Con 86 votos a favor y 42 en contra, los senadores aprobaron la reforma que obliga a renunciar a otro pasaporte antes de buscar la Presidencia, una gubernatura o la jefatura capitalina.
El Senado de la República dio luz verde este martes a una reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única a quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Morena, PVEM y PT respaldaron el dictamen en lo general y en lo no reservado.
La propuesta reunió la mayoría calificada que necesitaba. Para lograrlo, tres legisladores con doble nacionalidad dieron un paso al costado: Cecilia Guadiana, Virgilio Mendoza y Karina Ruiz pidieron licencia. Sus suplentes ocuparon el lugar de cada uno durante la votación.
La reforma cambia los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Quien busque esos cargos tendrá que ser mexicano por nacimiento y no podrá tener ni adquirir otra nacionalidad. Además, quien ya tenga otra deberá renunciar a ella antes de pedir su registro como candidato.
El texto también fija límites concretos. Los aspirantes no podrán usar pasaportes ni documentos de identidad extranjeros. Tampoco podrán ejercer derechos políticos como ciudadanos de otro país ni pedir protección diplomática a otro Estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó el cambio desde agosto. Según explicó, la medida cierra una puerta a la injerencia extranjera y protege la soberanía nacional. Por eso quiere que solo la nacionalidad mexicana esté en el pasaporte de quien ocupe estos cargos.
En la tribuna, el oficialismo defendió esa idea con cuidado. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, aseguró que la reforma no pone en duda el amor de nadie por México. Según dijo, apunta solo a cargos específicos.
Su compañero Saúl Monreal Ávila coincidió con él. Argumentó que esos puestos manejan la conducción política, la seguridad nacional y las relaciones internacionales, y que por eso merecen un requisito extra.
La oposición respondió con dureza. El priista Ángel García Yáñez sostuvo que nada permite suponer que una persona con dos nacionalidades tenga lealtades divididas. Además, cuestionó que la regla alcance a las gubernaturas, porque los estados no manejan política exterior. También reclamó que el Senado no abriera espacio a las organizaciones de migrantes.
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García recordó que México reconoce la doble nacionalidad. En su opinión, nadie debe perder derechos políticos por su condición migratoria. La American Society of Mexico, que encabeza Larry Rubin, también expresó su preocupación. Para el organismo, tener dos nacionalidades no significa que alguien quiera menos a México.
El camino de la reforma apenas avanza. La Cámara de Diputados la aprobó el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 115 en contra y una abstención. Ahora el proyecto pasará a los congresos estatales.
Cuando el decreto entre en vigor, el Congreso tendrá 90 días naturales para ajustar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral. Después de ese plazo, las nuevas reglas quedarán listas para las próximas elecciones.
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