Etiqueta: PAN
-
Benito Juárez en alerta: casos de mujeres exhibe inseguridad y fallas de Luis Mendoza
Dos casos de mujeres desaparecidas y halladas sin vida en menos de un año en la alcaldía Benito Juárez evidencian un sistema alarmante de violencia. Bajo la gestión de Luis Mendoza Acevedo, crece la preocupación ante hechos que reflejan fallas graves en la prevención y atención de delitos.
La alcaldía Benito Juárez, que durante años presumió ser una de las más seguras de la ciudad, hoy enfrenta una realidad incómoda bajo el PAN: la violencia contra mujeres deja marcas visibles. Los casos recientes son señales de un entorno que se deteriora mientras las autoridades locales parecen rebasadas.
El antecedente más reciente revive la indignación, puesto que una jóven llamada Edith Guadalupe de 21 años fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida dentro de un predio, en circunstancias que recuerdan otro caso ocurrido meses antes. El que vuelva a suceder un caso similar en tan poco tiempo provoca alertas sobre lo que está fallando en la alcaldía.
En junio del año pasado, Alma Elene desapareció tras llegar a la ciudad por una “oferta de trabajo”, pero su ausencia no fue atendida con la rapidez necesaria y la denuncia formal se presentó semanas después. Días más tarde, su cuerpo fue encontrado con signos de violencia en una obra en la colonia Narvarte.
Los investigadores llevaron a la detención de un vigilante del lugar, quien fue señalado como responsable. Sin embargo, el problema va más allá de un solo agresor: el caso expone fallas en la vigilancia, en la reacción y atención institucional así como en la capacidad para evitar que estos hechos ocurran en espacios urbanos donde debería haber control.
La gestión de Luis Mendoza Acevedo queda marcada por una realidad que no puede esconder: mujeres asesinadas, desapariciones que se repiten y una alcaldía que dejó de ser segura para convertirse en foco de miedo. La inseguridad exhibe a una autoridad que no está dando resultados.
-
Jorge Romero destapa corcholata para Michoacán bajo la sombra de millonarios contratos
El PAN arranca con un año de anticipación la sucesión en Michoacán bajo la figura de “coordinadores”, mientras su carta fuerte en Morelia arrastra señalamientos por 154 contratos y 576 millones de pesos, en medio de críticas por inseguridad y servicios deficientes.
Bajo la dirigencia de Jorge Romero Herrera, el Partido Acción Nacional comienza a nombrar “coordinadores estatales” que, en los hechos, perfilan a sus candidatos para 2027, adelantando la contienda con una estrategia que durante años cuestionó a Morena.
Este experimento arrancó en Michoacán con Alfonso Martínez Alcázar, quien actualmente funge como presidente municipal de Morelia, nombrándolo “coordinador del cambio y defensa de la familia”. El cargo suena a una etiqueta para desviar una campaña hacia lo que ya opera como promoción rumbo a junio de 2027.
Pero, ¿quién es Alfonso Martínez Alcázar?
La figura política no llega limpia, puesto que el alcalde arrastra señalamientos por presunto uso de recursos públicos para apuntalar su aspiración, así como críticas constantes por el deterioro de Morelia, como baches, servicios irregulares y una percepción de inseguridad que no cede.
Las acusaciones más graves hablan de una red de influencias. De acuerdo con denuncias presentadas por actores políticos, su administración habría asignado 154 contratos de obra pública por adjudicación directa, a lo que llamaron “Cártel de la Construcción”, acumulando una inversión de más de 576 millones de pesos en manos de allegados.
El caso escaló hasta instancias federales y estatales, ya que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, la fiscalía estatal, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de Michoacán por presuntos delitos que van desde abuso hasta lavado de dinero.
A esto se añade un hecho que intensificó la sospecha: la presunta eliminación de contratos y documentos de portales oficiales de transparencia, justo después de que se hicieran públicas las irregularidades. Aunque se asegura que las pruebas fueron certificadas previamente, el daño a la credibilidad quedó marcado.
El adelanto de la contienda y la protección política bajo nuevas etiquetas no borran los señalamientos ni mejoran la realidad en las calles. Por el contrario, exhiben a un PAN que apuesta por reciclar prácticas que antes condenaba, mientras uno de sus perfiles principales en Michoacán avanza cargando cifras, denuncias y una gestión cuestionada que pesa más que cualquier discurso.
