Auditorías detectaron irregularidades por más de 8 millones de pesos y la denuncia se presentó tras semanas de presión política y ausencia del funcionario.
La alcaldesa panista Monserrat Mendoza Cano enfrenta fuertes cuestionamientos luego de que se revelara que conocía desde 2024 irregularidades en la Tesorería municipal, pero permitió que el entonces titular, Jaime Aguirre Mejía, permaneciera en el cargo hasta su reciente fuga, de acuerdo con una investigación de Carmen Pizano para Pop Lab.
De acuerdo con auditorías de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el funcionario realizó transferencias irregulares de recursos públicos a su cuenta personal, sin poder justificar al menos 2.8 millones de pesos, además de múltiples inconsistencias administrativas. Pese a ello, Mendoza Cano fue notificada antes de iniciar su segundo periodo y aún así lo ratificó.
El escándalo creció con nuevas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que detectó irregularidades por más de 5.2 millones de pesos en recursos federales, incluyendo contratos sin comprobación, gastos sin documentación y uso indebido de fondos públicos en eventos y servicios.
La presión política y ciudadana obligó finalmente a la alcaldesa a presentar una denuncia ante la Fiscalía estatal, luego de que el tesorero dejara de presentarse a trabajar desde febrero de 2026. Incluso, la falta de control financiero derivó en problemas operativos, como cortes de servicios básicos en el ayuntamiento por adeudos.
Investigaciones internas también revelan posibles anomalías en compras públicas, pagos sin reglas claras y apoyos autorizados sin apego a lineamientos, lo que apunta a un desorden financiero sistemático dentro de la administración municipal.
Aunque desde el PAN se ha defendido la actuación de la alcaldesa, el caso ha desatado críticas por la tardía reacción y por permitir que las irregularidades escalaran, en un contexto donde el daño al erario aún no ha sido completamente cuantificado.
La Cámara de Diputados avala la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum en medio de intensos debates y críticas de la oposición.
Este miércoles 8 de abril de 2026, la Cámara de Diputados aprobó el Plan B de la reforma electoral con una votación de 377 a favor y 102 en contra. Este dictamen, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, generó un amplio debate entre los legisladores.
Los diputados de partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano criticaron la falta de sanciones para políticos y partidos que reciban financiamiento del crimen organizado. También denunciaron la violencia política de género que enfrentan algunas funcionarias, como Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán.
Durante la sesión, las diferencias entre los partidos se hicieron evidentes. Leonel Godoy, acusado por Quiroz en un caso de asesinato, defendió su inocencia a pesar de las investigaciones en su contra.
El Plan B modifica artículos de la Constitución, pero omite temas como la revocación de mandato, lo que agrava las tensiones entre Morena y el Partido del Trabajo.
A nivel local, se establece que los ayuntamientos se compondrán de una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías. Esto deberá hacerse bajo principios de paridad de género e igualdad.
Además, el nuevo decreto regula los presupuestos de los congresos locales. Se fijó un límite: no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad. También, prohíbe ciertas prestaciones y asegura que los ahorros generados se destinen a infraestructura pública.
Con esta aprobación, el Congreso de la Unión y los estatales tienen hasta el 30 de mayo de 2026 para actualizar sus leyes y alinearse con esta reforma. La decisión genera un nuevo capítulo en el mundo político mexicano, lleno de desafíos y expectativas.
El líder del PRI suma más ausencias injustificadas que cualquier otro senador, mientras PAN y PRI dominan el abandono del pleno.
En el colmo del descaro legislativo, Alejandro Moreno Cárdenas se posicionó como el senador con más faltas injustificadas en el Senado durante la LXVI Legislatura. Según registros oficiales, entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 acumuló siete inasistencias sin justificar y 20 justificadas. Sí, el mismo que pide disciplina… pero no la practica.
El informe revela que, en total, se registraron 181 faltas injustificadas cometidas por 67 legisladores. Y aunque “Alito” se lleva la medalla de oro en ausencias, su bancada tampoco se queda atrás: el PRI suma 46 faltas injustificadas entre 13 senadores, confirmando que el problema no es individual, sino de grupo… o de flojera colectiva.
Pero si de abandono se trata, el primer lugar por bancada lo tiene el PAN, con 60 faltas injustificadas de 21 senadores. Por su parte, Morena acumuló 42 ausencias injustificadas, aunque lidera en faltas “justificadas”, lo que al menos indica que avisaron antes de no ir. Movimiento Ciudadano registró 20 inasistencias, mientras que PT y PVEM, curiosamente, no reportaron faltas sin justificar.
