueza penal federal he aprendido que la legitimidad de una resolución no depende de la cantidad de elogios o críticas que reciba. Depende de que pueda sostenerse jurídicamente, de que respete los derechos humanos y de que encuentre siempre sustento en la Constitución. Pero también he aprendido que una sentencia que nadie entiende difícilmente fortalece la confianza en las instituciones.

Los jueces no podemos conformarnos con impartir justicia; también debemos contribuir a que las personas comprendan por qué esa justicia existe y cómo protege su libertad. La cultura jurídica no puede solo pertenecer a los abogados y especialistas. Debe convertirse en una herramienta de ciudadanía, porque un pueblo que conoce sus derechos también sabe defenderlos.

La grandeza de México no depende únicamente de sus leyes. Depende de que sus instituciones sean capaces de acercarse a la gente sin perder su independencia, de rendir cuentas sin renunciar a su autonomía y de ejercer el poder con la humildad de quien nunca olvida que toda autoridad existe para servir a la Nación.