-
Libia Denisse revictimiza a Cecilia García, buscadora asesinada, y evade disculpa
Por Nathael Pérez
La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, enfrenta críticas por desconocer a Cecilia García como integrante de un colectivo de búsqueda, pese a que activistas lo desmintieron. El caso exhibe revictimización, falta de rectificación y una crisis de desapariciones que sigue sin resolverse en el estado.
La polémica estalló tras declaraciones de la gobernadora el pasado 8 de abril en Irapuato, donde afirmó que Cecilia García, joven de 28 años asesinada tras ser secuestrada, “no tenía la calidad de buscadora”. Aunque intentó matizar que el hecho seguía siendo lamentable, sus palabras fueron interpretadas como un intento de restar legitimidad a la víctima, en un contexto donde los colectivos de búsqueda enfrentan riesgos constantes.
En respuesta, la plataforma “Desaparecidxs Guanajuato” y activistas como Alma Lilia Tapia desmintieron categóricamente a la mandataria, asegurando que Cecilia formaba parte activa del colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” desde hace más de cuatro años. Incluso, recordaron que participó recientemente en la marcha del 8 de marzo y en diversas búsquedas, lo que desmiente de manera contundente la versión ‘oficial’. Las declaraciones no solo son falsas y revictimizan a quien ya no puede defenderse.
La falta de una disculpa pública ha agravado el conflicto, y aunque la Procuraduría de Derechos Humanos estatal sugirió que hubo una rectificación, los colectivos lo desmintieron nuevamente: “no ha habido retractación, disculpa o aclaración”, reclamaron. De igual manera advirtieron además que difundir información no verídica pone en riesgo a todo el grupo, minimiza la trayectoria de la víctima y refleja una preocupante desconexión del gobierno con la realidad que enfrentan las familias.
Cabe recordar que Guanajuato se mantiene bajo alertas internacionales por violencia contra defensores, con al menos 18 acciones urgentes abiertas ante la ONU y señalamientos de la CIDH por el alto riesgo que enfrentan los colectivos de búsqueda. A pesar de que el gobierno presume una reducción del 2% en desapariciones, las cifras históricas y los asesinatos de buscadores evidencian una crisis estructural que está muy lejos de resolverse.
Más que un error aislado, lo ocurrido con Cecilia García exhibe un patrón preocupante: la autoridades, en lugar de respaldar a las víctimas, terminan cuestionándolas o minimizando su papel.
En un estado marcado por la violencia y las desapariciones, las palabras de Libia Denisse resultan profundamente irresponsables e insensibles.
Con información de Jesús Patiño para Periódico AM.
-
Alcalde de Allende, Nuevo León, publicita al PAN en canchas de fútbol
Por: Frank Alvarado
La decisión de pintar canchas de fútbol de azul en Allende, Nuevo León, desata críticas por su uso como propaganda política y romper con la tradición deportiva.
Eduardo Leal, alcalde de Allende, Nuevo León, aprovecha las canchas de fútbol que rehabilita para pintarlas de azul, el color de su partido, el PAN, y poner sus iniciales en el centro de estas, una forma de hacer propaganda descarada a través del deporte con lo que se supondría son recursos públicos.
Hasta el momento, son tres las canchas que se han “rehabilitado” con esta dinámica, una en la Unidad Deportiva Río Ramos y dos en Colonia del Norte. Todas luciendo un azul intenso innecesario, así como la tipografía típica de su administración, donde resaltan las iniciales “LL” de Lalo Leal.
Especialistas y aficionados han comentado que las canchas, incluso en formatos como fútbol 7 o amateur, tradicionalmente son verdes al replicar el césped natural, base histórica del deporte. Aunque no existe una prohibición formal, estándares internacionales como los de la FIFA recomiendan superficies que simulen el verde. En ese contexto, pintar los campos de azul ha sido calificado por críticos como un capricho político más que una mejora deportiva.
Este tipo de intervenciones, que no son nuevas en la administración de Leal, parecen desvirtuar y politizar los espacios deportivos, los cuales deberían priorizar el bienestar comunitario y la práctica adecuada del deporte, por encima de cualquier interés partidista.
