Hay una incomodidad que los gobiernos latinoamericanos raras veces se atreven a nombrar en voz alta: que la democracia liberal, tal como la promueve y exige Estados Unidos, no es un ideal político desinteresado, sino un mecanismo de administración del poder ajeno. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha adoptado una postura que, sin declararlo con esa crudeza, apunta precisamente en esa dirección: la soberanía nacional no se negocia, la cooperación bilateral debe ser entre iguales, y ninguna presión externa justifica la subordinación de un Estado a los intereses de otro. Es una posición elemental en teoría, y subversiva en la práctica.
Desde mediados del siglo XX, Washington ha tenido una preferencia consistente por los regímenes democrático-liberales en su esfera de influencia, no porque la democracia sea intrínsecamente buena para los pueblos —la historia de las intervenciones estadounidenses en América Latina desmiente esa narrativa con una brutalidad documentada—, sino porque ese modelo ofrece canales institucionalizados, élites locales funcionalmente dependientes del capital transnacional, medios de comunicación susceptibles de financiamiento externo, y una oposición siempre disponible para ser activada cuando el gobierno en turno deja de ser conveniente. La democracia liberal, en este contexto, no es el gobierno del pueblo: es el gobierno del pueblo administrado desde afuera.
México no escapa a esa lógica estructural. Es una economía profundamente integrada a la de Estados Unidos a través del TMEC, con una frontera compartida de más de tres mil kilómetros, una diáspora de millones de ciudadanos en territorio norteamericano, y una dependencia histórica del capital estadounidense en sectores estratégicos. Eso no convierte a México en una colonia, pero sí en un Estado cuya soberanía opera en márgenes que el vecino del norte ha contribuido a definir. Reconocer esa realidad no es derrotismo: es el punto de partida honesto para cualquier política exterior digna.
Lo que hace notable la postura de Sheinbaum es precisamente que no finge que esos márgenes no existen, pero tampoco los acepta como inmutables. Su insistencia en que la relación con Washington debe basarse en el respeto mutuo y la cooperación institucional —no en la subordinación— es una forma de reclamar el espacio soberano posible dentro de una asimetría innegable. No es el maximalismo retórico del antiimperialismo de trinchera, sino algo más difícil: la gestión cotidiana de una independencia relativa frente a un poder absoluto. Y eso, en el contexto geopolítico actual, tiene un costo real.
Porque el Imperio no acepta bien la insubordinación moderada. Las presiones sobre México en materia de seguridad, migración, política de drogas y relaciones con China no son solicitudes de cooperación técnica: son formas de recordarle a Ciudad de México dónde está el límite de su autonomía. Cada vez que un funcionario estadounidense amenaza con aranceles, cada vez que un senador republicano pide designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para tener pretexto de intervención, cada vez que se condiciona la asistencia a reformas que convengan a intereses corporativos del norte, se está ejerciendo una forma de soberanía vicaria: la idea de que México puede gobernarse, siempre que no gobierne demasiado.
En ese escenario, defender la no injerencia en asuntos internos no es una posición arcaica heredada del nacionalismo revolucionario del siglo pasado. Es una necesidad estratégica para cualquier proyecto político que aspire a algo distinto del continuismo neoliberal. Si el Estado mexicano no puede definir su política energética, su modelo de seguridad, su relación con los recursos naturales o su posición ante conflictos internacionales sin pedir permiso en Washington, entonces la soberanía es un ornamento constitucional y no una realidad operativa.
La presidenta Sheinbaum hereda una doctrina —la del Presidente López Obrador— que hizo de la no intervención un eje de política exterior, con sus virtudes y sus contradicciones. Las virtudes son evidentes: México recuperó en esos años una voz propia en foros internacionales, se negó a ser arrastrado a consensos automáticos, y mantuvo relaciones funcionales con gobiernos de distintos signos ideológicos sin alinearse subordinadamente con ningún bloque. Las contradicciones también lo son: la soberanía proclamada coexistió con una violencia interna que el Estado no supo o no quiso contener, y con una economía que siguió siendo estructuralmente dependiente.
Ese es el nudo que ninguna retórica antiimperialista resuelve sola: la soberanía formal no basta si no va acompañada de soberanía material, es decir, de capacidad real del Estado para proteger a su población, redistribuir la riqueza, y controlar su territorio. México puede declarar su independencia de Washington todos los días y seguir siendo rehén de sus propias élites extractivas, de la corrupción institucionalizada y de la economía criminal que en muchas regiones ha sustituido al Estado. El antiimperialismo que no mira hacia adentro es una ideología incompleta.
Y sin embargo, frente a la alternativa —la integración subordinada, la aceptación de que ser vecino de Estados Unidos implica ser su extensión administrativa—, la postura de Sheinbaum representa un mínimo ético y político irrenunciable. No injerencia, cooperación sin subordinación, respeto a la autodeterminación: estos no son principios ingenuos. Son, en el mejor de los casos, las condiciones mínimas para que un país de cien millones de personas pueda seguir siendo algo más que un mercado cautivo y una zona de amortiguamiento geopolítica. Defenderlos, en el México de 2025, no es un gesto heroico. Es, apenas, lo menos que se puede hacer.
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