¿Y por qué faltan tanto? No siempre es por enfermedad o trabajo legislativo. De acuerdo con reportes periodísticos, varias ausencias han sido estrategias de protesta política. Por ejemplo, durante la validación de reformas clave —como la del Poder Judicial o la Guardia Nacional—, decenas de senadores simplemente decidieron no presentarse, como si ausentarse fuera equivalente a debatir.
Al final, mientras los ciudadanos cumplen horarios y obligaciones, algunos legisladores parecen haber entendido su cargo como opcional. Y “Alito”, fiel a su estilo, lidera… pero en lo que nadie debería presumir.
El alcalde panista recibió un préstamo de una entidad calificada por hacienda como “empresa fantasma”; de este modo, Felifer justificó ingresos por más de 500 mil pesos en 2025.
Por Martha Rojas
Felipe Fernando Macías, actual alcalde del municipio de Querétaro, aspira a convertirse en el nuevo gobernador de la entidad, sucediendo en 2027 al empresario panista Mauricio Kuri.
Afiliado al PAN en 2007, “Felifer”, como popularmente se le conoce, ha construido una carrera cobijada por el partido blanquiazul, desempeñándose como secretario juvenil de Acción Nacional, consejero estatal, asesor del Congreso en Querétaro, regidor, diputado y ahora, alcalde.
En la trayectoria política de Felifer, no sólo brillan los cargos conquistados rápidamente, sino también los cuantiosos ingresos que el alcalde albiazul ha obtenido.
Según versa en sus declaraciones patrimoniales, en los últimos dos años, el panista ha ostentado ingresos por 1 millón 421 mil 770 pesos netos.
Amasando una fortuna a través de los diferentes cargos públicos que ha desempeñado.
En 2024, Felifer se convirtió en el presidente municipal de Querétaro. Desde ahí, ha presumido cuantiosas inversiones en infraestructura pública, cuyos resultados son poco palpables.
Ese mismo año, el panista realizó su primera declaración ya como alcalde. Ahí, dijo ser propietario de un automóvil Mazda 6 del año 2020, valuado en 519 mil pesos, y gozar de ingresos por 1 millón 83 mil 457 pesos. Además, declaró tener un crédito de 40 mil pesos.
Al año siguiente, en 2025, los bienes de Felifer crecieron. Además de su Mazda 6, el alcalde declaró ser propietario de un inmueble valuado en 2 millones 131 mil pesos y además, dijo tener una inversión personal no especificada en ALLIANZ FONDIKA SA de CV.
Nada raro, si no fuera porque en la declaración de 2025 del panista existe un vacío en torno a un ingreso por 500 mil pesos, que, según Felifer, fue producto de un préstamo recibido por LINYSUB NUEVA GENERACIÓN, una entidad que ha sido señalada por la Secretaría de Hacienda como una “empresa fantasma”.
De acuerdo con los documentos, el 1 de mayo de 2024 Felifer recibió un préstamo personal por 500 mil pesos de LINYSUB NUEVA GENERACIÓN SA DE CV. Una empresa fantasma con sede en Naucalpan, Estado de México, a la que Hacienda boletinó luego de confirmar que se trata de una entidad que no cuenta ni con los medios, ni con el personal y mucho menos con los recursos para financiar las operaciones que asevera tener.
El 24 de enero de 2025, Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación una lista con los nombres de empresas que levantaron las alarmas del fisco al simular operaciones fiscales cuyo origen no se podía rastrear.
Entre las empresas listadas figura LINYSUB NUEVA GENERACIÓN SA DE CV, una empresa que prestó medio millón de pesos a Felifer.
Dinero que el alcalde declaró un ingreso y también como un adeudo en su declaración patrimonial de 2025.
Legal y contablemente, el préstamo de 500 mil pesos, más que un ingreso, es un pasivo. Es decir, una deuda que no incrementa el patrimonio personal, pues se tiene que liquidar, pero al declararla un ingreso, lo que en realidad Felifer intentaba era justificar la entrada de dinero cuyo origen no se puede comprobar.
La declaración de panista no sólo pone en evidencia el tipo de estrategias que el funcionario utiliza para justificar los ingresos adicionales que entran en sus cuentas, sino también su nexo con una empresa que ya ha sido calificada por el SAT como una empresa fantasma.
De las obras no terminadas a las empresas fantasma
Para los queretanos la administración real de Felifer no es la que se relata en los medios de comunicación ni en las campañas mediáticas que desde 2024 el alcalde financia con presupuesto del ayuntamiento.