-
Maru Campus y gabinete brindan mientras a unas cuadras ejecutan a adulto mayor
Por Nathael Pérez
En medio de un fin de semana violento con al menos 11 personas asesinadas, la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y su gabinete fueron captados en un lujoso restaurante celebrando, mientras a unas cuadras ejecutaban a un adulto mayor.
Mientras Chihuahua enfrentaba un fin de semana marcado por la violencia, la gobernadora Maru Campos decidió hacer una pausa… pero no para atender la crisis, sino para relajarse. Acompañada de su gabinete (César Jáuregui, Santiago de la Peña y José Granillo), fue vista en el lujoso restaurante La Calesa, en lo que ella misma justificó como un momento para “tomarse un tequilita” y relajarse debido a una exhaustiva semana de trabajo.
La declaración, lejos de calmar los ánimos, encendió la indignación ciudadana, pues parece que no recuerda que su estado se encuentra entre los primeros cinco a nivel nacional en cuanto a violencia. Su brindis junto a los principales funcionarios del estado resulta no solo insensible, sino profundamente ofensivo. Mientras la clase política se da el lujo de desconectarse para un momento de ‘relajación’, la población vive atrapada entre homicidios, miedo y una estrategia de seguridad que claramente no está funcionando.
Mientras que otros medios señalan la reunión como estratégica y con fines laborales, la realidad es que Campos y su gabinete disfrutaban aunque durante las 48 horas anteriores sucedieron 8 ejecuciones en Ciudad Juárez y 3 muertes en la capital, incluyendo el asesinato de un adulto mayor en plena zona centro, a unas cuadras de su celebración. Este panorama refleja una crisis que no admite pausas ni celebraciones: la violencia no descansa, pero el gobierno sí.
Con información de Sandra Dueñes Monárrez para Chihuahua Minuto a Minuto.
-
Ganan más que la presidenta y sus estados siguen en crisis: Libia Denisse y Tere Jiménez
Libia Denisse y Tere Jiménez perciben sueldos superiores al de la presidenta mientras enfrentan críticas por inseguridad, subvaluación patrimonial y decisiones que comprometen las finanzas públicas.
Por Neri Torres
Los gobiernos panistas siguen dando de qué hablar.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, y la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, son las únicas dos gobernantes estatales que ganan más que la presidenta.
Pero más allá de tener méritos para presumirlo, tienen argumentos para contradecirse.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Libia Denisse percibe un sueldo de $259,689.91 pesos mensuales brutos. A esto se le suma un “humilde” aguinaldo de $389,534.87, lo que en total daría una percepción anual de 3 millones 505 mil 813 pesos. ¿Lo merece? No, y aquí van algunos datos duros que lo contradicen.
La percepción de la inseguridad en Guanajuato sigue siendo una de las más altas en México. La encuesta de ENVIPE, realizada por el INEGI, registra que 88.5% de los habitantes del estado considera que vivir aquí es inseguro. Es decir, casi 9 de cada 10 personas temen a la delincuencia.
Pero hay más. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, en 2023 Libia Denisse adquirió un terreno ejidal de dos hectáreas en la zona de Comanjilla, el cual transformó en una finca campestre con casa, alberca, canchas y otras amenidades.
Aunque pagó alrededor de 4 millones de pesos por el predio, en su declaración patrimonial reportó un valor menor y omitió diversas construcciones ya existentes, pese a que el valor comercial actual supera los 10 millones de pesos. Además, imágenes satelitales evidencian la expansión del terreno y el desarrollo de infraestructura no declarada, lo que ha generado cuestionamientos sobre la subvaluación y falta de transparencia en su patrimonio. Es decir, hay más detrás de lo que no reporta.
Lo grave ocurre cuando vemos que por lo menos un 20 por ciento de las empresas constructoras han pausado de manera temporal sus actividades ante la inseguridad y las extorsiones, lo que ha llevado a retrasar entregas de obras debido a que no existen condiciones para realizarlas.
Si pasamos al estado de Aguascalientes, la cosa es similar.
Teresa Jiménez percibe un salario mensual bruto de $206,539.32, más el aguinaldo que es de $275,385.76, la gobernadora panista ingresa anualmente 2 millones 753 mil 857 pesos. ¿Argumentos para defenderse? Aquí le van los datos duros.
La edil impulsó una reestructura para ampliar un contrato con la empresa Next Energy, señalada por incumplimientos, con el fin de cuadruplicar la deuda pública de 3 mil a más de 12 mil millones de pesos, comprometiendo recursos estatales y municipales hasta 2035, de acuerdo con una investigación de Pop Lab.
El proyecto, aprobado con rapidez por un Congreso de mayoría panista, incluye sumar a diversas dependencias y municipios al esquema, pese a que la empresa ya había cobrado millones por un parque solar que nunca operó. La medida ha generado cuestionamientos por el endeudamiento a largo plazo, la falta de resultados y posibles irregularidades en el proceso, además de investigaciones en curso por autoridades federales.
Además, durante su gestión como alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez acumuló diversos señalamientos por presuntos actos de corrupción, incluyendo un desfalco millonario en la compra de luminarias con sobreprecio, que habrían costado cientos de millones adicionales al erario.
Estas adquisiciones beneficiaron a empresas vinculadas a perfiles cercanos al PAN, lo que desató críticas incluso dentro de su propio partido y evidenció posibles conflictos de interés en la asignación de contratos públicos.
Asimismo, su administración fue cuestionada por el manejo opaco de recursos y contratos otorgados a empresas fantasma, así como por irregularidades en proyectos de infraestructura y servicios. También la señalan de haber mantenido influencia sobre el Congreso local, lo que habría facilitado el encubrimiento de estas prácticas.
A pesar de las acusaciones, no enfrentó sanciones y, por el contrario, fue respaldada políticamente dentro de su partido para continuar su carrera.
Al final, gobernar mal no impide ganar bien.
-
PAN desata guerra de acusaciones y desvía polémica promocional política
Un intercambio de denuncias entre Morena y PAN elevó la tensión política en torno a la alcaldía Cuauhtémoc. El caso escaló hasta el INE, mientras autoridades electorales locales abrieron procedimientos por posibles irregularidades en el uso de recursos y propaganda.
El diputado federal y vocero de Morena, Arturo Ávila, acudió al INE para interponer una queja contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. La acusó de difundir acciones de gobierno en las que se priorizó su imagen personal dentro de la publicidad de las elecciones.
La respuesta del PAN fue inmediata: su representante ante el órgano electoral, Victor Hugo Sondón, presentó una denuncia contra el propio Ávila, a quien señaló de haber destinado recursos para impulsar su presencia pública, con la intención de posicionarse rumbo a la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc en 2027.
El legislador morenista ofreció una conferencia de prensa donde reiteró sus señalamientos contra la alcaldesa, a quien atribuyó el uso de recursos públicos para promover su imagen en programas y obras de la contienda.
Ávila también solicitó que se ordenara el retiro de la propaganda que consideró irregular, mientras el PAN insistió en que existen gastos en plataformas digitales que habrían sido utilizados para promocionar al diputado en zonas específicas de la alcaldía.
El IECM abrió tres procedimientos sancionadores por posibles actos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Los casos involucraron a distintos funcionarios y representantes políticos, en un contexto de mayor evaluación sobre la difusión de imagen en redes y actividades oficiales.
-
Derroche en Querétaro: Gobierno gasta 4.5 millones de pesos para remodelar calle de sólo 251 metros
Por Ricardo Sevilla
El gobierno de Felifer ha gastado millones de pesos, pero de las 80 que prometió sólo 48 han sido concluidas, en su mayoría remodelaciones pequeñas que incluyen la rehabilitación de pavimento o luz; en una calle de 250 metros Felifer gastó más de 4 millones de pesos
El municipio de Querétaro, encabezado por Felipe Fernando Macías, no ha parado en despilfarrar recursos, principalmente en las 80 obras que el panista tomó como estandarte de gobierno para el periodo 2024-2027.De acuerdo con documentos del municipio, Felifer prometió realizar 80 obras en cerca de 40 colonias del municipio, pero a un año de concluir su periodo en el cargo, sólo se han realizado 48.
Más aún, las obras de Felifer costarán al erario mil 209 millones de pesos, pero lo que más llama la atención es el gasto exorbitado que ha realizado en las 48 obras que ya están concluidas. Mismas que han sido pequeñas remodelaciones de luz, drenaje y pavimento.
Es decir, ninguna obra grande que pueda beneficiar al municipio en términos de desarrollo o movilidad.