Su administración es la de las obras inconclusas, pues desde que inició su administración, el alcalde ha presumido la ejecución de al menos 17 obras públicas, cuyos resultados no son palpables.
Al tomar la presidencia municipal, aseveró que modernizaría el alumbrado público del Mercado Escobedo con un gasto de 20 millones de pesos. Pero tremenda decepción se llevaron los locatarios cuando se percataron de que la famosa rehabilitación se limitó al cambio de fusibles y algunos contactos que, hoy en día, lucen casi igual a los anteriores.
En total, el panista ha invertido unos 161 millones de pesos en sus obras. Tan sólo en la rehabilitación de seis calles de la colonia Reforma Agraria gastó unos 25 millones de pesos.
Pese al gasto, algunas de las obras continúan en proceso y otras de plano figuraron como un gasto irresponsable, como la colocación de lámparas en la Alameda Central, cuando las colonias aledañas sufren de cortes eléctricos recurrentes.
Problemáticas que se mantienen ajenas al alcalde, que este año, más que por las obras, está preocupado por la candidatura a gobernador.
El hijo del expresidente Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón Zavala, comenzó a emprender a los 11 años con acceso a funcionarios de alto perfil, oportunidades que no están al alcance del ciudadano común.
Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, reveló que comenzó su primer negocio a los 11 años vendiendo corbatas a funcionarios de Gobierno, con el permiso de su padre. La iniciativa, según relató, buscaba que él y su hermana María “llevaran una vida normal”, aunque su acceso privilegiado a funcionarios y espacios oficiales evidencia la mezcla entre emprendimiento y ventajas familiares.
Durante su juventud, Calderón Zavala aprovechó su posición para relacionarse con empresarios de alto perfil como Carlos Slim y Arturo Elías Ayub. Con estos contactos, vendió desde corbatas hasta cámaras digitales, obteniendo ganancias gracias a su acceso directo a recursos y mercados que no están al alcance del ciudadano común.
El hijo del exmandatario reconoció que sus padres controlaban su vida financiera y su exposición pública: no recibía dinero para diversión y contaba con seguridad personal, reflejo de los privilegios ligados a su apellido.
Actualmente, Calderón Zavala trabaja como asociado comercial en Liqui Moly, pero su trayectoria incluye empleos en bienes raíces, firmas de abogados y medios de comunicación, llegando a ser socio comercial de Tarimas y Empaques Industriales San José en 2024. Su historia refleja cómo la red de contactos y el apellido familiar facilitaron oportunidades laborales y empresariales desde la infancia.
Datos oficiales revelan que el fenómeno creció de forma exponencial tras el despliegue militar contra el narcotráfico, marcando un antes y un después en la violencia del país.
El fenómeno de desapariciones en México registró un incremento sin precedentes durante el sexenio de Felipe Calderón, tras el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Entre 2000 y 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, se reportaron 950 personas desaparecidas; sin embargo, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012, ya bajo la administración de Calderón, la cifra se disparó a 17 mil 327 víctimas, evidenciando un crecimiento exponencial vinculado al aumento de la violencia.
El primer año del sexenio calderonista marcó un punto de quiebre: los casos pasaron de 236 en 2006 a 837 en 2007, casi cuadruplicándose. La tendencia continuó al alza con mil 153 desapariciones en 2008 y mil 741 en 2009, en paralelo al despliegue de fuerzas federales en el país.
Para 2010, la crisis ya era evidente, con más de 4 mil 200 víctimas acumuladas, lo que representó un aumento de hasta 20 veces en solo cuatro años. El pico se alcanzó en 2011, con 5 mil 165 casos, detonando protestas sociales y el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que denunció la magnitud del problema.
En ese contexto, familiares de víctimas encararon al entonces presidente en el Castillo de Chapultepec, cuestionando que los desaparecidos fueran considerados “daños colaterales” de la estrategia de seguridad. Calderón defendió su decisión y afirmó que su error fue no actuar antes contra el crimen organizado.
Al cierre de su gobierno, con 4 mil 192 desapariciones registradas en 2012, el fenómeno se consolidó como una crisis estructural que persiste hasta hoy, generando alertas internacionales, como los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega afirmó en entrevista que no apoya la postura de Claudia Sheinbaum ante Donald Trump y expresó respaldo a la intervención del republicano, asegurando que se trata de una defensa de los derechos humanos.
En entrevista para Antena 3 Noticias, Rojo de la Vega comentó que no comparte la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a Donald Trump. Durante la conversación, afirmó que la intervención del exmandatario estadounidense representa una defensa a los derechos humanos, dejando ver su apoyo.
La entrevistadora cuestionó si las acciones de Trump realmente abogan por los derechos humanos o si están motivadas por otros intereses. Ante esto, Rojo de la Vega evadió la pregunta, lo que evidenció un nulo entendimiento del tema.
La postura de la alcaldesa ha generado críticas, al ser señalada como desconectada de la realidad y con desconocimiento en materia de política internacional.
La nueva ombudsperson fue elegida con mayoría panista, pese a críticas de Morena y colectivos feministas que cuestionan su independencia y perfil.
El Congreso de Chihuahua designó a Ada Miriam Aguilera Mercado como nueva titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) con 22 votos a favor y 11 en contra, en una votación marcada por la polémica y acusaciones de falta de imparcialidad.
La elección, impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), generó inconformidad entre legisladores de Morena, quienes advirtieron posibles conflictos de interés, ya que Aguilera habría sido representante jurídica del PAN en 2019, antecedente que —acusaron— no fue declarado durante el proceso.
Pese a los cuestionamientos, diputados panistas defendieron la legalidad del procedimiento, señalando que la funcionaria fue la mejor evaluada dentro de la terna, integrada también por Flor Alejandra Corral Requejo y Fryda Libertad Licano Ramírez, quienes no obtuvieron votos.
Desde el PAN, el coordinador legislativo aseguró que el nombramiento responde a criterios de paridad de género y destacó que Aguilera será la primera mujer en encabezar la CEDH en el estado, afirmando que existió consenso entre diversas fuerzas políticas.
Sin embargo, organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron “deficiencias preocupantes” en el perfil de las aspirantes, al señalar carencias en temas clave como violencia familiar, digital y sexual. Además, criticaron que la convocatoria utilizó terminología obsoleta y omitió estrategias preventivas fundamentales.
Colectivos subrayaron que la persona titular de la CEDH debe contar con independencia política y calidad moral comprobada, por lo que advirtieron que este nombramiento podría comprometer la defensa efectiva de los derechos humanos en la entidad.
Comentario sin editar evidencia uso de inteligencia artificial y genera críticas sobre la comunicación oficial.
La alcaldesa de Hunucmá, Yucatán, Cristina Pérez Bojórquez, del Partido Acción Nacional (PAN), se vio envuelta en una polémica en redes sociales luego de que en su cuenta oficial de Facebook se publicara una respuesta al comentario de un usuario con texto sin editar generado por inteligencia artificial. El mensaje incluía las instrucciones y sugerencias de la IA que debían ser eliminadas antes de su publicación.
El error no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, generando críticas, burlas y cuestionamientos sobre la autenticidad de la comunicación digital de la funcionaria. Usuarios señalaron que el incidente evidenciaría el uso de herramientas automatizadas sin la debida supervisión, lo que puso en entredicho el manejo de sus redes sociales y la cercanía con la ciudadanía.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial al respecto; sin embargo, el caso reavivó el debate sobre el uso de inteligencia artificial en la comunicación pública, especialmente en cuentas institucionales, donde cada detalle cuenta y puede impactar la percepción pública de los funcionarios.
Un video difundido en redes sociales exhibió al alcalde panista Felifer Macías por promocionar su imagen rumbo a la gubernatura mediante publicidad que podría violar la Ley Electoral, en un episodio que también salpica a figuras del PAN y Movimiento Ciudadano.
La polémica estalló en Querétaro luego de que el regidor Avse Fernando Flores compartiera un video donde se observa un espectacular ubicado en una vialidad principal de Ezequiel Montes, con la imagen del edil capitalino. El hecho ha sido interpretado como un intento anticipado de posicionamiento político de cara al proceso electoral.
El señalamiento apunta a una posible burla de los tiempos legales, ya que las campañas aún no están permitidas. Además, el material no solo coloca al PAN en el centro de la controversia, sino que también muestra en el mismo espacio publicitario a Alessandra Rojo, vinculada al panismo, y a Samuel García, de Movimiento Ciudadano.
El uso de estas estrategias anticipadas de visibilidad vuelve a poner en entredicho al PAN, al reavivar las dudas sobre su congruencia frente a las reglas electorales que dice defender.
Por su parte, Movimiento Ciudadano, que ha buscado posicionarse como una alternativa distinta, también queda bajo la lupa, pues su aparición en este contexto evidencia una cercanía incómoda con prácticas que ha criticado públicamente.