Los baches en las auditorías
Desde 2024, algunas de las obras prometidas, fueron sometidas a estrictas auditorias por parte del Órgano Interno de Control por distintas anomalías, entre las que se encuentra la adjudicación directa de las obras y que los proveedores entregaron obras incompletas o que no fueron lo acordado. En cambio, cobraron los montos sin ninguna objeción.
Por ejemplo, en 2024, Felifer comenzó la remodelación de la calle Roque González, en la colonia Reforma Agraria.
Las obras incluían la rehabilitación del drenaje sanitario, la de agua y el empedrado de la calle. El costo ascendió a 4 millones 514 mil 957 pesos, sin embargo, se trata de un tramo de apenas 250 metros, que Construcción Industrial y Asfáltica de México S.A. de C.V. concluyó en apenas un mes, entre noviembre de 2025 y diciembre de 2025.
En la auditoría se detectó que el proveedor ni la Secretaría de Obras Públicas presentó la documentación que acreditaba la legalidad de los procesos tanto para la adjudicación como de conclusión de la obra.
En el transcurso de siete días se presentaron documentos incompletos para aclarar la situación de las obras de la calle Roque González, en la colonia Reforma Agraria.
La Auditoría también detectó deficiencias en la construcción que no detalla, y que el municipio que gobierna Felifer logró aclarar.
Otra de las obras que llaman la atención por lo costosas que resultan fue la remodelación del asfaltado en el estacionamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro, la cual se otorgó a través de una adjudicación restringida a Proveedora Rogmai, S.A. de C.V, un asiduo constructor de obras públicas en Guanajuato y San Luis Potosí.
La remodelación del estacionamiento de la UAQ costó 4 millones 495 mil 608 pesos o la repavimentación de calle Santiago Mexquiquitlán.
Ciudadanos denuncian en redes sociales que las obras inconclusas serán el símbolo de la administración de Felifer. Mientras tanto él continúa engrosando sus declaraciones bajo misteriosos conceptos que incluyen préstamos de empresas fantasma. -
Exgobernadores prófugos: Duarte, Yarrington, Borge y el caso Aureoles
Por: Frank Alvarado
Casos como Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Borge y Guillermo Padrés reflejan casos donde exgobernadores huyeron tras acusaciones por corrupción, desvío y crimen organizado.
La reciente orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán por PRD, Silvano Aureoles, y la fuga de éste, quien habría sido apoyada por el crimen organizado, reavivó el debate sobre exmandatarios estatales que han sido acusados de corrupción y vínculos con el crimen organizado que han evadido a la justicia.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Javier Duarte (PRI), exgobernador de Veracruz, quien se dio a la fuga en 2016 tras ser acusado de desvío de recursos y operaciones con dinero de procedencia ilícita. Su administración estuvo marcada por casos como el de los medicamentos falsos a niños con cáncer en hospitales veracruzanos. Fue detenido en Guatemala en 2017 y posteriormente extraditado a México.
Otro ejemplo es César Duarte (PRI),exgobernador de Chihuahua, acusado de peculado y desvío millonario de recursos públicos, como la polémica operación zafiro, donde habría triangulado millones de pesos del erario interestatal mediante contratos simulados. Tras concluir su mandato, salió del país en 2017 y permaneció prófugo varios años hasta su detención en Estados Unidos en el año 2020.
En el caso del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington (PRI), fue señalado por lavar dinero y recibir sobornos de organizaciones criminales, como el Cártel del Golfo y Los Zetas, a quienes brindó protección. Yarrington huyó del país en 2012 y fue detenido en Italia en 2017, para después ser extraditado a Estados Unidos, donde se le imputaron cargos.
También destaca Roberto Borge (PRI), exgobernador de Quintana Roo, acusado de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y venta irregular de terrenos públicos. Borge intentó huir a Europa en 2017, pero fue detenido en Panamá antes de concretar su escape. Fue extraditado a México.
El PAN no se queda atrás y uno de los casos más señalados es el del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien fue acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Aunque no huyó del país, permaneció prófugo de la justicia durante un periodo antes de entregarse en 2016.
Estos casos exhiben cómo, durante años, gobiernos del PRI y del PAN permitieron y normalizaron prácticas de corrupción a gran escala, casos incluso vinculadas con el crimen organizado, dejando consecuencias profundas en las finanzas públicas y en la seguridad del país.
